La jueza que investiga la gestión de la DANA ha destrozado la versión del PP para cubrir sus errores ante la tragedia y pone a Carlos Mazón al borde del precipicio político.
La magistrada ha imputado a la consellera de emergencias, la que estaba en el Cecopi aquella tarde (que ha vuelto a decir ahora que “se sabrá la verdad”), e invita a Mazón a ir voluntariamente a declarar también como investigado.
No le puede obligar porque Mazón es aforado y solo puede imputarle el Tribunal Supremo. La verdad es que, leyendo el auto de la jueza, es poco probable que Mazón decida ni acercarse a ella: responsabiliza directamente al gobierno autonómico de una posible “negligencia” que propició la muerte de 228 personas; niega rotundamente que el equipo de Mazón no tuviera información rigurosa y suficiente de los organismos del Estado; exculpa a la AEMET y a la Conferencia Hidrográfica; rechaza que para la prevención de la tragedia hubiera sido necesaria la declaración de emergencia nacional desde Moncloa; acusa al Consell de “inactividad patente”, tanto en la convocatoria del Cecopi como en el envío “erróneo y tardío” de la alerta…
Y así todo.
La jueza valenciana, como casi todos en realidad, lo tiene claro.
(*) Periodista
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