VALENCIA.- El Juzgado de lo Social nº 6 de Alicante
ha dictado una aclaración a su requerimiento a la Conselleria de Sanidad
para que provea de material de protección necesario ante el coronavirus
a los sanitarios de la provincia, en la que especifica que la
administración debe entregar esas medidas una vez las tenga recibidas y
los productos estén testados en cuanto a efectividad y listos para su
distribución.
Así lo ha asegurado este miércoles la consellera de Sanidad, Ana
Barceló, en la rueda de prensa para informar de la evolución del
Covid-19 en la Comunitat Valenciana, en la que se ha referido a este
requerimiento judicial, que el propio órgano ha aclarado a petición del
Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV), que planteó esta
demanda para reclamar el material de protección a los facultativos.
La demanda fue estimada parcialmente por el juzgado. En Castellón y
València el sindicato también acudió a los tribunales por este mismo
motivo. En el caso de la capital del Túria, Barceló informó ayer que el
órgano judicial correspondientes les había citado a una vista el próximo
viernes porque no se les había concedido el trámite de audiencia
preceptivo antes de adoptar la medida de ordenarles en el plazo de 24
horas dar el material a los médicos.
Al respecto, la consellera ha especificado este miércoles que el
sindicato CESMCV pidió al juzgado una aclaración para determinar ese
espacio temporal y que explicara a qué se refería con "el menor tiempo
posible" para realizar la entrega.
Ahora, este órgano ha resuelto que ese espacio temporal "consiste
en el momento inmediatamente posterior a aquel en que la administración
demandada tenga en su poder el necesario material solicitado por el
CESMCV con la única dilación posible del tiempo necesario para
contrastar que el material es adecuado y testado en cuanto a efectividad
y en el tiempo necesario para la distribución desde el lugar recibido
hasta la entrega a los sanitarios".
El Juzgado de lo Social nº 6 de Alicante accedió parcialmente a
la petición de CESMCV y requirió a la Conselleria a que provea "con
carácter urgente y en el menor tiempo posible" a todos los centros
sanitarios de la provincia de Alicante de batas impermeables,
mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección, calzas específicas y
contenedores de grandes residuos a fin de garantizar la salud y
protección de los profesionales sanitarios que luchan contra el
coronavirus.
El sindicato había pedido que la entrega se hiciera en 24 horas y
el juzgado aceptó la solicitud --aunque sin especificar un plazo
concreto de tiempo que ahora aclara-- al entender que es "evidente" que
existe la obligación general de suministro, "incluso urgente", de
Equipos de Protección de los trabajadores (EPI) a todos los
profesionales sanitarios, así como a cualquier otro profesional
implicado en la atención a terceros para evitar el riesgo de contagio.
No obstante, el juez advertía de que esta obligación está
"condicionada" al estándar de lo que sea "razonable y factible" y a que
los procesos estén bajo el control de Sanidad. Con todo, entendía que
las medidas de prevención son "absolutamente necesarias" para que los
médicos y titulares sanitarios puedan desarrollar sus funciones de
atención y cuidado del paciente con unas mínimas condiciones de
seguridad con el fin de evitar el riesgo de ser contagiados o de
incrementar el contagio.
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