A su juicio, con la aportación obligatoria actuaban como «cajeros automáticos» de la administración autonómica.
Así lo han manifestado en un foro sobre municipalismo organizado por la Cadena SER, al que han asistido el 'president' de la Generalitat y los alcaldes de las tres capitales de provincia --María José Catalá (Valencia), Luis Barcala (Alicante) y Begoña Carrasco (Castellón de la Plana)--. Todos son representantes del PP.
La Diputación de Alicante, entonces gobernada por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, rechazó sumarse al Fondo de Cooperación del anterior gobierno autonómico del Botànic que obligaba a las corporaciones a destinar cada año fondos a la Generalitat para repartirlos a los municipios.
Este mismo miércoles, PP y Vox presentaron en Les Corts una enmienda conjunta para que la aportación de las diputaciones sea voluntaria.
Al respecto, el presidente de la Diputación de Alicante ha rechazado la «imposición» de este fondo, ya que ha defendido que debe partir de la «voluntad» de cada corporación provincial.
Por su parte, el de Valencia ha remarcado que las diputaciones son «mayores de edad» como para decidir su aportación y la de Castellón ha rechazado que sean «cajeros automáticos» de la Generalitat.
En general, los presidentes de las diputaciones han reivindicado la importancia de las instituciones provinciales ante retos como los incendios forestales, las necesidades de los ayuntamientos o la despoblación.
En su discurso, Carlos Mazón, 'president' de la Generalitat ha abogado por iniciar una «segunda transición» o «segunda descentralización» de competencias desde las comunidades autónomas a los ayuntamientos y se ha comprometido a trabajar para conseguirlo, con el objetivo de que los alcaldes y los concejales no sigan «a ciegas» sin un sistema de financiación local ordenado ni un marco competencial claro.
«En España hace falta una segunda transición competencial: hubo del Estado a las comunidades autónomas y no se ha producido de las comunidades a los ayuntamientos.
Necesitaremos el aval del Estado, pero estoy dispuesto, a través del nuevo comité de coordinación local de la Comunitat Valenciana, a trabajar en una segunda descentralización para una adecuada ordenación. Que no vayan nuestros alcaldes y concejales a ciegas abriendo paraguas a todo el mundo que se moja», ha aseverado.
Mazón ha afirmado que es consciente de la importancia de los ayuntamientos y ha hecho hincapié en que es de «justicia» reivindicar su papel este miércoles, en alusión a las consecuencias que según él tendrá la investidura de Pedro Sánchez en la vida de la ciudadanía.
«Lo que está pasando en España es muy grave: es un antes y un después», ha advertido, y ha señalado que «lo verdaderamente dramático es que se pueda empezar a romper la manera de atender a los españoles».
Frente a ello ha remarcado que la prioridad siempre será «cómo le va a la gente en su calle, en su barrio», para lo que ha exigido clarificar el sistema de financiación local y que los ayuntamientos dejen de asumir «competencias impropias» en ámbitos como la sanidad.
«Quiero romper una lanza por los alcaldes y concejales», ha manifestado tras alabarlos como «héroes».
Posteriormente, en una mesa de debate entre los alcaldes de las capitales, la de Valencia, María José Catalá, ha defendido la necesidad de potenciar la visión metropolitana de la ciudad, una «asignatura pendiente de la Valencia de hoy y de hace diez, veinte y treinta años».
«No podemos tener una visión metropolitana si no dejamos acceder a los vecinos a Valencia», ha sostenido ante la cantidad de gente que accede a diario a la ciudad desde localidades vecinas.
Para ello ha situado como uno de los principales retos potenciar el transporte público y mejorar la red de Cercanías, «un verdadero desastre en la última legislatura» en Valencia.
«Solo cuando les damos una alternativa podemos reducir el vehículo privado», ha argumentado, destacando que es algo «bastante moderno, progresista y razonable».
Respecto a la investidura, Catalá ha lamentado que «cuesta saber si los ayuntamientos serán una prioridad» para el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. «Nunca toleraré que un vecino de Valencia sea menos que un vecino de Barcelona, Sevilla o Bilbao porque merecen lo mismo», ha recalcado en este «día de desasosiego general».
Como primer edil de Alicante, Luis Barcala ha reivindicado el «papel determinante» de los ayuntamientos, las instituciones «donde menos carga ideológica hay y más pragmatismo se impone» y «donde realmente se pulsa el debate de la calle».
Barcala ha destacado el «eje brutal» de población y potencial económico que representan el entorno de Alicante y Elche y su contribución a la Comunitat. Además, ha puesto en valor que Alicante tiene «un modelo de ciudad muy establecido» con «muchísima vida en la calle».
«En Alicante ni se prohíbe ni se restringe: se dan alternativas para que cada cuál pueda elegir cómo organiza su movilidad», ha recalcado en alusión a las zonas de bajas emisiones, y se ha comprometido a mejorar las áreas peatonales.
Y la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha coincidido en defender el papel de los consistorios y su respuesta «a quemarropa» a los problemas de los vecinos, además de reivindicar su ciudad: «Queremos que elijan Castellón para desarrollar su proyecto vital y recuperar la capitalidad que Castellón ha perdido estos ocho años por una falta de liderazgo».
«Nos hemos empequeñecido y hemos expulsado a la gente de nuestra ciudad», ha lamentado criticando la gestión del anterior gobierno municipal y medidas como la zona de bajas emisiones que «restringió 745.000 metros cuadrados».
«No dejábamos entrar a nadie», ha aseverado, cuando ha recalcado que Castellón no es Madrid ni Barcelona «ni tiene esos niveles de contaminación».
Frente a ello, Carrasco ha resaltado la reorientación del proyecto de bajas emisiones que ha acometido su gobierno, respetando la normativa europea y «gestionándolo conforme a la realidad de la ciudad», que quiere que sea «más verde».
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