La afiliada número tres del Partido Popular
también habría recibido dinero de la caja B de Valencia y estaría al
corriente de los métodos de blanqueo de sus concejales. De todos sus
fieles escuderos.
Según la información de la que dispone
El Mundo, la lista de cargos del Partido Popular de la ciudad de
Valencia que habrían recibido pagos en B incluye a la ex alcaldesa Rita Barberá.
Su nombre ha aparecido -junto con el de varias decenas de dirigentes
del grupo municipal popular- durante las diligencias practicadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los últimos meses.
Según
esta información, los agentes manejan multitud de documentación que
ratificarían los testimonios recabados en los últimos días. Unas
declaraciones que apuntan a la existencia de una caja B en el grupo
municipal popular del Ayuntamiento de Valencia. Algunos de esos pagos corresponden a las donaciones de 1.000 euros con retorno de dos billetes de 500 euros en B para costear la última campaña electoral de Barberá.
Al menos un tomo de la operación Taula,
desarrollada la semana pasada en la Comunidad Valenciana, recoge los
indicios que apuntarían a la presunta financiación irregular del PP en
Valencia. El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil investigan
una presunta red de corrupción, organizada y jerarquizada, que se
habría aprovechado de sus cargos públicos para desviar miles de euros de
la Administración en comisiones. La fuga de capitales de esta trama ha
llevado a los agentes de la UCO hasta dos sociedades radicadas en Panamá
y Brasil.
La Guardia Civil cree que Barberá estaba al corriente de los métodos de blanqueo, de todo lo que ocurría en su Ayuntamiento. La torpeza que cometió el equipo más próximo a la dirigente cuando pidió al personal laboral y de confianza del PP ayuda
para blanquear dinero de origen desconocido, en marzo de 2015, es sólo
un hilo del que está tirando la Guardia Civil tras acumular multitud de
pruebas. Entre la documentación y las posteriores averiguaciones la UCO
habría detectado presuntas entregas en B a la ex alcaldesa a cambio de
donativos limpios.
Rita Barberá es senadora y
está aforada, goza de privilegios jurisdiccionales, y sólo podría
declarar como investigada -término que sustituye al de imputada tras la
entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-
ante el Tribunal Supremo. Que sea senadora no significa que la UCO no
pueda investigar quién consintió el lavado de dinero desde el despacho
de un partido político del Ayuntamiento de Valencia y por qué aparece el
nombre de Barberá.
Según fuentes próximas al caso, la Guardia
Civil tendrá que entregar un informe al juzgado con el resultado de los
interrogatorios que está practicando. Si el juez Víctor Gómez, quien
dirige las pesquisas, considera necesaria la declaración como imputada
de Barberá elevará una exposición razonada al Supremo para que la
interroguen.
Estado de 'shock'
Valencia
aún no se ha recuperado del shock que ha supuesto conocer la
investigación sobre los donativos con retorno en B para blanquear dinero
cuyo origen se desconoce. Fuentes del partido reconocen que las
revelaciones han supuesto un mazazo para el PP en Valencia, sobre todo
porque estas prácticas se han mantenido al menos hasta mayo de 2015,
cuando ya se conocían todos los grandes casos de corrupción y hasta las
polémicas anotaciones de Luis Bárcenas.
Ya han declarado ante la Guardia Civil la
mayoría de los concejales del PP en la anterior legislatura. La imagen
no tiene precedentes, decenas de personalidades históricas del PP de
Valencia desfilando por un grave caso de supuesto blanqueo, incluido,
por ejemplo, Miquel Domínguez, el único que está aforado -junto a la senadora Barberá- porque la ex alcaldesa consiguió colarle en la candidatura a las Cortes Valencianas. Domínguez es un estrecho colaborador de Juan Cotino,
otrora todopoderoso vicepresidente del Consell en tiempos de Francisco
Camps. Eran tiempos en los que el sector democristiano del partido
mantenía una enorme influencia.
La portavoz accidental en el Ayuntamiento de Valencia, María Àngels Ramon-Llin, y los concejales Félix Crespo, Lourdes Bernal, Vicente Igual, Beatriz Simón, Cristóbal Grau y Alberto Mendoza también han declarado ya en el cuartel.
Este miércoles el juez ha citado a Alfonso Novo,
el sucesor de Barberá en el grupo municipal, imputado por un presunto
delito de blanqueo de capitales. Aún está pendiente que declare en sede
judicial Luis Salom, el polémico asesor de Barberá responsable de las
redes sociales del PP a quien diversos testimonios atribuyen «consejos»
para no ser detectados al «reintroducir» billetes de 500 euros en el
circuito legal.
Todo apunta a que la cajera de este tentáculo de
la organización Taula era Mari Carmen García Fuster, la ex secretaria
del grupo municipal para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió prisión.
El juez lo rechazó. En sus manos, admiten fuentes del partido, estaban
las cuentas del grupo popular, las mismas desde donde salía el dinero
para las generosas campañas de Barberá.
Barbera y la cajera despachaban prácticamente a diario. En las únicas declaraciones conocidas hasta el momento, en la cadena Cope, Barberá negó cualquier tipo de irregularidad, tanto en lo que se refiere a la financiación del partido como a la adjudicación de contratos.
Las
fórmulas para vaciar la caja opaca del PP de Valencia eran variadas. La
diputada provincial y concejal en Valencia Beatriz Simón, por ejemplo,
presumió de haber colaborado lavando el dinero a través de los
proveedores de su tienda de ropa de bebé. Luis Salom, mientras,
habría invitado a sus compañeros a pagar compras en el Cortes Inglés
con billetes de 500 euros, devolverlos al día siguiente y pedir el
retorno en billetes pequeños. Otro de los ex ediles que habría recibido
los dos billetes de 500 fue Vicente Aleixandre.
Los
testigos que se negaron a participar sufrieron amenazas y han declarado
que no sólo Fuster les reclamaba el dinero. La red de lavado pudo haber
entrado hasta en la Alcaldía.
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