VALENCIA.- La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas
y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha abogado este lunes por
revisar el aforamiento de los diputados porque ve "excesivo" el número
de parlamentarios que gozan de esta condición, pero ha matizado que no
comparte esta modificación en la condición de jueces y fiscales por las
posibles "disfunciones" que generaría.
Así, lo ha señalado Bravo en la conferencia en la tribuna del
'Forum Europa Tribuna Mediterránea', al ser preguntada sobre si
considera que se debe de suprimir el aforamiento de los diputados.
Al
respecto, se ha mostrado a favor de una "revisión" del aforamiento
porque considera que es "excesivo" el número de parlamentarios que gozan
de esta condición. Así, ha manifestado que "no pasaría absolutamente
nada" si quienes ejercen responsabilidades públicas "fueran sometidos a
la jurisdicción ordinaria".
Sin embargo, ha recalcado que "no
comparte" la supresión de esta condición a los jueces y a los fiscales
porque, según ha explicado, que una querella en la investigación de unos
hechos la tenga que realizar el compañero del despacho de al lado
"generaría ciertas disfunciones".
Asimismo, ha subrayado que para
"la propia transparencia y la imparcialidad", es "más efectivo" que "un
organismo distinto que un compañero de jurisdicción examine los hechos".
Por
otra parte y cuestionada sobre cuándo un cargo público debe de dimitir,
Bravo ha recalcado que los tiempos procesales "no deben de determinar
las decisiones políticas". Así, considera que España necesita "madurar"
en este ámbito, ya que ha explicado que en Europa se producen muchas
dimisiones cuando existe una actuación éticamente no correcta, aunque no
se hayan pronunciado los jueces.
"Necesitamos comportamientos
contundentes para que la ciudadanía entienda que las personas que están
al frente de las administraciones políticas deben de tener un código
ético superior", ha subrayado, para añadir: "Creo que aquí falta mayor
contundencia de las responsabilidades políticas que nada tiene que ver
con las penales".
Respecto a las
detenciones e investigaciones a miembros del PP valenciano en el marco
de la 'Operación Taula', derivada del caso Imelsa, la titular de
Justicia ha manifestado su "profunda indignación", al tiempo que ha
recalcado que la justicia actuará con "contundencia y responsabilidad"
ya que ha lamentado que estos procesos judiciales "minan" la confianza
de los ciudadanos en las administraciones públicas.
Para Bravo, la
refundación del PPCV corresponde "a los responsables" del partido, sin
embargo ha remarcado que es tiempo de responsabilidades políticas,
códigos éticos y "se necesita algo más que pedir perdón".
Por
otra parte y respecto a las negociaciones para la formación del futuro
gobierno, la consellera de Justicia ha recalcado que éste debe de
formarse conforme a la "voluntad" de los ciudadanos que, a su juicio,
apostó "por un cambio".
"El resultado electoral evidencia que la mayoría
apostaron por un gobierno progresista", ha aseverado.
De este
modo, ha pedido "responsabilidad" a todos los partidos para fijar las
líneas más importantes de programa para los próximos años cuatro años.
Por
ello, cuando ha sido inquirida sobre si ve al líder de Podemos, Pablo
Iglesias, como vicepresidente del Gobierno, ha afirmado: "esa decisión
la tendrán que consensuar quienes firmen ese pacto. Cualquiera de los
candidatos a la presidencia del gobierno, tanto Pablo Iglesias como
Albert Rivera, tienen absoluta legitimidad a poder alcanzar la
vicepresidencia si llega ese consenso", ha insistido.
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