VALENCIA.- Alcaldes y concejales de los municipios de La Ribera afectados por la contaminación y los nitratos han acordado presentar un
contencioso administrativo contra el nuevo plan de cuenca del Júcar
aplicable desde 2016 por "la insuficiencia de los caudales asignados".
Los objetivos finales de esta iniciativa pasan por garantizar el
derecho al agua libre de nitratos y pesticidas para el consumo humano en
La Ribera, recuperar los recursos hídricos afectados por la
contaminación y pagar un precio "justo" por el agua librando a los
usuarios de la comarca de soportar económicamente el pago de las
infraestructuras que han tenido que construirse para depurar las aguas,
según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
El plan de
cuenca del Júcar contempla una asignación de diez hectómetros de aguas
superficiales para la comarca y una reserva de otros 20, pero los
municipios reclaman que la asignación sea de 30 porque con la actual se
ven obligados a mezclar recursos hídricos del río con aguas de los pozos
afectadas por nitratos y pesticidas. "Si este proceso no se llevara a
cabo, sería imposible cubrir toda la demanda de agua de la población",
sostienen.
Tal y como ha explicado en la reunión mantenida en el
salón de plenos de Cullera el abogado de los municipios afectados, Abel
Lacalle, la reserva no garantiza que esos caudales acaben en La Ribera
porque "su uso dependerá en última instancia de una decisión política".
Al respecto, ha señalado que otras zonas de la cuenca también disponen
de reserva, que en caso de ser necesaria debería salir de excedentes.
Según
el Ayuntamiento de Cullera, "la cuenca del Júcar es de por sí una
cuenca deficitaria" y, en este sentido, ha señalado que "hay más
reservas contempladas en el plan que agua disponible". En cambio, la
asignación tiene un carácter "más técnico y sí garantiza que esa agua
sea utilizada exclusivamente para abastecer a la comarca.
Los
demandantes también estiman que el plan obvia el principio de que "quien
contamina paga", contemplado en la legislación europea. En ese sentido,
"el Gobierno hace recaer el coste derivado de las infraestructuras de
potabilización sobre los usuarios de las redes de abastecimiento, que no
son los causantes de la contaminación", advierten los consistorios, que
consideran que esto es "injusto".
Además, consideran que el nuevo
documento no garantiza las medidas suficientes para recuperar los
acuíferos a pesar de reconocer que "las administraciones públicas no han
hecho sus deberes en esta materia".
Tras
la decisión adoptada este miércoles en Cullera por cargos municipales
del PSPV-PSOE, Compromís, Esquerra Unida y Units per València, ahora
deberán ser los plenos municipales los que ratifiquen este nuevo litigio
judicial contra la política hídrica del Gobierno. El anterior plan ya
fue recurrido en su momento por los municipios ribereños.
Al
encuentro de este miércoles han asistido los alcaldes de Cullera,
Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Benicull, Fortaleny y Llaurí,
así como concejales de Sueca, Corbera, Carcaixent y Favara. También han
estado presentes técnicos municipales y representantes de la empresa
mixta Aigües de Cullera.
El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha
destacado que los distintos representantes públicos dan "una muestra más
de que estamos defendiendo en bloque los intereses de nuestra comarca
por encima de las siglas políticas, porque éste es un tema en el que
hemos de ir todos juntos".
"En Cullera
iniciamos simbólicamente un tiempo nuevo en la defensa del derecho de
nuestros vecinos al agua de calidad y hoy en Cullera volvemos a dar un
paso crucial en esa lucha", ha apostillado.
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