El conseller Rosado afirma que el sistema sanitario podría llegar a la quiebra

VALENCIA.- El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha afirmado este viernes que comparte la idea apuntada recientemente por su antecesor en el cargo, Manuel Cervera, acerca de que "de no producirse cambios en el sistema sanitario tal como lo tenemos planteado en este momento, podríamos llegar a la situación de quiebra" y ha remarcado que, por ese motivo, esos cambios "se van a producir con toda seguridad". 

   "Si no hacemos los deberes como los tenemos que hacer los que nos dedicamos a la gestión sanitaria, tanto a nivel de la Comunitat Valenciana como también de todo el Estado español, es probable que no llegáramos muy lejos en cuanto a las previsiones de salud", ha señalado a preguntas a los periodistas tras clausurar la 'I Summer School' del Centro Superior de Investigación en Salud Pública.

   Rosado ha apuntado que, "por esto, es prácticamente necesario y es prácticamente obligado que se produzcan estos cambios, que se van a producir con toda seguridad dentro de la sanidad, para conseguir que los logros que hasta ahora se han obtenido en sanidad se puedan trasladar al futuro"

   Al respecto, ha precisado que "no se trata de recortar aspectos sanitarios, sino que se trata de gestionar de la mejor forma posible lo que tenemos para de algún modo poder llevarlo al futuro".

   Preguntado por el cierre de farmacias en Castilla-La Mancha en protesta por los impagos del Gobierno autonómico, el titular de Sanidad ha aseverado que la Comunitat Valenciana está "en una situación favorable con respecto a otras comunidades autónomas gracias a la relación mantenida con los colegios farmacéuticos" y que, de hecho, tienen este tema "bastante bien controlado".

   Así, ha valorado que "de momento" han logrado que "se siga cobrando en tiempo y en forma oportuna" y ha aseverado que "en los próximos meses" continuará esa situación. No obstante, ha rehusado hablar de un periodo mayor de tiempo y ha optado por limitarse al que puede "controlar" en estos momentos, ya que "el futuro económico del país permanece bastante incierto".

   Rosado ha enmarcado las acciones de protesta de las farmacias en las dificultades que sufren todos los sectores a raíz de la "crisis económica importante" que atraviesa España y ha señalado que "se tienen que organizar para conseguir sus logros".

   En cualquier caso, ha defendido que "la farmacia es un elemento importantísimo del gasto sanitario y debe estar perfectamente coordinado con las autoridades sanitarias para conseguir de algún modo que se pueda llevar a cabo el cobro de sus emolumentos y el cobro de los medicamentos que se están consumiendo", momento en el que ha ensalzado las conversaciones mantenidas en los últimos meses por las 'Conselleries' de Hacienda y de Sanidad con el sector.

   Preguntado por la finalidad de las cuantiosas transferencias de crédito relativas a su departamento que publica este viernes el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), el titular de Sanidad ha indicado que van destinadas a "pagar algunas de las deudas" que tiene suscritas la Conselleria y a acometer "algunos de los pagos a proveedores que se están realizando".

   Rosado ha comentado que esas modificaciones presupuestarias "son elementos normales" que se realizan "todos los ejercicios" y que "permiten ir afrontando cada uno de los costes y de los pagos que se tienen que ir haciendo dentro de las Consellerias".

Asaja amenaza con bloquear La Jonquera para protestar contra el boicot galo

BARCELONA.- La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Cataluña ha anunciado este viernes que bloqueará el regreso de los turistas franceses a su país cortando la carretera de La Jonquera como respuesta al boicot de los productores galos y a los recientes ataques a camiones procedentes de la Península que transportaban fruta y hortalizas.

   El coordinador de Asaja en Cataluña, Albert Castelló, ha asegurado que ya se ha acabado la paciencia, "ojo por ojo y diente por diente", y ha afirmado que es absurdo seguir con buenas palabras y esperar actuaciones de los gobiernos.

   Además, ha avisado de que si siguen los ataques en la frontera de aquí a final de mes "automáticamente irán a buscar intereses franceses y a causarles el mayor daño posible".

   Ha emplazado a la policía catalana a ser "guardianes" y a defender los intereses de catalanes y españoles cuando se produzcan estos ataques, tal y como ha asegurado que hacen los cuerpos de seguridad galos.

   Asaja ha arremetido de nuevo contra el Gobierno por su "inmovilidad" a la hora de tomar medidas concretas para defender los intereses de los productores autóctonos, que esta semana han estado sufriendo nuevos ataques en la frontera.

Bruselas recuerda a Francia que debe garantizar la libre circulación de mercancías

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha señalado hoy que no ha sido informada formalmente de los últimos ataques de agricultores franceses contra camiones que transportaban frutas y verduras desde España, pero ha dejado claro que condena "todo tipo de acción ilegal y destructiva" y ha recordado a Francia que los países de la Unión Europea deben tomar las medidas necesarias para garantizar la libre circulación de mercancías.

   "No hemos recibido nuevas quejas. Pero de manera general, evidentemente la Comisión condena toda acción ilegal y destructiva", han declarado fuentes del Ejecutivo comunitario. Las fuentes han confirmado que están al tanto de las informaciones publicadas sobre los incidentes de los pasados 9 y 11 de agosto en la frontera francesa, pero han señalado que las autoridades españolas no han notificado los incidentes a Bruselas.

   En cualquier caso, apuntan las fuentes, "todo Estado miembro está obligado a tomar todas las medidas necesarias y proporcionadas, con el objetivo de garantizar la libre circulación de los bienes sobre su territorio". También tienen la obligación de informar al Ejecutivo comunitario "en caso de obstáculos importantes" a este derecho.

   Sin embargo, las fuentes consultadas, advierten de que las normas de la Unión Europea confieren a las autoridades nacionales "la competencia exclusiva" en lo que concierne al mantenimiento del orden público y a las medidas a poner en práctica para garantizar el derecho a la libre circulación en una situación específica.

   El pasado julio, tras un primer ataque de piquetes franceses contra camiones con frutas españolas, Bruselas se puso en contacto con París para advertirle de su obligación de cumplir las normas del mercado único. La gendarmería se comprometió entonces a intervenir si fuera necesario para impedir nuevos casos, según las fuentes.

   La Comisión puede actuar si recibe una queja formal. Primero la somete a examen y si lo considera necesario contactar con el Estado miembro. Si Bruselas considera que el país en cuestión infringe la regulación europea que le obliga a proteger la libre circulación de mercancías, podría iniciar un procedimiento de infracción.

Ecologistas piden al Banco de España que investigue los vínculos de la CAM con proyectos urbanísticos "especulativos"

VALENCIA.- Las organizaciones ecologistas ANSE, CEMDA, Ecologistas en Acción y Greenpeace de España y México han reclamado al Banco de España que investigue los "vínculos" entre la Caja Mediterráneo (CAM) y una promotora inmobiliaria y turística "implicada", según estas entidades, "en varios proyectos dudosos o fallidos de carácter turístico e inmobiliario".

También han pedido que la entrada de fondos públicos para sanear la caja suponga "el fin inmediato a esos proyectos especulativos y depredadores del medio ambiente". 

   La solicitud la han realizado a través de una carta que han enviado este jueves al presidente del Banco de España y a los administradores de la CAM nombrados por esta entidad, así como a la Embajada de España en México.

   En un comunicado, los colectivos señalan que la CAM "posee el 30% de las acciones de Hansa Urbana y siempre ha atendido las peticiones de financiación planteadas por la empresa". En diciembre de 2006, por ejemplo, le concedió un crédito de 95 millones de euros para adquirir los terrenos del megaproyecto Novo Carthago, en Murcia, hoy paralizado. Según las estimaciones publicadas por varios medios y citadas por estas fuentes, las líneas de crédito de la firma con la CAM oscilan entre 700 y 800 millones de euros en total.  

   Esta empresa alicantina, prosiguen, se dedica a la construcción y los negocios inmobiliarios, con especial atención a los lotes turísticos mixtos compuestos por hoteles, campos de golf y segundas residencias. Aunque ha actuado en diversas zonas del territorio español y en el extranjero, las regiones donde se ha concentrado la mayor parte de su actividad --"y donde todavía tiene la mayoría de sus activos, así como de sus proyectos retrasados o fallidos, apuntan-- son la Comunitat Valenciana y Murcia.

   En concreto, en Murcia es propietaria mayoritaria e impulsora de tres grandes desarrollos urbanísticos y planes parciales que pretenden la construcción de unas 23.000 viviendas: Novo Carthago, Puerto de Mazarrón y Puntas del Calnegre. "Muy probablemente, la empresa es la mayor propietaria de suelos residenciales en las planicies costeras de la región, aunque casi todos sus proyectos se localizan en el mismo límite de espacios protegidos", señalan las organizaciones, que añaden que, "debido al desplome de la 'burbuja' inmobiliaria y a varios problemas legales, la mayoría de sus proyectos se encuentran paralizados".

   En la misma línea, consideran que "los excesos urbanísticos impulsados en diversos puntos de la costa mediterránea española" por esta empresa, "con el apoyo de responsables políticos y de la CAM, han contribuido a la ruina de la entidad bancaria".

"La intervención del Banco de España debe ir acompañada de la investigación de las relaciones entre la CAM y Hansa, y la revisión de dichos proyectos", insiste Pedro García, de ANSE.

   Además, manifiestan que la expansión internacional de la promotora comenzó en México en 2005 con el proyecto Nuevo Cancún. En 2007 compró 3.850 hectáreas en Baja California Sur, donde pretende poner en marcha el macroproyecto inmobiliario y turístico llamado Cabo Cortés. Con un tamaño en habitaciones de hotel y viviendas similar al conjunto de Cancún, el proyecto cuenta con otros ingredientes como campos de golf, puerto deportivo y aeropuerto privado. Cabo Cortés se encuentra en la zona colindante al Parque Nacional Marino de Cabo Pulmo, una zona protegida desde 1985 y que es Patrimonio de la Humanidad por decisión de la Unesco, debido a su incalculable valor ecológico.

   Precisamente por ello, y por los "daños irreversibles" que podría causar al mismo, tanto las comunidades de la zona como organizaciones ecologistas y académicas "han expresado en reiteradamente su oposición a este proyecto, que se encuentra paralizado  a la espera de que se aclaren cuestiones relativas a su impacto en el medio ambiente".

   "Cabo Cortés es un caso flagrante de incumplimiento de la normativa medioambiental mexicana, y por ello estamos presentando diversos recursos legales y pidiendo a las autoridades que anulen de forma definitiva el proyecto", afirma Agustín Bravo, de CEMDA.

   Las organizaciones resaltan que la CAM no es ajena a estas "aventuras", ya que su informe anual de gobierno corporativo en 2009 muestra algunos datos en este sentido.

   "La CAM es perfectamente consciente del proyecto de Cabo Cortés y de sus posibles riesgos, a tenor de la intervención de su directora general, María Dolores Amorós, en la Asamblea de la entidad en junio de 2010. Cuando los representantes sindicales preguntaron a la caja acerca del potencial impacto de Cabo Cortés, Amorós afirmó que se trataba de un proyecto que cumple con la legalidad y respeta el medio ambiente, y que la Caja estaría vigilante para que ello siga siendo así", relatan las mismas fuentes.

   "Greenpeace, Ecologistas, CEMDA y ANSE, y muchas otras organizaciones españolas y mexicanas, estamos en condiciones de afirmar que no es así, y que el proyecto en ningún modo respeta la legalidad ni el medio ambiente", señaló Alejandro Olivera, de Greenpeace México.

   Por todo ello, y ante la intervención del Banco de España en la CAM, las organizaciones han remitido una carta al gobernador del Banco de España para "llamar su atención hacia estas irregularidades urbanísticas y medioambientales".

   "Hemos solicitado una reunión con los nuevos consejeros de la CAM nombrados por el Banco de España, y esperemos poder tener toda la información relativa a la situación actual de Cabo Cortés", concluye Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción.

Ya se reclaman "responsabilidades penales" para los ex directivos de la CAM

VALENCIA.- La diputada de EUPV en las Corts Valencianes Esther López Barceló ha aplaudido la decisión de los interventores del FROB de suspender de empleo a la directora general de la CAM, María Dolores Amorós, y ha recordado que Esquerra Unida considera que, además de responsabilidades políticas, también podrían haber "responsabilidades penales". 

   López Barceló ha criticado el plan de ajuste diseñado y ha pedido que "no acabe privatizándose ya que se ha intervenido con fondos públicos". Para la diputada de EUPV, "se debería convertir en un banca pública en manos de la comunidad autónoma o del Estado".

"Hace falta un instrumento financiero público", ha añadido la parlamentaria.

   La diputada de EUPV ha reclamado que "la CAM se convierta en una banca pública", ya que "los y las alicantinas todavía están a tiempo de salvar nuestra caja".

   Además, López Barceló ha alertado contra "una posible subasta una vez ha sido intervenida" y ha señalado que "hace falta un instrumento financiero público", por lo que ha exigido que "la CAM se quede en manos de la comunidad autónoma o del Estado".

   Finalmente, también ha recordado que la formación de izquierdas propuso la creación de una comisión de investigación a las Corts Valencianes.

Por su parte, el representante de CCOO en Caja Mediterráneo, Jorge Casillas, ha considerado este miércoles que la destitución de la directora general de la entidad, María Dolores Amorós, "llega tarde y mal", al tiempo que ha apostado por que se esclarezca la "cadena de responsabilidades" y, de este modo, sean "cesados los directores adjuntos que nombró".

   Jorge Casillas ha hecho estas declaraciones después de que se hiciera pública la destitución de Amorós, que sucedió en el cargo a Roberto López Abad, y que estaba al frente de la caja desde finales del pasado año. Por el momento no está previsto nombrar a otra persona para que sustituya a Amorós en el puesto.

   La junta de administradores del FROB, Juan José Iturriaga, Tomás González Peña y Benicio Herranz, asume de este modo las competencias de la direccion general de la caja que fue intervenida el 22 de julio

   Así, desde CCOO opinan que la decisión se tenía que haber tomado antes y han recordado que han sido "el único sindicato" que se opuso a su nombramiento, por entender que se trataba de una designación "continuista" con la gestión anterior, con la que estaban en desacuerdo.

   Por ello, Casillas ha insistido en que la decisión "llega tarde y llega mal", al considerar que debía haberse producido antes y que, además, también debería haber sido suspendida salarialmente. "No podemos permitirnos el lujo" de pagar un sueldo de director general para alguien que no desempeña el cargo, ha dicho.

   En esta línea, ha apostado por que se esclarezca la "cadena de responsabilidades" y, de este modo, sean "cesados los directores adjuntos que nombró".

"Aquí nadie puede irse de rositas", ha zanjado.

Por último, el portavoz de Sicam, Manuel Navarro, ha tildado la destitución de la directora general de Caja Mediterráneo, María Dolores Amorós, como "una medida cautelar" y ha asegurado que era "algo que se esperaba" porque es la práctica habitual tras una intervención y que es "lógico" que los administradores hayan tomado esta decisión para evitar "interferencias", por lo que ha apostado por "no darle más repercusión".

   Tras conocerse la destitución de Amorós, Manuel Navarro ha indicado que en los procesos de intervención y tras recabar la información necesaria, "es una medida cautelar que se suele adoptar" por parte de los administradores, por lo que "todo el mundo la estaba esperando". A su juicio, "no hay que darle más repercusión que esa".

   Para Sicam, una vez que se "han hecho las consultas" referentes al área en cuestión, sus responsables "van siendo apartados", por lo que ha abogado a "esperar 15, 30 ó 40 días para saber si puede volver a incorporarse".

   En cuanto a la posibilidad de que más directivos puedan verse afectados, Navarro ha considerado que se "pasará al siguiente escalón", pero ha remarcado que este tipo de decisiones "no son desorbitadas", sino una práctica habitual para "evitar interferencias".

   Por otro lado, ha recordado que los trabajadores de la caja han iniciado una campaña para conseguir el apoyo de ayuntamientos, asociaciones y comunidades autónomas para que la obra social de la entidad continúe y, de este modo también, los puestos de trabajo.

   Para Navarro, "nadie mejor que los empleados hacen viva la obra social" y, en su opinión, es "justo" que todos aquellos que se han beneficiado de la obra social, puedan ahora unirse para su mantenimiento.

   Además, ha remarcado que cuando la entidad sea adquirida vendida las medidas de personal que se adopten sean "no traumáticas" como en "otras ocasiones".

Compromís critica que los bancos de la Catedral se "apilan" sobre la tumba de Ausiàs March

VALENCIA.- La concejala del Grupo Municipal Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Consol Castillo, ha exigido al arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, que sea "más respetuoso" con la tumba del poeta Ausiàs March que se encuentra en la Catedral y no permita, como ha sucedido durante el mes de agosto, que se apilen sobre ellas bancos. 

   En un comunicado, la edil declara que, "si la tumba hubiera sido un reclamo cultural y turístico para los gestores de la Catedral, no habría que hacer esta denuncia".

   "Ausiàs March es uno de los ilustres valencianos más reconocidos  internacionalmente, una figura histórica de primer orden, que no  se merece las imágenes que hemos podido ver estos días", lamenta.

   La representante de Compromis ha señalado que "sería impensable encontrarse bancos apilados encima la tumba, si fuera el caso de un escritor como Miguel de Cervantes, puesto que este autor, como tantos otros, sería un reclamo cultural y turístico de primer nivel, y no como sucede actualmente con la tumba de Ausiàs March".

   Castillo le ha pedido al arzobispo de València que "no se vuelvan  a repetir imágenes como las que de este mes de agosto y, sobre todo,  que ordene a los técnicos de la Catedral que pongan en valor la tumba  de Ausiàs March, que la introduzcan en las rutas culturales y las visitas guiadas de la Seo".

El aeropuerto de Manises creció en julio un 2,3% en cuanto a pasajeros

VALENCIA.- El aeropuerto de Alicante ha registrado un aumento del 6,8 por ciento en pasajeros transportados en julio respecto al mismo mes de 2010, hasta registrar un total de 1.174.542 viajeros y situarse como el quinto en volumen de usuarios, por detrás de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga. Por su parte, el de Valencia creció un 2,3 por ciento y se colocó en décimo lugar a nivel estatal, según datos de Aena.

   En número de operaciones, El Altet fue el séptimo a nivel nacional, con un total de 8.346 y un crecimiento del 4,1 por ciento, seguido del aeropuerto de Manises, que perdió un 11,5 por ciento de sus operaciones respecto al mes de julio del año anterior.

   En este apartado, ambos aeropuertos de la Comunitat Valenciana se vieron superados por Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, Ibiza y Gran Canaria.

   En cuanto al volumen de mercancías transportadas en julio, el aeropuerto de Valencia se situó en octavo lugar tras registrar un descenso del 3,5 por ciento, con un total de 923.921 kilos transportados, y el de Alicante, en decimoquinto, con una caída del 19,9 por ciento y 236.533 kilos.

Fabra acelera los pagos pendientes a Aerocas por parte del Consell

CASTELLÓN.- El director general de la gestora del aeropuerto de Castellón (Aerocas), Juan García Salas, ha afirmado que la Generalitat "ha saldado la deuda que tenía pendiente" con la gestora, relativa al préstamo participativo, al pagar 2,8 millones de euros.

  Y ha subrayado que "con este pago, se ha liquidado la cantidad pendiente del préstamo participativo" y que "por el momento, no quedan más abonos que realizar, puesto que el resto de la cantidad pendiente está abonada en pagarés que aún no han vencido".

   Ese pago de 2,8 millones de euros estaba pendiente desde el pasado 30 de marzo, un retraso que García Salas ha achacado a las dificultades de tesorería de la Generalitat. En cualquier caso, ha valorado que tras la "promesa" realizada el viernes por el jefe del Consell, Alberto Fabra, "se ha cumplido el compromiso" de pago.

   El representante de Aerocas confía en que el aeropuerto de Castellón pueda estar en funcionamiento "a finales de año o principios de 2012", aunque ha matizado que "no depende solo de Aerocas, sino también de AENA".

   Así, ha reconocido que "con todos los trámites que hay pendientes, es complicado dar una fecha exacta".

   Juan García Salas ha explicado que "la diferencia que existe entre cualquier aeropuerto con el de Castellón, es que en otro terminal tienen un plazo para subsanar los errores y cumplir con la normativa", mientras que "en Castellón, si existiera alguna deficiencia habría que subsanarla antes de la apertura del mismo".

   Ha indicado asimismo que, en la actualidad, "se está trabajando para que todo esté en orden para las inspecciones físicas sobre el terreno que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) hará en septiembre".

"Lo más importante, en este momento, es que el proceso de certificación se supere con éxito", ha recalcado.

El conseller Rosado descarta el copago sanitario

VALENCIA.- El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha asegurado este miércoles que su departamento descarta el copago sanitario y ha explicado que un sistema así no es responsabilidad autonómica, por lo que su debate "solo puede plantearse a nivel del Estado".

   Rosado ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación, tras presentar la campaña preventiva 'El alcohol puede esperar', al ser preguntado por si es partidario de establecer el copago en Sanidad.

   El conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela, habló de la posibilidad de establecer el pagos de tasas por utilizar las urgencias de los hospitales públicos, mientras que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, dijo el martes que es "prematuro" hablar del copago.

   Por su parte, el titular de Sanidad ha descartado el copago y ha señalado que este sistema puede adoptar dos fórmulas. La primera de ella es establecerlo "de tipo recaudatorio". Al respecto, ha explicado que supondría "más impuestos", pero ha rechazado que se vayan a elevar los tributos a la población valenciana.

   La segunda fórmula posible es el "copago disuasorio", cuyo objetivo es intentar disminuir la frecuencia de los pacientes en los centros sanitarios. Sin embargo, ha asegurado que "no existen estudios suficientemente claros que indiquen que se puede reducir solo por este hecho".

   A su juicio, se puede conseguir que la gente utilice los recursos sanitarios de una forma "adecuada" gracias a la "corresponsabilidad".

"El ciudadano debe saber que lo que el Estado y las autonomías ponen a su servicio debe ser utilizado de una forma correcta", ha subrayado el conseller, quien ha indicado que confía en la "concienciación" para conseguir una frecuenciación "adecuada" en los centros sanitarios.

Rajoy no ve "un buen ejemplo" que algunos consejeros de bancos se suban el sueldo

PONTEVEDRA.- El presidente del PP, Mariano Rajoy, considera que en este momento de crisis económica la subida de sueldo que se han fijado algunos directores de entidades bancarias y los consejos de administración no es "ni edificante ni un buen ejemplo en estos momentos".

   "Sus razones supongo que habrán tenido pero no parece que sea lo más recomendable en estos momentos ni lo más justo", ha declarado Rajoy al ser preguntado cómo valora las subidas de sueldo que han realizado los consejos de administración de algunos bancos, como Bankia.

   Preguntado si es partidario de imponer una tasa a los bancos como fondo para nuevas crisis, Rajoy ha señalado que en España ya existe un fondo para esos casos. Se trata, ha explicado, del Fondo de Garantía de Depósitos que "no existe en el resto de países de la Unión Europea".

   Asimismo, el líder de los 'populares' ha criticado la tardanza en la reestructuración bancaria seguida por el Banco de España, ya que, a su juicio, "se debería haber actuado mucho antes", pese que "no era un proceso fácil".

   "Es verdad que se ha avanzado porque ya hay cajas de ahorro que se han fusionado, que ya se han convertido en bancos, que están cotizando en Bolsa. Pero los tiempos son muy importantes en muchas facetas de la vida y en esta materia son un factor muy importante", ha recalcado.

   Rajoy no ha querido precisar si está de acuerdo con la cifra máxima de recapitalización de 20.000 millones para sanear entidades financieras, ya que, según ha dicho, es el Banco de España el que "tiene los datos" y el único que los conoce. Según ha recordado, en el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), intervenida a finales de julio, se han comprometido 5.800 millones de euros, una "cantidad importante".

   Dicho esto, ha insistido en que a él lo que más le preocupa en estos momentos es que todo este proceso "se haga rápido".

"Se nos dijo en 2008 que teníamos el mejor sistema financiero del mundo y mientras en todas partes se tomaron decisiones aquí no tomamos ninguna. Y claro, en 2009 se intervino una caja, en 2010 se intervino otra y ahora en 2011 se interviene otra caja", ha recordado, en referencia a Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur y la CAM.

   Aparte de celeridad, ha proseguido, el PP ha pedido al Gobierno que haya saneamiento y transparencia, así como que no haya "no haya unos requisitos de capitalización que son los más elevados del mundo en este momento".

"Porque mientras no haya saneamiento y no haya transparencia pues seguirá habiendo dudas, desgraciadamente", ha apostillado.

   Preguntado si teme que haya alguna otra caja en riesgo, el líder del PP ha asegurado desconocerlo porque es algo que debe decir el Banco de España. Según ha añadido, sería "una temeridad y una irresponsabilidad" por su parte decir que hay que intervenir alguna otra caja.

   Ante la mala gestión bancaria que ha llevado a que se produzcan las intervenciones por parte del Banco de España, Rajoy ha manifestado que "los responsables de algunas de las situaciones que se han producido en algunas entidades financieras tienen alguna responsabilidad".

  "Y corresponde a la Fiscalía y los jueces determinar cuál es. Pero desde luego tienen una responsabilidad porque evidentemente hay gestiones que pueden no haberse ajustado a lo que es una gestión correcta, sensata y equilibrada de una entidad financiera", ha dicho.

   En estas circunstancias, ha añadido, el Banco de España debe emitir un informe y si la Fiscalía cree que tiene motivos para ello debe actuar. "No soy yo el que lo sabe, ni conoce cómo se han gestionado estas entidades financieras porque esos datos sólo los tiene el Banco de España --ha explicado--. Lo único que sé es que el Banco de España tiene que emitir un informe y la Fiscalía actuar si cree que tiene que actuar".

El PSPV acusa a Fabra de "ocultar" el copago en Justicia "por orden" de Rajoy

VALENCIA.- La portavoz socialista de Justicia del Grupo Parlamentario en las Cortes Valencianas, Verónica López, ha afirmado que el copago que el presidente de la Generalitat, Albert Fabra, "quiere aplicar en Justicia y que oculta ahora, por orden de Rajoy, choca con la Constitución española y sólo puede calificarse de broma de mal gusto".

   De esta forma se ha pronunciado tras señalar que "la Constitución Española consagra el derecho a obtener una tutela judicial efectiva de los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos".

   López ha advertido que las declaraciones de Fabra, desautorizando al conseller de Justicia, Jorge Cabré, "revelan, no que el 'president' de la Generalitat esté en contra del copago, más bien al contrario, sino que ésta es una medida impopular en tiempo electoral de Rajoy, que inquieta a Génova y por la que Fabra ha decidido empezar a quemar ya a unos consellers heredados de su antecesor en el cargo".

   La diputada socialista ha criticado que Fabra esté hablando de "una acción para agilizar los trámites judiciales" cuanto está pemdiente la puesta en funcionamiento de la Oficina Judicial en la Comunidad Valenciana, "que tiene como objetivo transformar el servicio público de justicia en un servicio ágil, profesional y accesible para el ciudadano".

   En un comunicado, López ha señalado que "este plan, que ya se está aplicando en otras comunidades con óptimos resultados, supone un incremento en un 19% de la Planta Judicial, un aumento del 17% de los jueces, un 20% en fiscales y un 20% en Secretarios judiciales".

   "Fabra está empeorando el sistema judicial valenciano, como demuestra que la Generalitat no haya puesto en marcha los 15 juzgados, que debían estar ya en funcionamiento y que el Consell demandó a petición propia, porque ahora no pueden dotarlos de los medios materiales y personales necesarios", ha criticado. "Es intolerable que quiera ahora que los excesos, el despilfarro y la corrupción del PPCV la tengamos ahora que pagar los valencianos y valencianas", ha concluido.

El 71% de los trabajadores teme perder su trabajo y un 75% tiene estrés

MADRID.- Las dificultades económicas por las que atraviesan las empresas derivadas de la crisis y sus dudas hacen que el 75% de los trabajadores presenten síntomas de estrés, y además lleva al 71% a sentir inseguridad sobre el futuro de su carrera laboral, según la encuesta elaborada por el Observatorio de Riesgos Psicosociales de UGT. 

   La encuesta, realizada sobre más de 4.500 empleados entre 2004 y 2009, recoge que el 87% de los entrevistados admite tener una "carga mental alta" por las condiciones de su trabajo.

   El sindicato encabezado por Cándido Méndez advierte del "auge" de  este problema laboral ante la escalada del paro y, por ende, del trabajo precario, de los horarios y la inseguridad en los ingresos.

   Por ello, UGT, que recordó que varios estudios calculan que el estrés merma entre el 0,5% y el 3,5% del PIB cada año, exigió a las empresas que evalúen los riesgos de esta enfermedad y adecúen la carga y el ritmo de trabajo a la capacidad de los trabajadores.

Un centenar de 'indignados' se manifiestan contra las agresiones racistas y los CIEs

VALENCIA.- Alrededor de un centenar de 'indignados', vinculados al movimiento 15M, se han manifestado anoche en Valencia contra las agresiones racistas y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) en una protesta para defender la igualdad de derechos entre cualquier ser humano y el respeto desde la no violencia.

La marcha, que comenzó pasadas las 19.30 horas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, ha discurrido por la calle Ruzafa hasta llegar al CIE ubicado en la calle Zapadores. Los manifestantes portaban una pancarta de varios metros en la que se podía leer 'Ningún ser humano es ilegal'.

Durante el trayecto, los manifestantes han coreado cánticos como 'Lo llaman democracia y no lo es', 'No nos mires y únete', 'Que no, que no, que no nos representan' y 'Ley de Extranjería para la Reina Sofía', entre otros.

Una vez llegados al CIE, los 'indignados' han realizado una sentada al tiempo que coreaban el lema de la manifestación, 'Ningún ser humano es ilegal', además de otras consignas como 'Los de ahí dentro no son los criminales', 'Los nacionales, a los tribunales' y 'Los pueblos unidos jamás serán vencidos'.

Desde Acampada Valencia han señalado que los CIE son unas instalaciones públicas "donde se retiene a extranjeros que no han cometido delito alguno", en un "encarcelamiento" que "se pretende que sea cautelar y preventivo, pero puede durar hasta 60 días y finalizar con la expulsión del interno".

A juicio de la plataforma, "ésta es sólo una muestra de la xenofobia aún presente en el modelo social y administrativo actual, que deja impune a los autores de agresiones racistas contra los internos o aquellas personas que intentan mejorar su situación (como los hechos acaecidos últimamente en Málaga)".

Jueces para la Democracia rechaza el copago

VALENCIA.- Jueces para la Democracia (JpD) ha asegurado, sobre al propuesta del conseller de Justicia de la Generalitat valenciana, Jorge Cabré, de "abrir el debate" para aplicar el pago de una tasa que redunde en la "calidad y rapidez" de los tribunales, que esta medida de copago    puede tener "efectos recaudatorios" pero "no agilizará en modo alguno los procedimientos, al contrario de lo que indica" el representante del Consell. 

   La organización argumenta que la gestión de los litigios "podrá mejorar con otro tipo de medidas que no están siendo abordadas por la Generalitat valenciana, como el impulso en la reforma de la oficina judicial, pues el actual modelo resulta obsoleto y la institución autonómica no está mostrando ninguna voluntad de proceder a las modificaciones previstas legalmente".

   Asimismo, JpD señala, a través de un comunicado, que "la agilidad de los procedimientos también se incrementaría con una gestión más adecuada de los recursos personales y materiales por parte de la Conselleria de Justicia".

   Un ejemplo de ello, apuntan las mismas fuentes, es el elevado número de personal interino que, como reconoce la propia institución autonómica, no cuenta con una suficiente formación para desempeñar sus puestos de trabajo, a pesar de tramitar asuntos que pueden afectar al patrimonio, a la integridad o a la vida de los ciudadanos.

   Del mismo modo, defienden que "una gestión más eficaz de la Generalitat en materia de creación de juzgados también supondría un avance para la administración de justicia, ante las carencias de la situación actual".

   "Hemos de recordar que, tras reclamar al gobierno central la dotación de juzgados con un discurso marcadamente victimista, la Conselleria de Justicia ha optado por no aportar los recursos que le correspondían para los 15 nuevos juzgados para la Comunidad Valenciana que ya habían sido aprobados desde el Ministerio de Justicia, por lo que los mismos no se han podido poner en funcionamiento", reprochan.

   En cambio, insisten, "el copago en la administración de justicia supondría que se generasen importantes desigualdades sociales". En este sentido, las entidades bancarias, las sociedades mercantiles o las personas con elevado patrimonio "no tendrían ningún problema en pagar las tasas que se fijaran, mientras que a los ciudadanos de rentas inferiores se les disuadiría de la defensa de sus derechos, lo cual afectaría al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".

   Esta perspectiva de "limitación de los servicios públicos a través del copago, como otras similares referentes a la educación o a la sanidad, representa una visión contraria a los principios esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho, que implica que los poderes públicos deben adoptar las medidas necesarias para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales y efectivas, lo cual supone garantizar los derechos sociales y permitir el acceso de todos a los servicios públicos", sostienen.

   Para el colectivo, "si el problema se encuentra, según parece, en que la Generalitat no cuenta con suficientes partidas económicas para afrontar la gestión en materia de justicia, la solución debe radicar en otro tipo de ordenación presupuestaria que haga frente a las necesidades reales". "Y ello supone, entre otras cosas, la conveniencia de reducir gastos públicos superfluos sin relevancia social", subrayan.

   Por otro lado, Jueces para la Democracia expresa su "disconformidad" con las propuestas de devolución al Gobierno central de las competencias autonómicas, que resultan contrarias a nuestros principios constitucionales. "La solución a estos problemas no se encuentra en la supresión de las competencias autonómicas, sino en una gestión más diligente y eficaz de la Generalitat Valenciana", sentencian.

El PSPV critica que el gerente de la Emshi cobre más que el presidente de la Generalitat

VALENCIA.- La concejala socialista en el Ayuntamiento de Valencia Isabel Dolz ha criticado este martes que el gerente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), Joaquín Juste, cobre más que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

   Dolz se ha expresado en estos términos en un comunicado en respuesta a las informaciones que apuntan a que Joaquín Juste, que ha sido ratificado como gerente de la Emshi, percibirá un sueldo de 88.332 euros brutos al año, un 30 por ciento más que el jefe del Consell.

   La edil socialista ha indicado en un comunicado que la ratificación del gerente de la Emshi "demuestra la falta de rigor en la gestión del Partido Popular". Asimismo, ha señalado que "la liquidación de Emarsa, con una deuda superior a 16 millones de euros por incrementos desmesurados en todo tipo de gastos, supone ahora un premio para el Gerente de la entidad metropolitana".

   A su juicio, "no es posible que una persona que ha ocupado un puesto destacado en la gestión diaria de una empresa que ha tenido que ser investigada por la justicia, siga en su puesto y además con unas retribuciones superiores a las del presidente de la Generalitat".

   La concejala del PSPV considera que "la responsabilidad afecta a todos" y, en este sentido, entiende que "si los responsables políticos de aquel desastre han sido relevados por su propio partido, no entendemos que el gerente siga y, además, sin sufrir reducción en sus retribuciones" que, a su juicio, "podrían servir para reducir las enormes deudas".

El PSPV se pregunta "¿qué sabe Camps de Rajoy para que del 'haz lo que quieras' pase al 'podrás volver en el futuro'?"

VALENCIA.- La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista en la Corts, Carmen Ninet, se ha preguntado este martes "¿qué sabe Camps de Rajoy para que del 'haz lo que quieras', la frase que supuestamente le dijo el día que Camps decidió dimitir, haya pasado ahora al 'podrás volver en el futuro'?".

   En opinión de la diputada del PSPV, "hay un eslabón perdido, una extraña incógnita que Rajoy debería de aclarar en estos días de asueto que ha decidido tomarse tras un año repleto de decisiones importantes".

   Ninet se ha expresado en estos términos en un comunicado tras las declaraciones realizadas por el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, quien, ha señalado que el exjefe del Consell, Francisco Camps, es una persona "honrada" y se ha mostrado convencido de que en el futuro, "a buen seguro, podrá volver" a la primera línea de la política. "24 horas después seguimos sin saber a qué se refiere el líder nacional del PP", ha lamentado.

   "¿En qué estaba pensando?, ¿en que le van a dejar entrar en Génova para reunirse con González Pons?, ¿en que va a ser asesor de Rajoy?, ¿o quizás han pensado en él para organizar los mítines que tan bien quedaban cuando El Bigotes y Correa venían por la Comunitat?", se ha preguntado Ninet.

   La dirigente socialista ha exigido a Rajoy que "aclare lo dicho" y ha reiterado que, con sus palabras, el líder nacional del PP "ha decidido unir su futuro político al banquillo del ex presidente Camps".

   La portavoz adjunta también ha emplazado a Rajoy a que "deje de mentir, porque no son tres trajes, sino más de 30 millones de euros que el PPCV puso a disposición de una trama corrupta en forma de contratos irregulares y comisiones".

"Hasta en la visita del Papa metieron la mano, después de instalar la alfombra por la que Rajoy se paseó en el Congreso de Valencia que le aupó como líder del PP", ha puntualizado.

   "Si Rajoy se ha creído que lo que diga caerá en el olvido, se equivoca", le ha advertido Ninet, quien ha añadido: "quedan ya para la historia frases como 'Paco eres un gran presidente' o 'estaré detrás de ti, delante o al lado".

   En su opinión, se trata de "jaculatorias que demuestran que Rajoy tendrá que dar explicaciones ante la presunta financiación irregular, que será juzgada en el TSJCV, y por la que la trama Gürtel pagó mítines y actos del PPCV, a los que también asistió el líder nacional del PP y que, de momento, ya se ha llevado por delante al antes presidente de la Generalitat Valenciana".

Sindicatos de Justicia rechazan el copago

VALENCIA.- Sindicatos de Justicia han expresado su rechazo a la propuesta del conseller de esta área, Jorge Cabré, de "abrir el debate" sobre la conveniencia de que los ciudadanos paguen una tasa para hacer que los tribunales funcionen con mayor "rapidez y agilidad", ya que consideran que los usuarios no tienen por qué pagar la "mala gestión" y los "déficits" de la Generalitat.

   Así, el responsable del sector de la Administración de Justicia en CCOO-PV, Enrique Campayo, ha explicado que en 1985 se suprimieron las tasas judiciales, por lo ha tildado de "vuelta al pasado" la posibilidad apuntada por Cabre de pagar una cantidad todavía sin especificar, aunque habló de 50 o 60 euros.

   Según Campayo, CCOO siempre se va a oponer a cualquier formula de pago por parte de los ciudadanos para sufragar la "mala gestión" de la Justicia en la Comunitat Valenciana. A su juicio, con la propuesta del conseller se busca "enmascarar" la situación de la Justicia valenciana que, en su opinión, tiene un estado "deplorable".

   El responsable de CCOO-PV ha destacado que cuando Jorge Cabré era secretario autonómico de Justicia "no nos parecía una persona válida", y ha añadido que ahora como conseller y con propuestas como la de establecer una especie de copago en esta área "se pone en evidencia su falta de capacidad en su gestión para hacer frente a los problemas de la Justicia".

   Por su parte, el secretario del sector de Administración Autonómica y Justicia de la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV, Gonzalo Fernández, en declaraciones a Europa Press, ha indicado que, actualmente, la Justicia cuenta con tasas que los ciudadanos tienen que abonar "cada vez que tiene interponer un recurso", lo que provoca que no sea "gratuita y universal como manda la Constitución".

   "Si añadimos un copago como si esto fuera una mera prestación de un servicio, convertimos el sistema judicial en un sistema solo accesible para queines tiene medios económicos", ha indicado Fernández, quien considera que para que la Justicia sea "más ágil" lo que hacen falta son "más jueces, más secretarios, más fiscales".

   El responsable de UGT-PV ha dicho a los miembros del Consell que "si tan preocupados están por la falta de dinero, su obligación era haber advertido en su momento del gamberrismo que estaban haciendo con el presupuesto el PP y el Gobierno en la Comunitat Valenciana".

   Por su lado, al presidente autonómico de CSIF Justicia, Francisco José Cervera, quien ha instado a esperar a conocer en detalle esta propuesta para valorarla en profundidad, aunque le parece "bien" todo lo referente a "facilitar trámites", ha criticado que "siempre le toca pagar al mismo".

   En esta línea, Francisco José Cervera ha lamentado que el ciudadano sea quien "tenga que pagar los déficits de la administración". El dirigente de CSIF considera que deberían buscarse "otras fórmulas para agilizar la justicia" que no pasen porque sea el usuario quien tenga que sufragarla.  

   Del mismo modo, uno de los miembros del secretariado de STAS Intersindical Valenciana, Rafael Redondo, ha animado a buscar "otras alternativa de financiación", puesto que, a su juicio, la medida planteada por Cabré "no es adecuada", sobre todo en la situación actual de crisis económica.

   Para Redondo, se deben articular otro tipo de fórmulas de financiación que "no carguen el gasto a la ciudadanía". En su opinión, hay que destinar a Justicia, Educación y Sanidad el dinero necesario que, a su juicio, puede provenir, por ejemplo, del gasto en grandes eventos.

Gestha calcula que grandes empresas defraudan más de 42.700 millones al año

MADRID.- Las grandes fortunas y grandes empresas evadieron al fisco 42.711 millones de euros en 2010, esto es, un 71,8% del total del fraude en España, lo que además supone triplicar el fraude de pymes y autónomos, según la segunda parte del informe de 'Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria' elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). 

    En concreto, las pymes y autónomos sumaron un fraude fiscal que rondó los 16.261 millones de euros. El fraude fiscal de particulares, como plusvalías, arrendamientos, rentas del trabajo o del capital, se situó alrededor de 1.543 millones de euros anuales. Así pues, el fraude total ascendería a 59.515 millones de euros, el doble del fraude laboral, cifrado en torno a los 30.000 millones.

    Dado que las tres cuartas partes de la evasión fiscal se localiza en las 41.582 empresas de mayor tamaño, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, consideró que existe "consonancia" con las cantidades de billetes de 500 y 200 euros.

   "La responsabilidad social y la participación de las grandes empresas en el esfuerzo fiscal colectivo para superar la crisis económica debería ser mayor que en la actualidad", reclamó Mollinedo.

   En este sentido, el responsable de los Técnicos de Hacienda recordó que aunque el tipo general del Impuesto de Sociedades es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las pymes, el tipo efectivo es finalmente inferior para las compañías de mayor tamaño.

   Según los últimos datos disponibles, correspondientes al ejercicio 2008, las microempresas que facturaron entre 6.000 y 60.000 euros tributaron a un tipo efectivo del 23,9%, mientras que las empresas que ingresaron entre 6 y 12 millones de euros lo hicieron al 21,2%, dos puntos y medio menos.

   Por su parte, Gestha calcula que las corporaciones empresariales que facturaron más de 180 millones tributaron al 19,5%, es decir cuatro puntos y medio puntos menos que las microempresas.

   Asimismo, el colectivo instó a la Agencia Tributaria a realizar un "mayor esfuerzo" para detectar y combatir posibles irregularidades entre las grandes compañías.

   "Desde hace muchos años se ha puesto la lupa sobre las rentas del trabajo, de los autónomos y de las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude", lamentó Gestha en un comunicado.

El PSOE ve "intolerable" que la Generalitat suba impuestos para "pagar la corrupción del PP"

VALENCIA.- El portavoz adjunto del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Francisco Toledo, ha afirmado que es "intolerable" que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "quiera que el despilfarro, el exceso y la corrupción del PPCV la paguen ahora los valencianos y valencianas con más impuestos". 

   Así se ha pronunciado el diputado socialista en referencia a los recientes anuncios de subidas de tasas realizados por parte del Ejecutivo valenciano.

   "Han aprobado ya una subida de las tasas universitarias del 7,4%, la mayor de España; van a hacer que los alumnos que repitan curso, tengan también que pagar más; y se plantean ya iniciar el copago sanitario por algo tan básico como ir a Urgencias, que sería un en realidad un repago, porque ya sostenemos con nuestros impuestos la Sanidad", ha criticado Toledo tras subrayar que "Fabra quiere aumentar la presión fiscal justo donde no toca, en Sanidad y Educación".

   El portavoz adjunto también ha lamentado "la nocturnidad y alevosía con la que están preparando el aumento generalizado de los recibos". En este sentido, ha apuntado que, con los solos votos del PPCV, "han aprobado en el Emtre triplicar la tasa de las basuras, de momento, para Valencia y su área metropolitana".

   "Y ahora tienen la vergüenza, --ha continuado--, de plantear que quien tenga dinero podrá ir antes a juicio, previo pago de 50 ó 60 euros". "¿Qué será lo siguiente? ¿abonar una tasa obligada para mantener un Canal 9 que sólo ven ya 4 de cada 100 valencianos y valencianas y que es un burdo instrumento de manipulación al servicio del PPCV?", se ha preguntado.

   Toledo ha exigido a Fabra que aclare "cuántos servicios gratuitos quiere hacer de pago" y, sobre todo, "que explique a las familias valencianas que tienen dificultades para llegar a fin de mes, que por su nefasta gestión, por su despilfarro, ahora no hay dinero para lo importante".

   En opinión del portavoz adjunto, "lo que Fabra quiere en realidad es construir una Comunitat Valenciana de dos velocidades: una rápida, para quien tenga dinero; y otra lenta, para quien sea humilde y no pueda pagar más por servicios que son básicos y que tendrían que ser gratuitos".

Fabra: si Rajoy da responsabilidades a Camps seré "el primero en felicitarlo"

CASTELLÓN.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha indicado que si el líder del PP, Mariano Rajoy, ofrece responsabilidades políticas al exjefe del Consell Francisco Camps, será "el primero en felicitarlo".

   Fabra ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, al ser preguntado por las palabras de Rajoy, en las que ha dicho que Camps es una persona "honrada" y se ha mostrado convencido de que en el futuro, "a buen seguro, podrá volver" a la primera línea de la política.

   Al respecto, el jefe del Consell ha resaltado que Camps es "un gran político, una persona que ha demostrado de lo que es capaz en estos ocho años que ha estado al frente de la Generalitat Valenciana".

"Le deseo lo mejor, porque estoy convencido de que va a salir absuelto en el juicio pendiente", ha resaltado.

   Asimismo, ha indicado que si Rajoy, "que dentro de muy pocos meses, va a tener altas responsabilidades y necesarias responsabilidades en este país", quiere contar con él en política, "seré el primero en felicitarlo". 

A su juicio, España, a partir de noviembre, "necesitará personas decididas con las ideas claras y con el compromiso necesario para que este país pueda salir cuanto antes adelante de la situación actual".

   Respecto a las informaciones que apuntan a que el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, podría abandonar la Cámara para formar parte de la lista que el PP presentará al Congreso por la circunscripción de Valencia, Fabra ha destacado que "en estos momentos es el presidente de las Corts" y, en su opinión, "lo que tiene que hacer es iniciar el periodo de decisiones de las Corts con fuerza haciendo ver que en la Comunitat Valenciana tenemos muchas cosas que decir".

   "El parlamento tiene muchas cosas que gestionar y tenemos que empezar a generar esa normalidad y un debate productivo y no estéril, como se ha producido en estos últimos años a favor de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana", ha subrayado.

   Por otra parte, el presidente de la Generalitat, preguntado sobre si Ana Rosa San Feliu --que hasta hace unos meses ha sido su jefe de prensa en el Ayuntamiento de Castellón-- formará parte del equipo del a Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, ha dicho: "cuando se publique en el DOCV será efectivo".

   En otro orden de cosas, en cuanto a la incompatibilidad que supondría que el expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll fuera presidente de la Autoridad Portuaria y mantuviera su cargo como jefe del PP provincial, Alberto Fabra ha explicado que es "una decisión que se tiene que tomar".

"Lógicamente cuando se haga, si es que se hace, no se preocupe que no habrá ningún tipo de incompatibilidad", ha manifestado.

Blanco califica de "broma" el copago en Justicia en la Comunidad Valenciana

MADRID.- El portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, ha calificado de "broma" que se plantee el copago en Justicia en la Comunidad Valenciana y lo ha rechazado, aunque ha advertido de que es la tercera área de la administración en la que desde el PP se plantea una medida así, después de la sanidad y la educación.

   En declaraciones a Punto Radio, Blanco ha señalado que espera que la idea "sea desautorizada" por la dirección del PP, que ya ha rechazado oficialmente el planteamiento de otros copagos desde otras Comunidades.

   "En el fondo el PP tiene ideas que no plasma en un programa electoral aunque formen parte en su ideario", ha señalado el dirigente socialista.

El TSJ de Cataluña ve necesario que el Gobierno plantee el copago en Justicia

BARCELONA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, ve necesario que el Gobierno plantee el copago en Justicia, en determinados casos y con matices, si bien ha destacado que ahora no es el momento.

   Gimeno ha explicado que un juicio verbal cuesta al erario público unos 1.400 euros, contando la amortización de los espacios, lo que supone un gasto importante, y más teniendo en cuenta que es habitual que haya demandas por 100 o 200 euros --e incluso en casos extremos por 6 euros--, por lo el gasto para resolver es mucho más elevado que lo que se discute.

   "La Justicia es muy sensible y debe garantizarse, aunque es muy cara. Se tiene que poner algún límite porque no podemos pagar estas desproporciones: todo tiene un coste y esto lo tenemos que entender todos y colaborar", ha destacado el presidente del TSJC.

   Además, ha subrayado que el copago debe definirse con "mucho cuidado", ya que la Justicia es un derecho de todos, y la capacidad económica no debe tener importancia.

   "No está mal que aquel que tiene capacidad económica y que además obtiene una ganancia, colaborare con algún tipo de tasa, es razonable", ha concluido Gimeno, que ha recalcado que es un problema a nivel estatal y que todos los partidos son conscientes del gran coste de la Justicia.

La asociación mayoritaria de jueces apoya el "copago" en Justicia

MADRID.- La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre el colectivo de jueces españoles, vería con buenos ojos la implantación de una tasa para acceder la Administración de Justicia, a modo de "copago" del servicio, con el fin de disuadir a los que abusan de los tribunales y contribuir a la agilización.

   La instauración de este copago ha sido sugerida por el consejero de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat valenciana, Jorge Cabré, quien ha manifestado la necesidad de "abrir el debate" sobre la conveniencia de que los ciudadanos paguen una tasa para hacer que los tribunales funcionen con mayor "rapidez y agilidad", ya que consideran que los usuarios no tienen por qué pagar la "mala gestión" y los "déficits" de la Generalitat.

   El portavoz de la APM, Pablo Llanera, ha manifestado este martes que esta asociación ya se ha manifestado desde hace tiempo partidaria de las tasas.

   "La ciudadanía tiene la consideración errónea de que cuando existe una condena en costas la parte que pierde que pierde es la que asume los gastos -ha explicado-. Pero las costas sólo obligan a pagar los gastos de la parte contraria, no los edificios o el personal al servicio Administración de Justicia. Eso lo pagan todos los ciudadanos, hay quienes realizan un uso abusivo".

   A juicio de Llanera, la implantación de tasas tendría dos consecuencias. Por un lado, serviría para "responsabilizar a los ciudadanos" pues disuadiría de entablar acciones judiciales sin la debida justificación; mientras que por el otro ayudaría a que el resto de españoles no soporten los gastos de quien realiza un uso abusivo de este servicio.

    Así, a juicio del portavoz de la APM, "se podría establecer una tasa para aquellos que presenten una demanda o se oponga a ella" y, si se gana el procedimiento, la parte contraria debería resarcirle de ese pago"

   Por su parte, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha asegurado que la propuesta de "copago" del consejero de Justicia puede tener "efectos recaudatorios" pero "no agilizará en modo alguno los procedimientos, al contrario de lo que indica" el representante del Consell valenciano.

   La organización argumenta mediante un comunicado que la gestión de los litigios "podrá mejorar con otro tipo de medidas que no están siendo abordadas por la Generalitat valenciana, como el impulso en la reforma de la oficina judicial, pues el actual modelo resulta obsoleto y la institución autonómica no está mostrando ninguna voluntad de proceder a las modificaciones previstas legalmente".

   A su juicio, "la agilidad de los procedimientos también se incrementaría con una gestión más adecuada de los recursos personales y materiales por parte de la Conselleria de Justicia".

   Del mismo modo, JpD defiende que "una gestión más eficaz de la Generalitat en materia de creación de juzgados también supondría un avance para la administración de justicia, ante las carencias de la situación actual".

   Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (FdV), Marcelino Sexmero, ha asegurado a Europa Press que la tasa propuesta por Cabré "no es un instrumento para agilizar absolutamente nada" sino para "disuadir al ciudadano en el ejercicio de la justicia".

   Según Sexmero, dicha tasa sólo tendría sentido si se aplicara "como un método de allegar recursos a la administración de justicia, siempre y cuando la tasa y el producto de la misma se quede en la administración de justicia y no en Hacienda".

   "Si lo que se pretende es conseguir recursos, bienvenida sea, siempre y cuando no sea muy elevada", ha señalado Sexmero, al tiempo que ha insistido en que no debe tratarse de justificar la implantación de este sistema como método para "agilizar" la justicia ya que, a sus ojos, "no es lógico".

   "Lo que necesita ahora mismo la justicia es medios, y como ahora mismo no los tiene por la crisis, se pueden buscar a través de esa tasa, pero ha de ser con el objetivo de buscar recursos para invertir en justicia, nunca para disuadir al ciudadano en el ejercicio de la justicia", ha explicado.

   La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales es partidaria de buscar fórmulas alternativas a la hora de mejorar la calidad de la Administración de Justicia ya que, tal y como ha expresado su portavoz, Lucía Girón, "si la ley es igual para todos tenemos que permitir que el acceso sea igual" y nunca debe depender, a su parecer, de los recursos económicos de los que disponga el ciudadano.

   "Antes de acudir al copago habría que buscar que la financiación de la Administración de Justicia pueda ser mas eficiente. Habría que buscar la eficiencia en el gasto de los fondos públicos con los recursos que hay", ha asegurado, para afirmar que implantar dicho sistema "supondría volver al sistema de tasas preconstitucional".

   En este sentido, Girón ha señalado que "si hubiera que elegir entre que todo el mundo tenga acceso a la justicia, aunque ello suponga recibir un mayor número de denuncias que no llegan a ninguna parte, o que alguien no tenga a acceso a la justicia por falta de recursos, el copago no es deseable".

El Consell apuesta por abrir el debate sobre el pago de una tasa para lograr "calidad y rapidez" en la justicia

CASTELLÓN.- El conseller de Justicia de la Generalitat valenciana, Jorge Cabré, ha abogado por "abrir el debate" en la sociedad sobre la conveniencia de que los ciudadanos paguen una tasa para hacer que los tribunales funcionen con mayor "rapidez y agilidad".  

   "Lo vamos a plantear y a lo mejor se llega a la conclusión de que no procede" pero "mi opinión personal es que es una vía que desde luego se tiene que explorar, porque llevamos muchos años hablando de las dificultades y carencias de la justicia", ha agregado Cabré, que ha especificado, no obstante, que aún no hay una "propuesta formal".

   El representante del Ejecutivo autonómico, que ha realizado estas manifestaciones en Castellón, donde ha visitado la Ciudad de la Justicia, ha precisado que el debate se debe abrir "con argumentos" porque "no se trata de decir sí o no a todo, sino de explicarlo".

   "Y yo lo que planteo es sencillamente que la justicia es un servicio público distinto a educación o a sanidad, por una razón fundamental: mientras que a la sanidad, por ejemplo, los ciudadanos acuden prácticamente a diario o muchas veces a lo largo de su vida, en justicia estamos hablando de un servicio público del que la mayoría de la gente jamás hace uso de él y, por tanto, es algo excepcional acudir a un tribunal", ha argumentado.

   "Yo estoy convencido --ha continuado-- que mucha gente cuando acude con un pleito urgente a un tribunal de justicia lo que quiere es calidad en el servicio, rapidez y agilidad" por lo que "si se les planteara, a muchas personas a lo mejor no les importaría tener que abonar una cantidad", que puede ser de 50 o 60 euros "u otra". 

"Eso entra dentro del debate", ha apostillado.

   En todo caso, sería "una cantidad para lograr que la justicia tuviese los parámetros de calidad que todos estamos buscando, simplemente, en esos términos".

   Además ha hecho notar que en justicia existe la ventaja de la asistencia jurídica gratuita --a través del turno de oficio-- y por ello, "lógicamente, a esas personas en ningún momento se plantearía que abonasen ninguna cantidad".

   El conseller ha comentado que esta posibilidad se plantea como una novedad "y realmente no lo es". Al respecto, ha señalado que "ya en estos momentos cuando se recurre, por parte del Ministro de Justicia, hace muchos años se estableció el famoso depósito para recurrir".

"Por tanto, cuando se plantean determinados depósitos, los ciudadanos tienen ponen una cantidad que, si después el recurso se les falla en contra, la pierden".

   "Lo razonable y lo sensato es abrir ese debate. Abrirlo a la sociedad, a los medios, con el Ministerio y con las restantes comunidades", ha concluido.

   Por otra parte, el titular de Justicia ha avanzado que, "seguramente a principios de septiembre se va a publicar una nueva orden de interinos con la que se potencia mucho la formación y preparación de todos aquellos que quieran realizar labores de funcional interino en justicia".

  Acerca de una posible ampliación de la plantilla de funcionarios, Cabré ha apuntado que "a corto plazo no hay ninguna intención" de incrementar ese cuerpo. "Se entenderá que en la situación en la que nos encontramos ahora lo que no parece razonable ni posible es que se pueda ampliar la plantilla de funcionarios y crear más". En este punto, se ha mostrado más favorable a una "reordenación", tal y como se hizo en el juzgado número 10 de Primera Instancia de Castellón.

   Sobre esta cuestión, se ha mostrado seguro de que era "la única medida posible" porque "la alternativa era no abrir ese juzgado como se ha tenido que hacer en otras provincias de la Comunitat donde por no efectuar esa reordenación, la consecuencia ha sido que se han quedado juzgados sin abrir". "Honestamente, creo que para la ciudad de Castellón, para la Ciudad de la Justicia, es mejor abrir ese décimo juzgado y ganar un juez más aunque sea a costa de haber reducido la plantilla de funcionarios".

   Por otra parte, preguntado por si existe algún plazo para la Ciudad de la Justicia de Vila-real, Cabré ha recordado que la Conselleria está "buscando todas las soluciones" pero que, "realmente, no es un problema de falta de pago del Consell".

   "Este problema realmente no es nuestro, es un problema de falta de financiación de la empresa que se encargaba de la obra y nosotros lo que hemos intentado hacer es mediar con las instituciones financieras para que esta empresa pudiese obtener la financiación adecuada y poder reanudar la obra; no ha sido posible, por lo tanto, lo que la Conselleria está haciendo es resolver ese contrato para inmediatamente sacarlo a licitación por una buena empresa para que se pueda poder concluir esa obra".