VALENCIA/MADRID.- El Defensor del Pueblo tramitó en 2019 un total de 20.616 expedientes
en toda España: 20.215 quejas, un 18,9% más que el año anterior; 266
investigaciones de oficio frente a las 372 del año 2018; y 135
solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad, frente a
327 del año precedente. La Comunitat Valenciana fue la tercera
autonomía donde se elevaron más quejas, un total de 2.167.
Así consta en el Informe Anual de la
Institución relativo al ejercicio 2019, que la Oficina del Defensor del
Pueblo ha entregado este miércoles a las Cortes Generales y en el que se
recogen todas las actuaciones realizadas durante el año pasado. En esta
ocasión, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández
Marugán, no ha acudido personalmente a entregar el informe dada la
situación de pandemia.
Respecto a la procedencia geográfica de
las quejas recibidas, la institución detalla que el mayor número de
ellas fueros presentadas por madrileños (5.751 expedientes), andaluces
(2.429), valencianos (2.167) y catalanes (1.915).
De las quejas procedentes de valencianos, la mayoría (426)
eran referidas a asuntos de Interior; seguidos de Administración de
Justicia (353); Migraciones (167); Función y Empleo Públicos (167);
Actividad Económica (110); Política Social (100). Ya con menos de un
centenar aparecen después Impuestos (99); Educación (86) y Centros
Penitenciarios (80).
"Algunas de las resoluciones formuladas a
las Administraciones por el Defensor del Pueblo en 2019 pueden verse
ahora, en esta situación inédita que estamos viviendo, fuera de contexto
o pertenecientes a un mundo que tardaremos en recuperar", ha afirmado
Fernández Marugán en alusión a los efectos de la crisis del coronavirus.
No obstante, el Defensor ha apuntado que otras de sus
recomendaciones y sugerencias pasadas, "tienen ahora más actualidad que
nunca, ya que algunas carencias del pasado se están dejando ver en esta
crisis con una mayor intensidad". Como ejemplos, ha destacado la
situación de las residencias de ancianos o la necesidad de crear una
renta mínima de inserción social de ámbito estatal.
Entre
las recomendaciones que realizó el Defensor del Pueblo a la
administración valenciana figura que la Conselleria de Sanidad tenga en
cuenta, en la previsión de ingresos y gastos anuales, "el déficit
estructural de la sanidad pública en la Comunitat Valenciana, y se
adopten las medidas necesarias para garantizar el pago a proveedores".
A
la Conselleria de Educación pidió "adoptar las decisiones necesarias
para garantizar la escolarización de los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo en el centro que los padres libremente
soliciten, al que deberán dotar de los recursos y medios que resulten
precisos para proporcionarle la atención específica que se contemple en
el informe de evaluación psicopedagógica que se haya practicado".
Además, a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
le recordó la obligación de "resolver, en tiempo y forma, los
expedientes relativos a la situación de dependencia de los ciudadanos y
del derecho a las prestaciones del sistema".
Este departamento
del Consell aparece en una ocasión en el listado de 'Administraciones no
colaboradoras' debido a una cuestión relacionada con una menor
ingresada en un centro de la provincia de Alicante que se inició el 4 de
julio de 2018 y no fue contestada hasta después de un tercer
requerimiento el 22 de agosto de 2019.
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