VALENCIA.- El Pleno del Consell ha aprobado un decreto
ley de ayudas económicas por valor de 33 millones de euros a
trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de
empleo (ERTE) y a las que han reducido su jornada laboral por
conciliación familiar, con motivo de la declaración del estado de alarma
como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
Las ayudas, que tendrán un importe global máximo de 33 millones de
euros, serán concedidas de forma directa y su gestión recaerá en la
Agencia Tributaria Valenciana y en Labora, atendiendo a razones de
índole organizativa y de eficacia administrativa derivadas del estado de
alarma y su finalidad es apoyar económicamente a los trabajadores por
cuenta ajena, con rentas bajas, uno de los colectivos considerados más
vulnerables, según ha informado en un comunicado la Generalitat.
Se concederán de forma directa a empleados de rentas bajas que
presten sus servicios en centros de trabajo radicados en la Comunitat
Valenciana, que se encuentren afectadas por un expediente de regulación
temporal de empleo como consecuencia de la suspensión total de sus
contratos de trabajo.
La cuantía de la ayuda individualizada ascenderá a 150 euros por
persona y su concesión se priorizará en función de la base de cotización
de los beneficiarios hasta que se agote el importe global, de forma que
tendrán prioridad los trabajadores cuyas bases de cotización sean
inferiores
Estas ayudas se imputarán a la línea de subvención que se
habilite mediante el correspondiente expediente de modificación
presupuestaria, en el capítulo IV del Programa 315.10 "Condiciones de
trabajo y Administración de las Relaciones Laborales" del presupuesto de
la Generalitat para el ejercicio 2020.
Las medidas adoptadas en materia de suspensión temporal de
contratos y reducción temporal de la jornada (ERTE) persiguen evitar que
una situación coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de
carácter estructural sobre el empleo.
En cuanto a las ayudas urgentes para la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral de las personas que hayan ejercido el
derecho de reducción de su jornada laboral para la atención a menores,
mayores o dependientes a su cargo, cuentan con una dotación global
máxima de 3 millones de euros.
Estas ayudas se imputarán a la línea de subvención que se habilite
mediante el correspondiente expediente de modificación presupuestaria,
en el capítulo IV del programa 322.51 "Fomento del empleo", del
presupuesto de Labora para el ejercicio 2020.
La cuantía de la ayuda individualizada para las personas
trabajadoras que se hayan visto obligadas a reducir su jornada ascenderá
a 600 euros, si la reducción de jornada es de entre el 81% y el 100%;
de 450 euros, si la reducción es de entre el 61% y el 80%; y de 300
euros, si la reducción es de entre el 50% y el 60% de la jornada.
Las subvenciones se concederán de forma directa y podrán
beneficiarse los trabajadores que hayan ejercido los derechos de
reducción total o del 50% o más de su jornada laboral para la atención a
menores, mayores o dependientes a su cargo, reducción que en muchos
casos se ha producido forzosamente con motivo de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19.
El decreto ley, que entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV),
faculta al Consell y a las personas titulares de las conselleries de
Hacienda y Modelo Económico y de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, en el ámbito de sus competencias, a
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en este decreto ley.
Cabe recordar que estas subvenciones de la Conselleria de
Economía Sostenible destinadas a la conciliación de la vida familiar y
laboral se suman a los 57,5 millones de euros de ayudas urgentes, ya
abrobadas para personas trabajadoras en régimen de autonómos que
desarrollen su actividad en la Comunitat Valenciana y se han visto
afectadas por la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19.
Estas ayudas ascienden a 1.500 euros en el caso de negocios que
hayan tenido que cerrar y de 750 euros para los que, no habiendo sido
obligados a cerrar, hayan sufrido disminución ingresos en las
condiciones que establece el Real Decreto.
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