MADRID.- El
Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que
contempla la prórroga de un mes tras el estado de alarma de todas las
medidas ya implementadas para mitigar el impacto del Covid-19, salvo las
que tengan un plazo específico, y ha aprobado más de 50 nuevas medidas
en materia de alquiler, moratoria de cuotas a autónomos y pymes o un
subsidio para contratos temporales o empleadas del hogar despedidas,
entre otras. Además, espera tener «muy pronto» planes de reactivación e
impulso económico.
Esto es lo que dice el BOE del 31 de marzo, publicado el 1 de abril de 2020.
Disposición final duodécima. Vigencia.
1. Con carácter general, las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma.
No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este real
decreto-ley que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al
mismo.
2. Sin perjuicio de lo anterior la
vigencia de las medidas previstas en este real decreto-ley, previa
evaluación de la situación, se podrá prorrogar por el Gobierno mediante real decreto-ley.
La
ministra Calviño ha dicho esperar que «muy pronto» haya planes para la
reactivación y el impulso económico con el fin de que la economía
recupere el ritmo que venía marcando hasta finales de febrero, cuando
comenzó a tener impacto la pandemia del Covid-19.
Según
la vicepresidenta, la economía española mantuvo su «enorme robustez»
hasta finales de enero incluso mediados de febrero, por lo que ha pedido
no contraponer el ámbito económico y la salud, porque para que haya un
buen funcionamiento económico primero hay que atajar el problema
sanitario.
50 NUEVAS MEDIDAS Y PRÓRROGA DE LAS YA APROBADAS
El
real decreto ley aprobado este martes prorroga un mes tras la
finalización del estado de alarma las medias urgentes aprobadas las
últimas dos semanas para mitigar el impacto económico y social del
Covid-19, a excepción de las que cuenten con plazos propios, como la moratoria hipotecaria, determinados aplazamientos o las ayudas de alquiler.
Atendiendo a una de las principales demandas, el Gobierno ha aprobado un paquete de medidas en materia de alquiler que beneficiarán a 500.000 familias vulnerables, según ha precisado Iglesias.
En
concreto, aprueba la suspensión de lanzamientos sin alternativa
habitacional durante seis meses tras el estado de alarma y la prórroga
extraordinaria de 6 meses de los contratos de alquiler de vivienda
habitual para evitar subidas abusivas aprovechando el Covid-19. También
impulsa un microcrédito para colectivos vulnerables que dará el
estado a tipo de interés cero, a devolver en 6 años ampliable a 10, con
condiciones de vulnerabilidad amplias que permitirá acogerse a
trabajadores bajo un ERTE, reducción de jornada o autónomos con
dificultades.
Para los que continúen con
dificultades tras la crisis, el Estado pagará la deuda de alquiler con
una línea de ayudas públicas por importe de 700 euros que contempla
ayudas de hasta 900 euros al mes y 200 euros de suministros y
mantenimiento.
Además, los grandes tenedores o
fondos de inversión tendrán que realizar una quita del 50% o bien
reestructuración de la deuda en 3 años.
MORATORIA HIPOTECARIA Y SUMINISTROS
En
paralelo, amplía a tres meses la moratoria en el pago de hipoteca para
aquellas personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos
sus ingresos como consecuencia, frente al mes previsto hasta ahora, y ha
extendido la medida a todo tipo de préstamos.
Igualmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá cortarse el suministro energético de ningún tipo,
ni el agua en la vivienda habitual, salvo por motivos ligados a la
seguridad de suministro, según la norma aprobada este martes, que amplía
también el bono social para que las personas que han quedado en
situación de vulnerabilidad puedan acogerse a él, ampliándolo con una
moratoria en el pago de suministros para autónomos y pymes y la
posibilidad de adaptar sus contratos a sus nuevas realidades de consumo,
sin penalización.
En el caso de los viajes combinados, los usuarios podrán solicitar su reembolso o recibir un bono canjeable en un año.
MORATORIA DE CUOTAS A PYMES Y AUTÓNOMOS Y SUBSIDIO A TEMPORALES
Otra
de las medidas aprobadas más reclamadas, la moratoria del pago de las
cotizaciones a la Seguridad Social durante seis meses de los autónomos y
empresas, para lo que dispondrán de diez naturales para solicitar la
medida, que viene acompañada de un aplazamiento del pago de deudas hasta
el 30 de junio de 2020 y una moratoria de las cuotas por los días
trabajados de marzo sin intereses.
Igualmente, se
amplía la cobertura para proteger nuevas situaciones de trabajadores
afectados por la crisis sanitaria al cubrirse en este caso a los
trabajadores temporales cuyo contrato llegó a su fin tras la declaración
del estado de alarma.
Para ello, se establece un subsidio de 430 euros de desempleo excepcional, de un mes de duración ampliable,
sin requisito de carencia, para estos trabajadores temporales que no
tengan la cotización necesaria para acceder a otra prestación o
subsidio.
El decreto recoge también la extensión,
de manera excepcional, la prestación por incapacidad temporal (IT) a
aquellos trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia obligados a
desplazarse de localidad y con obligación de prestar servicios
esenciales que no puedan hacerlo debido al confinamiento de la
población.
EMPLEADAS DEL HOGAR E INDUSTRIA
Además,
se crea un subsidio por desempleo temporal para las empleadas de hogar
que pueden solicitar si se quedan en el paro o si ven reducidas sus
horas de trabajo, y que es compatible con el mantenimiento de una parte
de la actividad laboral.
Por otra parte, se
modifica el régimen de garantías para agilizar y facilitar la gestión de
ayudas del Ministerio de Industria y Pyme, con facilidades para la
refinanciación, y se habilita al ICEX a devolver a las empresas los
gastos incurridos en ferias organizadas por el organismo que han tenido
que ser canceladas.
También se suspende un año el
pago de intereses del programa Emprendetur, entre otras y permite la
utilización de hoteles y alojamientos turísticos como «alternativa
habitacional segura» para víctimas de este tipo de violencia si los
servicios de acogida no tienen disponibilidad, entre otras.
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