BRUSELAS.-El Parlamento Europeo ha
respaldado poner en marcha una plataforma europea para
impulsar la lucha contra el empleo no declarado con el objetivo de
mejorar la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados
miembro, los sindicatos y las patronales.
El proyecto legislativo ha sido aprobado con 619 votos a favor, 69
en contra y 7 abstenciones, e incluye enmiendas que recogen el acuerdo
alcanzado a final de año entre los representantes de los países de la
UE. El responsable de su tramitación, el socialista búlgaro Georgi
Pirinski, ha señalado que la plataforma se dedicará a "prevenir,
desincentivar y combatir todas las formas de empleo no declarado, así
como a impulsar su conversión en puestos de trabajo reconocidos.
El empleo no declarado hace referencia a cualquier actividad
remunerada, en principio legal, que no se declara a las autoridades
pertinentes, como Hacienda o la Inspección de Trabajo, ha explicado el
Parlamento Europeo en un comunicado, en el que apunta, sin embargo, que
no está prevista la armonización de las normativas nacionales ni habrá
interferencias en las medidas adoptadas por cada país.
El objetivo a largo plazo es mejorar las condiciones laborales,
reducir el fraude a la Seguridad Social e integrar a los trabajadores de
la economía sumergida en el mercado de trabajo. La plataforma tratará
con todo tipo de empleo no declarado, desde falsos autónomos hasta
empresas ficticias.
Asimismo, la Eurocámara ha detallado que esta plataforma estará
compuesta por representantes de todos los Estados miembro, más un máximo
de cuatro personas designadas por los agentes sociales y la Comisión.
Los representantes de patronal y sindicatos, Eurofund, la Agencia
Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y los representantes de los países del
Espacio Económico Europeo serán observadores permanentes.
El organismo se reunirá al menos dos veces al año y se crearán
grupos de trabajo para tratar formas específicas de empleo no declarado.
Para su funcionamiento serán necesarios en torno a 2,1 millones de
euros al año, que saldrán del capítulo Progress del Programa europeo
para el Empleo y la Innovación Social (EaSI).
En cualquier caso, este proyecto debe ser aprobado formalmente por
el Consejo de la UE y entraría en vigor una vez publicado en el Diario
Oficial.
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