VALENCIA.- La asociación Hablamos Español ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Consejería de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana alegando «silencio administrativo» ante un presunto caso de vulneración del mínimo de asignaturas impartidas en español en un colegio público de la localidad valenciana de El Puig de Santamaría, según adelanta El Debate.
El asunto viene de antiguo, desde que una familia
se quejó en 2022, aunque el recurso está fechado el pasado 19 de
febrero, según la documentación consultada por El Debate. Desde la
entidad presidida por Gloria Lago llevaron a cabo varios trámites para tratar que el CEIP Guillem d'Entença
cumpliera, al menos, con una cuarta parte de las clases en español
que
marca la ley, tras cambiar la asignatura de Matemáticas del español al
valenciano, pero decidieron congelar sus acciones una vez que llegó al
poder el nuevo Gobierno de PP y Vox.
«No
podíamos imaginar que la Comunidad Valenciana fuera a pasarnos esto.
Nosotros empezamos el procedimiento administrativo cuando gobernaba Ximo
Puig y en este colegio más de una familia se quejó porque no tenían ni
el 25 % mínimo en español en asignatura troncal, que es lo que ha dicho
el Tribunal Supremo.
Emitieron un informe que no tiene ni pies ni cabeza, porque se ve en el
proyecto lingüístico de ese centro que no tiene ni una asignatura
troncal en español», explica Lago.
El
informe, de abril de 2022,
efectivamente, señala que «el centro [...] ha presentado la propuesta de
Proyecto Lingüístico de centro (PLC) para el curso 2022-2023, de
acuerdo con lo que establece [...] la ley [...] por la que se regula y
promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano».
Lago se muestra incrédula e indignada con el Ejecutivo liderado por Carlos Mazón:
«Cuando llegó al Gobierno el Partido Popular, nos pusimos en contacto
con ellos, les dijimos lo que estaba pasando en este colegio, que no
veíamos que se avanzara, y, para nuestra sorpresa, los
responsables de Educación nos dijeron que ellos avalaban el informe del
Gobierno anterior y que, por lo tanto, no podíamos hacer nada».
Tras considerar que el cambio de aires políticos
no iba a «arreglar» la situación, «una sorpresa», en sus palabras, es
cuando decidieron acudir al Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana y recurrir ese «silencio administrativo» que
entienden que lleva a cabo la Consejería liderada por José Antonio Rovira.
«Hay
más familias afectadas y hay más centros afectados, pero vamos a
empezar con esta familia porque no nos fiamos nada de la nueva ley
de Educación que van a redactar. Visto lo visto, ya no nos fiamos de
nada y según la respuesta que tengamos, pues así procederemos con el
resto de los afectados, que ellos ya saben que son más. A
nosotros realmente nos parece el colmo que no arreglen ni esto», lamenta
Lago en una conversación telefónica tras aportar toda la documentación
del caso a El Debate.
Esta no es la primera vez que desde Hablamos Español
critican los pasos dados por el Ejecutivo autonómico valenciano en
materia lingüística
en las aulas al entender que se quedan cortos respecto a sus
pretensiones. Recientemente han publicado un estudio en el que aseguran
que las medidas llevadas a cabo hasta ahora por el Consell no están
surtiendo el efecto deseado para acabar con esa imposición del
valenciano que denuncian.
El Gobierno autonómico anunció a finales de febrero que la vía para que
los padres de zonas valenciano-parlantes puedan decidir sobre la lengua vehícular
en la que se estudiará en los centros educativos se pondrá en marcha
finalmente el próximo curso y los cambios se aplicarán en el siguiente,
tras la reforma de la Ley de Plurilingüismo.
Las medidas se aplazarán,
por tanto, al curso 2025-2026. Pese a este tipo de episodios como
el que reseña Hablamos Español, los pasos dados por el 'popular' Rovira
en esta materia cuentan no solo con el respaldo de su partido, sino
también con el de Vox.
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