MADRID.- La Guardia Civil investiga contratos irregulares por más de 75
millones de euros en el Ayuntamiento de Valencia. Y analiza el papel que
jugó en ellos la máxima responsable municipal, Rita Barberá,
exalcaldesa de Valencia, actual senadora y una de las figuras más
importantes del Partido Popular autonómico.
Según ha confirmado http://www.elespanol.com, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil registraron las dependencias que el Partido
Popular y la Concejalía de Cultura ocupan en el ayuntamiento valenciano
con la mirada puesta en cuatro contratos; cuatro concesiones aprobadas
por la corporación de Rita Barberá y que se encuentran ahora sobre la
mesa de la Fiscalía Anticorrupción. La tesis de los investigadores es
que los responsables públicos se plegaron ante los contratistas a cambio
de sobornos. Tras los registros de ayer, trabajan para encontrar
pruebas que vinculen a la exprimer edil con la trama.
Los investigadores acumulan indicios de que estos contratos estarían
amañados y que las empresas concesionarias contaban con el beneplácito
de los cargos públicos para inflar la factura. Uno de los 'modus
operandi' empleados era pujar en los contratos a la baja y modificarlos
después una vez adjudicados. Para eso, sería necesaria la complacencia
de los cargos públicos implicados. Como ejemplo, los sobrecostes en
Ciegsa, empresa pública dedicada a la construcción de centros
educativos, ascieden a 1.000 millones de euros. En el caso del
Ayuntamiento, la máxima responsable de varias adjudicaciones era la
propia Rita Barberá.
La exalcaldesa, que goza de protección al ser aforada, no se encontraba ayer entre los 24 detenidos de la operación Taula,
pero sí dos de sus principales colaboradoras: la exconcejal de Cultura
María José Alcón y Carmen García Fuster, secretaria del grupo municipal
del PP y persona de máxima confianza de la senadora, que ocupó el sillón
de mando municipal durante 25 años.
Desde
el estallido del caso en 2014, los fiscales anticorrupción analizan la
concesión municipal de un teatro y espacio para la cultura llamado La
Rambleta. A cambio de construir el centro, la empresa concesionaria,
Bulevar del Arte y la Cultura, recibe un canon anual que ronda los tres
millones de euros. En las grabaciones que dieron lugar a la causa, la
concejala de Cultura -María José Alcón, ahora detenida- califica este
contrato como "El chollo de la vida".
Además, los investigadores
buscaban información y documentos sobre la reforma de las Torres de
Cuart, de la que Barberá ya ha intentado desligarse asegurando que su
firma en los contratos es falsa, y sobre otros monumentos históricos
como los puentes de Trinidad y Serrano y el edificio de la lonja y la
Iglesia de los Santos Juanes.
Entre
la maraña de contratos investigados, la Guardia Civil buscaba también
información sobre la Mostra de Valencia, donde el sobrino de Rita
Barberá, Quique Sospedra, consiguió el contrato para el servicio de
azafatas. En los audios presentados en la causa -grabados durante años
por el empresario Marcos Benavent, mano derecha del presidente de la
diputación Alfonso Rus- recogen una mención directa sobre la
adjudicación de este servicio: "Ahí puedes venderle a la jefa: Mira, le
he dado todo a tu sobrino", se puede escuchar en otra de las
conversaciones entre Benavent y la concejala ahora detenida.
La
Guardia Civil lleva un año y medio investigando esta trama para
desenmascarar una auténtica organización criminal, tal y como lo
califican los investigadores. La red corrupta tenía como objetivo
obtener dinero público a través de amaños de contratos.
El
dinero robado tenía diferentes destinos. Por un lado, iba destinado a
la "Caja B" del Partido Popular en Valencia para financiar ilegalmente a
la formación. Pero además, los investigadores tienen pruebas que de
parte del dinero se ha blanqueado dentro de España. Sospechan que no
solo se ha quedado en territorio nacional sino que ha habido evasión de
capital al extranjero. Sin embargo, los agentes encargados de la
investigación esperan encontrar más pruebas del análisis de los
registros llevados a cabo en la jornada del sábado.
Los detenidos,
entre ellos Alfonso Rus, ex presidente de la Diputación de Valencia y
ex presidente del PP en la provincia, dormirán esta noche en
dependencias de la Guardia Civil. Según fuentes del caso, la previsión
es que comiencen a declarar a partir del miércoles ante el titular del
Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que ha llevado toda la
investigación, junto a la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia
Civil.
Esta trama de corrupción, que salpica al epicentro del PP
en la Comunidad Valenciana, se inicia por la investigación a la empresa
pública Impulso Económico Local S.A. (Imelsa), con la colaboración con
el ex gerente de esta sociedad Marcos Benavent.
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