VALENCIA.- La Generalitat Valenciana tiene el triste honor de ser líder en deuda,
déficit e impagos, pero el Gobierno que preside el 'popular' Alberto
Fabra no ve en ello impedimento alguno para poder gastarse en los dos
próximos años 338.800 euros en ocho sondeos electorales, unos estudios
que hasta ahora han venido negándose sistemáticamente a la oposición con
la escusa de que son “instrumentos de trabajo” de la Administración, según www.elplural.com
El gobierno valenciano adeuda 1.400 millones de euros a las empresas
proveedoras de la sanidad, no tiene fondos con que satisfacer los 450
millones que debe a las farmacias, no paga desde hace seis meses a las
familias que atienden a más de 1.600 menores en situación de desamparo,
ni desde hace un año a las empresas suministradoras de los comedores
escolares y mantiene una deuda de 660 millones con las cinco
universidades públicas… Son solo ejemplos de la situación de quiebra en
que vive desde hace meses la Administración autonómica denunciados
durante esta semana por los sectores afectados. La misma semana en la
que el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana licita un concurso
por el que el Consell que preside Alberto Fabra se gastará 338.800 euros
en ocho sondeos electorales durante los dos próximos años.
Pese a que las encuestas de opinión se realizarán durante los dos próximos años, la Generalitat ha publicado ahora la convocatoria para poder burlar la ley, ya que una disposición incluida en los Presupuestos de la Generalitat para 2013 impide la tramitación de nuevos contratos de servicios en encuestas de opinión y consultorías externas, salvo “casos excepcionales”, que no parece que sea este el caso. Así, el Consell hará caso omiso de la ley que él mismo ha promovido, ya que no se le aplicará durante el próximo año ni tampoco durante la prórroga prevista de otra anualidad.
La convocatoria del concurso para la realización de las encuestas se publicó el pasado miércoles en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en el pliego de condiciones se señala que cada uno de los estudios trimestrales a realizar, que tendrán un coste de 42.350 euros, incluirá dos mil entrevistas distribuidas entre las tres provincias valencianas, que se corresponden con las circunscripciones electorales. ”La finalidad principal de las encuestas -según se señala- es conocer la opinión de los ciudadanos sobre cuestiones de actualidad y coyuntura social, económica y política, así como conocer sus valoraciones, preocupaciones y prioridades”.
Hasta ahora, la Generalitat ha venido negando la petición de los grupos de la oposición de que los estudios electorales que realiza la Administración autonómica tengan un carácter público, tal como sí ocurre con los sondeos que efectúa el Centros de Investigaciones Científicas (CIS), organismo que depende del Ministerio de la Presidencia, o los del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat de Cataluña. Con la excusa de que se trata de “un instrumento de trabajo” de la Administración, la Generalitat siempre se ha negado a compartir con la oposición unas encuestas que le han permitido al Partido Popular conocer en exclusiva los derroteros por los que se mueve la opinión pública valenciana y poder diseñar así su estrategia electoral.
“Es una barbaridad que en una época de crisis como la actual y ante tanto recorte se realice este gasto”, declaró el diputado socialista Rafael Rubio, que denunció que se mantenga el carácter secreto de los estudios. “No tiene nombre que con dinero público se realicen unas estudios electorales que solo conoce el Partido Popular. Si quieren sondeos, que se los paguen ellos”, afirmó el diputado socialista, que anunció que su grupo parlamentario presentará una propuesta en las Corts para, por una parte, pedir que se reduzca el número de sondeos y, por otra, para que tengan carácter público y estén al alcance de todos los grupos parlamentarios.
Pese a que las encuestas de opinión se realizarán durante los dos próximos años, la Generalitat ha publicado ahora la convocatoria para poder burlar la ley, ya que una disposición incluida en los Presupuestos de la Generalitat para 2013 impide la tramitación de nuevos contratos de servicios en encuestas de opinión y consultorías externas, salvo “casos excepcionales”, que no parece que sea este el caso. Así, el Consell hará caso omiso de la ley que él mismo ha promovido, ya que no se le aplicará durante el próximo año ni tampoco durante la prórroga prevista de otra anualidad.
La convocatoria del concurso para la realización de las encuestas se publicó el pasado miércoles en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en el pliego de condiciones se señala que cada uno de los estudios trimestrales a realizar, que tendrán un coste de 42.350 euros, incluirá dos mil entrevistas distribuidas entre las tres provincias valencianas, que se corresponden con las circunscripciones electorales. ”La finalidad principal de las encuestas -según se señala- es conocer la opinión de los ciudadanos sobre cuestiones de actualidad y coyuntura social, económica y política, así como conocer sus valoraciones, preocupaciones y prioridades”.
Hasta ahora, la Generalitat ha venido negando la petición de los grupos de la oposición de que los estudios electorales que realiza la Administración autonómica tengan un carácter público, tal como sí ocurre con los sondeos que efectúa el Centros de Investigaciones Científicas (CIS), organismo que depende del Ministerio de la Presidencia, o los del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat de Cataluña. Con la excusa de que se trata de “un instrumento de trabajo” de la Administración, la Generalitat siempre se ha negado a compartir con la oposición unas encuestas que le han permitido al Partido Popular conocer en exclusiva los derroteros por los que se mueve la opinión pública valenciana y poder diseñar así su estrategia electoral.
“Es una barbaridad que en una época de crisis como la actual y ante tanto recorte se realice este gasto”, declaró el diputado socialista Rafael Rubio, que denunció que se mantenga el carácter secreto de los estudios. “No tiene nombre que con dinero público se realicen unas estudios electorales que solo conoce el Partido Popular. Si quieren sondeos, que se los paguen ellos”, afirmó el diputado socialista, que anunció que su grupo parlamentario presentará una propuesta en las Corts para, por una parte, pedir que se reduzca el número de sondeos y, por otra, para que tengan carácter público y estén al alcance de todos los grupos parlamentarios.
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