martes, 8 de marzo de 2011

El PSOE cree que "sólo faltaron Matas, Fabra y Ripoll" con Rajoy y Camps para tener "la foto completa de la corrupción"

MADRID.- La portavoz socialista en el Senado, Carmela Silva, considera que en la foto que se hicieron el líder del PP, Mariano Rajoy, y el presidente de la Comunitat Valenciana y candidato en las próximas elecciones, Francisco Camps, el pasado fin de semana "sólo faltaron" Jaume Matas, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll para "tener la foto completa de los mayores casos de corrupción de la historia de la democracia".

   En rueda de prensa en la Cámara Alta, Silva ha lamentado que el PP dedique en el Pleno de este martes dos preguntas al Gobierno sobre el caso de los ERE irregulares en Andalucía y sobre la actuación de la Fiscalía Anticorrupción después de que Rajoy se haya hecho "la foto de la vergüenza" con Camps durante la convención que celebró el PP el pasado fin de semana en Palma de Mallorca.
   La portavoz del PSOE ha recordado que esta foto se hizo "la misma semana" en que el ex presidente balear Jaume Matas "acumula ya casi cinco millones de euros en fianzas para no ir a la cárcel", por lo que, a su juicio, "sólo ha faltado sumar" a la foto con Camps al propio Matas, así como a los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, respectivamente, también imputados por distintas causas.
   Según Silva, Rajoy dijo que "quería gobernar España como gobernó Matas en Baleares", por lo que opina que el líder de los 'populares' debería hacer una "aclaración" sobre este asunto antes de las elecciones generales del próximo año.
   Además, ha pedido a los senadores del PP que sean "serios y rigurosos" en las preguntas que hacen al Gobierno en la sesión de control del Pleno del Senado, ya que, a su juicio, ven "la paja en el ojo ajeno" y "olvidan la gran viga de corrupción que tienen encima de la cabeza".

Calculada ambigüedad de la Generalitat respecto de la nuclear de Confrentes

VALENCIA.- El director general de Energía, Antonio Cejalvo, ha destacado este martes que "las centrales nucleares juegan un papel muy importante en la estructura energética de la Comunitat Valenciana y de España" y que, de hecho, "están llamadas a jugarlo si cabe un poco más debido a las oscilaciones en precios y en contaminación ambiental de los combustibles fósiles, con las limitaciones de los mismos". 

   Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas tras reunirse con representantes de los concesionarios de la Comunitat, al ser preguntado por si la Generalitat se muestra favorable a que se renueve la autorización de explotación de la central nuclear de Cofrentes, que vence el próximo 19 de marzo.

   Al respecto, ha remarcado que "es un tema que está en el Consejo de Seguridad Nuclear y en la Administración General del Estado, que es el competente para ello y es el que se tendrá que pronunciar".

   A preguntas acerca de la posición del Consell respecto a esta decisión y a la presencia de las centrales nucleares en el mix energético, Cejalvo ha insistido en que la opinión de la Generalitat "no es la relevante" en esta cuestión.

   No obstante, ha constatado que "las centrales nucleares juegan un papel muy importante en la estructura energética de la Comunitat Valenciana y de España, y están llamadas a jugarlo si cabe un poco más debido a las oscilaciones en precios y en contaminación ambiental de los combustibles fósiles, con las limitaciones de los mismos", de modo que "cada uno, dentro del ámbito de sus competencias, tendrá que ir adoptando las decisiones que le correspondan", ha sentenciado.

La Costa Mediterránea registra los mayores descensos en el precio de la vivienda, un 6,7%

MADRID.- La Costa Mediterránea es la zona que ha registrado en España los mayores ajustes en el precio de la vivienda, con un descenso del 6,7 por ciento en febrero, según se desprende del índice de Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa).

   De esta forma, los ajustes acumulados desde los precios máximos alcanzados antes de la crisis oscilan desde el 27,2 por ciento registrado en la Costa Mediterránea hasta el del 16,1 por ciento registrado en el resto de municipios.
   Por su parte, en el mes de febrero se ha producido un recorte del 5,4 por ciento en las áreas metropolitanas, y en las capitales y en las grandes ciudades un descenso del 5,2 por ciento.
   Por contra, los descensos más moderados se registraron en Baleares y Canarias, donde la vivienda bajó un leve 0,8 por ciento en el segundo mes del año en comparación a un año antes. En el resto de municipios, la caída de precios de los pisos fue del 3,3 por ciento y, por tanto, también inferior a la media nacional.
  A nivel nacional, el precio medio de la vivienda descendió una media del 4,5 por ciento el pasado mes de febrero en comparación con el mismo mes de 2010, con lo que acumula un ajuste del 19,5 por ciento desde el inicio de la crisis.
   La caída del precio de los pisos mantiene así su tendencia en los dos primeros meses de 2011, después de que cerrara el ejercicio anterior con una reducción del 3,9 por ciento, dado que en enero se anotó una caída del 5 por ciento.
   Tinsa considera que el mercado de la vivienda ha superado el efecto que en 2010 le produjeron los cambios fiscales para verse influenciado por nuevos factores "que cobrarán protagonismo en los próximos meses", como son el repunto de la inflación y el incremento de los tipos de interés.
   Para la firma de tasación, la inflación, de mantenerse en la actual tasa, podría producir una tendencia plana o de ligero descenso del valor nominal de los inmuebles, "una bajada más acusada del precio de la vivienda en términos reales".
   En cuanto a los tipos de interés, considera que, de confirmarse su aumento, se traducirá en un aumento del esfuerzo financiero que las familias realizan para comprar una vivienda, "o sencillamente para continuar pagando el crédito hipotecario".

Un vacío legal ocasiona que al menos 80 entidades públicas de la Comunitat Valenciana no rindan cuentas

VALENCIA.- Un vacío legal ocasiona que, al menos 80 entidades públicas de la Comunitat Valenciana, no rindan cuentas, según el Informe especial sobre el Sector Público Local de la Comunitat Valenciana que la Sindicatura de Comptes ha entregado en las Corts, y en el que la entidad analiza la situación de empresas, fundaciones y asociaciones que no presentan cuentas a pesar de estar participadas mayoritariamente por la administración local.

   El objetivo de este informe presentado por el órgano de contro externo estaba recogido en el Plan Anual de Actuación de la Sindicatura y consistía en "clarificar" la situación del sector público local, para determinar "qué entidades se deben considerar integrantes de dicho sector, elaborar un inventario de los entes con participación pública local, conocer cuáles de ellos no rinden cuentas, determinar las razones de la no rendición y proponer las medidas que se consideren oportunas".
   El informe se ha basado en la información obtenida por las fuentes propias de la Sindicatura --plataforma de rendición de cuentas de entidades locales-- y en el inventario de entes del Ministerio de Economía y Hacienda y del Banco de España. A partir de estas fuentes, se elaborará un censo, que ya incluirá la información contrastada que aporten las propias entidades locales en la presentación de sus cuentas de 2009.
   Con los datos disponibles, la Sindicatura ha concluido que existen 99 entidades valencianas que están participadas mayoritariamente por administraciones locales y que no forman parten de las Cuentas Generales de éstas. De ellas, 18 son sociedades mercantiles, 62 fundaciones y 19 asociaciones.
   Por provincias, cuatro sociedades mercantiles públicas --participadas entre el 50 y el 100 por cien-- son de Alicante, conco de Castellón y nueve de Valencia; 19 fundaciones de Alicante, 12 de Castellón y 27 de Valencia y seis asociaciones alicantinas, una castellonense y 45 valencianas.
   Excepto las sociedades mercantiles públicas, cuya cuenta debe figurar como información complementaria de la entidad pública a la que pertenezca, el resto de entidades (81) "no presenta sus cuentas a la Sindicatura, a pesar de que le Ley así lo establece al asignarle el control del sector público".
   El informe señala que la causa de la falta de rendición "se debe a una deficiente regulación del contenido de la Cuenta General de las entidades locales, pues no se contempla que las cuentas de los entes participados mayoritariamente formen parte de aquella, a diferencia de lo que sucede en la Cuenta General de la Generalitat o del Estado".
   Esta "laguna legal", según el docuemnto, "origina que no se determine el plazo y la forma en que han de presentarse las cuentas a la Sindicatura". Por ello, el informe señala que esta entidad "instará a los órganos de control externo del Estado a que la actual plataforma de rendición de entidades locales posibilite la presentación de cuentas de los entes participados".
   En opinión de la Sindicatura, también resulta "preciso determinar a quién debe rendir cuentas un ente que estuviese participado por varias entidades pertenecientes al sector público, en el caso de que la suma de las participaciones públicas supere el 50 por ciento, pero ninguna de éstas alcance el 51 por ciento". En este supuesto, el mayor porcentaje de participación pública "podría fijar qué entidad debe rendir las cuentas de este ente y ante quién".

Camps pide el sobreseimiento y archivo de la 'causa de los trajes'

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha presentado su escrito de conclusiones al magistrado José Flors, que instruye la 'causa de los trajes' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en el que pide el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, según han informado fuentes jurídicas. 

   La defensa del jefe del Consell solicita además que se celebre una audiencia preliminar para practicar pruebas que considera "indispensables" para esta parte porque asegura que existen "contradicciones importantes" entre las prendas atribuidas a Francisco Camps en el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el que se inhibió de una parte de la investigación sobre la 'trama Gürtel' a favor del TSJCV y el auto del 6 de julio de 2009 del magistrado José Flors, en el que consideraba que los hechos atribuidos al jefe del Consell podían ser cohecho y ordenaba continuar la causa según el Tribunal del Jurado.
   Además, según alega la defensa, no existe tampoco "ninguna coincidencia" entre estos autos y el escrito de conclusiones remitido al instructor por la Fiscalía, que reclama una multa de 41.250 euros de multa para Camps por un delito de cohecho pasivo.
   Asimismo, en el escrito, la defensa de Camps niega la recepción de "ningún regalo" por parte del presidente de la Generalitat y asegura que las compras fueron pagadas "en metálico". Por otra parte, el letrado defensor afirma que el presidente de la Generalitat y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, "se conocían desde 2002" --un extremo que afirma que Camps "nunca ha negado"--, ya que Pérez "realizó trabajos con el PP".
   El escrito también incluye que el sueldo de Francisco Camps es de 3.900 euros al mes en 12 pagas, sin ninguna extraordinaria, con el fin de "justificar" su patrimonio con su nivel de ingresos y demostrar que en "sus 20 años de intachable trayectoria política no ha existido enriquecimiento personal".

lunes, 7 de marzo de 2011

Los economistas advierten de que el nivel de insuficiencia de los ayuntamientos es cada vez más grande

ALICANTE.- El Colegio de Economistas de la Comunitat Valenciana ha advertido de que el "nivel de insuficiencia de los ayuntamientos" de la autonomía es "cada vez más grande" y ha demandado "la adopción de medidas para reducir los problemas de financiación de las entidades locales", según ha indicado la institución en un comunicado.

   Tras el nombramiento de Francisco Menargues, decano de Alicante, como nuevo presidente del Consejo de Economistas de la Comunitat Valenciana, los tres decanos de los colegios de la autonomía han señalado que el último estudio sobre la fiscalidad local, realizado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), "demuestra que la deuda de las entidades locales de la Comunitat Valenciana crece por encima de la media nacional".
   "La caída de ingresos asociada a la actividad urbanística, el que los responsables municipales no se hayan atrevido a reducir servicios en vísperas de una cita electoral y que, por ello, tampoco hayan querido elevar los tipos impositivos, hace que las entidades locales atraviesen uno de los peores momentos económicos de su historia", ha asegurado Francisco Menargues.
   Así, según ha añadido, el crecimiento porcentual de la deuda por habitante en las entidades locales de la Comunidad Valenciana ha sido del 14,74 por ciento y se sitúa muy por encima de la media nacional, actualmente en un 8,73 por ciento, "especialmente en el caso de Alicante". El endeudamiento en esta ciudad es del 21,12 por ciento, en Castellón del 17,40 por ciento y en Valencia del 13,27.
   Según el decano de los economistas de Valencia, Leopoldo Pons, "la obsolescencia de las responsabilidades asumidas por los Ayuntamientos y la discrepancia de este gasto con sus ingresos hace que el tema de la financiación de las entidades locales sea como la crónica de una muerte anunciada".
   Pons ha mantenido que en la Comunitat Valenciana, "el nivel de insuficiencia de los ayuntamientos es cada vez más grande, situación que afecta a numerosas PYMES que deben soportar una morosidad generalizada que erosiona los mercados y expulsa de éstos a los pequeños empresarios".
   Por su parte, el decano de los economistas de Castellón, Jaime Querol, ha asegurado que "una parte importante de los efectos de la crisis se ha visto incrementada por los retrasos en los pagos de las administraciones públicas".
   Así, en su opinión, "los ayuntamientos han solapado competencias con otras administraciones". En este sentido, ha avisado de que será "un problema para los ayuntamientos cumplir a partir del año próximo la Ley de Morosidad que les obligará a realizar sus pagos en treinta días".
   La deuda media por habitante de las entidades locales de la Comunitat Valenciana fue en 2009 de 577,7 euros por habitante; 520,7 en la provincia de Alicante, 471,2 en Castellón y 645 en Valencia.
   En cuanto al volumen de deuda total por habitante, dejando al margen Ceuta y Melilla, los municipios de la Comunitat Valenciana son, junto a los de Madrid --1.272,7 euros--, los de Aragón --794,1 euros-- y los de Cataluña --600,5 euros-- los que tienen "una relación de deuda por habitante más alta en todo el país".
   La deuda viva de los municipios españoles representaba en 2008 la cuantía de 26.128 millones de euros y esta cantidad se ha incrementado en 2009 un 10,1 por ciento, hasta suponer 28.770 millones de euros.
   Por todo ello, los economistas consideran "necesario acometer de manera ineludible y urgente una reforma global de la financiación local y, en especial, de la tributación de estas entidades, aún a sabiendas de que la situación económica y política no facilitan la tarea".
   Este colectivo considera, además, que hay que "realizar una delimitación clara de los servicios que debe prestar cada una de las administraciones, estatal, autonómica y local, para evitar duplicidades y clarificar la financiación que necesita cada nivel territorial".

Castellano tilda de "muy productivo" el trabajo para adaptar la directiva de pirotecnia

ALICANTE.- El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha calificado como "muy productivo y positivo" el trabajo realizado por la Generalitat valenciana para adaptar la normativa europea sobre uso de material pirotécnico a la tradición de la Comunitat Valenciana, donde sus celebraciones tradicionales "no se entenderían sin la pólvora".

   En su visita este lunes a Elche, a preguntas de los medios de comunicación sobre la rebaja de la edad para manipular algunos de los artículos pirotécnicos, Castellano se ha referido a la "importante" labor llevada a cabo por la Generalitat en los últimos años para adaptar el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, de carácter estatal, y la Directiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre artículos pirotécnicos.
   El conseller ha recordado que, de no haberse adaptado la normativa a las costumbres de la Comunitat Valenciana, se "tendrían que prohibir de la noche a la mañana prácticamente la totalidad de las fiestas de uso pirotécnico" que se realizan, como las cordades, mascletás y castillos de fuegos artificiales.
   Castellano ha subrayado que el Decreto aprobado por el Consell el pasado viernes reconoce el carácter religioso, cultural o tradicional de las manifestaciones festivas de la Comunitat Valenciana que hacen uso de la pirotecnia, por lo que quedan excluidas de la normativa europea sobre artículos pirotécnicos y su uso y/o adaptación
   Entre otros aspectos, el citado Decreto rebaja las edades para el uso de material pirotécnico, de forma que los productos con marcado CE de Categoría 1 --de muy baja peligrosidad y nivel sonoro insignificante (bombetas, mini petardos, bengalas)-- podrán ser utilizados por los niños a partir de ocho años y los de Categoría 2 por niños a partir de 10 años, ya que también se tratan de artículos de baja peligrosidad y bajo nivel sonoro, que deben dispararse al aire libre en zonas delimitadas como pueden ser los chinos, las fuentes o los voladores.
   "Lo que hemos hecho nosotros es hacer nuestra propia normativa para poder rebajar la edad, de modo que puedan tirar ciertos artículos pirotécnicos los menores", ha detallado, al tiempo que ha subrayado que este cambio "garantiza jurídicamente" que estas actividades festivas se puedan realizar "sin mermar ninguna cuestión de seguridad".
   Por otra parte, Castellano ha mostrado su satisfacción por la resolución del Consejo Jurídico Consultivo, que ha dictaminado que la Generalitat sí tiene competencias en el Estatuto de Autonomía para regular los chiringuitos.
   Al respecto, ha recordado que la Generalitat valenciana alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente para, --al igual que ya tienen otras comunidades autónomas como Andalucía y Baleares-- transferir estas competencias sobre el dominio público marítimo terrestre en cuanto a la ordenación del litoral, sobre todo en las concesiones y autorizaciones de los locales expendedores de comidas y bebidas de playa.
   Castellano ha explicado que está previsto constituir una comisión mixta para decidir sobre los problemas que puedan surgir en la zona público marítima terrestre.
   "En ese sentido creo que ha sido un buen acuerdo, que ya se está llevando a la práctica, y espero que esa nueva orientación por parte del Gobierno de España se culmine lo antes posible en lo que tiene que ser la transferencia de competencias en favor de la Generalitat", ha comentado.
   El conseller ha reconocido que durante el trámite de consulta, se ha "perdido un tiempo valiosísimo", si bien ha asegurado que "aunque sea tarde, siempre es bueno y positivo el que haya ese cambio de postura del Gobierno".

El PP rechaza establecer un régimen de incompatibilidades para altos cargos "más estricto"

VALENCIA.- El PP en las Corts ha rechazado --el PSPV se ha abstenido-- una proposición no de ley de Compromís por la que se instaba al Consell a iniciar y promover una reforma legislativa autonómica y estatal del régimen de incompatibilidades "más estricto", de manera que no se permita que ningún conseller o alto cargo de la Generalitat pueda conceder o concertar contratos de manera directa o indirecta con la administración dirigidos a empresas participadas o administradas por familiares o amigos.

   La diputada de Compromís, Mireia Mollà ha reclamado que un gobierno "que dice ser transparente, debería poner mecanismos" como el propuesto por la coalición. En este sentido, ha recordado el pacto por la transparencia aprobado por el PP este fin de semana en Palma de Mallorca y ha señalado que esta iniciativa podría servir para marcar el "buen camino" para cumplir con lo firmado.
   En concreto, la propuesta de Compromís rechazada en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat instaba al Consell a iniciar y promover una reforma legislativa, tanto autonómica como estatal, para establecer un régimen de incompatibilidades "más estrictas" que el actual, ampliando y tasando las condiciones de abstención de autoridades y altos cargos.  
   La diputada del PP María José García ha alegado que los altos cargos de la Generalitat están sujetos al decreto autonómico y a la legislación estatal, "a falta de una regulación propia en la que el Consell está trabajando actualmente". Además, ha afirmado que el Gobierno valenciano "ha defendido en todo momento" la transparencia de su gestión con los "mecanismos adecuados".
   Por su parte, el socialista Manuel Mata ha afirmado que el régimen de incompatibilidades estatal y autonómico son "muy duros" pero falta "ética política".
   Por otro lado, los 'populares' han rechazado también otra propuesta de Compromís --apoyada por el PSPV-- para que el Consell desarrolle la ley de publicidad institucional y que las Corts cree una comisión de publicidad institucional que tenga una composición político-técnica en la que estén representados todos los grupos parlamentarios y las administraciones afectadas.
   En este sentido, Mollà ha recordado que las Corts aprobaron hace siete años la  ley de publicidad institucional que contemplaba la creación de la mencionada comisión. Pero "ni se ha constituido la comisión, ni se ha aprobado el reglamento que debe desarrollarla", ha criticado.
   El diputado del PP Eduardo Ovejero ha explicado que el trabajo de la comisión ya lo realizan organismos autonómicos y que no conviene "duplicar" tareas que incrementarían el gasto de las arcas públicas. Asimismo, ha defendido que la publicidad de la Generalitat es "informativa y comercial" y no desea "que se convierta en una escuela de debate".

Alarte destaca que en la campaña electoral del PSPV "participará quien convenga"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha destacado este lunes que en la campaña electoral de su formación de cara a las próximos comicios autonómicos y municipales del 22 de mayo "participará quien convenga" y "quien sea mejor y pueda".

   Alarte se ha pronunciado así en una rueda de prensa para analizar la actualidad política, al ser preguntado por la presencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el acto central de campaña. Al acto ha asistido la secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Elena Valenciano.
   En este sentido, ha explicado que la fecha del 14 de mayo para el acto principal de campaña es todavía provisional y, respecto a la presencia de Rodríguez Zapatero, ha indicado que el PSOE "no tiene que esconder a nadie ni decirle a nadie que llega tarde a ninguna foto". "No nos avergonzamos de nadie", ha apostillado.
   Además, ha resaltado que Rodríguez Zapatero "es un militante honorable, el presidente del PSOE y el presidente del Gobierno al que han votado los españoles" y ha asegurado que los representantes socialistas pueden aparecer "todos los días con la cara bien alta". Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha remarcado, "no saca las vallas con su cara porque perdería 1.000 votos con cada una".
   En relación a la campaña 'Otro camino es posible', en la que aparecen imágenes de naranjas en diferentes estados de putrefacción, ha resaltado que esta campaña es "un buen símbolo", razón por la que ha "felicitado" a los autores de esta iniciativa y ha asegurado que está "muy satisfecho". "Se entiende bien: naranjas sanas, socialismo valenciano; naranjas podridas, Camps", ha agregado.
   El candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jorge Alarte, ha presentado también la campaña municipal 'Es aquí. Es ahora', que se destinará a las ciudades de menos de 50.000 habitantes de la Comunitat y ha comentado que será una campaña "flexible, moderna y que permitirá a cada una de las ciudades y pueblos adaptarla a sus realidades locales y sus mensajes propios".
   La campaña está integrada por un manual y por un libro de estilo, donde se definen con detalle todos y cada uno de los elementos necesarios para una campaña electoral, también se ha generado material fotográfico para las ciudades de entre 20.000 y 50.000 mil habitantes.
   En las ciudades de más de 50.000 habitantes, que son 16, ha sido el Comité Federal del PSOE el que ha elaborado este material. El tercer instrumento estratégico y de acción en red se pondrá en marcha en los próximos días.
   "Los Socialistas Valencianos planteamos un mensaje único con un proyecto único para todas las ciudades y pueblos de nuestra comunidad", ha reiterado Alarte, que ha añadido que "nuestros programas municipales serán austeros, sinceros y esperamos construirlos desde la participación ciudadana; escuchando a los ciudadanos y haciendo de sus necesidades parte de nuestro proyecto".
   En su comparecencia, Alarte ha anunciado que va a pedir a la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) que "se proceda a la convocatoria de una conferencia política para aprobar el programa electoral autonómico y el programa electoral municipal marco para la Comunitat Valenciana".
   En este sentido, ha destacado que la conferencia tendrá el objetivo de estudiar el borrador del programa que la CEN aprobará. "La fecha se concretará después de las fiestas de Fallas", ha apuntado. La conferencia, según Alarte, aprobará "el programa centrado en nuestra principal prioridad: empleo, empleo y empleo, contará con una amplia participación de referentes de nuestro partido a nivel estatal".
   Cuestionado sobre ciertas informaciones que apuntan sobre la posibilidad de que el PSPV "difumine" las siglas del PSOE durante la campaña, Alarte ha comentado que está "orgulloso" de las siglas "y de quienes somos" y ha añadido que los candidatos tienen que hacer que "los debates se centren en la realidad de sus municipios y ciudades y que se hable del futuro de la Comunitat". "No vamos a dejar que Camps se esconda detrás de la cámara de Canal 9", ha remarcado.
   Preguntado por el documento de negociación planteado por el gabinete de Francisco Camps, como paso previo para que ambos líderes mantengan un encuentro oficial para tratar sobre la crisis en la Comunitat, ha incidido en que el "papelito" debería ser más "concreto" y ha comentado que está esperando para ver si Camps "decide gobernar el tiempo que le queda".
   Sobre la decisión del exministro socialista Antoni Asunción de demandarle, tras no presentarse en el acto de conciliación fijado para este lunes a las 13.00 horas por un presunto delito de injurias y de difamación, el líder del socialismo valenciano ha recalcado que se "ratifica" en todo lo que dice "todos los días, da igual el asunto".

Alarte considera "vergonzoso" ver a Camps "firmando un papel de lucha contra la corrupción"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha calificado este lunes de "vergonzoso" ver al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "firmando un papel que habla de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción" y ha asegurado que el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, "ha cumplido todos sus compromisos con la trama Gurtel: los mantiene en el poder". 

   Alarte se ha pronunciado así en una rueda de prensa para analizar la actualidad política, donde se ha referido, tras ser preguntado, sobre la firma de los candidatos autonómicos del PP a las elecciones del 22 de mayo el pasado sábado en Palma de Mallorca al manifiesto 'Más sociedad, mejor gobierno. Compromiso 2011-2015' en el que se comprometieron a gobernar atendiendo a principios como la austeridad, la transparencia, la regeneración o la solidaridad.
   A juicio de Alarte, "la lucha contra la corrupción en la Comunitat Valenciana hubiera sido quitar a Francisco Camps como candidato, a Carlos Fabra, a Sonia Castedo, a José Joaquín Ripoll y esa la larga lista", ha enumerado.
   Además, ha señalado que Rajoy, ratificando a Camps, "ya ha explicado cuál es su modelo ético de democracia y de convivencia" y, de esta forma, "ha explicado a todos los españoles que su modelo es el de consentir la corrupción, la manipulación informativa de los medios de comunicación y la degradación democrática".

Garzón declara que las escuchas fueron necesarias para tratar de recuperar el dinero de la trama Gürtel

MADRID.- El juez Baltasar Garzón ha calificado este lunes ante el Tribunal Supremo de "necesaria y proporcional" su decisión de intervenir las conversaciones que los 'cabecillas' de la trama "Gürtel" mantuvieron en prisión con sus abogados. Su objetivo era "recuperar las importantes sumas dinerarias" que los imputados mantenían "en la más absoluta opacidad", según ha informado hoy su defensa.

   La declaración de Garzón, realizada a petición propia  ante el instructor de la causa, el magistrado del lberto Jorge Barreiro, se prolongó algo más de hora y media sin que pudiera ser preguntado por las partes. El juez ha reiterado lo manifestado en su primera declaración, que tuvo lugar el 10 de mayo de 2010.
   Garzón no hizo declaraciones ni al entrar ni al salir del alto tribunal, momentos en los que estuvo rodeado de una nube de fotógrafos y cámaras de televisión, ni tampoco lo ha hecho su abogado en esta causa, Francisco Baena Bocanegra. En esta ocasión, su citación ante el Tribunal Supremo no ha concitado la presencia de detractores ni defensores del juez, como había ocurrido en ocasiones anteriores.
   Más tarde, y mediante una nota de prensa, la defensa del juez suspendido de la Audiencia Nacional ha insistido en que, pese a conocer su trascendencia e importancia, Garzón resolvió realizar las escuchas "atendida la gravedad de los delitos que se perseguían y la necesidad de recuperar las importantes sumas dinerarias que se mantenían en la más absoluta opacidad".
   La defensa insiste  además en que en su declaración en el TS Garzón ha reiterado tenía indicios que hacían presumir seriamente que los imputados en situación de prisión continuarían su actividad delictiva valiéndose de sus letrados "incluso sorprendiendo su buena fe".
   El juez suspendido de la Audiencia Nacional ha dado explicación al magistrado Jorge de los indicios y razones que le llevaron a adoptar la medida acordada contra los imputados del "caso Gürtel" respecto de sus comunicaciones personales, si bien ha subrayado que de las captadas con sus abogados se expulsó de la causa "en su momento, aquellos extremos que comprometieran las estrategias de defensa, así como las explicaciones de índole que afectaran a dicho derecho".
   En este punto, Garzón ha solicitado al magistrado Jorge que procediera a la reproducción de las grabaciones, un extremo al que se ha negado el instructor, pese a que la Fiscalía no se opuso a ello.
   El único que ha comparecido ante la prensa al término de la declaración ha sido el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, que fue quien presentó la querella que originó este sumario contra Garzón por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales.
   Peláez ha indicado que el trámite desarrollado este lunes ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro no ha aportado, a su juicio,  ningún dato nuevo a la investigación, ya que el magistrado suspendido de la Audiencia Nacional se limitó a dar las mismas explicaciones sobre los autos de intervención de las conversaciones que ya realizara el 10 de mayo del pasado año, cuando declaró por primera vez sobre estos hechos.
   Según Peláez, Garzón sigue manifestando que no cometió ningún delito al ordenar las intervenciones, ya que según él sólo pretendía escuchar a  Francisco Correa, el "cerebro" de la Gürtel y a sus principales colaboradores para evitar que siguieran delinquiendo desde prisión, con independencia de con quien hablaran, y que no se trataba de escuchar a los abogados. Por ello, el juez suspendido ha insistido en que él no vulneró ningún derecho fundamental.
   Peláez ha añadido, a preguntas de los periodistas, que no entiende el por qué del interés de Garzón de volver a declarar por este asunto, dado que no ha aportado novedades. A su juicio, el siguiente paso debería ser cerrar la instrucción y elevar la causa a juicio oral.
   El aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 había solicitado volver a prestar declaración en este caso después de que, el pasado mes de noviembre, el magistrado Jorge diera por concluida su labor instructora y confirmara que existen indicios contra él por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales contra los abogados defensores de los imputados en la trama corrupta.
   El pasado 18 de noviembre, el juez Alberto Jorge Barreiro rechazó las diligencias solicitadas por Garzón para ejercer su defensa en este asunto y señaló en un auto que, en el momento de acordar las escuchas, el juez suspendido de la Audiencia Nacional "no tenía dato incriminatorio alguno" contra los letrados de los presos.
   Entre otras diligencias, Jorge Barreiro rechazó citar como testigo en la instrucción de la causa del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que es quien actualmente investiga la trama corrupta.
Para el instructor de la causa, los tres hechos relevantes que han de ser objeto de la investigación son: si Garzón dictó efectivamente los autos cuestionados (en los que se autorizaron las escuchas); si cuando lo hizo tenía algún indicio incriminatorio contra los letrados afectados y si las resoluciones se ejecutaron en la práctica.
   De lo instruido hasta la fecha se deducen, según Jorge, "transparentes los indicios en el sentido de que cuando el querellado dictó las dos resoluciones no tenía dato incriminatorio alguno contra los nuevos letrados de los presos que los implicara en la trama o en otros hechos delictivos", tal y como reconoció el propio Garzón en la declaración que prestó en el Tribunal Supremo el pasado mes de mayo.

Rambla dice que se está trabajando para que la gestión del aeropuerto de Castellón sea "solvente y de éxito"

CASTELLÓN.- El vicepresidente primero del Consell y conseller de Industria,  Vicente Rambla, ha asegurado este viernes que está "convencido" de que los "pequeños inconvenientes" surgidos en las últimas semanas respecto al aeropuerto de Castellón están en "vía de solución" y ha asegurado que se está trabajando para que la gestión de esta infraestructura sea "solvente y de éxito" .

   Rambla ha realizado estas declaraciones tras participar en la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor en Castellón y después de ser preguntado por cómo será el modelo de gestión del aeropuerto de Castellón.
   Según ha dicho, "lo importante es que Castellón, por fin, va a disponer de una infraestructura tan importante como el aeropuerto, del que se están ultimando sus detalles para que la inauguración sea ya pronto una realidad y pueda empezar a funcionar, y luego esos mismos detalles están culminando en lo que es la gestión y su puesta en funcionamiento".
   Rambla se ha mostrado "convencido" de que "los pequeños inconvenientes que hayan podido surgir estas últimas semanas están en vía de solución" y, según ha reiterado, "lo más importante es que Castellón cuente con una infraestructura capaz de servir de catalizador para el turismo y para el progreso en nuestra provincia".
   Al respecto, ha declarado que las obras del aeropuerto están "prácticamente a punto de terminar y a punto de inaugurarse", aunque ha destacado que todavía no hay fecha, y ha explicado que están "trabajando el esquema de funcionamiento del aeropuerto para que su gestión sea solvente y de éxito y que consigamos que por fin Castellón tenga esa puerta de entrada para su prosperidad que, sin duda, lo es el aeropuerto".

domingo, 6 de marzo de 2011

No hay castigo / Joaquín Estefanía

Los partidos políticos cuyos alcaldes se ven envueltos en casos de corrupción no se ven penalizados en las urnas. Todavía peor: los partidos implicados en conductas irregulares pueden contar con que no sufrirán castigos electorales en los comicios, incluso en el caso de que se inicien diligencias judiciales. Este es el resultado de un reciente estudio elaborado para la Fundación Alternativas (Las consecuencias electorales de los escándalos de corrupción municipal 2003-2007) por los investigadores Gonzalo Rivero y Pablo Fernández-Vázquez.

Con estos mimbres, los ciudadanos acuden a las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo. La cuestión que se suscita es si conclusiones tan pesimistas podrían extenderse desde los municipios a las comunidades autónomas y, más allá, a la Administración central; aunque no hay evidencias empíricas que lo demuestren, es difícil pensar que el comportamiento electoral podría ser, en esos últimos casos, esencialmente distinto.

Conclusiones pesimistas porque suponen un serio revés para el control de los políticos por los procesos electorales y porque ponen en cuestión la capacidad del mecanismo electoral para discriminar ya no entre buenos y malos candidatos, sino incluso para cumplir la función más básica de expulsar de la arena política a aquellos que podrían haberse aprovechado irregularmente de los bienes comunes. En la investigación no se analizan las razones que llevan a los ciudadanos a exonerar en las urnas a los candidatos deshonestos, sino que se limita a constatar este fenómeno que, sin duda, debilita la calidad de la democracia en España.

El estudio, que examina el impacto electoral de los escándalos de corrupción que han tenido lugar en los Ayuntamientos de Andalucía y la Comunidad Valenciana entre las elecciones municipales de 2003 y 2007, contribuye al debate sobre la existencia o no de castigo por parte de los votantes a los políticos implicados en casos sospechosos. Los términos de la polémica son, básicamente, si la corrupción no es castigada en las urnas por cuestiones de tipo cultural o si el castigo es asimétrico, por lo cual únicamente algunos partidos políticos se verían exonerados mientras que los demás sí sufrirían una penalización electoral.

El estudio de la Fundación Alternativas (que incorpora un rastreo exhaustivo de los casos de corrupción y no se basa en una selección determinada de ejemplos) demuestra que la aparición de escándalos en los Ayuntamientos sigue un cierto patrón: estos tienden a concentrarse en municipios costeros con un nivel de población superior a la media y con una mayor disponibilidad de suelo urbanizable. Y que no existen diferencias significativas entre los principales partidos en la proporción de sus alcaldes que se ven afectados por escándalos; en cambio, sí parece que los independientes son más propensos a ser investigados judicialmente.

La Ley de Memoria Histórica reconoce 170.000 nuevos españoles

MADRID.- La conocida como Ley de Memoria Histórica para paliar los efectos del franquismo ha concedido la nacionalidad española a 170.183 personas en sus dos primeros años de vigencia, algo más de la mitad de las peticiones registradas, según los datos existentes en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

De ellos, 112.151 ya cuentan con un pasaporte español, y por tanto de la Unión Europea. La obtención de la nacionalidad permite además optar a las ayudas estatales contempladas para ciudadanos en el exterior, así como el derecho de voto en las elecciones generales, entre otras cuestiones.

El número de peticiones recibidas es algo menor de los cálculos que las asociaciones hicieron con motivo de la aprobación de la ley y que estimaban en más de medio millón de personas los posibles beneficiarios de la nueva norma.

En 2009 y 2010 las oficinas consulares de España recibieron un total de 293.500 solicitudes, la mayoría de ellas (un 96 por ciento) en las representaciones diplomáticas en Iberoamérica.

La presentación de las peticiones se ha hecho de forma bastante escalonada. En el primer año de vigencia de la ley se registró el 51,7 por ciento del total de solicitudes, frente al 49,3 por ciento en 2010.

El grueso de las demandas presentadas, un 91,48 por ciento, procede de hijos de españoles emigrados o exiliados, mientras que 19.646 corresponden a nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española al exiliarse durante la Guerra Civil y el franquismo.

Las restantes 5.333 pertenecen a españoles que obtuvieron la nacionalidad en la reforma del año 2002, pero sin el derecho a transmitirla a sus hijos y que pueden optar ahora a esa posibilidad.

Desde el departamento que dirige Trinidad Jiménez se subraya que queda un "número importante" de solicitudes en fase de estudio o pendientes de la presentación de algún documento, especialmente certificados de nacimiento de padres y abuelos que no son siempre fáciles de conseguir, explican a Europa Press fuentes diplomáticas.

Los trámites hasta conseguir la nacionalidad se prolongan de media durante más de un año si la petición se cursa en España, mientras que en los consulados en Iberoamérica no se suele rebasar los seis meses, según relatan algunos beneficiarios.

Para gestionar la presentación de las demandas, las oficinas consulares de España se han dotado de un sistema informático de cita previa que ha dado en estos dos primeros años un total de 522.871 citaciones.

El 22 de enero de 2010 el Gobierno amplió un año el plazo para poder optar a la nacionalidad española en virtud de esta ley con el fin de poder atender el "elevado" número de solicitudes recibidas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación llegó a presupuestar para 2009 cuatro millones de euros para aumentar en unos 150 efectivos el personal de ciertos consulados en Iberoamérica con el fin de atender las múltiples demandas que se preveían con la entrada en vigor de la ley, sobre todo en países como Argentina, Cuba, México, Uruguay y Chile.

La ley permite a los hijos de españoles obtener la nacionalidad de origen aunque hayan nacido en otro país, con independencia de su edad y al margen del lugar de nacimiento de los padres. En el pasado, la nacionalidad sólo se transmitía si el padre o la madre eran nativos de España y si los hijos eran menores de 18 años.

También posibilita a los nietos de españoles emigrados entre el 18 de julio de 1936 y la Ley de Amnistía aprobada tras el franquismo (octubre de 1977), adquirir directamente la nacionalidad de origen, siempre que acrediten su descendencia.

Rajoy, con la 'china Camps' en el zapato / Paulino Guerra

Las fotos de aquellos días retratan a un hombre pletórico, a un político en ascenso, cuyo nombre comienza a sonar para los más altos designios. En Valencia se celebra el XVI Congreso Nacional del PP y Francisco Camps, el joven que había pasado por Madrid sin pena ni gloria, es ya el respetado "molt honorable president" y un líder territorial emergente. Disfruta de una reforzada segunda mayoría absoluta y sobre todo acaba de participar activamente en la operación para sostener al frente del partido a Mariano Rajoy, después de su segunda derrota electoral. 

Y como compensación a su fidelidad en aquellos meses en los que al líder del PP le "faltaba la peseta para el duro" (según acaba de decir el presidente de la Diputación valenciana), le premian con la organización del Congreso en Valencia. Son los días 20, 21 y 22 de junio de 2008. Ningún recuerdo de sus discursos, pero sí de su amplia sonrisa, que está en todas las fotos y en todas partes: a las puertas del acristalado Palacio de Congresos recibiendo a Rajoy, en el plenario, con las delegaciones, en los pasillos, departiendo con los periodistas en la zona de prensa. Se le nota feliz, satisfecho, levita por los infinitos pasillos del edificio. Es el barón de moda. Incluso un posible recambio, si como pensaba José María Aznar, el Congreso resultaba fallido.

Todavía es un momento de empuje económico. Valencia toca el cielo con los dedos. La fabulosa Ciudad de las Ciencias y las Artes, el Mundial de Vela, los coches de Fórmula 1 por el circuíto urbano. Camps disfruta del momento y sueña. Aún faltan siete meses para que el juez Garzón encienda la primera traca de la "operación Gürtel" y la risueñas fallas de cartón piedra se transformen en frágiles pavesas. 

Francisco Correa, Pablo Crespo y Alvaro Pérez "El Bigotes" son todavía personajes anónimos, aunque sus teléfonos estén pinchados desde hace meses por la Policía Judicial. José Luis Peñas, un oscuro ex concejal del PP en Majadahonda que lleva años grabando conversaciones a Correa, les ha puesto sobre la pista. Y entre las cintas que hablan de comisiones, paraísos fiscales y negocios sucios, una declaración sorprendente. Isabel Jordán, que trabaja para Correa, confiesa que ha pagado una factura de trajes para Francisco Camps.

La noticia salta a la calle en febrero de 2009. Al principio, sorpresa, incredulidad, cierre de filas y rotundos desmentidos. Siempre es así. Todos los partidos lo hacen. Negarlo todo y arremeter contra el periodista, la Policía o el juez. Sin embargo, dos años después ahí sigue vivo el presunto delito de 'cohecho impropio'. Pero nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. 

Porque en ese tiempo las circunstancias han cambiado. Mariano Rajoy es ya el líder que ve cercana la meta y Francisco Camps el corredor descolgado, un hombre atribulado, una pesada carga que frena el ritmo del equipo. Además tiene por delante las etapas más duras y definitivas. En las próximas semanas, el procesamiento por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y después, hacia octubre, el juicio con jurado. Decenas de cámaras y fotógrafos para registrar al 'molt honorable' sentado en el banquillo de los acusados.

Este es el cálculo que hacen en la calle Génova y también que puede ser condenado y que lo ético y lo correcto es que en ese momento Francisco Camps se marche. Pero no quieren forzarlo. Quieren que sea él voluntariamente el que tome la decisión, el que asuma que no es compatible presidir una institución como la Generalitat valenciana y una condena por cohecho, aunque se limite a una multa y no implique la inhabilitación.

Mariano Rajoy necesitaría ese gesto para sus campaña de las elecciones generales. El país está ahogado económicamente, pero también sufre una enorme asfixia política. Y además de propuestas económicas tangibles y concretas, necesita un poco de aire fresco, algo de esa ética protestante, tan habitual en países como Alemania, donde el ministro de Defensa, también con un gran futuro, acaba de dimitir por plagiar el 20 por ciento de sus tesis doctoral. 

Incluso hay casos más extremos, como el de la ministra del Interior del Reino Unido, que dejó el cargo porque su marido había contratado dos películas porno a cargo del erario público. ¿Fueron las 15 o 20 libras?, ¿el contenido de las películas? Seguramente un modelo democrático mucho más exigente y esa famosa moral calvinista que condena al ostracismo al que incumple las más elementales reglas del decoro.

Porque en los países más serios de la Unión Europea se dimite por dos cintas o 'por cuatro trajes'. También por conceder una ayuda millonaria a la empresa de la que es directiva la hija del vicepresidente Manuel Chaves o aceptar que una constructora pague las facturas de la decoración de las habitaciones de las hijas del presidente del Congreso, José Bono. Se llama limpieza, regeneración de la vida pública, ejemplaridad, democracia.

Lo otro, la negación de los hechos, el partido político convertido en parapeto, el rechazo a asumir responsabilidades políticas, no es sólo la negación de las más elementales normas de respeto al ciudadano. Es algo mucho peor, la semilla de un modelo enfermo, degenerado, en el que no existe ni el bien, ni el mal, sólo el poder.

El PSPV critica que Camps presente la llegada del AVE a Valencia como fruto de su gestión

VALENCIA.- El portavoz de Infraestructuras y Transportes del PSPV en las Corts, Francesc Signes, ha criticado que la "desvergüenza" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "no tiene límites", ya que, a su juicio, la presentación en la convención de los 'populares' en Palma de Mallorca de imágenes del AVE y de las estaciones de Joaquín Sorolla y Requena como fruto de su gestión "dice mucho de cómo esta persona es capaz de distorsionar la realidad para ver avalada su enorme ambición personal".

   En un comunicado, el socialista ha lamentado la actitud del jefe del Consell, ya que, "no es solo que el AVE Madrid-Valencia haya sido ejecutado al 100% por el Gobierno socialista de España, sino que hasta la fecha Rita Barberá y el Ayuntamiento de Valencia todavía no han hecho efectivas sus mínimas aportaciones a este proyecto".
   "Nunca podíamos imaginar que Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal y todo el PP avalaran esta falta de ética que desvirtúa el código que quieren hacernos creer que el PP piensa aplicar", ha agregado Signes.
   El socialista ha manifestado que "no sería tampoco de extrañar que cuando el próximo mes de abril la Unión Europea declare prioritario el corredor Mediterráneo, dentro de las Redes Europeas de Transportes, gracias a las gestiones del Gobierno central y del ministro de Fomento, José Blanco, Camps también quiera apropiarse de esta consecución".
   De hecho, ha resaltado que, según el Informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, "en 2003 este corredor quedó relegado al décimo lugar porque José María Aznar, entonces presidente del Gobierno y siendo Loyola de Palacio comisaria europea de Transportes, priorizó ante Europa que las conexiones que atraviesan la península pasaran por Madrid".
   "Entonces el PP traicionó los intereses de la Comunidad Valenciana y será ahora un gobierno socialista el que deshará un agravio y nos pondrá en la primera división del transporte europeo", ha aseverado.
   En este sentido, ha incidido en que el corredor Mediterráneo "será una realidad a pesar de los intentos del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, de seguir exigiendo que el corredor Mediterráneo quede relegado y sin que esas declaraciones hayan sido contestadas por Camps", un presidente que, a su juicio, "ha antepuesto su estrategia de no molestar a los líderes nacionales del PP sobre su obligación de defender los intereses de nuestra Comunidad".

Piden caudales ecológicos para el Júcar y así cumplir la Directiva Marco del Agua

CULLERA.-  'Queremos que el Júcar llegue al mar' es el lema para reclamar el establecimiento de caudales ecológicos, en cumplimiento con la directiva Marco del Agua, y para mostrar oposición a la propuesta de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo de dejar sin caudal los últimos cuatro kilómetros de río, según ha informado la plataforma 'Xúquer Viu' en un comunicado.

  La plataforma 'Xúquer Viu' recuerda que las reivindicaciones de este colectivo se centran en que la demarcación del Júcar debería contar desde diciembre de 2009  con un nuevo Plan de Cuenca que diera cumplimiento a la Directiva Marco del Agua, cuyo objetivo es "asegurar el buen estado de todas las masas de agua en 2015, así como el uso sostenible a largo plazo de los recursos hídricos".
   Sin embargo, según han recordado los responsables de 'Xúquer Viu', la cuenca del Júcar acumula tres años de retraso en la elaboración del Plan Hidrológico de Cuenca, un proceso que se encuentra paralizado "mientras el deterioro ambiental continúa a marcha forzada".
   Una de las principales consecuencias, según señala ese manifiesto, también leído por representantes de la plataforma, tras una concentración de un centenar de personas, es que "continúan sin establecerse caudales ecológicos, lo que supone un importante deterioro de la biodiversidad y ha contribuido, en los últimos años, a que algunos tramos se hayan secado en Cuenca, Albacete o Valencia".
   "El Júcar continúa sin caudales ecológicos y, a pesar de la importante cantidad de agua acumulada en los embalses, no hemos dejado de denunciar la falta de caudal en los últimos meses. De hecho, el pasado mes de diciembre, el caudal del Júcar a su paso por el Azud de Cullera, a 10 kilómetros del mar, fue prácticamente nulo durante ocho días", continúa el escrito de denuncia.
   Ante esta situación, 'Xúquer Viu' ha denunciado la "falta de respeto por nuestro río y nuestros ecosistemas", como demuestra la propuesta de la Conselleria de Medio Ambiente de dejar sin caudal el estuario del Júcar desde el Azud de la Marquesa.
   "O sea, que a partir de ese punto sólo se aseguraría que el agua del Júcar se trasvasará hasta Alicante a través de la conducción Júcar-Vinalopó. Se pretende que el Júcar no desemboque en el mar, sino en Villena", han denunciado desde la plataforma.
   A su juicio, esta propuesta no sólo incumple la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea, sino también las condiciones impuestas por Bruselas para ejecutar el trasvase Júcar-Vinalopó, que insistían en la necesidad de "asegurar el equilibrio ecológico en el estuario del río de forma que mantenga o mejore su estado actual".
   "Estamos atrapados entre la desidia del Ministerio de Medio Ambiente, que no cumple con la directiva ni fija los caudales ecológicos y la codicia y el saqueo ambiental de la Generalitat, a la que no le preocupa en absoluto la salud de nuestros ríos", ha agregado la plataforma.
   El manifiesto también señala que la comarca de la Ribera está también "atrapada" entre "la voracidad de los regantes y gobernantes de Castilla-La Mancha, que esquilman y sobre-explotan nuestro río y la voracidad de los especuladores y gobernantes valencianos a quienes nada más les preocupan los intereses económicos de unos cuantos".
   No obstante, la plataforma ha asegurado que "no parará" ni "bajará la guardia" para que los más pequeños "puedan conocer este río, que ha sido siempre el río valenciano por excelencia y el corazón de agua para los valencianos".

sábado, 5 de marzo de 2011

Alarte acusa a Rajoy de "cinismo" por proponer "regeneración" sin cesar a los 64 cargos valencianos imputados

MADRID.- El secretario general del PSPV y candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana, Jorge Alarte, ha acusado este sábado al PP y a su presidente, Mariano Rajoy, de incurrir en "mentiras y cinismo" por hablar de "regeneración" y de "lucha contra la corrupción" sin cesar a los 64 cargos públicos de la comunidad que están imputados en casos de corrupción y a otros 130 "relacionados".

   El líder del PSPV se ha referido así al apartado 'Regeneración' del programa marco electoral del PP que será suscrito este fin de semana en Palma de Mallorca por todos los candidatos 'populares'.  Para Alarte, es una "desvergüenza" que los 'populares' hablen de regeneración teniendo "allí sentados" al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, imputado en el 'Gürtel', y a los presidentes de las diputaciones de Alicante y Castellón, José Joaquín Ripoll y Carlos Fabra, respectivamente, investigados en otros casos.
   "Si quiere de verdad que le creamos en algo, si quiere de verdad que no pensemos que es la enésima mentira de Mariano Rajoy como responsable político de haber consentido la trama Gürtel, que vaya a la Comunidad Valenciana y que retire de sus cargos a los 64 cargos públicos en diferentes instituciones que están implicado o imputados directamente en casos de corrupción y a los 130 que están relacionados", ha manifestado.
   Alarte se ha referido además al saludo de Rajoy al presidente valenciano, calificándolo de "frío" y "no deseado", un saludo que "evidencia la situación de Camps y también la situación de Rajoy", ha concluido, en declaraciones a la prensa después de participar en un Comité Federal del PSOE que ha dado el visto bueno a las candidaturas socialistas para el 22-M en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos de ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia.

Las bombillas LED reducirían en un 80% el gasto energético en alumbrado público

MADRID.- Cambiar los 4,5 millones de bombillas que componen el alumbrado público español por lámparas LED recortaría el gasto eléctrico hasta en un 80% respecto a los 17.500 millones de euros que costó iluminar las calles y carreteras españolas en 2009, lo que supone el 70% de la factura eléctrica en España.

   Una compañía especializada aconsejó al Gobierno español y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) renovar el alumbrado de calles, carreteras y edificios públicos con lámparas LED, frente a las bombillas de bajo consumo, con el fin de reducir el gasto eléctrico de los ayuntamientos españoles.
   En este sentido, le indicó que la inversión quedaría amortizada en "muy poco tiempo", ya que nada más instalar estas nuevas bombillas compatibles con las actuales farolas la factura se reduciría en un 80%.
   Y le explicó que estas luces consumen una décima parte que las bombillas tradicionales y tres veces menos que las de bajo consumo, proporcionando la misma potencia de luz y una vida útil de 13 años, es decir, cuatro veces más que estas últimas.
   La firma, japonesa, recordó que "apenas" el 40% de los municipios españoles de más de 10.000 habitantes tiene instalada alguna luminaria LED, y afirmó que cambiando el 20% de los actuales puntos de luz por lámparas LED se dejarían de emitir a la atmósfera 350.000 toneladas de CO2 al año.
  Asimismo, le alertó sobre la comercialización en España de productos LED de baja calidad, que podrían impedir a las administraciones públicas alcanzar los niveles de ahorro calculados e incluso incurrir en más gastos.
   La compañía consideró además que es el momento oportuno para que las autoridades europeas establezcan una normativa específica sobre productos LED, que fije sus prestaciones básicas en cuanto a consumo, potencia y calidad de luz, entre otros.

Cinco causas de la insurrección árabe / Ignacio Ramonet

Cuáles son las causas del vendaval de libertad que, de Marruecos a  Bahréin, pasando por Túnez, Libia y Egipto, sopla sobre el mundo árabe? ¿Por qué motivos estas simultáneas ansias de democracia se expresan precisamente ahora?

A estas dos preguntas, las respuestas son de diversa índole: histórica, política, económica, climática y social.

1. Histórica. Desde el final de la Primera Guerra Mundial y la implosion del Imperio otomano, el interés de las potencias occidentales por el mundo árabe (Oriente Próximo y África del Norte) ha tenido dos principales incentivos: controlar los hidrocarburos y garantizar un hogar nacional judío. Después de la Segunda Guerra Mundial y del traumatismo universal del Holocausto, la creación del Estado de Israel, en 1948, tuvo como contrapartida la llegada al poder, en varios Estados árabes liberados del colonialismo, de fuerzas antisionistas (opuestas a la existencia de Israel): de tipo “militar nacionalista” en Egipto y Yemen, o de carácter “socialista árabe” en Irak, Siria, Libia y Argelia. 

Tres guerras perdidas contra Israel (en 1956, 1967 y 1973) condujeron a Egipto y a Jordania a firmar tratados de paz con el Estado judío y a alinearse con Estados Unidos que ya controlaba –en el marco de la Guerra Fría– todas las petromonarquías de la península Arábiga así como el Líbano, Túnez y Marruecos. De este modo, Washington y sus aliados occidentales mantenían sus dos objetivos prioritarios: el control del petróleo y la seguridad de Israel. A cambio, protegían la permanencia de feroces tiranos (Hasán II, el general Mubarak, el general Ben Alí, los reyes saudíes Faisal, Fahd y Abdalá, etc.) y sacrificaban cualquier aspiración democrática de las sociedades.

2. Política. En los Estados del pretendido “socialismo árabe” (Irak, Siria, Libia y Argelia), bajo los cómodos pretextos de la “lucha antiimperialista” y de la “caza de comunistas”, también se establecieron dictaduras de partido único, gobernadas con mano de hierro por déspotas de antología (Sadam Hussein, Al Assad padre e hijo, y Muamar al Gadafi, el más demencial de ellos). Dictaduras que garantizaban, por lo demás, el aprovisionamiento en hidrocarburos de las potencias occidentales y que no amenazaban realmente a Israel (cuando Irak pareció hacerlo fue destruido). De ese modo, sobre los ciudadanos árabes, cayó una losa de silencio y de terror. 

Las olas de democratización se sucedían en el resto del mundo. Desaparecieron, en los años 1970, las dictaduras en Portugal, España y Grecia. En 1983, en Turquía. Tras la caída del muro del Berlín, en 1989, se derrumbó la Unión Soviética así como el “socialismo real” de Europa del Este. En América Latina cayeron las dictaduras militares en los años 1990. Mientras tanto, a escasos kilómetros de la Unión Europea, con la complicidad de las potencias occidentales (entre ellas España), el mundo árabe seguía en estado de glaciación autocrática. 

Al no permitirse ninguna forma de expresión crítica, la protesta se localizó en el único lugar de reunión no prohibido: la mezquita. Y en torno al único libro no censurable: el Corán. Así se fueron fortaleciendo los islamismos. El más reaccionario fue difundido por Arabia Saudí con el decidido apoyo de Washington que veía en él un argumento para mantener a los pueblos árabes en la “sumisión” (significado de la palabra ‘islam’). Pero también surgió, sobre todo después de la “revolución islámica” de 1979 en Irán, el islamismo político que halló en los versos del Corán argumentos para reclamar justicia social y denunciar la corrupción, el nepotismo y la tiranía.

De ahí nacieron varias ramas más radicales, dispuestas a conquistar el poder por la violencia y la “Guerra Santa”. Así se engendró Al Qaeda... 

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las potencias occidentales, con la complicidad de las “dictaduras amigas”, añadieron un nuevo motivo para mantener bajo férreo control a las sociedades árabes: el miedo al islamismo. En vez de entender que éste era la consecuencia de la carencia de libertad y de la ausencia de justicia social, agregaron más injusticia, más despotismo, más represión...

3. Económica. Varios Estados árabes padecieron las repercusiones de la crisis global iniciada en 2008. Muchos trabajadores de estos países, emigrados en Europa, perdieron su trabajo. El volumen de las remesas de dinero enviadas a sus familias disminuyó. La industria turística se marchitó. Los precios de los hidrocarburos (en aumento estas últimas semanas a causa de la insurrección popular en Libia) se depreciaron. Simultáneamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) impuso, a Túnez, Egipto y Libia, programas de privatización de los servicios públicos, reducciones drásticas de los presupuestos del Estado, disminución del número de funcionarios... Unos severos planes de ajuste que empeoraron, si cabe, la vida de los pobres y sobre todo amenazaron con socavar la situación de las clases medias urbanas (las que tienen precisamente acceso al ordenador, al móvil y a las redes sociales)  arrojándolas a la pobreza.

4. Climática. En este contexto, ya de por sí explosivo, se produjo, el verano pasado, un desastre ecológico en una región alejada del mundo árabe. Pero el planeta es uno. Durante semanas, Rusia, uno de los principales exportadores de cereales del mundo, conoció la peor ola de calor y de incendios de su historia. Un tercio de su cosecha de trigo fue destruida. Moscú suspendió la exportación de cereales (que sirven también para nutrir al ganado) cuyos precios inmediatamente subieron un 45%. Ese aumento repercutió en los alimentos: pan, carne, leche, pollo... Provocando, a partir de diciembre de 2010, el mayor incremento de precios alimentarios desde 1990. En el mundo árabe, una de las principales regiones importadoras de esos productos, las protestas contra la carestía de la vida se multiplicaron...

5. Social. Añádase a lo precedente: una población muy joven y unos monumentales niveles de paro. Una imposibilidad de emigrar porque Europa ha blindado sus fronteras y establecido descaradamente acuerdos para que las autocracias árabes se encarguen del trabajo sucio de contener a los emigrantes clandestinos. Un acaparamiento de los mejores puestos por las camarillas de las dictaduras más arcaicas del planeta... 
 
Faltaba una chispa para encender la pradera. Hubo dos. Ambas en Tunez. Primero, el 17 de diciembre, la auto-immolación por fuego de Mohamed Buazizi, un vendedor ambulante de fruta, como signo de condena de la tiranía. Y segundo, repercutidas por los teléfonos móviles, las redes sociales (Facebook, Twitter), el correo electrónico y el canal Al-Yazeera, las revelaciones de WikiLeaks sobre la realidad concreta del desvergonzado sistema mafioso establecido por el clan Ben Alí-Trabelsí. 
 
El papel de las redes sociales ha resultado fundamental. Han permitido franquear el muro del miedo: saber de antemano que decenas de miles de personas van a manifestarse un día D y a una hora H es una garantía de que uno no protestará aislado exponiéndose en solitario a la represión del sistema. El éxito tunecino de esta estrategia del enjambre iba a convulsionar a todo el mundo árabe.