VALENCIA.- La ciudad de Valencia multará hasta con 2.000
euros, en el caso de infracciones muy graves, a los clientes que
soliciten servicios sexuales, mientras que no contempla la aplicación de
sanciones a las personas que ejerzan la prostitución.
Así lo establece el texto de la nueva ordenanza municipal de
prostitución que ha aprobado este viernes la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Valencia y que deberá pasar próximamente por el pleno
tras su exposición pública para su aprobación definitiva. La norma ha
sido acordada por el PP, al frente del gobierno local, y por el PSPV,
principal partido de la oposición, que se ha comprometido a votar a
favor en toda su tramitación.
La ordenanza contempla multas de ente 1.001 a 2.000 euros para las
infracciones muy graves, entre las que figuran ofrecer, solicitar,
negociar o aceptar servicios sexuales retribuidos (aunque sea en el
interior de un vehículo) en el espacio público o publicitarlos a menos
de 200 metros de centros educativos o parques infantiles. Las
infracciones graves se sancionarán con multas de 301 a 1.000 euros,
mientras que las leves se castigarán con un máximo de 300 euros.
Aunque en la descripción de las infracciones se habla de actitudes
como "la realización de cualquier acto de exhibicionismo, proposición o
provocación de carácter sexual en espacios públicos, que no constituya
ilícito penal, encaminado a la captación de clientes", el artículo 3.2
aclara que "ninguna de las conductas descritas estarán referidas a las
personas que ejercen la prostitución a efectos sancionadores".
El fundamento de la ordenanza, según recoge el texto, es
"preservar a los menores de la exhibición de prácticas de ofrecimiento o
solicitud de servicios sexuales en espacios de dominio público,
mantener la convivencia, garantizar el libre acceso de los ciudadanos a
los espacios públicos y prevenir la explotación de determinados
colectivos".
Por ello, se prohíbe ofrecer, solicitar, negociar y/o aceptar,
directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio
público cuando estas prácticas supongan excluir o limitar la
compatibilidad de los diferentes usos del espacio público.
Están "especialmente prohibidas" estas conductas cuando se
realicen en espacios públicos situados cerca de centros docentes y
parques, al igual que mantener relaciones sexuales retribuidas en el
espacio público, aunque tengan lugar en el interior de un vehículo.
También se prohíbe la realización de cualquier acto de
exhibicionismo, proposición o provocación de carácter sexual en espacios
públicos, que no constituya ilícito penal, encaminados a la captación
de clientes, así como las conductas, que bajo la apariencia de
prostitución, obstaculicen o impidan el libre tránsito de los ciudadanos
por los espacios públicos coaccionando y/o acosando a los viandantes.
Del mismo modo, se prohíbe la promoción de servicios sexuales en
todos los soportes publicitarios existentes en el término municipal de
Valencia, bien sean de titularidad pública o privada, así como en todos
los medios de transporte urbano.
El texto agrega que los agentes de autoridad requerirán a los
presuntos infractores para que cesen en su conducta, advirtiéndoles de
que las mismas están prohibidas y de que, de persistir en su actitud,
además de denunciar su conducta, podrían incurrir en la infracción de
desobediencia. Si con posterioridad los agentes observaran a las
personas requeridas realizando alguna de las conductas prohibidas,
procederán a denunciar al presunto infractor.
Finalmente, el Ayuntamiento de Valencia, a través de los servicios
sociales, "informará y ayudarán a toda persona que ejerza el trabajo
sexual en el término municipal y quiera abandonar su ejercicio".
Por su parte, Esquerra Unida ha calificado esta ordenanza como
"represiva, punitiva y propia de otros tiempos" y ha subrayado
que "incurre en contradicciones con respecto a la posibilidad de
sancionar o no a las prostitutas".
Así, la concejala del grupo municipal de EUPV, Rosa Albert,
critica que la norma es "fruto de una negociación a dos bandas entre PP y
PSPV excluyendo al resto de la oposición en la elaboración del texto y,
lo que es peor, no ha tenido en consideración a ninguno de los
colectivos que trabajan para erradicar y prevenir este tipo de
explotación sexual".
Además, la edil lamentado que se dé vueltas en todo el documento,
incurriendo incluso en contradicciones, respecto a la posibilidad o no
de sancionar a las prostitutas para, finalmente, en el artículo 5 (el
referente a las intervenciones específicas) introducirla de una forma
enmascarada".
"Entendemos que el texto es hipócrita puesto que únicamente se
centra en la utilización del espacio público y, lo que es más
preocupante, se elabora exclusivamente desde la delegación de Seguridad
Ciudadana y no viene acompañada de medidas o planes de carácter socio
laboral que garanticen la prevención y erradicación de la lacra de la
prostitución", ha asegurado la concejala.
Además, Albert insiste en que el texto es "contradictorio", puesto
que plantea una situación de inseguridad jurídica al indicar en el
propio preámbulo que "la ordenanza no olvida a ninguna de las partes que
intervienen sancionando tanto al o la que ofrece sus servicios
sexuales, al cliente que acude al reclamo y a los intermediarios",
mientras que en el artículo 3 se recoge que "las infracciones se
tipifica en todo caso el ofrecer servicios sexuales retribuidos" y,
posteriormente, se añade un punto que, de forma confusa, dice que
"ninguna de las conductas descritas en el presente artículo estarán
referidas a las personas que ejercen la prostitución, a efectos
sancionadores".
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