VALENCIA.- La macrooperación policial y judicial por el
conocido como 'caso Cooperación', en el que se investigan supuestas
irregularidades en la concesión de subvenciones a ONGs por parte de la
extinta Conselleria de Solidaridad, cumple la próxima semana un año
desde que salió a la luz, con 32 imputados y el diputado y exsíndic del
PP en las Corts, Rafael Blasco, en el punto de mira.
Aunque las primeras detenciones se llevaron a cabo el 23 de
febrero de 2012, la investigación de este caso se remonta a octubre de
2010, cuando la Fiscalía de Valencia decidió tomar cartas en el asunto
tras recibir unas denuncias del PSPV y de Compromís relacionadas con
subvenciones otorgadas por el Consell a la Fundación Culktural y de
Estudios Sociales (Cyes) y a la Fundación Entre Pueblos --posteriormente
Hemisferio--.
En concreto, se denunciaba el supuesto desvío parcial de las
cantidades que se concedían a determinadas ONGs a través de subvenciones
entre 2008 y 2011. La mecánica de desvío de dinero fue, supuestamente,
hinchar facturas que justificaban el dinero concedido sobre proyectos
ubicados en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República
Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití. En algunos casos,
los técnicos se negaban a hacer el correspondiente informe por el que
Blasco podría aprobar las subvenciones.
Tras una larga y laboriosa investigación, el 23 de febrero de
2012, la Policía Nacional desplegó una operación por Valencia coordinada
por el ministerio público. En ese día, los agentes detuvieron a 14
personas. La primera de ellas fue el entonces director general de
Integración y Cooperación de la Conselleria de Justicia y Bienestar
Social, Josep María Felip, que anteriormente dependía del departamento
de Solidaridad, dirigido por Blasco.
A Felip le siguieron también otros dos ex altos cargos de la
Generalitat: Marc Llinares, que había trabajado bajo las órdenes de
Felip en el área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad; y Alexandre
Catalá Bas, por su etapa en la que fue subsecretario en la Conselleria
de Inmigración y más tarde en la de Solidaridad y Ciudadanía.
Junto a altos cargos, fueron cayendo dirigentes o miembros de
diferentes ONGs que recibieron subvenciones del Consell. Entre ellos, el
empresario César Augusto Tauroni, vinculado a la Fundación Hemisferio, y
el único que ha ingresado en prisión provisional por este
procedimiento. En total, en sus orígenes, la causa sumaba 19 imputados, y
en la actualidad ha llegado a los 32, de los que siete son funcionarios
o excargos de la Administración valenciana.
Respecto a Tauroni, el sumario recoge unas conversaciones en las
que éste, identificado como 'Mister X', hablaba con su hermano Arturo,
también imputado en el procedimiento, de 'Negrolandia' para referirse a
sus proyectos en África. En un momento determinado, llega a decir: "hay
que dar prioridad a lo nuestro antes que a lo de los negratas".
Asimismo, en el procedimiento hay otras grabaciones, entre ellas,
una conversación entre Blasco y Tauroni de 8 de junio de 2001 en la que
el primero le dice al empresario que esté tranquilo, que va a salir todo
muy bien, y le indica que acabará con él de alcalde de Nueva York.
Al conocerse las detenciones y las declaraciones en calidad de
imputados, el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra,
tomó cartas en el asunto y anunció el cese inmediato de Felip y Catalá.
Con el tiempo le llegó el turno a Blasco, quien decidió dimitir de su
cargo de portavoz en las Corts tras conocer que había sido imputado. No
obstante, mantiene su acta de diputado, que es personal.
Desde que la instructora vio indicios de delito contra Blasco,
hasta que el TSJCV le imputó, Fabra ya advirtió al exconseller que sabía
el camino que se estaba tomando desde el PP cuando algún dirigente
resultaba imputado en una causa judicial. Ese mismo día, Blasco delegó
sus funciones de portavoz en la cámara autonómica.
La imputación de Blasco, de 67 años y doctor en Derecho por la
Universitat de València (UV), obligó a la instructora del caso inicial,
la jueza Nieves Molina, a inhibirse a favor del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el competente para instruir
causas de aforados. Y se designó a una nueva instructora, la magistrada
Pía Calderón.
En ese momento, Blasco --a quien, según el informe policial,
personas imputadas en la causa le llamaban 'Roger Rabbit', 'Conill' o
'Conejo'--, manifestó que era un "alivio" poder ir a declarar al TSJCV,
ya que iba a tener la "oportunidad" de "aclarar" la situación, al tiempo
que se mostró "convencido" del sobreseimiento del caso.
Luego, en su declaración ante la magistrada instructora del caso,
Pía Calderón, el diputado, a quien se le atribuyen los presuntos delitos
de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de
influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental,
defendió que los expedientes firmados con ONGs eran "legales" y que
fueron revisados "por todas las instancias".
El exconseller ha elegido para llevar su defensa al abogado Javier
Boix, quien también representó al expresidente de la Generalitat
valenciana Francisco Camps en el conocido como 'caso de los trajes'
dentro del 'caso Gürtel'. Boix logró en este caso la absolución para su
cliente por parte de un jurado popular.
La magistrada Pía Calderón se ha desplazado durante la instrucción
a EEUU para tomar declaración a varios testigos en Miami y en Nueva
York, y para visitar dos pisos que Tauroni compró. Asimismo, ha pedido
varios informes a Aduanas para verificar el envío de contenedores a los
proyectos en Africa. Al respecto, Aduanas confirmó que no le constaba el
envío de un contenedor a Guinea Ecuatorial por parte de Ceiba, una de
las fundaciones investigadas en la trama.
Actualmente, se están supervisando y organizando todos los
documentos intervenidos en la causa para facilitarlos a todas las
partes. Asimismo, se está procediendo al volcado de las conversaciones
telefónicas intervenidas. Mientras no esté disponible toda esta
información, no parece que la magistrada vaya a retomar los
interrogatorios.
Uno de los últimos en declarar en el tribunal valenciano fue el
perito que elaboró un informe sobre las subvenciones otorgadas por parte
de la extinta conselleria a la Fundación Cultural y de Estudios
Sociales (Cyes), quien ratificó que existieron numerosas irregularidades
en cuanto a tramitación y certificaciones. Su interrogatorio originó
numerosas quejas por parte de los letrados de los imputados, quienes
alegaron que no disponían de toda la información del caso.
Este hecho obligó posteriormente a la magistrada a suspender unas
testificales previstas, hasta que todas las partes dispongan de toda la
documentación. También les ha ofrecido la posibilidad de, cuando llegue
ese momento, volver a citar a declarar al perito.
