Por un lado, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha avanzado una ofensiva en «tres frentes»: parlamentario, social y jurídico. Respecto al primero de ellos, ha concretado que la coalición ha presentado un escrito con el propósito de que se «respeten los términos de participación ciudadana» para la presentación de propuestas de comparecencias de representantes sociales.
Con ello, que esperan que se aborde durante la Junta de Síndics de este miércoles, Compromís pretende mantener el plazo de cinco días y que no se reduzca a dos, según han sostenido, en un intento del PP y Vox para «evitar que personas expertas y representantes de entidades e instituciones se pronuncien contra unas leyes que atacan nuestra lengua, la memoria democrática y suponen el secuestro político de la derecha y la extrema derecha a À Punt y la Agencia Antifraude».
Respecto a la judicial, Baldoví ha avanzado que la coalición ha configurado equipos jurídicos que ya estudian la que han denominado como «ley de discordia», sobre las que tienen «varias vías de actuación», y en cuanto a la social, han mantenido reuniones con entidades, movimientos y agentes sociales «de todos los ámbitos implicados», quienes les han transmitido «una preocupación profunda, pero también las ganas de combatir» estas propuestas.
El síndic de Compromís, que ha remarcado que su grupo presentará enmiendas a la totalidad para todas estas leyes, ha considerado que la tramitación de las mismas puede tener recorrido judicial, en especial la de concordia, puesto que hay «colisiones» con la estatal de memoria democrática.
Asimismo, ha adelantado que desde Compromís trabajan en presentar un recurso de inconstitucionalidad en el Congreso junto con otras formaciones porque ven «susceptible» que estas proposiciones de ley «no respeten los derechos de cinco millones de valencianos y valencianas».
Por parte del PSPV, su síndic, José Muñoz, ha avanzado que presentarán enmiendas a la totalidad a «todas» estas proposiciones de ley y ha garantizado que las llevarán «a donde haga falta», al tiempo que solicitarán «los informes pertinentes», y «no solo los preceptivos», sino que van a ir «más allá».
«Queremos que toda la sociedad valenciana sepa cuáles van a ser las consecuencias político-jurídicas», ha apuntado.
El portavoz socialista ha asegurado que no tiene «ningún tipo de duda» de que alguna de estas proposiciones de ley, concretamente la de concordia, podría ser paralizada y, al respecto, ha adelantado que el PSPV va a llevar esta cuestión «hasta las últimas circunstancias».
«Nos vamos a oponer frontalmente ante cinco leyes que son aberrantes para la democracia valenciana», ha recalcado.
Muñoz ha defendido que en este aspecto cuentan con el apoyo del Gobierno de España, que «no va a permitir» que determinadas leyes, como la de «blanqueo a la dictadura», siga «hacia adelante» porque, a su juicio, «contraviene cuestiones fundamentales».
La primera de ellas, ha sostenido, es que es «ilegal» porque va «en contra» de la estatal de memoria democrática, como también lo hace, a su juicio, de la declaración de los derechos humanos. «Es una aberración no solo desde el punto de vista normativo, sino en el conjunto del derecho internacional», ha señalado.
Por todo ello, ha manifestado que no tiene «ningún tipo de duda» de que esa proposición de ley «va a ser paralizada».
Además, se ha mostrado «convencido» de que la ley de «falta de transparencia choca también» con la normativa estatal, con «una ley muy importante como la de los contratos del sector público» que recoge «todos los regímenes de publicidad en cuanto a las adjudicaciones de las administraciones públicas» y que, a su juicio, la ley impulsada por el PP y Vox en Les Corts «evidentemente está contraviniendo absolutamente» este aspecto al tratar de «reducir todo lo que tiene que ver con la transparencia y el control público».
También ha cargado contra la futura ley que dirigirá el servicio de radiotelevisión valenciana, puesto que, según los socialistas, va «en contra de la independencia informativa» de À Punt al tratar de «controlar políticamente» los medios públicos. En este sentido, ha pedido no repetir situaciones, como la eliminación del límite presupuestario, que llevaron al cierre de Canal Nou: «Ya sabemos cómo acabó aquello».
«Mazón está volviendo a plantear lo mismo: control político con una mayoría parlamentaria simple que permitiría la colocación de las personas que estén al frente de la tele pública, y la eliminación del límite presupuestario que lleva a un endeudamiento sin fin», ha argumentado el portavoz socialista.
De hecho, ha puesto como ejemplo de «control político» de medios públicos el caso de Telemadrid este mismo fin de semana, una cadena que, según Muñoz, ha ofrecido unas informaciones «absolutamente infames», además de «falaces», sobre la mujer del presidente del Gobierno.
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