VALENCIA.- La vicepresidenta del Gobierno valenciano y
consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha
defendido este viernes la "homologación salarial" entre los
profesionales que trabajan en las residencias --que dependen de su
departamento-- y los que ejercen en los centros que dependen del la
Conselleria de Sanidad Universal, que tienen mejores sueldos.
De este modo, se evitaría una situación que se produce "todos los
veranos" y ahora se está repitiendo con la crisis sanitaria derivada del
Covid-19: "que mucha gente transita del sistema sociosanitario al
sanitario porque tienen mejores salarios".
En estos momentos, "pasa lo mismo" aunque hay que tener en cuenta que
además, se da la circunstancia de que Sanidad "necesita más efectivos",
tanto para sustituir a profesionales contagiados por el coronavirus
como porque "se necesitan más manos porque presión asistencial es más
importante".
En este escenario, "es muy difícil encontrar personal sanitario para
los dos sistemas", tanto en Sanidad Universal como en Políticas
Inclusivas, puesto que "hay carencia de personas sanitarias, tanto
médicos como enfermeros", ha admitido Oltra en la rueda de prensa
posterior al pleno del Consell, que precisamente ha ratificado este
viernes un paquete de medidas para garantizar la atención de los
servicios sociales y sociosanitarios a las personas más vulnerables.
Ante esta situación, "se intenta que, al menos unas horas, haya
personal sanitario que pueda atender aquellos espacios sociosanitarios"
para que tengan atención médica o de enfermería.
De hecho se trasladó a Función Pública, la posibilidad de trasladar
trabajadores públicos entre Consellerias y "reasignar" personal durante
la pandemia para dotar de educadores, cocineros, etc. a las residencias.
Sin embargo, Función Pública "no vio la necesidad", ha apuntado Oltra.
Lo que sí ha aprobado este viernes el pleno del Consell es que
Políticas Inclusivas pueda "mover" a los empleados públicos de sus
departamentos para que realicen funciones diferentes. En concreto, el ha
ratificado la resolución de la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas de 3 de abril, por la que se confirman medidas
extraordinarias y se establecen otras preventivas para garantizar la
atención y prestación de los servicios sociales y sociosanitarios a las
personas más vulnerables, en el marco de la pandemia por COVID-19.
Así, se ponen a disposición de la Generalitat y en función de las
necesidades que surjan con motivo del COVID-19, los medios y recursos
sociales o sociosanitarios de otras administraciones y entidades del
territorio valenciano, independientemente de su titularidad, así como
del personal dependiente de estos.
La puesta a disposición de centros, establecimientos, servicios y
programas de atención social o sociosanitaria se hará de manera gradual y
según las necesidades sociales, contando en todo momento con la
autorización judicial previa cuando resulte pertinente y con la oportuna
comunicación al ministerio correspondiente.
Asimismo, se establece la disponibilidad de todo el personal
funcionalmente dependiente de estos servicios para poder realizar
"funciones diferentes a las correspondientes a su puesto de trabajo,
categoría o especialidad relacionados con el ámbito social o
socio-sanitario, pero de acuerdo a su perfil profesional, todo ello sin
perjuicio de la prioridad de la Conselleria Sanidad Universal sobre todo
el personal sanitario".
La resolución también establece la adopción de medidas de
reasignación de efectivos y cambios de centro de trabajo, siempre que no
comporten la movilidad geográfica no voluntaria del trabajador o
trabajadora, no pudiendo afectar estas medidas a las mujeres víctimas de
violencia de género que tengan adaptado su puesto de trabajo por esta
circunstancia, ni a mujeres embarazadas.
Se prevé también la suspensión del régimen ordinario relativo a las
jornadas de trabajo y descanso, previa comunicación a los órganos de
representación de personal y respetando los descansos establecidos por
la Conselleria de Sanidad Universal en su Decreto 32/2020, siempre con
carácter gradual y con utilización racional de los recursos humanos
disponibles.
Además, se establece la posibilidad de suspender el régimen ordinario
de permisos, licencias y vacaciones, reducciones de jornada y régimen
de turnos, excepto aquellos permisos relacionados con la situación de
personas que estén afectadas o presentan síntomas de la dolencia de la
COVID-19, así como causas de fuerza mayor.
Por otro lado, todo el personal de servicios sociales,
independientemente de que ya esté o no prestando sus servicios en
modalidades no presenciales de trabajo, tendrá que estar "disponible
para ser requerido en cualquier momento" para la prestación de tareas
presenciales, bien las que sean propias de su puesto de trabajo u otras
que se le encomienden.
Finalmente, se prevé la posibilidad de imponer servicios
extraordinarios y la incorporación del personal liberado sindical, que
volverá temporalmente para ejercer sus funciones en atención a la
situación generada por la COVID-19. No obstante, la reincorporación de
estos trabajadores no supondrá el cese del personal sustituto que
pudiera existir.
En cuanto a la posibilidad de "medicalizar" las residencias como
plantean Madrid o Barcelona, Mónica Oltra ha explicado que ya hay 3
residencias con "alta vigilancia" médica por motivo del Covid-19 y ha
recordado que para el las "residencias del futuro", ya existe un plan de
la Generalitat, desde hace un año, que prevé que todas las residencias
tengan conducciones para la oxígenoterapia y se puedan conectar
respiradores.
El objetivo es que estos espacios sean "más sanitarios", ha
explicado. "El plan está hecho, pero los cambios comienzan primero por
la idea y después por incorporar eso paulatinamente a los nuevos centros
residenciales que se irán incorporando a la red", ha concluido.
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