VALENCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que
instruye el caso Imelsa, ha dejado en libertad provisional a los siete
detenidos en el marco de la operación Taula que este miércoles noche han
prestado declaración ante el magistrado, según ha informado el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El juez ha impuesto el pago de una fianza para cuatro de ellos para
hacer frente a las responsabilidades civiles en el caso de que fuera
condenados. Es el caso del ex secretario autonómico de Deportes y
exdiputado en las Corts David Serra; la secretaria del grupo municipal
del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster;
el exgerente de la Fundació Jaume II El Just, Vicente Burgos; y un
empresario y exsuegro del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, también
investigado en la causa.
En el caso de María del Carmen García Fuster, el magistrado ha
decretado su puesta en libertad bajo fianza en contra del criterio de la
Fiscalía, que pedía su ingreso en prisión.
Los otros tres arrestados en el marco de esta operación que este
miércoles han prestado declaración ante el juez han sido un extrabajador
del Ayuntamiento de Valencia, personal de confianza del Grupo Popular, y
dos arquitectos.
El juez mantiene para todos ellos la condición de investigados
--nueva denominación para los imputados-- para todos ellos por en una
causa en la que se investigan varios delitos contra la administración
pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación
de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de
capitales.
Este martes, el juez ya dejó en libertad bajo fianza de 150.000 euros
a la exconcejal Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón y
le impuso el embargo de sus bienes como medida cautelar.
Tras un receso, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de
Valencia ha comenzado a tomar declaración a otros seis arrestados en la
causa. Se trata de seis empresarios, uno de ellos, de Castellón.
En total, hay 29 investigados en esta causa contra una trama de
corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la
Comunitat Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de
responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a
cambio de adjudicaciones fraudulentas.
Entre ellos figura el expresidente de la Diputación y del PP de
Valencia Alfonso Rus y el ex secretario autonómico de Educación, Máximo
Caturla.
La operación se saldó con 24 detenciones practicadas en las
provincias de Valencia, Alicante y Castellón, mientras que hay otros 5
investigados que no fueron detenidos pero que sí han sido citados para
declarar ante el juez, entre ellos el concejal del Ayuntamiento de
Valencia Alfonso Novo y una trabajadora del Grupo Municipal del PP en el
Consistorio. Ambos están citados por figurar como autorizados para
disponer de las cuentas del partido.
El Juzgado de Instrucción 18 continuará con las declaraciones este
jueves, a medida que los agentes de la UCO de la Guardia Civil y la
Fiscalía Anticorrupción concluyan las diligencias que están practicando.
En total, se han practicado 33 registros en las tres provincias de la
Comunidad, tanto en domicilios particulares de los investigados, sedes
sociales de empresas (entre ellas la empresa pública Ciegsa) y
fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), como la sede de un
equipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue
presidente) o la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en
Valencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario