Esta medida se enmarca en el plan 'Vive' anunciado la semana pasada para la construcción de 10.000 viviendas de protección oficial, con el objetivo de establecer un marco jurídico que garantice la promoción de VPP y revierta "la situación heredada del anterior gobierno" del Botànic.
En concreto, se encarga a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda la tramitación del procedimiento por el trámite de urgencia, que conllevará la emisión de los informes correspondientes sobre el texto propuesto y la apertura del plazo de alegaciones. Finalmente será remitido al Consell para su aprobación definitiva.
Se considera prioritario un nuevo decreto que permita impulsar las medidas previstas en el plan 'Vive'. El actual reglamento, aprobado por el Botànic en mayo de 2023, "no fue ajeno a críticas de los diferentes agentes interesados y contó además con consideraciones de calado emitidas por los órganos consultivos de la Generalitat durante su proceso de tramitación", sostiene la actual administración autonómica.
Según expone en un comunicado, esta norma, "de interpretación compleja", no logró conformar el marco de seguridad jurídica y la confianza que todos los operadores relacionados con la VPP necesitaban en un momento en el que el acceso a la vivienda era, como en el actual, uno de los graves problemas de la ciudadanía.
"El Consell, consciente de la necesidad de revertir esta situación, ha puesto en marcha el Plan Viu Comunitat Valenciana para impulsar la promoción de 10.000 viviendas de protección pública mediante colaboración público-privada en los próximos cuatro años, que beneficiará de manera directa a más de 24.000 personas", resalta.
Para ello se firmó un convenio entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) con el fin de movilizar todo el suelo disponible de los ayuntamientos para la promoción de VPP.
A juicio del Consell, esto requiere la adopción de decisiones clave en el ámbito normativo, mediante un nuevo texto normativo regulador de las VPP que sustituya al actualmente vigente que permita implementar las medidas previstas en el plan y así agilizar la construcción y puesta en el mercado de este tipo de viviendas a un precio asequible.
Paralelamente, el departamento que dirige Susana Camarero tiene previsto acometer, en un cuerpo normativo independiente, la modificación, unificación y racionalización de todas las normas relacionadas con el patrimonio público de vivienda y suelo de la Generalitat que hasta ahora se regulaban en el decreto de VPP.
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