VALENCIA.- Expresidentes y vicepresidentes de la Generalitat, exconsejeros
autonómicos, altos cargos, diputados provinciales, alcaldes, concejales,
funcionarios... El virus de la corrupción se ha contagiado a todas las instituciones públicas
de la Comunidad Valenciana, controladas por el PP desde hace casi dos
décadas; y la lista de imputados crece sin parar, en un bucle que parece
no tener fin. Ya son más de 100 los señalados por la justicia, un
auténtico récord para una región que apenas supera los cinco millones de
habitantes, a juicio de 'El Confidencial'.
"No son Alí Babá y los 40 ladrones; son muchos más", afirma irónicamente el periodista Sergi Castillo, que el próximo 3 de diciembre presentará en Madrid Tierra de saqueo, un
exhaustivo trabajo de investigación y documentación en el que destripa
el cáncer de la corrupción en la Comunidad Valenciana, que se ha
extendido como en ninguna otra región hasta alcanzar todas las
terminales del poder político. Y que ha alcanzado una fase terminal que puede resultar letal para las aspiraciones electorales del PP, tanto en Valencia como en el resto de España.
"Mi
libro es, en realidad, una obra colectiva", asegura Castillo, "porque
parte de las investigaciones previas de varios medios de
comunicación, entre ellos El Confidencial". El hilo conductor
que le ha servido para desenredar el ovillo de la corrupción ha sido la
rama valenciana del caso Gürtel. Pero las tramas del saqueo son muchas
más: los casos Nóos (que tiene también bajo sospecha al expresident Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá), Brugal, Emarsa, Cooperación, Terra Mítica, aeropuerto de Castellón, Canal Nou...
La lista negra de la corrupción supera ya los 100 imputados. Entre ellos, un expresidente de la Generalitat (José Luis Olivas, que también fue presidente de Bancaja), dos exvicepresidentes (José Víctor Campos, ya condenado en el llamado caso de los trajes, y Vicente Rambla), cinco exconsellers (Rafael Blasco, Angélica Such, Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Fernando Cartagena,
también condenado), nueve diputados autonómicos y un sinfín de altos
cargos de empresas públicas controladas por la Generalitat.
En ese sombrío listado del saqueo de las arcas públicas aparecen también una expresidenta de las Cortes Valencianas (Milagrosa Martínez, que fue además consellera de Turismo), un exsecretario general del PP regional (Ricardo Costa, antiguo hombre de confianza del expresident Francisco Camps y hoy enfrentado a él), dos expresidentes provinciales del partido (Carlos Fabra, de Castellón, y José Joaquín Ripoll, de Alicante), los actuales alcaldes de estas dos ciudades (Alfonso Bataller y Sonia Castedo) y varias decenas de alcaldes, directores generales y jefes de gabinete.
Todos ellos están imputados por un repertorio de delitos que van de la prevaricación al tráfico de influencias, pasando por el cohecho, la malversación, la estafa o el blanqueo de capitales. Y hasta el abuso sexual: Vicente Sanz,
exsecretario general y jefe de personal de Radio Televisión Valenciana
(RTVV), abusó de varias trabajadoras de Canal Nou con amenazas y falsas
promesas de ascensos laborales. El auto de procesamiento recoge frases
como esta: "Mostró su sexo erecto y le decía: dame una chupaeta". El expresident Eduardo Zaplana buscó a Sanz un retiro dorado en la televisión pública tras verse implicado en un escándalo urbanístico y pronunciar una frase inolvidable: "Estoy en política para forrarme".
Rebelión y deslealtad
El
presidente de la Generalitat, que aún no ha pasado el trago amargo del
cierre de la radiotelevisión pública (cinco de cuyos exdirectivos están
imputados), se enfrenta ahora a una rebelión en sus propias filas
protagonizada por aquellos a los que ha salpicado de lleno la
corrupción. Nada menos que nueve diputados autonómicos del PP lo están,
y Alberto Fabra ya ha advertido a todos ellos que no repetirán en las candidaturas del partido para las elecciones autonómicas y municipales de 2015. Ni ellos ni ningún otro cargo bajo escrutinio judicial.
Los
nueve parlamentarios imputados no tienen nada que perder, porque saben
que ya no ocuparán su escaño en la próxima legislatura. Por eso se permiten incluso exhibir en público su deslealtad hacia Fabra,
promoviendo, en contra del criterio de su propio líder, el indulto para
otro imputado y ya condenado por corrupción: el exalcalde de Torrevieja
(Alicante) y exdiputado autonómico Pedro Hernández Mateo.
Nada menos que 45 de los 54 parlamentarios del PP pidieron la semana
pasada esa medida de gracia para Mateo, que está a punto de ingresar en
prisión por prevaricación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario