CASTELLÓN.- El exalcalde de Borriol y exdiputado provincial Adelino
Santamaría ha declarado hoy en el juicio por la depuradora de Borriol
que paró la aprobación de la expropiación de los terrenos de la
infraestructura cuando supo que una parte eran de una empresa de
Martínez y para no "incumplir con algo más grave".
Así lo ha asegurado hoy Santamaría ante la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón en la segunda sesión del
juicio en el que se le piden tres años de prisión por los presuntos
delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude, y en el que
también está procesado el exvicepresidente de la Diputación Francisco
Martínez, sus hijos, el socio de éste y un empleado de su socio.
Santamaría ha explicado que no sabía que la parcela
número 42 de Franvaltur, empresa de la que eran socios Martínez y sus
dos hijos, estaba incluida entre los terrenos a expropiar para construir
la depuradora.
Se enteró de este extremo, ha dicho, "media hora" antes del pleno
en el que se iban a expropiar los terrenos, cuando se lo dijo el
teniente de alcalde, Iban Pauner -que lo supo por la prensa-, y pensó
que "había algo que no era normal", por lo que "lo paró" y llamó al
presidente de la Diputación, Javier Moliner.
Entonces, ha explicado, pensó que "era mejor retrasar una semana la expropiación que incumplir con algo más grave".
Una vez se descartó la aprobación de la expropiación, ha dicho
Santamaría, "Moliner me dice que haga la depuradora pero sin contar con
esa parcela".
Posteriormente Santamaría dejó de ser alcalde y diputado, pero el
final de su vida política, ha aclarado, "no se debió a la depuradora,
sino que ya estaba pactado con anterioridad para jubilarse en esa
fecha".
Durante el interrogatorio del fiscal, el exalcalde ha reiterado
ante numerosos documentos que se le han exhibido con su firma sobre la
expropiación y diferentes fases del proyecto, que él "solo firmaba" lo
que elaboraban los técnicos municipales y como diputado "como el resto
de los 11 diputados de las comisiones informativas".
Como diputado provincial, en la que tuvo durante los últimos dos
años competencias en materia del ciclo del agua, Santamaría ha dicho
"suponer" que era el área técnica que presidía Francisco Martínez quien
dirigía "todo el proyecto".
Su única obligación como alcalde, ha precisado, era "aportar los
terrenos", pero ha dicho que nunca habló con Martínez sobre el proyecto,
ni con los hijos de éste.
Por su parte, Raúl Babiloni, socio de Francisco Martínez y de la
hija de éste, para quien la Fiscalía pide tres años de prisión por delitos
de prevaricación, tráfico de influencias y fraude, ha dicho que le
avisaron desde el Ayuntamiento de Borriol para comunicarle que unas
parcelas de su propiedad estaban afectadas por la expropiación para la
depuradora, entre ellas la parcela 42.
Esto le causaba un grave "perjuicio", ha dicho, por ser tierras de cultivo y poseer en ellas dos masías.
Posteriormente vendió la parcela 42 a Andrea Martínez, hija del
exvicepresidente, seis días después de segregarla de su propiedad.
El último de los procesados, Luis García Campillo, para quien se
piden 2 años de prisión por un delito de fraude, ha explicado que se le
comunicó que debía ir a un notario a firmar un poder sobre Franvaltur
"por error".
Sin embargo, ha dicho que él no había facilitado los datos a la
notaría, y finalmente, no fue él quien representó a Franvaltur, sino que
el poder se otorgó a Babiloni.
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