General Motors ratifica contrato laboral con trabajadores canadienses

TORONTO.- Trabajadores canadienses sindicalizados de tres plantas de General Motors ratificaron el sábado un contrato laboral nuevo, semejante a los acuerdos que el sindicato ha forjado con otros fabricantes de automóviles.

El acuerdo cubre instalaciones en Windsor, Oshawa y St. Catharines, todas en Ontario. La gigante estadounidense y el sindicato estaban esperando también una votación final en la planta General Motors en Woodstock, Ontario.

El acuerdo se asemeja mucho al establecido hace dos semanas con Ford e incluye compromisos de General Motors para continuar construyendo plantas nuevas en Oshawa y St. Catharines, señaló el sindicato el sábado en un comunicado.

Bajo el acuerdo tentativo, alcanzado el jueves, la planta en Oshawa comenzará a fabricar un nuevo auto deportivo Camaro, así como un auto con tracción trasera. El acuerdo también conserva un turno en la planta de camiones de Oshawa hasta el año 2009.

El sindicato señaló que, al igual que el acuerdo con Ford, el compromiso de tres años mantiene los costos laborales del fabricante esencialmente como están ahora, impidiendo un sistema de dos niveles de salario utilizado en Estados Unidos en el que las nuevas contrataciones recibirían aproximadamente la mitad del salario por hora que obtienen los empleados con antigüedad. El acuerdo también congela los salarios.

El compromiso reemplaza un contrato de GM que expira en septiembre, y cubrirá a cerca de 13.000 empleados de GM.

Los trabajadores del sindicato CAW (Canadian Auto Workers), uno de los más grandes de Canadá, votarían el sábado sobre un contrato nuevo con Chrysler que es similar al aprobado en Ford y GM, y el cual afectaría a 8.000 empleados de Chrysler.

( Buzz Hargrove, presidente del sindicato Canadian Auto Workers)

De la Vega dice que "no hay controversia" por el nombramiento de Peralta

VALENCIA.- La vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, aseguró que "no hay controversia" ni "me consta que haya malestar" en las filas de los socialistas valencianos por el nombramiento de Ricardo Peralta como nuevo delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana. Además, afirmó que "las decisiones del Gobierno las toma el Gobierno y las decisiones del partido las toma el partido".

De la Vega realizó estas declaraciones en una rueda de prensa que tuvo lugar tras una reunión, posterior al acto de inauguración de la oficina parlamentaria en la sede del PSPV, que duró algo menos de una hora, con miembros del PSPV, como el presidente de la Gestora, Joan Lerma, así como con diputados y senadores valencianos, preguntada por si la decisión de ubicar a Peralta en la delegación del Gobierno era suya, por qué no se había esperado a la celebración del Congreso del PSPV y si se había consultado al PSPV.

En este sentido, la vicepresidenta manifestó que "no me consta que haya ningún malestar. Y así me lo han expresado las personas que comparten este proyecto".

Además, en la comparecencia en la sala de prensa de la sede del PSPV, De la Vega estuvo acompañada por todos los responsables socialistas que también habían asistido a la inauguración de la oficina parlamentaria, excepto por Lerma.

Sobre el nombramiento de Peralta, explicó que el delegado del Gobierno es una institución para "representar al Gobierno en una comunidad autónoma, cuyo objetivo es "establecer una relación entre Gobierno y comunidad autónoma", subrayó.

Así, apuntó que dicha función la tiene que cumplir el delegado, que es nombrado tras la constitución del Ejecutivo central y "eso hemos hecho". Junto con él, el Gobierno ha nombrado a otros dos delegados en las comunidades de Murcia y Canarias.

Por otro lado, De la Vega aseguró que Ricardo Peralta reúne las características precisas para su cargo, como son "experiencia, honestidad y compromiso".

Los pobres en España ya suman nueve millones

MADRID.- La crisis se está cebando con las personas que menos tienen y que cada vez son más. Los españoles en situación o riesgo de pobreza han pasado de 7,6 millones en 1994 a 8,9 millones en 2006 (el 20% de la población), según se desprende del Barómetro Social de España, un análisis realizado por el colectivo Ioé, dedicado a la investigación social, según recoge "Público".

En esos 12 años, la tasa de pobreza severa se ha mantenido constante (el 8 % de la población), pero ha subido en un punto el riesgo de pobreza (del 11 hasta el 12 %). En la UE estas proporciones se situaban en 2004 (con 15 países) entre el 5 y el 12 %, respectivamente.

Las diferencias son tales que 1,4 millones de asalariados contaban en 2006 con 4.925 de ingresos medios mensuales, mientras que otros 5,5 millones percibían una media de 270 al mes, según el Barómetro Social de España.

"Este último segmento constituye una bolsa de empleo mal remunerado, precario, que se nutre de jóvenes y mujeres, en buena parte inmigrantes, que combinan periodos de paro y empleo temporal", explican los autores del estudio. En el resto de personas que viven en el círculo de la estrechez cabrían desde indigentes, gente que vive de la economía sumergida o mileuristas.

Las desigualdades también se notan entre hombres y mujeres. En 1994, el salario medio de las mujeres era un 28 % inferior al de los hombres; en 2006 la diferencia se amplió al 30 %. La edad es otra variable que influye en la pobreza, y no precisamente a favor de los más jóvenes: el salario medio de los trabajadores menores de 26 años es un 64 % más bajo que el de los mayores de 35.

Los autores del estudio también señalan la importancia del salario indirecto (el gasto público que repercute en los hogares) como indicador de pobreza.

"El bienestar social depende estrechamente de los servicios públicos que las diversas administraciones ponen a disposición de los ciudadanos y que se financian con los impuestos", afirman los investigadores.

Los datos no son muy positivos. El salario indirecto se ha reducido en un 8 % entre 1994 y 2006, pasando del 27,6 al 25,2 % del Producto Interior Bruto.

Una sociedad injusta y segmentada

Según Carlos Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de Prada, autores del citado informe, desde elpunto de vista social, uno de los efectos más graves de la desigual distribución de la renta ha sido la ampliación de la pobreza en España.

El índice de pobreza elaborado por Colectivo Ioé (ver www.barometrosocial.es) se basa en cinco indicadores: la pobreza severa y el riesgo de pobreza (según Eurostat, incluyen a quienes perciben ingresos por debajo del 40 % de la media, en el primer caso, y entre el 40 y 60 %, en el segundo), el salario indirecto o gasto público en políticas sociales; la proporción de hogares que no pueden ahorrar y la de aquellos que llegan con dificultad a fin de mes.

El salario medio ha disminuido un 2,4% entre 1994 y 2006, con unas diferencias entre perceptores de salarios que se han mantenido muy elevadas. El salario indirecto, principal garante de unos servicios básicos de calidad para la población con menos recursos, experimentó un gran crecimiento entre 1975 y 1993 (+12,4 puntos del PIB), pero ha retrocedido 3,5 puntos entre 1994 y 2005, alejándose de la media europea, mientras ha crecido la privatización de la sanidad, la educación, la vivienda y las pensiones.

Nuestro índice de pobreza presenta una evolución negativa entre 1994 y 2006, dibujando una sociedad fracturada en tres bloques. Algo más de un tercio de la población (17 millones de personas) vive con desahogo. Otros 15 millones se organizan sin apenas capacidad de ahorro pero sin sentirse agobiados los fines de mes. Y 12 millones (27 % de la población) llegan con dificultades a fin de mes y no pueden ahorrar.

Este sector coincide con la cuarta parte de hogares más pobres, cuyo patrimonio en 2005, según la encuesta del Banco de España, era 41 veces inferior al de la cuarta parte de hogares más ricos. Dicho de otra manera, la cuarta parte de hogares más ricos concentraba, según la misma fuente, doble patrimonio (2,8 billones de euros) que las tres cuartas partes de hogares menos ricos (1,4 billones).

Estas situaciones presentan diferencias por Comunidades Autónomas, no siempre coincidentes con su nivel de renta. Donde se vive con más agobio los fines de mes es en Canarias y Baleares, aunque esta última comunidad se sitúe en quinto lugar en el ranking de renta por persona. En el polo opuesto, donde más personas dicen vivir desahogadamente es en el País Vasco, Ceuta, Melilla y Castilla y León.

El caso de Madrid merece mención aparte: es la comunidad con más renta por persona pero donde los precios de la vivienda son más caros y los salarios se reparten con mayor desigualdad, lo que puede explicar que sea, después de Canarias, la Comunidad donde menos gente vive desahogadamente.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el 80 % de la población opina que España "es una sociedad injusta" debido a las desigualdades. Más del 70 % cree que "el Estado tiene la responsabilidad de reducir las diferencias entre los que tienen altos ingresos y los que tienen bajos ingresos".

Es una cuestión básica, que afecta a los cimientos de la convivencia, pero que no ha figurado en la agenda de prioridades de los gobiernos de España -ni tampoco de la oposición- entre 1994 y 2006.

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La CAM promete renovar los créditos a la construcción y reconoce problemas de liquidez

ALICANTE.- Caja del Mediterráneo, que, pese a la dura competencia del sector de banca, sigue controlando la mitad de la tarta financiera de la provincia de Alicante, lanzó un mensaje «tranquilizador y de apoyo» a los promotores y constructores alicantinos en la jornada técnica del Instituto de Estudios Económicos de Alicante, celebrada a puerta cerrada según "La Verdad".

El director general de CAM, Roberto López Abad, aseguró que no se están retirando los préstamos a los promotores inmobiliarios ni al mundo de la empresa en general.

El director de CAM dijo que se renueva todo y que no hay restricciones, salvo que se revisan mucho más las operaciones por una falta de liquidez interbancaria como consecuencia de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, el pasado verano.

La Caja se ha limitado a ser algo más «selectiva» y a cobrar más, porque también es más caro el precio del dinero. «Pero se va a renovar el crédito a los promotores y a dar vida; esta coyuntura es temporal y de corto plazo».

López Abad no pudo vaticinar si el actual clima de desconfianza financiera durará tres, cinco o seis meses, pero advirtió de que el sistema financiero español es «de los más seguros y conservadores del mundo».

Algunos promotores y constructores intervinieron en el debate y le reprocharon al directivo financiero que sí había cierta restricción o contención del crédito al promotor. López Abad se defendió admitiendo que CAM está concediendo menos préstamos al sector, pero «también porque el sector se ha retraído mucho».

Los empresarios reunidos, más de medio centenar y muchos de ellos promotores y constructores de importantes compañías, también plantearon a López Abad (el presidente de CAM, Vicente Sala, estaba sentado en la sala como un participante más) por qué se ha restringido el crédito hipotecario al ciudadano en general. Los promotores pidieron que no haya tantas exigencias de avales para formalizar la concesión del préstamo por compra de piso.

López Abad admitió que «quizás en algo se ha pasado la Caja de estricta, al igual que las tasadoras», pero insistió en que era por un problema global por falta de confianza en el mercado financiero. Roberto López apeló a la rigidez de los controles del Banco de España e insistió en el corto plazo para poner fin al actual clima de falta de liquidez.

Los promotores alicantinos, sumidos en la preocupación por el batacazo que han sufrido las ventas y, en consecuencia, el inicio de nuevos proyectos y el empleo generado, arremetieron dura y directamente contra la cajas de ahorro (sin citar a CAM) como responsables del parón inmobiliario al haber cerrado o restringido el acceso al crédito hipotecario por parte de las familias.

Esto ocurrió ya en el mes de octubre. Desde entonces, la lamentación se ha repetido como un goteo permanente. Según informó el diario Expansión, la banca rechaza actualmente seis de cada diez peticiones de préstamos para compra de casa al elevar las condiciones (renta y avales).

(Sede central de la CAM, Alicante)

El Gobierno nombra a Antonio Bernabé nuevo director general del Instituto de Turismo de España

MADRID.- El Gobierno ha nombrado a Antonio Bernabé García nuevo director general del Instituto de Turismo de España, perteneciente al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Bernabé, que nació el 7 de mayo de 1963 en Valencia, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y master en Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset.

Ha sido director general del Instituto Turístico Valenciano, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Cavanilles de Altos Estudios Turísticos, director de la Escuela Oficial de Turismo de Madrid, jefe de estudios y profesor de la Diplomatura de Turismo en la Universidad Politécnica de Valencia, además de concejal en el Ayuntamiento de Valencia.

Desde 2004, era delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

El Gobierno otorga la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de gas Castor

CASTELLÓN.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que regula el otorgamiento a la empresa Escal UGS de la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, situado en una estructura geológica submarina a 21 kilómetros de la costa norte de Castellón.

El desarrollo total de este proyecto conllevará una inversión de más de 1.000 millones de euros y generará más de un millar de empleos durante la fase de construcción, además de otros 100 empleos directos durante la operación del almacenamiento. Los empleos indirectos pueden alcanzar estacionalmente una cifra superior en 4 ó 5 veces los directos.

El Plan General de Explotación de este proyecto contempla la construcción, desarrollo y explotación del almacenamiento en dos etapas. En la primera fase se preparará la estructura geológica para poder almacenar gas, mientras que en la segunda se procederá al llenado de este almacenamiento.

La concesión ha sido otorgada por un periodo de treinta años, que será prorrogable por dos periodos sucesivos de diez años. Junto a esto, el decreto no precisa la ubicación de las instalaciones necesarias para el desarrollo ni se pronuncia sobre las características de las mismas.

La autorización de estas instalaciones debe ser objeto de una tramitación independiente que requerirá la evaluación de una Declaración de Impacto Ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente, así como una Autorización Ambiental Integrada por parte de la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma Valenciana.

La tramitación de esta autorización también incluye la petición de informe a todos los organismos y municipios afectados, así como la información pública del proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental, acerca del cual todos los interesados podrán formular alegaciones que serán tomadas en consideración.

El Ejecutivo asegura que tanto el impacto ambiental como la seguridad del proyecto son "claramente gestionables", ya que el decreto otorga el derecho a almacenar gas en una estructura geológica submarina sin prejuzgar la ubicación de las instalaciones terrestres.

El Gobierno considera el proyecto Castor "fundamental" para el sistema gasista español, deficitario en capacidad de almacenamiento en comparación con otros países europeos. En España existen en la actualidad dos almacenamientos subterráneos, frente a países como Alemania y Francia, que cuentan con 42 y 15, respectivamente.

El almacenamiento permitirá mejorar la seguridad de suministro y la flexibilidad operativa del sistema de gas natural al duplicarse la capacidad de almacenamiento del sistema y triplicarse la de extracción.

La CAM lanza un depósito con una rentabilidad anual de hasta el 25%

ALICANTE.- Caja Mediterráneo (CAM) ha lanzado un nuevo producto estructurado, el 'Depósito Súper Rendimiento 25', que comercializará hasta el próximo 2 de junio o hasta que se cubra la emisión, que combina un "alto potencial de rentabilidad" de hasta un 25% anual, y garantiza el 100% del capital en 12 meses de plazo de inversión, informó hoy la entidad.

El depósito está referenciado a Telefónica, de manera que la rentabilidad será del 100% de la revalorización de la compañía siempre que, desde el 2 de junio de 2008 hasta el 18 de mayo de 2009, el precio oficial de cierre diario de la acción no haya superado el 125% de su valor inicial.

Si el precio oficial de cierre de la acción en este período fuera superior al 12% de su nivel inicial, el cliente recibirá el 100% del capital invertido más un 5% al vencimiento del depósito. En el caso de que al vencimiento del depósito la acción de Telefónica se hubiera depreciado respecto a su valor inicial, el cliente siempre mantendría el 100% del capital invertido.

El fiscal pide cárcel y multa de dos millones al ex conseller Cartagena por defraudar a Hacienda

ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha pedido tres años de prisión y una multa de dos millones de euros al ex conseller del PP Luis Fernando Cartagena por un delito contra la Hacienda Pública, según el escrito de acusación, que cifra en medio millón de euros el fraude, según recoge "Información".

Para garantizar el pago de estas cantidades, el fiscal ya ha reclamado el embargo preventivo de los bienes del ex dirigente popular.

El juzgado de Orihuela que ha finalizado la instrucción del caso ha estado investigando el patrimonio del ex conseller de Obras Públicas entre 1995 y 1998 y ex alcalde de Orihuela para aplicar la medida económica.

Fuentes cercanas al caso indicaron que están teniendo dificultades para localizar bienes a nombre del imputado. Durante este último año se ha consultado en el Registro de la Propiedad, en Tráfico y en otros organismos pero no se había podido localizar nada.De no encontrarse bienes a su nombre, debería firmarse un documento de insolvencia.

El presunto fraude a Hacienda cometido por el ex conseller es de 83,6 millones de las antiguas pesetas, más de medio millón de euros, según el escrito del fiscal.

Los hechos denunciados, que se remontan a 1988, están entrando ahora en su recta final, dos décadas después, aunque la investigación comenzó en 1992. El ex conseller tuvo que dimitir por este caso hace diez años y desde entonces se encuentra retirado de la vida política.

El caso arranca de la comercialización por parte del Banco de Santander, entre los años 1988 y el 1991, de un producto financiero denominado cesiones de crédito de nuda propiedad con el reclamo de que eran opacas a Hacienda.

Según el escrito de fiscal, "el contrato de la nuda propiedad de créditos estaba encaminado a propiciar la inversión de dinero negro o físicamente opaco asegurando el banco a sus clientes que la Hacienda Pública no tendría conocimiento de los propietarios de las cantidades invertidas".

Un decreto ley del año 1989 impidió que estos productos siguieran ofreciéndose como opacos y los bancos tuvieron la obligación de enviar a Hacienda los titulares de estos productos. La investigación reveló que uno de los titulares de estos productos financieros era el ex conseller Cartagena.

Las cuentas estaban a nombre de un empresario ilicitano, en la actualidad ya fallecido, F. M. S. I., que aparecía como titular de nueve cesiones de crédito y que inicialmente fue imputado en la causa.

La Fiscalía sostiene que el informe de la documentación contable y los estudios de Robótica de la Universidad de Valencia avalan que Cartagena era el verdadero beneficiario y quien había realizado las inversiones. Cartagena siempre ha negado que el dinero sea suyo. Las operaciones financieras realizadas entre 1988 y 1989 ascendieron a 300 millones de pesetas.

El fiscal recuerda que Luis Fernando Cartagena declaró en 1988 cuatro millones de pesetas de ingresos aunque según los informes de los peritos judiciales el imputado tuvo un incremento de patrimonio no justificado de 158,5 millones de las antiguas pesetas. Por tanto, según la acusación presentada por Anticorrupción, el dinero defraudado a Hacienda asciende a 83 millones de pesetas (medio millón de euros).

Por este motivo, reclama una pena de tres años de prisión más una multa de un millón y medio de euros, que equivale al triple de la cantidad defraudada. Asimismo, se pide el pago de medio millón de euros más a la Agencia Tributaria por el dinero presuntamente defraudado.

La Agencia Tributaria dio un plazo entre 1993 y 1996 para que los beneficiarios de las cesiones de crédito pudieran regularizar su situación con el fisco. Cartagena no se acogió en su día a este proceso, pues no reconoce ser el titular de ese dinero.

La Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC) se ha personado como acción popular en las causas por fraude fiscal que fueron derivadas a los juzgados de Instrucción, entre ellas la del ex conseller Cartagena.

La asociación se ha sumado a la petición de tres años de prisión que reclama el ministerio público. La defensa tiene ahora un plazo de diez días para responder al auto judicial de apertura del juicio oral. La vista deberá celebrarse por un juzgado de lo Penal de Orihuela.

Luis Fernando Cartagena tuvo que dimitir de su cargo como conseller de Obras Públicas tras el escándalo por este caso en el año 1998, cuando estaba Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat.

Esperando el indulto 4 años

El ex conseller Luis Fernando Cartagena ya tiene pendiente una condena judicial de cuatro años de prisión y diez de inhabilitación por apropiación indebida, por haberse quedado 40.000 euros que le entregaron unas monjas en 1993 que administraban el hospital municipal.

La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo y por el momento permanece en suspenso a la espera de que se resuelva el indulto que está solicitado. Han pasado más de cuatro años desde entonces y el Ejecutivo todavía no ha tomado una determinación sobre la medida de gracia.

La Audiencia de Elche ha dado de plazo hasta el 20 de mayo para que el ex conseller ingrese en prisión si para entonces no se ha pronunciado el Gobierno sobre el indulto. Con ello se pretende que la pena no prescriba. Por tanto, la petición tendría que haber quedado resuelta en la reunión del Consejo de Ministros de hoy, último antes del día 20.

La Fiscalía ha emitido informes en el pasado en contra de la medida de gracia porque la considera contraria a derecho. El empresario Angel Fenoll (también en la imagen), investigado por cohecho en la llamada "Operación Brugal" ordenada por la Fiscalía Anticorrupción, fue también condenado en su día por estos mismos hechos.

La apertura del juicio oral para Cartagena se ha producido en una semana crucial para la tramitación del indulto, ya que supondría una segunda condena en caso de que el juez fallara que cometió delito.

Ricardo Peralta, nuevo delegado del Gobierno

MADRID.- El Consejo de Ministros ha nombrado hoy delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana a Ricardo Fernando Peralta Ortega, según la referencia publicada esta tarde en www.la-moncloa.es

Nacido en 1951 en Belvis de la Jara (Toledo), es Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia.

Ejerció como abogado laboralista hasta 1989, año en el que fue elegido Diputado Nacional por el EU por Valencia, puesto en el que permaneció hasta el año 2000.

Durante su etapa como Diputado trabajó en temas de política social y presupuestos.

En la actualidad ejercía su profesión de abogado.

Peralta tiene una larga trayectoria en la política, ya que encabezó la lista por Valencia de Izquierda Unida en el año 1996 y fue elegido diputado, aunque abandonó la formación un año después para integrarse en Nueva Izquierda. Llevaba un tiempo alejado de la primera línea política.

El nombramiento de Ricardo Peralta ha causado un profundo malestar en el PSPV dado que la propuesta de la vicepresidenta De la Vega se ha producido sin contar con la actual cúpula de los socialistas valencianos.

El Gobierno de Canarias no permitirá ocupar más suelo turístico hasta 2013

SANTA CRUZ DE TENERIFE.- El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado que, en los próximos cinco años, no se podrá ocupar más suelo turístico que el existente en estos momentos en el archipiélago y el Ejecutivo regional “dirige todo el esfuerzo” a incentivar las iniciativas empresariales tendentes a la renovación de la planta alojativa que está “obsoleta”.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del anteproyecto de ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo para, a partir de ahora, iniciar un “período de contacto y transparencia” con otras instituciones públicas y empresas y, una vez que se alcance el “máximo consenso posible”, se elevará por tramitación urgente al Consejo Consultivo con las alegaciones que se puedan introducir.

Posteriormente regresará al Gobierno para su aprobación definitiva y se trasladará al Parlamento, según explicó el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, que aclaró que el objeto es tener el proyecto de ley en el Parlamento antes del verano.

Berriel indicó que entre las alternativas para el desarrollo de la economía en un momento de “desaceleración” figura que los empresarios podrán solicitar las desclasificación de suelo turístico y pedir la correspondiente indemnización o solicitar un convenio urbanístico para modificar y sustituir sus derechos urbanísticos turísticos por otros en otro lugar dedicados a suelo industrial o uso residencial, dedicando en este caso un 30% a viviendas de protección oficial.

El consejero apuntó que dicho anteproyecto se ha adoptado “de forma colegiada y además da respuesta de forma rigurosa al documento que sirvió de base para establecer el pacto de gobierno con el PP”, por lo que destacó que “no ha habido ni la más mínima discrepancia en esta cuestión”.

Berriel destacó que con este anteproyecto de ley “se trata de dinamizar la economía y los sectores productivos y retirar las trabas que pueden evitarse y desburocratizar aquello que pueda simplificarse en materia de ordenación del territorio, pensando en la dinamización del sector industrial, agropecuario y del desarrollo del medio rural”.

La nueva ley “supone desatascar bastante el nuevo marco de planeamiento urbanístico de Canarias para posibilitar también disponer de suelo necesario para las actividades productivas y los servicios públicos”, añadió.

El anteproyecto de ley permite que el planeamiento municipal habilite suelos industriales que tengan como ámbito y objetivo el municipio. Además, se mantiene la excepcionalidad para que aquellas iniciativas de interés general el gobierno pueda estudiarlas y permitir su implantación en el territorio.

Asimismo, en materia turística el principal objetivo es la búsqueda de la “modernización y adaptación de la planta que está obsoleta con la reconversión real del sector haciéndolo más competitivo, intentando llegar a la excelencia”.

Así, el Gobierno incentivará las iniciativas empresariales tendentes a conseguir esta transformación del sector, acompañando a ello inversiones públicas y facilidades en el planeamiento para poder llevarlas a cabo “mejorando aquellos lugares que estén sobresaturados y mejorando las reconversiones del modelo de ciudad constreñido”, aseveró el consejero regional.

El segundo “gran objetivo” del proyecto de ley en materia turística consiste en no consumir más suelo turístico que el que existe actualmente, ya que el Gobierno considera que la superficie que hay es “suficiente” y requiere “una mejor gestión”.

“No se puede ocupar más suelo del que ya está clasificado desde el punto de vista turístico y todo el esfuerzo va dirigido a la reconversión y en ésta es donde único se enmarca las posibilidades de crecimiento de nuevas plazas como incentivación o premio a los esfuerzos de modernización en la planta alojativa”, añadió Berriel.

Al entender de Berriel, el sector de la construcción se verá “doblemente beneficiado” a raíz de las medidas que incluye este anteproyecto “son suficientemente incentivadoras para que permitan tener la esperanza de que se va a producir la reactivación del sector a través de la renovación de la planta turística”.

Por tanto, los “proyectos que tengan verdadera solvencia económica no van a tener ningún obstáculo para poderse implantar”.

El consejero indicó que este anteproyecto contempla también la regularización de establecimientos turísticos alojativos que, tras la entrada en vigor de la Ley de Directrices, “cumplían sus parámetros urbanísticos pero estaban en construcción o tenían licencias para construir y no autorizaciones previas” o bien con condicionantes por la normativa de seguridad.

Añadió que la nueva ley “abre un camino a la posibilidad de regularización siempre y cuando se acredite que han cumplido con sus deberes urbanísticos”.

Berriel indicó que los siete cabildos deberán entregar cuanto ante sus planes insulares turísticos en la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias y su posterior elevación al Gobierno, mientras que los que no haya hecho este trámite, como Lanzarote y Fuerteventura, deberán elevar un informe al Ejecutivo para decir en qué punto de tramitación se encuentra y dar un programa de terminación que se establece en un año máximo.

Si ello no se cumple el Gobierno regional se subrogará en las competencias y hará los planes territoriales turísticos correspondientes.

Berriel también se refirió a empresarios afectados por la conocida como moratoria turística como Félix Santiago Melián en Costa Botija y Teo Gerlach en Pasito Blanco, que deben ser indemnizados con importantes cuantías por el Gobierno regional tras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por las pérdidas que han supuesto en sus proyectos en las zonas citadas en Gran Canaria.

Para el consejero, “la ley que especializa la moratoria turística está pensando no en una paralización ''sine die'', sino que en los próximos tres años el crecimiento venga como consecuencia de la renovación”, al tiempo que recordó que el Gobierno ha recurrido dichas resoluciones judiciales.

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TUI, participada por la CAM, dispara un 164% su pérdida trimestral hasta 278 millones

FRANCFORT.- El grupo turístico alemán TUI --participado por las firmas españolas Riu, CAM y Grupo Matutes-- registró una pérdida de 278 millones de euros en el primer trimestre, lo que se traduce en un incremento del 164% sobre el resultado negativo de 105 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

La compañía atribuyó este resultado negativo a la integración entre First Choice y la división turística de TUI, que supuso un sobrecoste de 69 millones de euros. Asimismo, en la pérdida del primer trimestre del año pasado se contabilizaron unas plusvalías de 181 millones por la desinversión de las terminales de Montreal y de la venta de la participación de Hapag-Lloyd en Lloyd AG.

Los ingresos del grupo se elevaron un 36,2% hasta alcanzar los 3.636 millones de euros en los tres primeros meses. No obstante, los costes también se vieron incrementados en un 30% hasta totalizar 3.572 millones de euros.

La división turística --TUI Travel, TUI Hotels & Resorts y el negocio de cruceros de Hapag-Lloyd Kreuzfahrten y TUI Cruises-- vio incrementada su cifra de negocio en un 37,2%, hasta 3.600 millones de euros. El beneficio operativo de esta división se incrementó en un 2,6% hasta registrar una pérdida de 221 millones, reflejando el carácter estacional del turismo.

En concreto, TUI Travel elevó sus ingresos en el primer trimestre un 38,6% hasta 3.470 millones de euros y un Ebita negativo de 240 millones, lo que supone una leve mejora del 2,4%. En cuanto a TUI Hotels, esta división también registró mayores ventas, un 11,5% más, al igual que la de cruceros, con un crecimiento de la cifra de negocio del 16,2%.

Camps anuncia medidas de tipo económico la próxima semana para solventar la actual situación en la Generalitat

CASTELLÓN.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, anunció hoy que la Generalitat Valenciana adoptará medidas de tipo económico la próxima semana para solventar la actual situación económica.

Camps realizó estas declaraciones durante su intervención en el acto de homenaje a las empresas de la provincia celebrado por la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) en la capital de La Plana.

Así, explicó que el Gobierno valenciano está volviendo a negociar el PAVACE con empresarios y sindicatos, pondrá en marcha los II Planes de Competitividad y la próxima semana adoptará medidas de tipo económico para solventar la actual situación ecónomica "dentro de las competencias de la Generalitat", entre las que destacó un acuerdo entre el IVF y las cajas de ahorro "para aportar liquidez al sistema financiero y que las pymes puedan acceder a programas de crédito", y un programa de capacitación rápida "para que las personas que pierdan el empleo puedan reciclarse y volver al mercado laboral".

El jefe del Ejecutivo valenciano destacó que "tenemos que seguir juntos, mirando el futuro, ya que en todos los momentos son buenas las iniciativas en las que todos tengamos mucho que decir y estemos de acuerdo, ya que las cosas se ponen en marcha de la mejor manera". Según dijo, Castellón "sigue teniendo una de las tasas de paro más bajas y unas de las tasas de actividad más altas, pero está inmersa en esta situación económica".

"Exigimos el vigor que corresponde al Gobierno de España, y desde la Generalitat seguiremos trabajando", apuntó Camps, quien resaltó que la inversión pública del Gobierno valenciano se cifra en 5.000 millones de euros, "y la idea es continuar invirtiendo y poniendo en marcha nuevos proyectos como autovías, aeropuerto o el nuevo Centro de Convenciones de Castellón que estará en marcha en dos o dos años y medio".

Camps agradeció a la sociedad de Castellón su "respaldo" a cualquier reivindicación "que hemos realizado a nivel nacional en los últimos años, y le pido ahora la misma colaboración". Según recordó, "con la nueva legislatura demandé que se acabaran los privilegios y los territorios y empezase el reconocimiento a los mismos, pues en la Comunitat Valenciana la población se ha incrementado en un millón de personas en los últimos siete años, y eso es porque los empresarios han hecho las cosas bien".

"Pero esto --agregó-- no se puede castigar con una financiación que no contemple la realidad de la población, pues sólo queremos algo que nos corresponde y que es de justicia a la hora de transferir los fondos a ls Comuntiat Valenciana".

Asimismo afirmó que "es importante que sigamos reivindicando que el AVE llegue a Castellón y un corredor ferroviario por el arco mediterráneo". Finalmente, apuntó que "hay que seguir haciendo grande Castellón y la Comunitat Valenciana reivindicando lo que es justo y sin privilegios".

El Ecofin aprueba reforzar la cooperación entre los supervisores bancarios

BRUSELAS.- Los ministros de Economía de la Unión Europea (Ecofin) aprobaron hoy reforzar la cooperación entre los supervisores bancarios de los 27 Estados miembros con el objetivo de reforzar la estabilidad financiera y responder de manera más eficaz a turbulencias financieras como las que afectan a los mercados desde el pasado verano desencadenadas por la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos.

Los Estados miembros deberán introducir como muy tarde a mediados de 2009 en el mandato de los supervisores nacionales la obligación de tener en cuenta la dimensión de la UE a la hora de llevar a cabo su tarea, según acordó el Ecofin.

Ello permitirá que los supervisores nacionales tengan en cuenta los problemas de estabilidad financiera en otros Estados miembros cuando lleven a cabo su función. "Los supervisores financieros de los países de la UE deben intensificar el trabajo para lograr un refuerzo de la convergencia supervisora europea", señalan las conclusiones aprobadas por los ministros.

En cuanto a la supervisión de grupos bancarios transfronterizos, los Veintisiete señalaron que para cumplir esta función es necesario reforzar el papel de los "colegios de supervisores" en los que participen representantes de varios Estados miembros para facilitar la cooperación e intercambiar información.

En caso de crisis, se dará prioridad a las "soluciones privadas", aunque los ministros están de acuerdo en que es necesario discutir más sobre el "reparto de la carga" entre los países afectados si es necesario usar dinero público, según explicó el ministro de Finanzas esloveno y presidente de turno del Ecofin, Andrej Bajuk.

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, insistió en que "hay que avanzar de forma muy prudente" y que "no convienen diseños teóricos sino diseños pragmáticos que tengan en consideración los problemas específicos que se plantean entre países concretos". A su juicio, ello exige memorandos de entendimiento entre los diferentes países.

Solbes dijo además que "debe quedar muy claro que, sea quien sea el supervisor, el principio de igualdad de trato a todos los depositantes, inversores y accionistas en caso de crisis tiene que salvaguardarse".

Finalmente, el vicepresidente económico abogó por "una mayor armonización de los sistemas de garantía de depósitos" porque a su juicio permitiría "avanzar en la racionalización del régimen actual de supervisión de grupos e incluso en el reparto entre las distintas autoridades".

(Banco de Francia, París)

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Galán confirma que la sede de Renovables de Iberdrola se trasladará a Valencia

VALENCIA.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, confirmó hoy que Iberdrola Renovables trasladará su sede, actualmente en Madrid, al edificio que la compañía tiene en Valencia, algo que consideró "importante" para la Comunidad Valenciana puesto que será "la primera gran compañía del Ibex con sede en Valencia".

Sánchez Galán hizo estas declaraciones durante la presentación en Valencia de la Feria Internacional de la Eficiencia Energética y las Nuevas Soluciones Tecnológicas 'Egética', que se celebrará el Feria Valencia del 11 al 13 de junio. Acto en el que estuvo presente el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, entre otros.

El presidente de Iberdrola subrayó que "próximamente vamos a proponer a la junta general de accionistas de Iberdrola Renovables el traslado de nuestra sede a Valencia" por lo que se mostró convencido de que "en un par de meses pondrá Iberdrola Renovables en nuestro edificio", ubicado sobre el centro comercial Aqua en Valencia.

En este sentido, matizó que el traslado de la sede "es una gran noticia para Valencia" porque la empresa, además de ser la primera del Ibex con sede en Valencia, es "la sexta o séptima compañía líder de las grandes del sector de la energía español, que fiscaliza cerca de 20.000 millones de euros, y la primera del mundo en energías renovables".

Asimismo, aseguró que las energías renovables, además de su importancia para el futuro "porque son fuentes autóctonas, limpias y no contaminantes, tienen además una ventaja tremenda y una gran oportunidad de desarrollo desde el punto de vista industrial y con ello el desarrollo económico y social de las zonas donde están implementadas".

Por otro lado, Sánchez Galán explicó que, "dentro de la regeneración eléctrica, las energías renovables van a ser absolutamente fundamentales para poder cumplir con los compromisos de reducción de emisiones" y puntualizó que, en este momento, las energías renovables emplean a más de 100.000 personas en España, "cuando apenas hace unos años no era más que un tema absolutamente anecdótico".

Así, indicó que "todo el mundo pensaba que el carbón o la hidráulica eran las grandes fuentes de energía y, sin embargo, hoy Iberdrola produce más con viento que con agua, tras 100 años haciendo centrales y apenas cinco produciendo megavatios eólicos".

Por último, indicó que "todas las tecnologías en el futuro van a ser necesarias porque la energía es un bien escaso y por tanto lo más costoso va a ser no disponer de él". De esta forma, auguró que las tecnologías antiguas "van a seguir evolucionando en el tiempo y las nuevas van a seguir creciendo en importancia y ganando en eficiencia".

Los recursos logrados por CC.AA. superaron por primera vez los 100.000 millones en 2006

MADRID.- Los recursos obtenidos por las comunidades autónomas superaron por primera vez los 100.000 millones de euros en 2006, con un total de 110.030 millones, lo que supone un crecimiento del 12,7% respecto al año anterior. Desde 1999, año base del sistema de financiación, las comunidades autónomas han visto duplicados los recursos, siendo la media de crecimiento del 93,6%.

Estos datos fueron dados a conocer hoy en rueda de prensa por el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, quien destacó que el aumento de los recursos se ha situado "claramente" por encima del crecimiento del PIB nominal en 2006 (7,94%).

Del total de recursos del sistema, los tributos que recaudó la Administración General del Estado totalizaron 54.393 millones de euros, un 49,4% del total, mientras que los tributos recaudados por las comunidades autónomas alcanzaron los 23.226 millones de euros, el 21,1% del total.

El restante 29,5% de los recursos, 32.411 millones de euros, lo constituyen las transferencias realizadas por la Administración General del Estado a través del Fondo de Suficiencia y de la Garantía de Financiación Sanitaria.

De este modo, el 78,9% de los recursos del sistema de financiación, un total de 86.804 millones de euros, fueron transferidos por la Administración General del Estado a las CC.AA., lo que supone un incremento del 12,4% respecto al ejercicio anterior.

Dentro de los recursos transferidos por el Estado, destacan los 49.783 millones de euros (el 54,7% de la recaudación total) procedentes de los recursos tributarios cedidos parcialmente a las regiones (IRPF, IVA e Impuestos Especiales).

Por su parte, del total de tributos recaudados por las CC.AA. en 2006, destacó la importancia cualitativa del Impuesto de Transmisiones y Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), que creció un 17,1% en comparación con 2005, al alcanzar los 17.960 millones de euros.

El desarrollo del sector inmobiliario y el número de transacciones inmobiliarias realizadas en 2006 están detrás de este incremento, aunque Ocaña adelantó que la recaudación de los impuestos ligados a la construcción ahora está evolucionando "negativamente" como consecuencia del ajuste del sector en España, lo que se traducirá una reducción de los recursos para las CC.AA.

Junto con ITP y AJD, las comunidades recaudaron en 2006 un total de 2.549 millones de euros por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un 11,3% más, mientras que los tributos sobre el juego y otros aportaron 2.717 millones, un 2,1% menos.

Descontando las entregas a cuenta ya realizadas, las comunidades tendrán que recibir ahora, en este ejercicio, 7.921 millones en concepto de liquidación final del sistema de financiación en 2006.

Del total de los ingresos de 2006 (110.030 millones), la partida más importante se corresponde con el Fondo de Suficiencia (32.397 millones), que tiene como finalidad completar la financiación de la comunidad que con los impuestos cedidos y los propios de su territorio no cubre sus necesidades en relación a su población.

Todas las regiones recibieron en 2006 parte del fondo, menos Madrid e Islas Baleares, que tuvieron que devolver 182 y 212 millones, respectivamente.

Ocaña señaló que, a pesar de que actualmente las CC.AA. disponen de más impuestos cedidos, el Fondo de Suficiencia tiene que "seguir existiendo" para garantizar el acceso a de los ciudadanos a los servicios básicos.

En este sentido, consideró "buena idea" incrementar los recursos de este fondo a través de la creación de un nuevo fondo o aumentando los recursos del que ya existe. "Lo esencial no es la herramienta, sino el contenido", señaló.

En el reparto de recursos obtenidos en cada comunidad, Andalucía, con 16.692 millones se situó a la cabeza en percepción de ingresos, seguida de Cataluña, con 12.958 millones; Madrid, con 9.610 millones; la Comunidad Valenciana, con 8.061 millones y Galicia, con 6.492 millones de euros.

Les siguieron Castilla y León, con 5.929 millones; Castilla La-Mancha, con 4.285 millones; Canarias, con 3.983 millones; Aragón, con 2.831 millones; Extremadura, con 2.818 millones; Murcia, con 2.491 millones; Asturias, con 2.383 millones; Islas Baleares, con 1.531 millones y La Rioja, con 756 millones.

En cuanto a la financiación per cápita, Ocaña destacó que ésta ha crecido de forma importante en comparación con los aumentos de la población, de forma que las CC.AA. que han sufrido un mayor incremento de población han visto también cómo sus recursos crecían en mayor medida.

En concreto, en regiones como Murcia, donde la población se ha incrementado en un 21,1% entre 1999 y 2006, los ingresos crecieron en el mismo periodo un 112,6%. Lo mismo sucedió en Baleares, donde la población creció un 21,8% y los ingresos se incrementaron en un 93,1%.

Por otro lado, Hacienda dio hoy a conocer también la liquidación de las entidades locales en 2006, que ascendió a 15.154,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 12,41%.

De esta cifra, sólo restan por liquidar 1.089 millones de euros, de lo que 413,50 irán destinados a los municipios de más de 75.000 habitantes; 291,67 millones para los de menos de 75.000 habitantes y 383,83 para las Diputaciones Provinciales y similares.

Los familiares de las víctimas del 'yak 42' piden al juez Marlaska la imputación de Trillo por homicidio y malversación

MADRID.- La Asociación de Familiares del Yak 42 ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska la imputación, en el caso sobre la contratación del avión, del ex ministro de Defensa, Federico Trillo, al que atribuye los delitos de homicidio, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

En el escrito de 58 páginas presentado ante la Audiencia, los familiares de los militares fallecidos solicitan la imputación también de la mayoría de la cúpula militar cuando ocurrieron los hechos, entre ellos el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Antonio Moreno Barberá, los jefes del Estado Mayor del Ejercito (JEME), Luis Alejandre, y del Aire (JEMA), Eduardo González-Gallarza, y del Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), Juan Luis Ibarreta.

Así lo han anunciado los representantes legales y Pacho González, presidente de esta asociación, que representa a más de 40 de los 62 militares fallecidos en el accidente ocurrido en Turquía el 26 de mayo de 2003. A punto de cumplirse los cinco años del siniestro, esta es la primera vez que la Asociación de familiares de las víctimas del Yak pide la imputación directa de Trillo en esta causa.

En la opición de González, "hay indicios suficientes de culpabilidad" para imputar a distintos mandos de la cúpula militar y política, y "ya es hora de depurar responsabilidades". El pasado 22 de enero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó a Grande-Marlaska reabrir esta parte de la investigación sobre el accidente del Yak-42.

Tras criticar la lentitud de proceso, González ha dicho que "ya es hora de que se actúe y se depuren responsabilidades", sobre todo cuando "ya se sabe que los mandos políticos y militares ya conocían las quejas sobre la contratación del avión" y "no hicieron nada".

El representante legal de esta asociación, Leopoldo Gay, ha aclarado que en sus peticiones no se habla de acusaciones sino de imputaciones, y ha concretado que Trillo "puede ser un delincuente porque ha podido cometer delitos". En su escrito, la Asociación atribuye a Trillo y al resto de los señalados los delitos de comisión por omisión con resultado de muerte (homicidio), malversación de caudal público y falsedad documental.

En este sentido ha asegurado que existen "hechos objetivos", entre ellos ha indicado que el Ministerio de Defensa sabía que hubo quejas previas al accidente sobre la seguridad de los vuelos contratados con compañías del Este y un informe del servicio de inteligencia del Ejército, en el que se admitían los riesgos de seguridad en este tipo de viajes. Todo ello, según Leopoldo Gay, "lo conocía la cúpula militar y casi con toda seguridad lo conocía el ministro" Trillo.

La Asociación también pide al juez Grande-Marlaska la imputación del general José Antonio Beltrán, que dirigía el Centro de Conducción de la Defensa (CECOD), y de otros cuatro oficiales del Estado Mayor Conjunto (EMACON). Se da la circunstancia de que el general Beltrán también ha sido imputado en la otra parte de la causa abierta en la Audiencia Nacional, la relativa a la identificación de los cadáveres.

Entre las diligencias que propone la Asociación a Grande-Marlaska figura la citación en calidad de testigo del actual JEMAD, general Félix Sanz, y de la diputada Carmen Sánchez, que formuló una pregunta en el Congreso sobre la seguridad de los vuelos militares días antes del siniestro del Yak.

También propone la investigación de distintos vuelos y los informes de los otros 41 contratos realizados con Nansa, agencia de la OTAN, y las compañías aéreas implicadas.

Defensa abonó tres millones en comisiones por aviones como el Yak-42 en tiempos de Trillo

MADRID.- Los "piratas aéreos", como los denominó en un correo electrónico el comandante José Manuel Ripollés, sólo cuatro días antes de morir en el accidente del Yak-42, no llevan lanzagranadas ni fusiles Kaláshnikov. Pero su botín no tiene nada que envidiar al de los corsarios que infestan las aguas de Somalia, según "El País".

Entre febrero de 2002 y mayo de 2003, el Ministerio de Defensa dirigido por Federico Trillo-Figueroa contrató 42 vuelos, la mayoría en aviones de la extinta Unión Soviética, para el transporte y apoyo a las tropas españolas desplegadas en el exterior. El coste global de los contratos ascendió a 8,9 millones. Y aproximadamente un tercio de esta cantidad, tres millones, acabó en el bolsillo de intermediarios.

El porcentaje dedicado al pago de comisiones figura en un informe confidencial suscrito por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Félix Sanz, que el ex ministro de Defensa José Bono ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga la contratación del Yak-42, Fernando Grande-Marlaska.

"El dato indicado es, a todas luces, escandaloso, porque supondría unos beneficios a los intermediarios superiores al 33% del precio final" -escribe el general Sanz- "y ello teniendo en cuenta que se contrataba con NAMSA [agencia de la OTAN] para reducir costes".

El informe está fechado en diciembre de 2004 y responde al encargo que hizo Bono al jefe de la cúpula militar para que reconstruyese la cadena de subcontrataciones que llevaron a fletar el avión ucrananio. Para ello, Sanz comisionó al teniente coronel Abraham Ruiz López, quien realizó múltiples gestiones en Kiev, Moscú, Ankara e incluso Beirut, pues se descubrió un nuevo comisionista (JTR), con sede en la capital libanesa.

El primer paso fue reclamar su contrato a Volga Dnieper, la primera de las intermediarias con las que contrató el broker Champman Freeborn. "Aunque aseguraron que lo remitirían", explica el informe, "en un correo electrónico posterior sólo accedieron a contestar una serie de preguntas. Después de recordarles la obligación que tenían de facilitar información, se [les] remitió una serie de preguntas entre las que figuraba el precio de la subcontratación. Ninguna pregunta fue contestada".

Con Adriyatic no fue mucho mejor. Tras sucesivas demandas, entregó su contrato con Volga, pero mutilado. "Contamos con copia de la primera y la última página del contrato, en las que no está contenido el precio", admite el general Sanz.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa logró, pese a ello, averiguar cuánto pagó Adriyactic a JTR, el fantasmal comisionista libanés. "El hecho más sorprendente", explica, "es que aparece un precio a pagar de 53.000 dólares; es decir, 43.700 euros. En el caso más desfavorable, es decir que hubiera de añadirse el precio del combustible y otros costes (catering, tasas de aeropuerto, etc) al fijado en el contrato, el gasto real de transporte podría situarse en 90.000 euros aproximadamente, cifra muy alejada de los 149.000 que habría pagado España a NAMSA".

El informe recuerda que, según su contrato con Defensa, la agencia de la OTAN estaba obligada a dar cuenta de todas las subcontrataciones con empresas no radicadas en países aliados, cosa que no hizo, a pesar de que sólo una intermediaria (Adriyatik) cumplía este requisito.

El 26 de enero de 2005, el general Sanz elevó a Bono un segundo informe sobre el mismo asunto en el que desvelaba el importe final cobrado por la compañía operadora del avión, la ucraniana UMAir: 38.422 euros.

Y reiteraba sus críticas a la agencia de la OTAN: "Su actitud es contraria a la idea para la que fue creada; es decir, todos los socios deberían obtener ventajas económicas a través de una contratación con NAMSA y ahora resulta evidente que sólo benefició a una larga cadena de intermediarios, que recibieron comisiones por contratación muy elevadas. Todo ello sin entrar en otras valoraciones tales como si se han respetado los códigos internacionales de comercio o si alguien pudo haber realizado un hecho constitutivo de delito".

Este último asunto debe desentrañarlo el juez Grande-Marlaska, que había citado para hoy al representante de Chapman, responsable de la cadena de subcontrataciones. Pero fuentes próximas al proceso indicaron ayer que su declaración en la Audiencia Nacional ha sido aplazada, como lo fue hace una semana. El próximo día 26 se cumplen cinco años de la catástrofe del Yak-42 y las familias de los 62 militares fallecidos temen que el retraso judicial acabe provocando la prescripción del delito.

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El Rey considera que Zapatero es “muy honesto, recto e íntegro”

MADRID.- La periodista Mercedes Ibarriaga abordó a su Majestad durante la entrega del Premio Cevantes en Alcalá de Henares para preguntarle su opinión sobre el acual presidente del Gobierno. En la entrevista, la periodista de El Mundo abordó a su Majestad el Rey para preguntarle la opinión que le merecía Rodríguez Zapatero. El Rey lejos de evadir la pregunta, se pronunció al respecto, un hecho sin precedentes durante su monarquía.

Don Juan Carlos contestó a la periodista diciendo que Zapatero “es un hombre muy honesto. Muy recto. Que no divaga. O sea, la gente cree que hace cosas así... como divagando”.

Ibarriaga describe entonces cómo el Monarca "levanta la mano y la hace oscilar de un lado a otro". Entonces el Rey aclara "Él sabe muy bien hacia que dirección vá y por qué y para qué hace las cosas. Tiene profundas convicciones. Es un ser humano íntegro".

La periodista insistió con más preguntas y afirmó que "le siguen considerando un enigma" a lo que Don Juan Carlos contestó: "Bueno, quizá la forma de las cejas, el gesto, los ojos, esa sonrisa particular.. pero lo importante es el valor de lo que hay detrás de todo es un hombre recto".

Con esto terminó la tanda de preguntas improvisadas de Ibarriaga al Rey, que entró en la entrega de premios y más tarde le comento a Zapatero "he hablado de ti".

Socios de la cooperativa "Hefame" piden ahora una investigación profunda al Ministerio de Trabajo

VALENCIA.- Un grupo de socios colaboradores y trabajadores de la cooperativa “Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo” (Hefame), con presencia en las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Madrid, han solicitado por escrito a la Dirección General de Inspección del Ministerio de Trabajo “una investigación profunda sobre posible acción atípica de prácticas financieras”.

Con anterioridad ya la habían solicitado al Banco de España y al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, sin obtener respuesta hasta la fecha, aunque ahora anuncian igual petición a otros organismos, como el Ministerio de Economía y Hacienda y la Oficina de Lucha Antifraude de la Comisión Europea.

Dichos socios de “Hefame” ponen “en su conocimiento y hacemos comunicación expresa” de esta situación, cuyo proveedor financiero es la Caja de Ahorros del Mediterráneo, dada la delicada situación financiera de las Cajas. Y creen conveniente sean investigadas sus sucursales abiertas en el extranjero para detectar depósitos de los cooperativistas, “que obtienen beneficios económico-financieros a través del paraguas de la Cooperativa”.

Estos solicitantes inciden en la circunstancia de ausencia formal de una sección de crédito en “Hefame” para alertar de que así escapa “de la supervisión del Banco de España” y de no existir “protección alguna” para los socios colaboradores “a los que extiende sus actividades”.

En el escrito ya remitido a Ministerio de Trabajo, se dice textualmente al respecto: “Actualmente en la cooperativa Hefame se aprecia el hecho de una reducción drástica del endeudamiento con entidades de crédito, tanto en sus límites como en el crédito dispuesto, para lo cual ha tenido que recurrir al endeudamiento con socios, poco conocedores y nada técnicos en el análisis de las cuentas anuales”.

En ese sentido señalan en concreto: “Los riesgos que Hefame, como cooperativa, puede asumir, exceden el volumen de recursos propios de la empresa” puesto que “las deudas con socios por cuentas corrientes y de alta remuneración (…) representan un incremento del 92,3%, alcanzando un importe total de 135 millones de euros a 31 de diciembre de 2005. Este fenómeno se sigue observando igualmente en el año 2006”.

Hacienda aumentará en un 65% el número de actuaciones contra el fraude inmobiliario

MADRID.- Hacienda espera realizar 90.519 actuaciones contra el fraude inmobiliario en 2008, frente a las 54.828 con las que cerró el ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 65%, según consta el en Plan de Objetivos de la Agencia Tributaria (AEAT).

No obstante, las actuaciones de control extensivo sobre la grandes empresas (aquellas cuyo volumen de operaciones supera los 6,01 millones) se reducirán un 12,39%, hasta las 109.498 acciones, frente a las 124.996 con las que se saldó el ejercicio anterior.

En 2008, la AEAT cuenta con la previsión inicial de obtener 5.749,24 millones de euros como consecuencia de las diversas actuaciones de control de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude, lo que supondría un 3,4% menos que en el ejercicio anterior, en el que se recaudaron 5.954 millones.

De esa cantidad, 4.630,7 millones, el 1,8% menos, corresponderían a los ingresos derivados de las actuaciones de control de la Agencia Tributaria y 1.118,5 millones, un 9,76% por debajo, de las minoraciones de las devoluciones.

Sin embargo, fuentes del organismo precisaron que las cifras de recaudación de la lucha contra el fraude que aparecen en el documento sólo suponen una previsión inicial "muy prudente", estimación que casi todos los años termina superándose.

Por otra parte, la Agencia Tributaria estima que el resultado de su gestión recaudatoria de deuda durante este año se situará en los 9.387,8 millones de euros, lo que supondría un incremento del 3,27% con respecto a 2007.

Los ecologistas denuncian la venta de agua de riego a "Danone" en Villena

VILLENA.- Ecologistas en Acción denunció hoy públicamente que la venta de agua por parte de los regantes del municipio de Villena a una planta embotelladora que la empresa Danone pretende construir en el municipio, supondría un claro incumplimiento de la Ley de Aguas, según informaron fuentes de esta asociación.

Según explican, la Ley de Aguas sólo permite la venta de agua entre particulares "cuando ésta se destina a un uso de preferencia igual o superior", según lo establecido en el artículo 60 de dicha Ley, que en concreto establece como uso prioritario el abastecimiento a poblaciones, seguido del regadío, la industria, acuicultura y otros.

Por contra, la producción de agua mineral embotellada se considera un uso industrial, por detrás en prioridad del uso agrícola, que es a lo que actualmente se dedica el agua de esos acuíferos, circunstancia que prueba el hecho de que este tipo de agua se encuentra regulada por la Ley de Minas, es decir, se considera como un recurso minero.

Como consecuencia, Ecologistas en Acción solicita al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Júcar que no autoricen ese cambio de uso, más aún cuando los acuíferos de Villena cuentan con la "declaración provisional de sobreexplotación".

Según los ecologistas, "esta actuación de los regantes de Villena demuestra lo innecesario del trasvase Júcar-Vinalopó, justificado en una carencia de agua en esta última comarca, donde se ubica la población de Villena".

Entienden que lo ocurrido en Villena es una prueba más de "lo innecesario e injusto que resultaría la construcción del trasvase del Ebro, basado en una supuesta carencia de recursos en la costa mediterránea, cuando unos regantes, que reclaman constantemente agua para que no se pierdan sus cosechas, no tienen inconveniente en vender ese agua al mejor postor, si se la pagan por encima de lo que les cuenta a ellos obtenerla".

"En este sentido", añaden, "resulta evidente que detrás de las demandas del trasvase del Ebro, están el abastecimiento a nuevos desarrollos inmobiliarios y campos de golf, actividades económicas mucho más rentables que la agricultura".

Por último, Ecologistas en Acción reclama al Gobierno central que modifique la Ley de Aguas, de cara a prohibir por completo la venta de la misma entre particulares, lo cual "evitaría que sucesos como el de Villena no pudieran ni siquiera plantearse".

Esta organización concluye que "la venta de agua entre particulares va contra el carácter público del agua, pues los usuarios del agua, en el caso de Villena los regantes, disponen de ella en régimen de concesión, no son en ningún caso sus propietarios".

CGT convoca un paro en Ford Almusafes contra el recorte de derechos

VALENCIA.- La sección sindical de CGT en Ford Almusafes, que estuvo presente en las dos reuniones celebradas en la factoría, consideró hoy que "la dirección no ha manifestado ningún interés en solucionar el grave problema que el anuncio de recortes a los derechos de los trabajadores ha provocado a la plantilla", por lo que ha convocado un paro laboral para la semana del 19 al 23 de mayo, a falta de concretar un día concreto, según informaron en un comunicado fuentes sindicales.

CGT protestará de este modo contra la propuesta de la empresa para aumentar la producción cambiando el régimen de turnos y evitar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) cuando la planta deje de producir los modelos Ka y Fiesta en septiembre, para centrarse únicamente en el Focus, a pesar de las modificaciones introducidas ayer por la compañía sobre su plan inicial, que apoya UGT, sindicato mayoritario.

La primera de las reuniones se producía como consecuencia de la petición de negociaciones manifestada por los tres sindicatos contrarios a los "recortes" (CC.OO., CGT y PUT) que, a su entender, supone el plan de la empresa, quien sostuvo que su propuesta es la "única vía" para conseguir los objetivos de fabricar 1.400 vehículos diarios de septiembre a diciembre, lamentaron desde CGT.

Así, ante la presentación de una "propuesta alternativa" elaborada por estos sindicatos con la idea de alcanzar esos mismos objetivos, "sin lesionar ningún derecho laboral", los directivos de Ford sostuvieron que, "aunque se pueden estudiar algunos puntos, no es posible llegar a al producción optima sin reducir el tiempo de comida a 15 minutos y sin introducir los nuevos turnos de seis días consecutivos".

La segunda de las reuniones fue de la dirección con la Comisión Consultiva (el presidente y secretario del Comité, más los secretarios generales de los cuatro sindicatos presentes en la fábrica), donde la empresa modificó "ligeramente" los contenidos de su propuesta anterior.

Anunció que no exigiría a los trabajadores del turno de seis días la realización de los cuatro jornadas laborales que le deberían en el cómputo global (como consecuencia del nuevo calendario) y también que pondrá un transporte especial durante los días festivos que se trabajarán a partir de septiembre.

No obstante, para la secretaria general de CGT en Ford, Francisca Cuesta, los cambios anunciados por la empresa "no modifican sustancialmente el contenido de los recortes", ya que se mantiene la modificación del convenio y del calendario vigentes y "se reducen gravemente derechos tan importantes para los trabajadores como el servicio de comedores y el descanso de dos días en los fines de semana".

Cuesta lamentó que tales medidas "responden a la aplicación unilateral de la política de reducción de costos que los directivos de Ford siguen de manera obsesiva desde hace años". "Con esos recortes, --dijo--, se atenta gravemente contra la salud de los trabajadores y se vulnera el derecho de éstos a tener tiempo suficiente para la convivencia familiar", remarcó.

"Lo más patético de esta iniciativa de Ford es que con la supresión de los comedores no se soluciona ninguno de los problemas argumentados, puesto que lo que necesitan es trabajar dos días más a la semana". Para ello, "hay fórmulas que no implican obligatoriedad, como son la compensación económica o con más descanso a los voluntarios para trabajar en fines de semana, contrataciones para dos días".

Ante la falta de receptividad de la empresa a las nuevas propuestas que se le han hecho, los sindicatos CCOO, CGT y PUT convocarán un primer paro que, a falta de concretar algunos detalles, sería dentro de la semana del 19 al 23 de mayo.

Kerkorian lanza su oferta de 110 millones de euros para comprar un 1% de Ford y alcanzar el 5,5%

LOS ÁNGELES.- El magnate estadounidense Kirk Kerkorian lanzó hoy, a través de su sociedad de inversión Tracinda, una oferta para hacerse con 20 millones de acciones del grupo Ford, representativas de aproximadamente el 1% del capital del tercer fabricante mundial de automóviles, por un importe total de 170 millones de dólares (110 millones de euros al cambio actual).

La oferta, cuyo plazo de aceptación se extiende hasta el próximo 9 de junio, fue anunciada el pasado 28 de abril, fecha en la que Kerkorian desveló que poseía un 4,5% del capital de Ford (alrededor de cien millones de acciones) y que pretendía elevar esta participación hasta situarla en torno al 5,5%.

El importe ofrecido supone una prima del 13,3% sobre el precio al que cerraron las acciones de Ford el pasado 25 de abril, y del 38,7% sobre el precio de cierre del 2 de abril, día en que el multimillonario comenzó a comprar acciones del grupo automovilístico.

Tracinda explicó que ha estado siguiendo de cerca a Ford desde que la multinacional anunció sus resultados de 2007, y recuerda que el grupo anunció la pasada semana el retorno a los beneficios en el primer trimestre de este año, pese a la difícil situación económica en Estados Unidos.

"Tracinda cree que la dirección de Ford, bajo el liderazgo de su consejero delegado, Alan Mulally, continuará presentando significativas mejoras en los resultados de la compañía de ahora en adelante", precisó la sociedad de inversión de Kerkorian.

Kirk Kerkorian, un multimillonario que ha amasado su fortuna en el sector del juego, llegó a ser primer accionista de Chrysler, antes de su malograda fusión con Daimler, e incluso del grupo General Motors. Ambas relaciones acabaron mal.

Así, Kerkorian demandó a los artífices de la fusión entre Daimler y Chrysler, pues les acusaba de haber mentido a los accionistas al presentar la operación --ejecutada en 1998- como una integración entre iguales, cuando, a su juicio, el grupo alemán absorbió al estadounidense. El magnate perdió la batalla judicial y Daimler y Chrysler se "divorciaron" el pasado año.

Además, en 1995 el acaudalado inversor llegó a ostentar una participación del 9,9% en General Motors, que entonces ocupaba indiscutiblemente el puesto de primer fabricante mundial de automóviles. Incluso se mostró dispuesto a incrementar esta participación al 12%.

Pero el idilio finalizó un año después. Desde el consejo de la multinacional estadounidense, Kerkorian impulsó la integración de General Motors en la alianza Renault-Nissan. Las conversaciones entre las partes concluyeron sin acuerdo, y el multimillonario reaccionó saliendo del capital de General Motors.

Solbes adelanta que el Gobierno reordenará el esquema de supervisión del sistema financiero

MADRID.- El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, adelantó ayer que el Gobierno llevará a cabo una reordenación de las competencias en materia de supervisión e inspección del sistema financiero español para mejorar la vigilancia de la "solvencia y competitividad" de los intermediarios financieros.

Durante la primera Comisión de Economía y Hacienda que se celebra tras elecciones del nueve de marzo, Solbes concretó que el Gobierno separará la supervisión de la solvencia de las entidades de la de los comportamientos y de la transparencia de las prácticas en los mercados que actúan.

Durante su comparecencia, Solbes señaló que estas actuaciones se enmarcarán dentro de la política comunitaria de estabilidad e integración financiera, y explicó que, de esta forma, se mejorará la supervisión del sector financiero, cuyo "papel central" dentro de la actividad económica general exige contar con "mecanismos eficaces" de supervisión.

Para Solbes, el adecuado funcionamiento del sistema financiero y crediticio es de "capital importancia" para el desarrollo de la actividad económica en general.

El vicepresidente destacó la fortaleza del sistema financiero español que, a su juicio, ha demostrado una "gran solidez" ante las turbulencias internacionales, tanto por su "robustez intrínseca" como por su exposición "prácticamente nula" a los valores hipotecarios estadounidenses de alto riesgo.

No obstante, reconoció que estos factores no confieren "inmunidad" a España ante lo que está sucediendo en el resto del mundo, ya que su sistema financiero español está muy relacionado con el de otros países y porque la apertura económica española le hace sensible a la evolución de la economía real en el resto del mundo.

En declaraciones a los medios tras la Comisión económica, Solbes explicó que la reordenación consistiría en aplicar el modelo del doble regulador que existe en otros países, "el famoso Twin Peaks", que en España "estaría fundamentalmente vinculado" al Banco y la nueva Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Solbes aseguró que la reordenación de las competencias se centrará en lo que se refiere a solvencia y al comportamiento de las entidades financieras. "Es un tema complejo y ya habrá tiempo para hablar de él", concluyó.

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Izar transfiere a la SEPI la factoría valenciana de Manises para saldar deuda

MADRID.- La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) e Izar han firmado hoy ante notario la escritura por la que la segunda transferirá a la primera la planta valenciana de Manises para saldar deuda por 62,17 millones, anunció el 'holding' público en un comunicado.

En la firma del contrato participaron el vicepresidente de SEPI, Juan Taús Rubio, y el representante de Izar Antonio Javier Cordero. En concreto, el notario ha dado fe de la escritura de dación en pago parcial de la deuda relativa a los terrenos y edificaciones de la factoría de Manises.

El consejo de administración de SEPI acordó el 29 de febrero comprar a la sociedad Izar Construcciones Navales Sociedad Anónima en Liquidación los activos de la factoría Manises. El Consejo de Ministros facilitó la operación al aprobar el pasado 30 de abril una modificación del presupuesto de 2008 de SEPI.

La comisión de liquidación de Izar había declarado desierto en junio del año pasado el proceso de venta de activos de Manises. Esta desinversión era una de las obligaciones legales de los liquidadores de Izar establecidas por la Comisión Europea, que exigía además que se buscase la alternativa que maximizara el valor patrimonial para la vendedora.

La venta materializada hoy se realiza como pago parcial de la deuda de Izar con SEPI contraída después de que la normativa comunitaria declarara ilegales las ayudas concedidas por el 'holding' público a la empresa. La Unión Europea obligó a Izar a devolver 1.200 millones.

La CAM estudia adelantar la emisión de cuotas participativas en este año

ALICANTE.- La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) estudia “adelantar” la emisión de cuotas participativas, que su Asamblea aprobó en diciembre de 2007, “a lo largo de este año”, con lo que se convertiría en la primera entidad en realizar un proceso de estas características, según anunció el director general de la entidad, Roberto López Abad.

“Estamos madurando seriamente la posibilidad de adelantar este proceso a lo largo de este año, porque creemos que en entornos inciertos las cuotas participativas cobran todavía más valor”, subrayó López Abad.

La CAM cuenta con los trámites legales más avanzados para emitir cuotas participativas y la única que tiene autorización de su Asamblea para hacerlo desde el pasado mes de diciembre. Tras su aprobación, la entidad anunció que esperaría el momento adecuado para llevar a cabo este proceso, pero hoy el director general adelantó que podría ser a lo largo de este año, sin precisar fecha alguna.

“Es un camino que todavía tenemos que recorrer, pero una vez tomada la decisión empezaremos a correr”, subrayó López Abad, quien señaló, además, que la entidad se siente orgullosa del trabajo realizado hasta ahora, ya que ha colocado las cuotas participativas en “su justa posición”.

A su juicio, el mercado “demonizó” estos instrumentos, poniendo resistencia a que las cajas se centraran en ellos, cuando son un instrumento de “refuerzo del capital” con el que las entidades pueden contar.