“Con determinados modelos de explotación de viviendas que están en la
economía sumergida vamos a ser absolutamente inflexibles, y vamos a ir
de la mano con el sector para establecer las medidas”, se avanza los medios.
Su plan se centra en cuatro líneas de actuación. En primer lugar, pasa por “actualizar el registro de vivienda regularizada teniendo en cuenta la referencia catastral”.
Por otro lado, aunque se reconoce que “disponemos de un cuerpo de inspectores muy reducido”, se destaca que “lo bueno de este tipo de oferta es que prácticamente todo está en internet”.
“Estamos viendo qué modelos de inteligencia artificial podemos utilizar, con bots que estén revisando 24 horas al día qué se comercializa con carácter ilegal”, revelan.
Otra de las medidas que estudian es la modificación del régimen sancionador. “Podemos ser tremendamente duros”, advierten.
Y por último, consideran que “hay que dar mucha voz a los ayuntamientos, que tendrán que determinar cuál es el modelo turístico que quieren y dónde lo van a autorizar”.
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