VALENCIA.- La Sindicatura de Comptes ha realizado una
auditoría operativa en materia medioambiental de los ayuntamientos de
más de 10.000 habitantes durante el ejercicio 2017 y hasta mayo de 2018,
en la que constata que, en líneas generales, el trabajo elaborado
concluye que existen "buenas intenciones" pero estas "no están avaladas
por hechos".
Según señala la entidad en un comunicado, la mayoría de los
ayuntamientos expresan su compromiso con el medioambiente, pero el
análisis realizado pone de manifiesto que esta apuesta "se queda en una
mera declaración de intenciones" ya que es "muy bajo" el porcentaje de
consistorios "realmente comprometidos".
Este trabajo se enmarca dentro del programa iniciado por la
Sindicatura en 2018 de fiscalización de las actuaciones locales en
materia medioambiental, que ha sido llevado a cabo en coordinación con
el Tribunal de Cuentas y otros órganos de control externo.
La auditoría ha constado de dos fases diferenciadas. La primera ha
consistido en un análisis global de las actuaciones y medidas adoptadas
en materia medioambiental, así como de su financiación, de los 97
ayuntamientos de más de 10.000 habitantes con que contaba la Comunitat
Valenciana a 1 de enero de 2017.
Las actuaciones de planificación medioambiental analizadas se han
llevado a cabo, fundamentalmente, a través de tres vías: la adhesión de
las entidades a la Agenda 21 Local de la Organización de las Naciones
Unidas; la realización de actuaciones encaminadas a la implantación de
los Sistemas de Gestión Medioambiental (SGM) establecidos por la Unión
Europea y la adhesión a redes de municipios con objetivos
medioambientales.
El 73,2 por ciento de los ayuntamientos se adhirieron a la Agenda 21,
entre ellos, todos los mayores de 100.000 habitantes. Tan solo el 6,2%
de las entidades finalizaron las actuaciones previstas (Elche, l'Eliana,
Mutxamel, Oliva, Pilar de la Horadada y Sagunto).
En Sistemas de Gestión Medioambiental, cuya implantación en una
entidad supone el reconocimiento oficial del compromiso del ayuntamiento
respecto del medio ambiente y permite que la organización controle
todas sus actividades, servicios y productos que pueden causar algún
impacto en esta área, solo el 23,7% dispone de este procedimiento.
Asimismo, apenas el 3,1% (Benidorm, Cullera y València) obtuvieron la
Declaración Medioambiental del SGM, documento mediante el cual dan a
conocer a todas las partes interesadas la información sobre el impacto
ambiental causado y el comportamiento ambiental de la entidad.
Por otra parte, el 68,0% de los 97 ayuntamientos se encuentran
integrados en una o más agrupaciones creadas como secciones de la
Federación Española de Municipios y Provincias con objetivos comunes en
materia medioambiental. El 43,3% de la muestra se encuentra adherido
también a otros acuerdos o convenios en materia medioambiental que les
permiten avanzar hacia el desarrollo sostenible.
Entre los aspectos llevados a cabo por las entidades tras la
planificación realizada, en ejecución de sus políticas o proyectos
medioambientales, figuran que el 59,8% de las entidades han aprobado
normativa medioambiental específica; el 51,5% ha llevado a cabo acciones
medioambientales en el desarrollo de su propia actividad y el 68,0% ha
realizado medidas para sensibilizar y difundir entre la población
hábitos personales y sociales dirigidos a la defensa y protección del
medio ambiente y al mantenimiento del equilibrio ecológico.
Por contra, solo un 37,1% de las entidades ha desarrollado
actuaciones de inspección y control para asegurar el cumplimiento de la
normativa y detectar las infracciones de las ordenanzas vigentes y
únicamente el 0,8% del gasto se destina a la protección y mejora del
medioambiente, por lo que es "baja" la importancia de los gastos
medioambientales en relación con el total del presupuesto. Asimismo,
solo el 17,5% de los ayuntamientos han concedido ayudas o subvenciones
para la protección y mejora del medioambiente.
En la segunda fase se ha efectuado una auditoría operativa sobre
cuatro áreas específicas de actuación: contaminación atmosférica,
acústica, lumínica y tratamiento de residuos sólidos urbanos. El alcance
subjetivo de esta fase se ha concretado en ocho ayuntamientos. El
criterio de selección ha consistido básicamente en seleccionar los
consistorios de mayor población, por provincia, y elegir también un
municipio al azar entre los de menor población. El grado global de
consecución de las medidas analizadas ha sido del 37,1%.
La recogida selectiva de residuos es la que mayor sensibilización
presenta, pues los ayuntamientos han llegado a adoptar un 62,5% de
medidas analizadas mientras que contaminación lumínica es el área en la
que menos medidas han aplicado las entidades seleccionadas, con un grado
de consecución de solo un 18,8%.
Ninguna de las ocho entidades
seleccionadas supera el 50,0% en la
realización de las medidas analizadas. Así, en Elche ha sido del 48,6%;
en València, también del 48,6%; en Alicante, del 45,7%; en Vila-real,
del 42,9%; en Castelló, del 34,3%; Torrent, del 31,4%; Alzira, 28,6% y
Torrevieja, 17,1%.
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