Un sondeo revela que la unión en Sumar evitaría una mayoría absoluta de PP y Vox

MADRID.- Una encuesta de 40Db. para la cadena Ser y El País ofrece escenarios de gobernabilidad tras el acuerdo de la izquierda transformadora en la confluencia Sumar. Según este sondeo, arrebatarían a PP y Vox la mayoría absoluta. De haber ido cada fuerza por su cuenta, el resultado sería diferente: la encuesta arroja que un acuerdo postelectoral de la derecha y la ultraderecha daría el Gobierno a Alberto Núñez Feijóo.

En este segundo supuesto, las cuentas serían sencillas, según El País: PP y Vox sumaría 177 diputados –la mayoría absoluta está en 176–. El PSOE obtendría 111, Sumar 22 y Podemos, tres. Sin embargo, cuando las izquierdas aúnan fuerzas, pueden doblegar a las derechas en algunas provincias y dejar a PP y Vox en 169 escaños (más uno de UPN: 170).

En este escenario, Pedro Sánchez, aun quedando segundo por detrás del PP (107 del PSOE por 131 del PP) podría gobernar si lograse más síes que noes en una segunda votación en el Congreso. Para ello, además de Sumar, que obtendría 41 escaños (19 más que si se dividiera el voto, según esta encuesta) y sería tercera fuerza política por delante de Vox, las fuerzas nacionalistas e independentistas vascas (PNV, EH Bildu) y catalanas (ERC, Junto) serían decisivas.

El sondeo revela, además, que el PSOE tiene un gran trabajo de movilización por delante que ejercer en estas cinco semanas antes del 23 de julio. De ahí la prioridad que tenían las izquierdas de llegar a un acuerdo que impulse cuanto antes los esfuerzos. Los socialistas necesitan ilusionar y reconectar con el electorado que impulsó a Sánchez en el 2019.

Así, el porcentaje de la población que afirma que votará seguro es del 58,5%. El 80,7% de los que hace cuatro años votaron a Vox manifiesta que volverá a hacerlo. Entre los escogieron al PP, la cifra es del 75,1%. Sin embargo, solo el 61% de los que votaron al PSOE en 2019 dice que irá a votar esta vez. 

 A la izquierda de los socialistas, hay una movilización similar a la de la derecha: el 77% de quienes eligieron a Más País y el 74,1% de los que optaron por Unidas Podemos aseguran que votarán el 23 de julio.

Entierro del gobierno de coalición

Otras encuestas entierran el Gobierno de coalición cuando queda algo más de un mes para que se celebren las elecciones generales del próximo 23 de julio. Las batallas internas de los partidos de izquierdas dan fuerza a la derecha y, principalmente, a Alberto Núñez Feijóo, que se presenta como un líder moderado capaz de agrupar el apoyo suficiente para llegar a La Moncloa, según las encuestas.

Sin embargo, en ningún sondeo el Partido Popular alcanzaría la mayoría absoluta necesaria de 176 escaños para poder gobernar, por lo que sería imprescindible que pactase para poder arrebatarle La Moncloa a Sánchez.

El PP lograría hasta 153 diputados, siendo el partido más votado

Según el último sondeo de GAD3 para el 'ABC', el Partido Popular no sólo ganaría las elecciones, sino que podría superar la barrera de los 150 escaños en el Congreso de los Diputados. El PP de Feijóo obtendría el 36,6% de los votos y se movería en una horquilla de entre los 150 y los 153 escaños.

De obtener estos resultados, supondría un aumento de más de 60 escaños respecto a lo obtenido en las últimas elecciones generales de 2019. Así, habría que retrotraerse hasta la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en 2011 para encontrar un Partido Popular más competitivo en el plano electoral que el actual.

Vox perdería apoyos pero estaría en su mano el gobierno de Feijóo

El PP obtendría la mayoría absoluta mediante un acuerdo con Vox, partido que retrocede ante la fuerza de los populares. La formación de Santiago Abascal lograría un 12,4% de los votos y entre 33 y 35 escaños, por lo que perdería más de 17 diputados respecto a las cifras actuales.

A pesar de esto, el bloque de la derecha sería el claro ganador de las generales. La suma de Vox con el Partido Popular superaría los 185 escaños, por lo que si hay pacto entre ambas formaciones, y los de Abascal votan a favor, Feijóo tendría asegurada la investidura.

El PSOE caería hasta los 101-104 escaños

Por el otro lado, parece claro que sería imposible reeditar una coalición de izquierdas. El PSOE caería hasta los 101-104 escaños, frente a los 120 diputados que tiene actualmente. Con el 27,7% de los apoyos, y teniendo en cuenta que Sumar no conseguiría reeditar el resultado de 2019 de Unidas Podemos, un nuevo gobierno de Pedro Sánchez se presenta como una posibilidad bastante improbable.

Sumar no consigue el apoyo que obtuvo Podemos

Con los datos recabados por esta encuesta, Vox y Sumar se disputarían la tercera plaza. Yolanda Díaz ha logrado incluir bajo su marca a Podemos, Izquierda Unidas, Más Madrid, Compromís o los Comunes, entre otras formaciones políticas. Con esto, se ha evitado la dispersión electoral a la izquierda del PSOE.

Sumar obtendría entre 27 y 29 escaños con el 11,2% de voto. El resultado es todavía 1,6 puntos inferiores al resultado de Unidas Podemos en las anteriores generales, cuando bajo la candidatura de Pablo Iglesias obtuvieron 35 escaños, que ya entonces era su peor resultado.

Encuesta de Sociométrica

Un panorama similar presenta la encuesta de Sociométrica para el diario 'El Español'. Feijóo saldría victorioso, pero dependería de Vox para poder Gobernar. En concreto, el sondeo otorga al PP 134 escaños, con 32,1% de los votos. Es decir, se quedaría a 42 escaños de la mayoría absoluta.

Vox, imprescindible para Feijóo

El sondeo de Sociométrica otorga a la formación de Santiago Abascal más relevancia que el de GAD3. Según indican, Vox aglutinaría el 15% de la intención de voto, por lo que alcanzaría los 47 diputados en el Congreso, por lo que podría proporcionar al PP la mayoría necesaria.

El PSOE sufriría una fuerte caída

Por su parte, la legislatura habría pasado factura a Pedro Sánchez y el PSOE sufriría una fuerte caída hasta quedar por debajo de los 100 diputados. El actual partido del Gobierno conseguiría un 25,4% de los apoyos y 94 escaños en el Hemiciclo.

Los extranjeros compran dos de cada diez viviendas: arrasan en la Comunidad Valenciana

MADRID.- Los extranjeros siguen recuperando su espacio en el mercado residencial español. La demanda foránea para comprar vivienda creció un 30% en 2022 mientras que la nacional lo hizo un modesto 2,2%. Son datos de la tasadora Euroval, que cifran en un 18,7% las operaciones protagonizadas por extranjeros en el último año. El porcentaje es un 1,8% superior al de 2019, el año anterior a la pandemia del coronavirus. Por territorios, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña concentraron el 65% de todas las transacciones.

A pesar de la importante recuperación el porcentaje es todavía algo inferior al máximo registrado en 2015, cuando una de cada cinco viviendas (el 19,3%) fue adquirida por un foráneo. No obstante, si en lugar de porcentajes se utilizan cifras absolutas la realidad es diferente. El texto apunta que en 2015 se vendieron 77.530 viviendas a extranjeros, el pasado año la cifra llegó hasta las 133.221 unidades, casi el doble.

"La recuperación de la demanda extranjera se produce un momento delicado para el mercado residencial de nuestro país, en que ya se acusa cierta contracción como resultado de la incertidumbre internacional y el encarecimiento del acceso al crédito hipotecario por el alza de los tipos de interés", apuntan los expertos. 

Por territorios, destaca el comportamiento de la Comunidad Valenciana, donde la compra de extranjeros repunta un 7,4%, mientras que en el archipiélago canario lo hizo un 6,2%. Un segundo grupo lo forman aquellas comunidades con crecimientos en el entorno de la media nacional (3,4%). Este es el caso de Andalucía (3,2%), Madrid (2,7%), Murcia (2,7%) y Cataluña (2,5).

El resto presentan incrementos más moderados, siempre por debajo del 2% e incluso apuntando a cierta estabilización. En ese grupo están Baleares (1,8%), Asturias (1,2%), Castilla-La Mancha (1%) o Castilla y León (0,9%). 

Los porcentajes absolutos reflejan, por su parte, el peso específico que la demanda extranjera tiene en algunas comunidades. Así, cuatro de cada diez viviendas que se vendieron en Baleares el pasado año fueron compradas por extranjeros. Una cantidad muy similar en Canarias (3,7) y la Comunidad Valenciana (3,6).

El número se reduce en las comunidades de Andalucía, Cataluña y Madrid, pero aun así sigue siendo muy significativo: 1,9, 1,7 y 0,9, respectivamente. A nivel nacional, los extranjeros adquirieron casi dos casas (1,9) de cada diez que se vendieron en 2022.

De los datos anteriores, el análisis concluye la fuerte concentración de las compras extranjeras en nuestro país. De hecho, solamente tres comunidades concentran el 65% de estas. A la cabeza, y muy por delante de las demás, se sitúa la Comunidad Valenciana: el 30% de las casas compradas por los extranjeros en nuestro país se encuentran aquí. Otro 21% está en Andalucía y el 14% restante en Cataluña.

Canarias, con un 9% de compras extranjeras, ocupa la cuarta posición en este ranking, seguida de la Comunidad de Madrid (6%), Baleares (6%), Murcia (5%), Castilla-La Mancha (2%), Castilla y León (2%) y Aragón (1%). El resto comunidades (Galicia, País Vasco, Asturias, Navarra, Cantabria, La Rioja y Extremadura) suman en conjunto un 5%.

George Soros entrega el control de su imperio multimillonario a su hijo menor

 

NUEVA YORK.- El multimillonario George Soros ha entregado el control de su imperio, valorado en 25.000 millones de dólares (algo más de 23.000 millones de euros) a su hijo menor, Alexander Soros, de 37 años, según publica este lunes el estadounidense Wall Street Journal.

El nuevo líder del entramado filantrópico se declara en la entrevista con el diario económico como "más político" que su padre y aboga por aumentar el apoyo a través de sus asociaciones al derecho al voto y al aborto.

Las Fundaciones de Sociedad Abierta sin fines de lucro de Soros, (OSF, por sus siglas en inglés) destina alrededor de 1.500 millones de dólares (1.395 millones de euros) a grupos en defensa de los derechos humanos, así como a instituciones educativas y a campañas políticas vinculadas a reducir las tasas de encarcelamiento y los prejuicios raciales del sistema judicial estadounidense.

La decisión de George Soros, de 92 años, ha sorprendido en tanto que anteriormente manifestó que no quería que la fundación quedara en manos de alguno de sus hijos "por una cuestión de principios", ya que prefería que fuera manejada por "alguien más adecuado".

Alexander Soros fue designado el pasado diciembre como presidente de OSF por su junta y dirige igualmente el "súper PAC" que respalda esas campañas políticas; la inmensa mayoría de los 25.000 millones de dólares se destinarán a la fundación, mientras que se han reservado unos 125 millones (116 millones de euros) para el "súper PAC".

El pequeño de los hijos de George Soros es el único miembro de la familia en el comité de inversiones que analiza la gestión de fondos de Soros, la firma que supervisa el dinero para la fundación y la familia. 

Licenciado en Historia por la Universidad de Nueva York, se doctoró en 2018 en Historia y Filosofía por la Universidad de Berkeley. Con la decisión ya confirmada, Alexander —al que conocen como Alex—se adelanta así a su hermanastro Jonathan, de 52 años, un abogado con experiencia en finanzas y que, de acuerdo con fuentes cercanas al magnate, fue considerado el claro sucesor del imperio durante años hasta que un desencuentro entre padre e hijo, hace más de una década, le apartase de la carrera sucesoria.

Según The New York Times, se trata de otro ejemplo de planificación de la sucesión por parte de la vieja guardia de Wall Street.

Los analistas contemplan ahora la posibilidad de que Alex Soros herede también la función de pararrayos político de su padre. George Soros, de origen judío, ha sido objeto de innumerables críticas -antisemitas muchas veces- por sus actividades políticas durante años, incluidas las de Elon Musk, que recientemente lo comparó con Magneto, el villano de la serie X-Men. 

Alex Soros, sin embargo, ha mantenido hasta ahora una presencia pública más discreta, centrada en la política de EE UU. “Es improbable que Alex sea el hombre del saco que su padre fue para la derecha”, ha dicho sobre el heredero la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas inglesas).

El PP marca como "línea roja" al candidato de Vox por Valencia, "un condenado por maltrato"

MADRID.- Tres semanas después de que el PP ganara las elecciones municipales y autonómicas y en plenas negociaciones para conformar gobiernos, el PP se muestra por primera vez contundente con respecto a sus posibles coaliciones con Vox. Por el momento, ha marcado una única "línea roja": que el candidato de Vox a la Generalitat valenciana no ocupe un puesto en el gobierno autonómico en un futurible acuerdo entre ambos partidos. 

"Para nosotros, un condenado por maltrato no es una persona que se debiera dedicar a la política", ha clarificado el portavoz de campaña, Borja Sémper.

Lo ha hecho meses después de conocer que Carlos Flores (en la imagen) era el candidato a la Generalitat pese a haber sido condenado en 2002 por la Audiencia Provincial de Valencia a un año de prisión y al pago de 6.000 euros por un delito de violencia psíquica habitual contra su exmujer, de la que se había divorciado en 1999. 

Ahora, en vísperas de que el candidato más votado en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se reúna con Flores -como ha hecho con el resto de partidos- para negociar su investidura, en Génova ponen un cordón sanitario a los de Santiago Abascal, tensando aún más la negociación de Mazón.

¿Y si Vox cambiara a su candidato? La dirección evitar responder. Son días de despachos y mucha negociación. Sí subrayan que, hasta el momento, no les consta que Abascal tenga a Flores como su única condición. Si bien Flores es una línea roja para los populares, por el contrario, su formación no lo es.

 "No hay veto con Vox en los ayuntamientos", sostienen fuentes del PP, que dejan en manos de sus alcaldes o candidatos a las alcaldías las negociaciones en sus municipios. "Hasta el sábado hay tiempo para negociar y acordar gobiernos municipales".

Una hora antes de esto, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha hecho un llamamiento al PP para sellar acuerdos en los 135 municipios en los que sus votos son necesarios para evitar gobiernos de izquierdas. Vox se compromete a negociar "donde haga falta y hasta donde haga falta", eso sí, sin "chantajes" ni "presiones".

A Mazón se le presenta un escenario complejo, ya que solo llegaría a presidir la plaza más cotizada del 28M con el voto favorable de Vox a la investidura. El PP cuenta con 40 escaños, por los 46 de la izquierda (31 PSPV y 15 Compromís), por lo que la clave está en los 13 parlamentarios de la formación de Abascal, según 20 Minutos.

Este lunes, el candidato de Compromís en las pasadas elecciones autonómicas, Joan Baldoví, ha confirmado la negativa de su grupo a abstenerse en la investidura del ganador del 28M por el PPCV, Carlos Mazón, al considerar que sería darla "gratis" porque después "acabará pactando con Vox".

El aeropuerto de Manises registra en enero-mayo su registro histórico con más de 3,6 millones de pasajeros

VALENCIA.- El aeropuerto de València-Manises ha cerrado un mayo histórico en el que ha vuelto a batir un récord de tráfico mensual con 886.980 pasajeros y un incremento del 20% respecto al mismo mes del año anterior.

De la cifra total de viajeros registrada en mayo, 885.095 correspondieron a pasajeros comerciales, de los que 630.176 viajaron en vuelos internacionales, lo que supone un incremento del 23,4% respecto a mayo de 2022. Lo hicieron en vuelos nacionales 254.919, un 12% más que el pasado año.

Entrando a detallar las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en mayo de 2023, los más numerosos fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 134.371 viajeros; seguidos de Francia, con 81.657 viajeros; Alemania, 76.080; Reino Unido, 73.836; Países Bajos, 65.815, y Suiza, 33.426.

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto de Valencia gestionó un total de 7.446 vuelos, lo que supone un incremento del 8,7% respecto a los movimientos de mayo de 2022.

El aeropuerto de València gestionó un total de 3.598.772 pasajeros desde enero hasta mayo, lo que implica un crecimiento del 32% respecto al mismo periodo del pasado año. En relación a las operaciones, durante los cinco primeros meses del año la infraestructura valenciana operó un total de 30.859 vuelos, un 15,3% más que en 2022.

El PP valora ceder la Presidencia de Les Corts Valencianes para facilitar la investidura de Mazón

VALENCIA.- El próximo 26 de junio puede escenificarse el primer acuerdo PP-Vox en la Comunidad Valenciana. De lo contrario, los populares se arriesgarían mucho en una votación donde podrían perder la mayoría en la Mesa de Les Corts Valencianes. 

Si los socialistas se mantienen firmes en su decisión de no ceder ninguno de los dos puestos que le corresponden como segundo partido más votado, el PP estaría obligado a llegar a un acuerdo con la formación de extrema derecha para asegurar a la nueva mayoría conservadora el control del órgano de gobierno de Les Corts.

En este escenario, el vicesecretario de organización, Juan Francisco Pérez Llorca, ha respondido a los medios que su formación valorará la posibilidad de ceder la Presidencia de Les Corts en aras de facilitar la investidura de su candidato a la Generalitat, Carlos Mazón.

Mazón, Pérez Llorca y el coordinador del programa electoral del PP, Manuel Barrachina, se han reunido esta mañana con los dirigentes de Compromís, encabezados por Joan Baldoví, para negociar su apoyo a la investidura del aspirante popular. 

Como era de esperar, Compromís les ha informado que votarán en contra después de que el PP les dijera que no piensan vetar a nadie ni "hacer un cordón sanitario a Vox". 

"No les facilitaremor una investidura gratis para que luego acaben pactando las políticas con Vox", ha indicado Baldoví.  

Pese a las discrepancias, Compromís sí que comparte con el PP la idea de que la coalición valencianista esté representada en la Mesa de Les Corts. Eso sí, Compromís cree que Vox no debería estarlo. La idea del PP es que los cuatro partidos estén en la Mesa con un acuerdo global que evitaría esa primera escenificación de un pacto solo con Vox. 

Sin embargo, si los socialistas hacen valer sus 31 escaños y no se abren a un acuerdo global, el PP no tendrá más remedio que pactar con Vox o arriesgar a perder, incluso, la Presidencia de Les Corts. 

No se puede obviar que esta se elige por mayoría absoluta y, de no haberla, en una segunda votación, donde se impondría la candidatura de la lista más votada lo que deja más margen a la izquierda si no está antes cerrado el pacto PP y Vox, recuerda La Vanguardia.

Aluvión de denuncias por secuelas post-vacuna contra el Covid: «Hay casos muy severos»

 

MADRID.- Según publica El Cierre Digital, otros tres ciudadanos españoles (de Huesca, Málaga y Sevilla) hacen responsable de sus graves lesiones a la vacuna contra la Covid. Hasta ahora, solo se había presentado una demanda por esta causa contra el Ministerio de Sanidad reclamando una indemnización de un millón de euros por parte del joven de 19 años, de Écija, en Sevilla. Según el abogado Fernando Osuna, estos tres casos “son también severos, con lesiones importantes».

Como ya informaba elcierredigital.com, un joven ecijano de tan solo 19 años presentaba una demanda contra el Ministerio de Sanidad reclamando una indemnización de un millón de euros por las graves lesiones que afirmaba haber sufrido como consecuencia de la vacuna contra el Covid.

Ahora, se presentan otros tres nuevos casos, en diferentes lugares de España, que denuncian sus graves lesiones tras haberse vacunado contra la Covid en nuestro país. Se trata de un caso en Huesca, otro en Málaga y uno nuevo en Sevilla.

El afectado en Sevilla es un ciudadano de mediana edad con grandes lesiones y padecimientos muy severos. “Ha perdido prácticamente toda la visión, por lo que la indemnización es muy alta, quizás más alta incluso que el de Écija, para el que pedíamos un millón de euros”, explica Osuna. Una indemnización que estarían calculando actualmente.

Además de este nuevo caso, se han detectado otros dos afectados más, un adolescente de unos 13-14 años de Málaga y un señor en Huesca. “Todos tienen en común limitaciones importantes en los brazos y los pies”, explica el abogado.

Además de otras cuestiones, se está recabando documentación médica clínica, aunque los médicos establecen vinculación directa entre las vacunas del COVID y las lesiones que padecen. 

“Estamos ahora mismo calculando las indemnizaciones y presentaremos la reclamación al Ministerio de Sanidad, porque fue el que organizó toda la vacunación”, explica Fernando Osuna a Elcierredigital.com.

Con respecto a los nuevos casos se presentará una reclamación administrativa al Ministerio de Sanidad.  “Hay 6 meses para resolver, si no responde pasados los 6 meses o la respuesta es negativa, iremos a los Tribunales de Justicia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”, explica el abogado Osuna.

Fernando Osuna explica a elcierredigital.com que aún estando a favor de las vacunas, “como abogados tenemos el deber profesional de analizar el daño que presenta un cliente, estudiarlo en profundidad, las causas del daño, a quien le corresponde la responsabilidad y presentar la reclamación», comenta.

Osuna insiste a elcierredigital.com que» no tenemos nada contra la vacuna, todo lo contrario, somos partidarios. Lo que ocurre es que en rarísimos casos como estos que nos ocupan, se han producido esas lesiones”, concluye.

Joven de 19 años

El vecino de Écija, Sevilla, se encuentra actualmente postrado en una silla de ruedas, con unas limitaciones físicas muy severas que le acompañarán para el resto de su vida. Los informes científicos han certificado que su estado de salud está directamente relacionado con la vacuna que recibió en su momento contra el Covid.

Los médicos han determinado que el joven presenta un grado de minusvalía del 84 por ciento, haciéndole dependiente en casi todos los ámbitos de su vida. Sus limitaciones hacen que requiera de asistencia por parte de una tercera persona durante dos horas diarias como mínimo. 

Esta ayuda es imprescindible en tareas básicas como el aseo, secarse las piernas desde los muslos hasta los pies después de ducharse o cortar o manejar alimentos a la hora de comer, entre otros.

En el escrito de reclamación del afectado, elaborado por el bufete del abogado Fernando Osuna, expone que “tras ser vacunado de la segunda dosis de vacuna para Covid el día 23 de septiembre de 2021, comencé a sufrir parestesias y pequeñas alteraciones sensitivas con  debilidad en ambos  brazos a las que achaqué a los propios efectos secundarios de la vacuna, pero en el mes de  diciembre de 2021 comencé a sufrir alteraciones motoras en las piernas y dolor en la espalda que fueron empeorando hasta imposibilitarme por completo la marcha y que me obligaron a acudir de Urgencias al Hospital de Alta Resolución de Écija el día 13 de diciembre de 2021”.

Dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Posteriormente, en enero de 2022, fue ingresado en la planta de Neurología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se le diagnosticó con una “lesión medular incompleta izquierda de causa médica en probable relación a etiología inflamatoria”. Más tarde, en agosto de 2022, tras estar ingresado desde enero en la Unidad de Lesionados Medulares, el joven fue diagnosticado con “mielitis transversa en relación temporal con la segunda dosis de vacuna de Covid”.

Además, añade en el escrito un informe médico donde “hace constar ya de forma expresa cómo la mielitis sufrida tiene relación causal directa con la vacuna por Covid”, con lo que reclama “una responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria por un funcionamiento anormal”.

¿De que está sobremuriendo la gente en España?

 

https://odysee.com/@resistencia_consciente:1/Nauzet-Morgade---Asesinados-documental---El-genocidio-planeado-y-la-falsa-pandemia:e

Sánchez asegura escaño a la mujer del jefe de Correos en plena polémica por el voto en esa modalidad

 

MADRID.-  El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha colocado a la diputada socialista Isaura Leal Fernández como número 8 por Madrid en las listas de la formación para las elecciones del próximo 23 de julio. Un puesto con el que Leal, de acuerdo con las encuestas, se aseguraría un escaño en el Congreso de los Diputados. 

Se da la circunstancia de que Leal es la esposa del presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, una persona que tendrá una especial relevancia en este proceso electoral, dado que el voto por correo va a tener un peso excepcional en estos comicios al coincidir con el periodo vacacional, revela okDiario.

Tanto es así que el organismo público ya ha anunciado que va a realizar una «contratación sin precedentes» para garantizar el correcto funcionamiento del voto por correo, que va a llegar hasta los 12.000 empleados de refuerzo. 

Mientras tanto, desde el Sindicato Libre de Correos, el mayoritario en la Comunidad de Madrid, ha amenazado esta semana con llevar a cabo una huelga entre el 7 y el 23 de julio, porque temen que, en pleno periodo estival en el que muchos trabajadores de la empresa pública tienen vacaciones, unido a la situación de falta de trabajadores, no se pueda prestar un servicio suficiente para atender el voto por correo, lo que le ha llevado a hacer un preaviso para convocar esta huelga.

Después de los presuntos fraudes de voto por correo que se detectaron en varias zonas de España en las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28M, la Junta Electoral Central (JEC) ha aprobado esta semana una instrucción con la que se exige que todos los electores que solicites el voto por correo se identifiquen con el DNI o con un documento identificativo en el momento de depositar el voto y de enviar la papeleta

Yolanda Díaz impone una cláusula penalizadora contra una escisión en Sumar de Podemos

 

MADRID.- La unidad a palos entre Sumar y Podemos arroja más dudas que certezas sobre la convivencia entre ambos espacios durante la campaña electoral, así como después en el grupo parlamentario que se configurará para los próximos cuatro años. Para atar en corto al partido morado y evitar que vaya por libre, los negociadores de Yolanda Díaz trataron de blindarse estableciendo una serie de cláusulas en el documento político que firmaron los 15 partidos, revela hoy El Mundo. 

En ese papel están pactadas por todos las reglas de juego, así como los pormenores de la coalición, desde los puestos en las listas -muchos de ellos con nombres y apellidos- hasta el reparto del dinero. Rubricar ese acuerdo global era la condición ineludible para luego estar en un segundo documento, el oficial que se presentó a última hora del viernes ante la Junta Electoral para registrar la coalición.

Una de las cláusulas del acuerdo trata de impedir que los teóricos ocho diputados de Podemos aprovechen que ya han entrado en el Congreso para largarse al Grupo Mixto u otro grupo parlamentario que exista, desde el que tendrían las manos libres para establecer su propia estrategia política sin tener que estar sometidos a a las directrices de Yolanda Díaz.

El documento estipula que la candidatura de Sumar se plasmará en el Congreso en «un solo grupo parlamentario» con todos sus diputados. El funcionamiento de éste, continúa el texto de esta cláusula, «se regirá por un reglamento que respetará los acuerdos adoptados en estos protocolos y se acordará entre las fuerzas políticas que componen la coalición».

Por la experiencia de 2015, Podemos sabe que no puede formar un grupo propio por haber competido contra Sumar, pero en realidad, por mucho que diga el acuerdo político, sus diputados sí tienen la capacidad para marcharse al Mixto cuando quieran. Ya sucedió a mitad de la pasada legislatura dentro del grupo de Unidas Podemos con Meri Pita y también en el de Ciudadanos con Pablo Cambronero. Ambos abandonaron la disciplina de sus partidos para volar por su cuenta y riesgo.

El dinero

La forma de disuadir a Podemos de una hipotética escisión es el dinero. Pues la cláusula en sí no impediría nada, dado que las actas de los diputados son individuales y no son propiedad de los partidos ni de las candidaturas. El acuerdo político establece que los morados recibirán un 23% de las subvenciones a las que tiene derecho la coalición para su funcionamiento. Ese dinero lo inyecta cada mes el ministerio del Interior directamente a los partidos en la proporción estipulada.

Si una fuerza política de las 15 que están decidiera salirse del grupo parlamentario perdería inmediatamente el derecho a todos esos ingresos. Pues estaría absolutamente fuera del pacto. En el Grupo Mixto manejaría unos ingresos mucho más bajos y tendría también un número de asistentes bastante menor.

Otra de las cláusulas interesantes del acuerdo político hace alusión a la campaña electoral. Los partidos tienen el compromiso de seguir la línea marcada por los responsables de Sumar -Díaz ya ha nombrado unos cuantos nombres- y no da pie alguno a que haya fuerzas políticas que puedan ir a su aire.

Este asunto preocupaba por la entrada de Podemos en la coalición. Sobre todo después de ver las excentricidades que hizo a espaldas de IU en lugares como la Comunidad de Madrid, con una lona increpando a los vecinos del barrio de Salamanca de la capital, con otra lona atacando al hermano de Ayuso -además de camisetas- o con el cartel contra Florentino Pérez.

Sumar se blinda el control de la campaña y los mensajes y acciones con esa cláusula. Asimismo, tal era el interés en algunas fuerzas en este asunto que en el pacto bilateral con Más Madrid se establece que este partido codirigirá la campaña en el ámbito de la Comunidad con el equipo de Sumar, en una dirección colegiada. Esto controlaría a Podemos.

Inclusión de Irene Montero

El acuerdo político es la clave de todo. También es la razón que impide una revisión de las condiciones, por mucho que Podemos haya apostado por abrir una nueva ofensiva sobre Díaz para incluir a Irene Montero en la candidatura en el tiempo que queda para registrar las listas electorales. El último día de plazo es el 19 de junio.

Ese acuerdo estipula los puestos que tiene cada partido y en muchos casos aparecen los nombres de las personas que los van a ocupar. Es el caso de los puestos de salida que tiene reservados Podemos. Por eso no se pueden modificar bajo ningún concepto. Porque forma parte de un acuerdo aprobado y firmado por los 15 actores políticos.

El documento dicta que Podemos tiene el puesto cinco por Madrid (Ione Belarra), el cuatro por Barcelona (Lilith Verstrynge) y los cabezas de lista por Álava (Roberto Uriarte), Granada (Martina Velarde), Guipúzcoa (Pilar Garrido), Murcia (Javier Sánchez Serna), Navarra (Idoia Villanueva) y Las Palmas (Noemi Santana). 

Es cierto que Podemos tiene otros siete números uno más, pero sin opciones reales de salir elegidos (Ávila, Badajoz, Cáceres, Guadalajara, Palencia, Segovia y Teruel). Situar a Irene Montero ahí o a Pablo Echenique en alguno de ellos sería en vano.

Para Sumar la negociación ya está «cerrada» y lo que se ha acordado es lo que está plasmado en el documento. Por eso, la nueva ofensiva desatada ayer por Podemos para presionar e incluir a Montero se va a estrellar contra ese muro. 

Belarra en una carta a los militantes y Verstrynge en declaraciones a medios subrayaron que no aceptan el «veto» y que alargarán su exigencia «hasta el último minuto» por ser un «error». Es más, los morados afirman que la rúbrica del pacto se produjo «sin acuerdo».

Tras la intervención pública de Belarra el pasado viernes, Podemos recibió un ultimátum. No se negocia más. O se firmaba el documento político -y a continuación la coalición- o estaban fuera. Podemos aceptó a costa de «sacrificar» a Montero porque la alternativa de ir en solitario era muchísimo peor. 

Pablo Iglesias calificó ayer de «muy humillante» las exclusiones de la ministra y de Pablo Echenique, dijo que los puestos en las listas que tiene el partido son un «desprecio» pero bendijo que sus compañeros de la dirección «aciertan» al poner por delante la necesidad de unidad que «la propia dignidad» de su formación.

Intentando pasar página de este lío para poder centrarse en la campaña y hablar a los votantes, Díaz celebró el pacto como «el mejor acuerdo político para España». «Nos pedíais un acuerdo y lo hemos conseguido».

El Ayuntamiento de Valencia contrata una empresa de borrado de datos después de que Ribó adjudicase obras exprés

VALENCIA.- Las elecciones del pasado 28 de mayo han dejado a algunos perdedores de las mismas sin ser capaces de asumir esta derrota e incluso dificultar su relevo a la oposición. Esto sucede con el alcalde en funciones de Valencia, Joan Ribó tras perder los comicios, según www.edatv.news

En este contexto, Ribó ha seguido tomando decisiones significativas e importantes en materia de gestión de la ciudad y del Ayuntamiento que lo único que harán será comprometer al próximo equipo de Gobierno del Ayuntamiento. 

Los resultados de las elecciones en Valencia confirmaban lo que sucedió en varios municipios y comunidades autónomas: un vuelco de gobierno dirigido al Partido Popular. En Valencia, la candidatura del PP, encabezada por María José Catalá se convertía en la más votada, escalando de 8 ediles a 12. 

Mientras tanto, Vox, que llegó al hemiciclo valenciano hace cuatro años, también salía victorioso, subiendo de 2 a 4 ediles y absorbiendo a Ciudadanos. 

El Ayuntamiento de Valencia ha contratado a una empresa de borrado de datos. En este sentido, se ha podido ver cómo al menos un camión de la empresa 'Pordatos' entraba por las puertas del Ayuntamiento, tal y como se puede ver en un vídeo colgado en las redes sociales. 

Asimismo, tal y como se puede ver en su página web, pro-datos es euna empresa dedicada a la destrucción de datos. "PRODATOS presta el servicio integral de recogida y destrucción segura de la documentación confidencial", tal y como queda reflejado en su propia página. 

A lo largo de la legislatura, el Ayuntamiento de Valencia ha adjudicado unos 17.000 contratos a dedo desde que Ribó es alcalde desde 2015. En 2019, tras las pasadas elecciones municipales que dieron pie al actual gobierno local (Compromís con los socialistas), se llevaron a cabo 8.300 contratos por un valor aproximado de 53 millones de euros. 

En 2021 se alcanzaron 1.896, mientras que en 2022 se superó la cifra, con 2.016 contratos, tal y como se puede ver en el portal de contratación.

Aumenta el uso de las mezclas de agua en el campo español para resolver la sequía

MADRID.- Sequía y cambio climático se han aliado para hacer protagonistas a las desaladoras como alternativa para atender parte del campo español. Estas máquinas, respaldadas recientemente con inversiones del Gobierno, suplen la escasez de lluvia con agua de mar, pero tienen carencias: su líquido no incluye sales esenciales para los cultivos. Un problema que se soluciona mezclando varios tipos de agua hasta encontrar el volumen perfecto de sales para cada sembrado, según recoge El Español.

Es decir, creando el agua a la carta. Porque no se necesita la misma cantidad de sales para cultivar tomates que pepinos o pimientos. El sistema se usa ya de forma masiva en Almería y se extiende por Murcia. Lo hace empleando diferentes fórmulas pero todas ellas están en alza dado que resulta cada vez más necesario recurrir a las desaladoras: la primavera de 2023 fue la más cálida y segunda más seca de la serie histórica.

El método lo explica a El Español Andrés Góngora, secretario general de COAG en Almería que ya aplica esta técnica en su explotación, de 2,5 hectáreas en el que trabaja tomates cherry y sandía. 

"De un tiempo a esta parte se ha impuesto en la provincia y otras partes el agua desalada, un agua que no tiene ningún nutriente. ¿Qué se hace ahora? Se coge una parte de agua del acuífero, que tiene sal, y se mezcla con agua desalada hasta conseguir el nivel de sal que se necesita", apunta.

Ese "ir jugando con el agua" puede hacerse de dos formas: o bien entre una comunidad de regantes, que prepara una mezcla "muy estándar" para todo tipo de cultivo, o bien cada agricultor lo adapta en su explotación. Góngora tiene el segundo sistema, un programa que funciona dentro de su máquina de riego.

"Se programa para pedirle un determinado tipo de agua y la máquina coge líquido de un sitio y otro y realiza la mezcla hasta llegar a un determinado nivel de sal". Una máquina de mezclas cuesta entre 5.000 y 6.000 euros, con un retorno de la inversión relativamente rápido, y que depende del tamaño y variedad del cultivo.

Con uno u otro sistema, el tratamiento del agua se ha convertido en una técnica predominante en la considerada huerta de España, dado el boom que vive en esta zona el agua desalada por el cambio climático en los últimos años, y por la sequía también ahora, que han mermado los acuíferos, en consecuencia con mayores niveles de salinidad.

Hasta tal punto ha llegado su expansión que actualmente entre el 50% y 90% del agua que usan los cultivos de Almería es desalada, sostiene el responsable de COAG. La horquilla depende de si se cuenta con un pozo con un nivel que permita aún su uso de forma mayoritaria, o de lo que se cultive. 

"Los que tienen pepinos o judías verdes van al 100% a agua desalada, porque son muy sensibles a la sal", explica Góngora.

Es una especie de círculo vicioso: con el acuífero a menor nivel, mayor su salinización, algo letal para muchos cultivos; se requiere entonces de más agua desalada, que es el triple de cara que el agua del pozo. Jugando con ambas, se obtiene la deseada para cada explotación. 

Así se logra el sabor de tomates o pepinos, resume Góngora, pero también que se potencie su crecimiento, de forma progresiva. 

"Al inicio del cultivo las necesidades de agua desalada son mayores, la planta necesita beber, no está en el proceso de producir fruto. Pero cuando empiezas a producir fruto dejas de utilizar tanta agua desalada y pasas a utilizar un poquito más de agua del acuífero, con sales, para impulsar la fase final del fruto de la maduración", explica. Es lo que aplica, por ejemplo, a sus sandías.

Este tratamiento de aguas ya se hacía con el agua de lluvia, pero la sequía hace que las desaladoras sean más necesarias. La paradoja es que a partir de ahora podrá contarse con una fuente más regular de agua, pero será más necesario tratarla para que sea capaz de nutrir al cultivo. 

Irán siempre de la mano, por lo menos hasta que se recuperen las fuentes hídricas naturales y haya respiro en los embalses. Con la Cuenca Mediterránea Andaluza actualmente al 34,3% de su capacidad, y el Segura al 36,1%, parece un objetivo lejano. 

"Ahora necesitamos tratar más agua porque necesitamos sobre todo dejar descansar al acuífero. Hay que recuperarlos", zanja Góngora.

Descubren un océano 400 millas bajo tierra con más agua que los océanos de la superficie

 

NUEVA YORK.- Un artículo publicado por Brookhaven National Laboratory asegura que el planeta Tierra cuenta con un “océano extra” bajo la superficie terrestre, el cual contiene más agua que los océanos de la superficie. Este nuevo océano se encontraría a unas a 400 millas bajo tierra, y estaría almacenada en un tipo de roca conocido como ‘ringwoodita’.

Debajo de la corteza terrestre, y por sobre los núcleos externo e interno, se encuentra el Manto, en donde se ubica la ‘ringwoodita’. Allí, el agua de este nuevo océano se encuentra retenida, pero no en un estado líquido, ni sólido, ni gaseoso, sino en un cuarto estado, descrito como “esponjoso”.  

“La ringwoodita es como una esponja, absorbe agua, hay algo muy especial en su estructura cristalina que le permite atraer hidrógeno y atrapar agua”. 

“Creo que por fin estamos viendo pruebas de un ciclo del agua en toda la Tierra, lo que puede ayudar a explicar la gran cantidad de agua líquida que hay en la superficie de nuestro planeta habitable”, manifestó el geofísico Steve Jacobsen.

El campo considera 'sobornos' las ayudas, dentro de la Agenda 2030, para dejar la producción en manos extranjeras

 

MADRID.- Pedro Sánchez y su gobierno, influenciados por la Agenda 2030, quieren 'matar' al campo. Y no dudan, pese a la crisis del sector, en tomar medidas del todo injustas y perjudiciales para el campo. La última, como han denunciado fuentes del sector a Vozpópuli, es que han vuelto a incluir en el BOE una norma que establece que se pagará a los agricultores que abandonen o arranquen sus cultivos y plantaciones de peras, melocotones, nectarinas, manzanas, plátanos, remolacha o sus viñedos. También a los ganaderos que abandonen sus explotaciones lecheras.

Se trata de una norma antigua, la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, pero que se ha añadido una modificación y se ha vuelto a incluir en el BOE, pese a que la situación del campo ha empeorado considerablemente y pese a las constantes peticiones de ayuda del sector. 

En la ley se establece, entre otras cosas, que "no se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades las rentas positivas que se pongan de manifiesto como consecuencia de la percepción de las siguientes ayudas de la política agraria comunitaria:

• Abandono definitivo del cultivo del viñedo.
• Prima al arranque de plantaciones de manzanos.
• Prima al arranque de plataneras.
• Abandono definitivo de la producción lechera.
• Abandono definitivo del cultivo de peras, melocotones y nectarinas.
• Arranque de plantaciones de peras, melocotones y nectarinas.
• Abandono definitivo del cultivo de la remolacha azucarera y de la caña de azúcar.
• Ayudas a los regímenes en favor del clima y del medio ambiente (ecorregímenes)".

Es decir, que el estado establece unas ayudas para todos aquellos campesinos y agricultores que se 'suiciden' a sí mismos, desde el punto de vista técnico. 

Una medida que, como explican fuentes afectadas, es un sinsentido que se basa en políticas "globalistas" que no busca el bien del campo, sino destruirlo en 'pro', supuestamente, de la sostenibilidad. 

"Es un escándalo, el Estado busca despojar a los agricultores y ganaderos españoles a través de pequeños 'sobornos' de sus explotaciones para dejar la producción en manos extranjeras para cumplir los absurdos tratados de comercio globalistas que se imponen y desindustrializar España", ha denunciado a este periódico un representante de SOS Rural, una plataforma que da voz a las necesidades del campo y pide soluciones eficaces contra la política globalista.

Declaran que este punto de la ley "es una vergüenza", porque "España es un país productor y no tiene sentido quitar producciones", cuando es la base de nuestra economía. 

En defensa de la ley, hay muchos que señalan que lleva muchos años en vigor (desde el año 2014), que no se trata de algo nuevo que se ha llevado a cabo durante este Gobierno.

Pero las fuentes consultadas explican que 'duele' que se haya reconfirmado en el BOE del 12 de mayo de 2023, porque ahora la situación del sector es muy delicada y necesitan ayudas más que nunca. ¿Cómo, en un momento de tanta de necesidad de inversión y estando la sociedad sumida en esta crisis, pagan por que cerremos y mutilemos nuestras tierras?, se preguntan.

El campo vive una situación compleja, que viene de años atrás por el abandono de la España vaciada, por el poco valor social que se le da al trabajo del campo y por la influencia de la Agenda 2030, que ha señalado como culpable del cambio climático a la actividad del sector primario y que ha llevado a que se tomen medidas tan "disparatadas" como la de despojar a los agricultores de su fuente de trabajo.

Pero la situación ha empeorado los últimos meses, por la compleja situación económica (guerra de Ucrania, crisis post-pandemia, inflación...), por los fenómenos meteorológicos, como la sequía, pero también por las políticas del presidente de Gobierno.

Las fuentes denuncias que se trata de un paso más en la Agenda 2030 y que busca, "por intereses poco claros", dejar la "producción en manos extranjeras".

Manuel Gavira, parlamentario andaluz de Vox, ha dicho en sede parlamentaria que "cuando en Vox denunciamos las consecuencias de aplicar los postulados de la Agenda 2030, a muchos les hace gracia. 

Sin embargo, las consecuencias cada día son más visibles, como ya vemos en Holanda. Este es el plan de Europa que muchos aún siguen negando a pesar de las evidencias: reducir las explotaciones agrícolas y ganaderas, pagando incluso para lograrlo, para matar el mundo rural.

https://twitter.com/i/status/1666487153893732352 

La satánica OTAN manda en España / Claire Gruié *

El golpe de Estado del 23F de 1981 ideado por la CIA fue destinado a apartar a Adolfo Suarez del poder para poder incorporar España a la OTAN y acabar con el “proyecto Islero» de España de tener su propia fuerza de disuasión nuclear (El primero de abril, el país se adhiere al Organismo Internacional de Energía Atómica: OIEA en Viena). 

El 25 de febrero de 1981, dos días después del golpe, se inicia el ingreso en la OTAN con el discurso de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. El 30 de mayo de 1982, España se convierte en el miembro número 16 de la Alianza Atlántica y, en 1999 pasa a formar parte de su estructura militar durante la presidencia de José María Aznar.

Hoy día, la OTAN concede permisos especiales a los agentes del CNI, habilitaciones sensibles que permiten que España reciba, estudie y custodie documentación clasificada en materia de “amenazas internacionales”. En realidad, por encima del CNI figura la ONS (Oficina Nacional de Seguridad) originada en 1983 por la OTAN, la UE y la Agencia Espacial Europea (ESA). 

Dentro de la ONS, hay un número secreto de profesionales que cuentan con una “habilitación OTAN”. Participa también el Ministerio de Defensa con agentes del Ejército. En España existen desde 1983 tres bases de la OTAN:

1- El Cuartel General de Despliegue Rápido (Bétera – Valencia)

2- El Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos Improvisados (Hoyo de Manzanares – Madrid)

3- El Centro de Operaciones Aéreas de la OTAN (CAOC-TJ) (Torrejón de Ardoz – Madrid).

A ello, hay que sumar que Estados Unidos tiene dos otras bases militares, la aérea de Morón de la Frontera (en Sevilla) y la naval de Rota (Cádiz).

Cabe señalar que la única amenaza exterior internacional es la de los propios servicios secretos americanos con su Operacion Gladio reactualizada luchando contra el “supuesto” terrorismo islámico, sustituto demonizado de la antigua amenaza comunista. 

En este caso, el atentado de falsa bandera del 11M de 2004 sirvió para infundir el miedo en la población española hacia los malos barbudos de Al Qaeda: organización creada por los servicios secretos estadounidenses e israelíes. El 11M fue obra de la OTAN. 

El día anterior al 11M tuvo lugar un simulacro de atentados organizado por la OTAN titulado CMX04. Como bien lo subraya el periodista Luys Coleto, del 4 al 10 de marzo se desarrollaron en Madrid y otras capitales europeas unos ejercicios antiterroristas de la OTAN.

Se puede subrayar que ISIS: entidad afiliada a Al Qaeda fue creada por la CIA, el Mossad, el MI6 y la Presidencia General de Inteligencia de Arabia Saudita (GIP) con el fin de suprimir libertades civiles y crear un estado policial mundial. Desde la época de la Administración Reagan, Washington apoya la red terrorista islámica suministrando armas a las brigadas. 

Los libros de texto yihadistas repletos de imágenes violentas dados a los escolares afganos fueron publicados por la Universidad de Nebraska. Osama Bin Laden, a los 22 años (1979) fue entrenado en un campo de guerrilla patrocinado por la CIA. Las brutales decapitaciones realizadas por los terroristas de ISIS formaron parte de programas patrocinados por la CIA en campos de Arabia Saudita. 

Muchos de los criminales reclutados eran ciudadanos saudíes condenados a muerte liberados de las cárceles. La guerra global contra el terrorismo se presenta de cara a la opinión pública como un “choque de civilizaciones” cuando se trata en realidad de una guerra de conquista con objetivos de carácter estratégico y económico. 

Brigadas terroristas de Al-Qaeda patrocinadas por las agencias de inteligencia occidentales se han desplegado por muchos países africanos y asiáticos para luego justificar allí una intervención militar.

Por consiguiente, los ciudadanos debemos pedir cuanto antes la salida de España de la OTAN, la Unión Europea, la OMS y un largo etcétera para que el país recobre su soberanía nacional, su paz y su libertad. Soñar no cuesta nada.   

 

(*) Master en Civilizaciones Extranjeras. Universidad de La Sorbona-Paris IV

Militares españoles piden a la UE que detenga el envío de armas a Ucrania

 

MADRID.- Un grupo de militares retirados de distintas ramas del Ejército español han firmado un manifiesto en el que solicitan a la Unión Europea (UE) que detengan el envío de armas a Ucrania, con el fin de "alimentar la guerra" y centren sus esfuerzos en conseguir un acuerdo de paz que ponga fin a "esta locura".

Entre los firmantes se encuentran decenas de rangos militares retirados o en la reserva, que animan a otros en su situación a unirse a su manifiesto. "Manifestamos nuestro rechazo a la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania y pedimos a los gobiernos de la Unión Europea que, en vez de alimentar la guerra con más envío de armas, paren de inmediato su actuación beligerante y se impliquen de forma eficaz en las negociaciones de paz", señala el comunicado.

Los militares que se han unido a esta carta señalan que la escalada de la guerra "conducirá irremediablemente hacia una situación incontrolable que acabará poniendo en riesgo la vida sobre el planeta".

El comunicado critica la actitud de la OTAN y Estados Unidos por su "irrefrenable y persistente actitud de acoso y provocación", ya que considera que está dirigiendo a Europa "hacia su autodestrucción".

De continuar la escalada bélica en Ucrania, temen que el conflicto se expanda al continente y acabe afectando a los más jóvenes. "Juventud que se verá obligada a despedazarse en los frentes de batalla, como preludio de un posible holocausto final. Quizás nuestros propios hijos y nietos, que irremediablemente acabarían siendo llamados a filas", indica el texto.

También existe el temor a la escalada nuclear que pueda sufrir el conflicto. "Es necesario presionar a nuestros gobiernos para que paren sin dilación esta huida hacia adelante que nos conduce a la llamada Destrucción Mutua Asegurada (DMA), una demencial estrategia puesta en marcha en el siglo pasado por las potencias nucleares", advierte.

Comunicado Sobre La Paz y El Alto El Fuego en La Guerra de Ucrania

Sumar registra la coalición para el 23J con Podemos dentro

MADRID.- Las izquierdas han llegado con algo de margen temporal al registro de su coalición para las elecciones generales. La confluencia del Movimiento Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid, Compromís, Verdes Equo, Alianza Verde y otra serie de partidos territoriales (hasta completar la docena) ya es una realidad legal de cara a los comicios que se celebrarán en apenas 40 días, el próximo 23 de julio.

Según ha podido saber Público, tras las declaraciones pronunciadas por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, al mediodía, la formación morada y los de Díaz han continuado conversando a lo largo de toda la tarde. Finalmente, se ha registrado la coalición con la firma de Podemos y sin acometer ningún cambio sobre el acuerdo que la propia Belarra ha criticado unas horas antes.

Según fuentes de la negociación, el acuerdo concreto que se ha alcanzado reserva a Podemos un total de 13 puestos de salida, y en al menos ocho de ellos se estaría en condiciones de sacar diputado (algo que sólo dependerá de los resultados electorales).

La formación encabezará las listas de Ávila, Álava, Badajoz, Cáceres, Granada, Guadalajara, Gipuzkoa, Las Palmas, Murcia, Navarra, Palencia Segovia y Teruel. En Álava, en principio, iría como cabeza de lista Roberto Uriarte; en Granada, Martina Velarde; en Gipuzkoa, Pilar Garrido; en Murcia, Javier Sánchez Serna y en Navarra, Idoia Villanueva.

En Madrid, el primer puesto para Podemos sería el quinto, por el que concurriría la secretaria general, Ione Belarra y, además, tendrían el cuarto puesto en Barcelona, que podría ocupar la secretaria de Organización del partido, Lilith Verstrynge. 

Según diversos medios, las listas electorales no asignan ningún puesto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, ni al hasta ahora portavoz del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. Tampoco estarían el actual diputado Rafa Mayoral,  la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, o la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

Por la mañana, Ione Belarra ya había avanzado, en su comunicado ante los medios, que la propuesta de Sumar excluía de las listas electorales a la ministra de Igualdad y número dos del partido, Irene Montero, y que no garantizaba la presencia de Podemos en el Congreso de los Diputados tras el 23J (debido a que los morados no copan, aseguran, puestos de salida).

Este punto era posteriormente desmentido desde Sumar, desde donde han defendido que la presencia y la representación de Podemos está "ampliamente garantizada, como no podía ser de otra forma", con la propuesta sobre la mesa. La plataforma liderada por Díaz también advertía de que no permitirían que se repitiera un escenario como el de Andalucía, donde las diferencias entre las izquierdas terminaron en un registro fallido en el último minuto, sin Podemos dentro la coalición jurídica.

En su declaración, tras una reunión de una dirección avalada muy ampliamente por la militancia para tomar la decisión final, Belarra garantizaba la unidad, "un mandato del Consejo Ciudadano Estatal y de la ciudadanía de izquierdas", y aseguraba que la decisión de concurrir con Sumar estaba "tomada".

Sin embargo, también denunciaba esa supuesta exclusión de Montero de la que el partido habla desde principios de semana, y apuntaba a que una parte suya sentía que el acuerdo era "injusto" con su formación.

Podemos quedaba para el final de la confluencia (ya va siendo una costumbre), pero en las jornadas y horas previas otras formaciones han ido confirmando su presencia en Sumar: Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Catalunya En Comú, Más Madrid, Más País, Compromís, Chunta Aragonesista, Més per Mallorca, Més per Menorca, Verdes Equo, Alianza Verde, Batzarre, Proyecto Drago, Izquierda Asturiana,  Iniciativa del Pueblo Andaluz y Zaragoza En Común completan la coalición.

En IU, las sensaciones son agridulces. Parte de la militancia esperaba más presencia en las listas de Sumar para las generales. La eurodiputada Sira Rego, que entraba en las quinielas como uno de los pesos pesados de IU en las papeletas de Sumar, seguirá en Bruselas y Estrasburgo lo que queda de legislatura europea, hasta la próxima primavera. Otra duda está en qué provincia concurrirá el secretario general del PCE, Enrique Santiago. Dan por hecho que será por una andaluza.

La formación liderada por Alberto Garzón concurrirá por los puestos números 1 en Málaga, Córdoba y Tarragona; el 2 por Sevilla y el 3 por València... En estos hay más opciones de obtener representación. Además, también pelearán el escaño desde el 1 por Huelva, Jaén, La Rioja, Valladolid, Cuenca, Huesca, Soria y Zamora. Parten en segunda posición en las listas de Asturias, y en la novena de Madrid. Encabeza IU la circunscripción madrileña para el Senado.

La activista saharaui Tesh Sidi y el que fuera el número dos de Podemos y actual diputado de Más País, Íñigo Errejón, concurrirán en los puestos 3 y 4 de la lista por Madrid de Sumar. Más Madrid también ha conseguido los puestos 7 y 10 de la candidatura madrileña.

Por su parte, Compromís, liderará la provincia de Valencia. Y saldrá en el segundo puesto de las tres provincias valencianas: Valencia, Alicante y Castellón. 

"Se trata del acuerdo más amplio y plural alcanzado en toda la época democrática entre fuerzas progresistas y verdes", reza un comunicado difundido por Sumar. Esta rúbrica supone, según el equipo de Yolanda Díaz, "el primer paso para construir un proyecto ilusionante, feminista y ganador que ponga siembre la justicia social y climática en el centro".

"El futuro es una obra abierta. Salimos a ganar el país", culmina este texto de Sumar. "Ganar el país" es una expresión abstracta y difícil de cuantificar. Se contarán los votos el próximo 23 de julio. Hasta entonces, la coalición de izquierdas tiene una difícil campaña electoral por delante y otra complicada tarea: cicatrizar las heridas abiertas entre las izquierdas durante mucho tiempo.

 

Los de Podemos que se salvan

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, no están en la lista de nombres pactados entre Podemos y Sumar para las generales, una vez registrado el acuerdo de coalición de la izquierda. Tampoco irá en las listas la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell.

Podemos contará con 15 puestos en las listas, pero son ocho los que podrían conseguir escaño si se repitiesen los resultados de Unidas Podemos (junto a Más País y Compromís) de 2019. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, irá de cinco por Madrid y la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge, irá de número cuatro por Barcelona.

Además, el coordinador en Murcia, Javier Sánchez Serna, irá por esa circunscripción; la coordinadora de Euskadi, Pilar Garrido, por Gipuzkoa; la excandidata al Parlamento de Canarias, Noemí Santana, por Las Palmas; la de Andalucía, Martina Velarde, por Granada; y Roberto Uriarte por Álava.

 

Compromís pacta con Sumar para ir juntos el 23J en la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- Compromís y Sumar han cerrado a primera hora de este viernes el acuerdo por el que acudirán de la mano a las elecciones generales el próximo 23 de julio en la Comunidad Valenciana. Un pacto que llega el mismo día en el que se cierra el plazo para poder registrar la coalición, como recuerda Valencia Plaza. En la consulta a las bases, la militancia de las tres formaciones que integran Compromís han refrendado con amplia mayoría el acuerdo alcanzado con Sumar con un apoyo superior al 80%.

Se llamarán "Compromís-Sumar: Sumem per Guanyar", y en el reparto de listas, los nacionalistas podrán designar el primer y segundo puesto por Valencia al Congreso de los Diputados, así como el 2 y el 4 por Alicante. El nombramiento del cabeza de lista en esta circunscripción y también el número 3 correrá a cuenta de la plataforma de Yolanda Díaz. En el caso de Castellón, el número 1 será una persona de consenso que ambas fuerzas acuerden, y el 2 podrá nombrarlo Compromís. 

En el caso de Alicante, el movimiento de Yolanda Díaz podría ceder ese puesto a un candidato de Podemos, en el caso de que se llegue a un acuerdo con la formación de Ione Belarra, que tiene entre sus más fieles a la exdiputada alicantina y actual directora general del Instituto de la Juventud, María Teresa Pérez. 

Un reparto el anterior por el que Compromís se garantiza designar al diputado que saldrá elegido en los próximos comicios (el 1 por Valencia que en su día ocupó Joan Baldoví), pero también el segundo parlamentario que tiene más papeletas para salir (el 2 por esta provincia). 

La situación difiere de lo acordado por Sumar en otros territorios como Baleares, donde la plataforma tendrá la potestad de nombrar a los cabeza de lista. 

En el caso del Senado, será Sumar quien proponga al cabeza de lista por Valencia, mientras Compromís podrá designar al número 1 por Castellón y Alicante. 

Los nombres saldrán de un proceso de primarias que la coalición celebrará la semana que viene.

El nombre de la coalición y que figurará en la papeleta (Compromís-Sumar) tampoco es baladí. Como ya avanzó este diario, para Compromís era importante que su marca no se diluyera en una sopa de siglas y que sus votantes pudieran identificarla fácilmente a la hora de acudir a un colegio electoral el 23 de julio. Por ello, esta fue una de las primeras condiciones que pusieron sobre la mesa cuando iniciaron las conversaciones con Sumar. 

La plataforma de Díaz no veía mal esta petición. Sin embargo, las negociaciones que mantenían por su cuenta con Podemos a nivel estatal hicieron tambalear el compromiso, dado que los morados reclamaron que con ellos ocurriera lo mismo. Es decir, que su marca apareciera en la papeleta como iba a estar la de Compromís. Algo a lo que Sumar no estaba dispuesto ante las dudas de lo que podría "restar" su identificación.   

Otro de los puntos sobre los que ambas fuerzas han llegado a un acuerdo es sobre la autonomía que tendrá Compromís dentro del grupo parlamentario que se forme en el Congreso de los Diputados. Los nacionalistas quieren aprovechar sus iniciativas para poner en la agenda estatal los principales problemas que tiene la Comunitat Valenciana. 

Si consiguieran cinco escaños, podrían constituir grupo parlamentario propio, algo que facilitaría esta tarea. 

La plataforma, según fuentes de Compromís, "no tiene problema en tener agenda valenciana". Por lo que, si bien es una incógnita qué reflejo tendrá en el programa electoral con el que se presenten finalmente (el acuerdo recoge que será "consensuado entre las fuerzas políticas firmantes), se da por hecho que incluirá alguna mención a la reforma del sistema de financiación autonómico. 

También podría incorporar la defensa de la transferencia del servicio de Cercanías a la Generalitat que incluya un plan de financiación para gestionarlo de manera eficaz o la defensa del Corredor Mediterráneo. 

Así, el pacto plantea que "el programa estará especialmente centrado en la defensa de los intereses de los valencianos, además de responder a las necesidades de la mayoría social del conjunto del Estado y de sus sujetos políticos". 

Antes de que se registre la coalición esta noche, el acuerdo deberá ser refrendado por los tres partidos que componen Compromís -Més, Iniciativa y VerdsEquo- en sus respectivos órganos. Una votación que será telemática y debe acabar esta tarde.

Àgueda Micó y Alberto Ibáñez han valorado el acuerdo como una "ventana de esperanza", pues el objetivo reconocido de Compromís es "buscar de nuevo un grupo parlamentario valenciano si jurídicamente es posible", algo que en el pasado ya supuso un motivo de ruptura con Podemos. En todo caso, la defensa de la agenda valenciana forma parte del acuerdo en materia programática.

Larga negociación

Tras una negociación frenética y a pocas horas de que concluyera el plazo, Compromís y Sumar han alcanzado este viernes a primera hora un pacto para concurrir juntos a las próximas elecciones generales en la Comunidad Valenciana. 

Ha sido precisamente este territorio el que se ha convertido en uno de los mayores motivos de conflicto entre Podemos y la formación de Yolanda Díaz, que finalmente ha priorizado a Compromís al admitir buena parte de sus exigencias.

La primera era liderar la candidatura valenciana, algo clave para la coalición valencianista y que ha enturbiado hasta límites insospechados las relaciones con Podemos, que lo ha considerado un veto, según El Mundo.

Una a de las claves del pacto es el nombre, que será finalmente Compromís-Sumar: sumem per guanyar. Si algo tenía claro Compromís es que debía visualizarse su marca, una condición indispensable para evidenciar que es la formación de Joan Baldoví la que lidera en la Comunidad Valenciana el espacio a la izquierda del PSOE. 

Y para esto han esgrimido los resultados electorales del 28-M, donde Unidas Podemos ha quedado directamente fuera de las Cortes Valencianas al no superar la barrera del 5% del voto autonómico. 

En cualquier caso, ni una palabra sobre Podemos. Compromís ha querido borrar al partido morado de las negociaciones, que han sido bilaterales entre los equipos de Baldoví y de Díaz. De hecho, las fuentes consultadas insisten en que Sumar nunca ha tratado ni siquiera de condicionar las negociaciones y forzar cesiones por parte de Compromís apelando al entendimiento con Podemos o a la necesidad de allanarle el camino para confluir.

Micó e Ibáñez han vuelto a subrayar que "no se ha vetado a nadie": "Esa política testosterónica no es nuestra manera de actuar".

Compromís-Sumar: Sumem per guanyar, con una imagen gráfica que decidirá Sumar. Además, los diputados que salgan elegidos en los próximos comicios formarán parte del grupo parlamentario de Sumar, pero tendrán autonomía y voz propia para “defender los intereses de los valencianos”, según El País.

Podemos obtuvo en las anteriores generales cuatro diputados en la Comunidad Valenciana: dos por Valencia, uno por Alicante y uno por Castellón. Compromís solo obtuvo representación en la provincia de Valencia. 

Pero en las pasadas elecciones autonómicas, Podem, la rama valenciana de Podemos, no llegó al 5% del mínimo necesario para obtener representación en las Cortes valencianas y perdió más de 125.000 votos respecto a los anteriores comicios autonómicos y más de 250.000 respecto a las generales de 2019. 

El panorama con el que se ha trabajado dibuja la consecución de entre dos y tres diputados por Valencia, uno o dos en Alicante y entre cero y uno en Castellón.