En esta pieza, que juzgará la Sección Segunda de la Audiencia, están procesados el ex vicealcalde de Valencia Alfonso Grau; la ex secretaria municipal del PP, Mari Carmen García Fuster; el ex gerente de la Fundación Turismo Valencia José Salinas y el ex responsable de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Innovación Urbana, Juan Eduardo Santón.
Según el calendario inicial acordado por las partes, está previsto que el juicio se extienda probablemente hasta el 13 de febrero y que las declaraciones de los acusados se produzcan tras las de los testigos y peritos los días 5 y 6 de febrero.
Así, el martes se expondrán las cuestiones previas y declararán 8 agentes de la UCO de la Guardia Civil. Los días 24, 25, 29 y 30 están previstas las declaraciones de los testigos de la Fiscalía, y el 31 la de un Interventor del Estado, otros dos guardias civiles y cinco testigos de José Salinas.
Entre el 1 y el 3 de febrero declararán más testigos llamados por
las defensas de los procesados, los días 5 y 6 está prevista la
declaración de los acusados y el 8, 12 y 13 se reservan para la
exposición de conclusiones definitivas y lectura de informes.
Grau,
de 83 años, está acusado de los delitos de malversación y cohecho en su
modalidad continuada, Fuster de un delito continuado de cohecho y
Santón y Salinas de malversación continuada.
En
consecuencia, la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de nueve
años de prisión para el que fue "mano derecha" de Barberá, un año para
García Fuster y cinco para Salinas y Santón.
En
esta pieza llegaron a estar investigados medio centenar de ediles y
asesores del PP de la época de Rita Barberá por un supuesto delito de
blanqueo de capitales cometido antes de las elecciones de 2015 mediante
el ingreso en las cuentas del partido de 1.000 euros que, según
sostuvieron los investigadores, se les habrían devuelto en algunos casos
con billetes de 500 de origen indeterminado.
Así, la pieza A ha quedado limitada a supuestas operativas corruptas en las elecciones de 2007 y 2011. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que desde entidades públicas como Turismo Valencia o la Fundación para la Innovación Urbana, que se nutrían de fondos públicos, se habrían desviado fondos a empresas de comunicación que habían realizado acciones electorales para el PP de Valencia.
Grau ya fue condenado por cohecho a nueve meses y un día por aceptar como regalo dos relojes de lujo de un empresario que había suscrito dieciséis contratos con el Ayuntamiento valenciano entre 2006 y 2015.
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