VALENCIA.- El grupo municipal Compromís ha reclamado este viernes a la alcaldesa de
Valencia, María José Catalá, que cierre todos los apartamentos
turísticos ilegales mientras que el PSPV ha considerado que la nueva
norma que regulará esta oferta y los usos hoteleros en la capital
valenciana es en realidad "una amnistía" para garantizar la continuidad
de los ya existentes e incluso permitir que se abran de manera legal
varios miles más por toda la ciudad".
Según señala Compromís, es
"urgente" el cierre de todos los apartamentos turísticos ilegales y
subraya que en uno de cada tres barrios ya se supera el 2 por ciento de
este tipo de vivienda, porcentaje máximo al que quiere limitar el equipo
de gobierno local.
"El problema ha desbordado a Catalá, que,
incomprensiblemente, sigue ausente y haciendo anuncios que solo son
música celestial ante una realidad que supera al gobierno municipal y
que nos aboca a una peligrosa situación de expulsión del vecindario", ha
alertado en un comunicado la portavoz del grupo, Papi Robles.
"Cada vez más vecinos se ven obligados a abandonar Valencia porque no
pueden asumir el coste de la vivienda", ha explicado Robles, quien ha
añadido que, mientras tanto, "las viviendas quedan en manos de fondos de
inversión y grandes propietarios que especulan con la necesidad de la
gente. Nuestra ciudad está dejando de ser un lugar para vivir y se
transforma en un espacio para turistas y trabajadores temporales, sin
vida en los barrios".
Compromís ha puesto en marcha la campaña QueNoTeTiren.com, una web para que la ciudadanía denuncie la existencia
de apartamentos turísticos ilegales y que ya ha presentado cerca de
4.000 denuncias ante el Ayuntamiento. "Pero el gobierno municipal apenas
ha cerrado un 1,5% de los apartamentos ilegales detectados", ha
criticado Robles.
Compromís también ha trasladado este informe
al Ministerio de Consumo y ha criticado la "inacción" del Ayuntamiento
en materia de regulación urbanística.
"Hace medio año que el Pleno
aprobó una moratoria para limitar los apartamentos turísticos, pero no
se ha hecho nada para aplicar medidas efectivas", ha señalado Robles,
que ha reprochado que, "en lugar de eso, el concejal de Urbanismo ha
anunciado cambios normativos para facilitar el coliving y el
flexiliving, modelos que encubren la precariedad de familias viviendo
hacinadas y pagando precios desorbitados".
Papi Robles se ha preguntado: "Si Catalá no ha sido capaz durante
todo su mandato de ajustar a la legalidad la autorización de
apartamentos turísticos en Ciutat Vella y el Cabanyal-Canyamelar, donde
estaba establecida en un 10% por sus Planes Especiales, ¿qué hace pensar
que ahora sí será capaz de ajustarlos al 2% en cada barrio? El problema
es la metodología y no la cifra, sin unas medidas de control
eficientes, cualquier porcentaje se queda en un brindis al sol".
Para revertir la crisis de vivienda, Compromís reclama declarar
Valencia como zona tensionada para poder limitar el precio del alquiler;
prohibir la apertura de nuevos apartamentos turísticos mediante una
nueva normativa urbanística y crear un parque público de vivienda
mediante la construcción y adquisición de inmuebles para reducir la
presión sobre el mercado.
"No podemos dejar el futuro de
Valencia en manos de quienes solo defienden los intereses de los grandes
propietarios y especuladores", ha concluido Robles, que exige
"soluciones reales y urgentes para que la ciudad siga siendo un lugar
habitable para su gente".
Por su parte, el portavoz socialista
en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, ha denunciado que la
normativa de regulación anunciada "es, en la práctica, una amnistía para
garantizar la continuidad de los ya existentes e incluso permitir que
se abran de manera legal varios miles más por toda la ciudad".
"El gobierno del PP habla de delimitación cuando, realmente, lo que
está planteando es una amnistía para que abran muchos más. Dice que
quiere limitar al 2% en cada barrio, pero esta cifra tiene varias
trampas: la primera es que el 2% del total de viviendas de Valencia suma
8.400 y actualmente hay 1.500 apartamentos turísticos legalizados. Es
decir, que va a abrir la mano para que se puedan instalar cinco veces
más apartamentos de los que hay ahora", ha manifestado.
El
portavoz del PSPV ha visitado este viernes el barrio del Botànic junto a
los vecinos y vecinas para denunciar que las 16 viviendas que Catalá
renunció a comprar para incorporarlas al parque público "se han
convertido, precisamente, en un hotel".
El edil socialista
sostiene que la ordenanza en la que trabaja Catalá "tiene trampas
adicionales bajo la apariencia de una normativa restrictiva".
"Por
ejemplo, hay barrios donde ya hay más del 2% de apartamentos turísticos
donde, según ha explicado el gobierno del PP, no se va a actuar para
cerrarlos a pesar de la evidente saturación existente", ha criticado.
Por lo tanto, ha continuado, "va a permitir que se mantenga ese
exceso mientras permite que crezca hasta el 2% de manera legal en
aquellos barrios que aún no están tan saturados y donde ya empezamos a
ver aperturas, barrios como San Marcelino o Tres Forques, por ejemplo".
En este sentido, ha resaltado que la ordenanza del PP "no se traduce
en una reducción de apartamentos turísticos sino en una ampliación y en
una vía para eternizar su existencia en aquellos barrios donde se están
registrando muchos problemas de convivencia".
El responsable
socialista ha abogado por "medidas restrictivas de verdad en lugar de
permitir que el problema siga creciendo para que unos pocos sigan
haciendo negocio con la ciudad como pretende hacer Catalá con esta
ordenanza fake".
Para ello, ha propuesto seguir el camino
emprendido por ciudades como Barcelona, "que lo que están planteando es
caducar las licencias de los ya existentes e ir a un escenario de
apartamentos turísticos cero. Es muy difícil defender, en una ciudad
como Valencia donde es imposible pagar un alquiler con un sueldo de
Valencia, que una sola vivienda se destine al uso turístico".
Sanjuan ha recordado al gobierno de Catalá que hay zonas de la ciudad
como Ciutat Vella, donde los apartamentos turísticos "superan
ampliamente el 20% y que, además, están regularizados porque pidieron su
licencia antes de que se exigiera el certificado de compatibilidad
urbanística".
"Con la normativa que quiere aprobar el PP,
estas viviendas se van a quedar así para siempre. Si alguien cree que
eso es un escenario que el Ayuntamiento tiene que avalar personalmente,
creo que lo que está pensando es exclusivamente en los intereses de
algunos que no tienen nada que ver con vecinos y vecinas", ha expuesto.
A su juicio, "la ciudad, como consecuencia de la permisividad de
Catalá, se está despersonalizando porque está pensada exclusivamente
para el visitante y porque tiene una alcaldesa que se cree que solamente
es concejala de turismo".
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