MADRID.- ¿Con IVA o sin IVA?.
Una pregunta que seguro todos hemos escuchado en algún momento de la
vida de parte del «manitas» de turno, el transportista de la mudanza, el
mecánico del taller de confianza... Esa actitud engrosa la llamada
economía sumergida, en «B», informal; tiene múltiples nombres,
aglutinados todos ellos bajo un concepto: estar fuera del sistema.
Trabajadores y empleadores se ahorran las cotizaciones y declarar
ingresos en la Renta; se llenan los bolsillos poniendo una venda en los
ojos al Estado, a juicio de Abc.
Pero
ninguno repara en que, cuando vienen mal dadas, el
daño vuelve como un bumerán para hacer sangre cuando más se necesita el
dinero. Esto mismo ocurre ahora en tiempos del Covid-19. Millones de
personas que se mueven por los rincones más oscuros de la economía y que
ahora sufren más que nadie el golpe de esta nueva crisis.
España
es de los países que tienen una alta tasa de economía sumergida. Aunque
los expertos recuerdan que es difícil de medir y cuantificar, todos
coinciden en que la eminencia en esto se llama Friedrich y se apellida
Schneider. Un investigador focalizado en estudiar este fenómeno cuyas
cifras son casi mantras en esto. En uno de sus trabajos para el Fondo
Monetario Internacional (FMI) puso números a la economía en «B» en 158
países desde principios de los años 90 hasta 2015.
La evolución
en España es clara: en 1992 la economía sumergida suponía el 28,04% del
PIB y en el último año estudiado se reduce al 22,01%. Esto
se traduce en 240.000 millones de euros más negros que blancos. Aun
así, todos los analistas consultados destacan que los datos pueden
variar en función de la metodología que se utilice.
De hecho, Schneider
utiliza hasta tres métodos distintos de medición, siendo el mostrado
sobre estas líneas el más amplio en cuanto a concepto de economía
sumergida y evolución en el tiempo.
Más
cifras. Diversos autores estiman que solo el 60% de la economía
sumergida es susceptible de generar ingresos tributarios si pasara a
tener luz y taquígrafos. La propia Agencia Tributaria hace suyo ese dato
en su Plan Estratégico 2020-2023 y explica que
multiplicándolo por la presión fiscal (35,2% en España) surge la
recaudación que se pierde cada año. Utilizando las cifras de Schneider,
nuestro país estaría perdiendo cada ejercicio el 4,65% del PIB, más de
50.000 millones.
El problema
macroeconómico es claro. Y el micro, en estos tiempos de crisis,
también. El Gobierno, ante el Covid-19, ha puesto en marcha ayudas
públicas para que
los trabajadores formales y autónomos
-para estos últimos con mucha polémica por las medidas adoptadas, o más
bien por las no adoptadas- cobren prestaciones y puedan acceder a
líneas de crédito avaladas por el Estado y beneficios para los
alquileres, entre otros asuntos.
Todo ello está ligado a poder
demostrar
la situación de insolvencia o despido con papeles. Siempre papeles. Y
la economía sumergida si por algo se caracteriza es por ser tan
respetuosa con los árboles que ni gasta en papeles.
«Si los
autónomos tienen problemas y siguen cotizando, los que están en la
economía sumergida tienen todavía más problemas. No tienen acceso a
ayudas ni a nada», dice Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA)
y vicepresidente de CEOE.
Y añade: «Cuando hay un albañil que tiene
todo en regla y otro señor que no paga impuestos ni cotiza, este último
está haciendo competencia desleal». Por ello, Amor rechaza que ahora
«papá Estado» salga al rescate también de estas personas. Sin
contribución, no hay derecho a las prestaciones.
Sin embargo, este experto establece una distinción. Están los que
tienen toda su actividad en negro y los que solo ocultan una parte.
Estos últimos sí que tienen capacidad para acceder a las ayudas, aunque
solo sobre el total de lo que pueden demostrar.
La
economía sumergida, ya de por sí particular, tiene dos condicionantes
claros en esta crisis del coronavirus. «Son millones de personas más
vulnerables por varias razones. Primero, porque es un colectivo que vive
muy al día y no tiene un colchón para aguantar sin ingresos. Y segundo,
por no estar cotizando ni declarando, tienen mucho más difícil acceder a las ayudas », explica Daniel Vaccaro, profesor de Fiscalidad en EAE Business School.
Pese
a que todos los expertos y autoridades coinciden en que hay que luchar
contra este tipo de fraude, no siempre las personas escogen estar en
«B».
En ocasiones se opta por permanecer en la economía sumergida
y
otras veces es forzado por el empleador, que no da más opción que esta
para conceder un trabajo. A todo ello, además, como señala Vaccaro, hay
que sumar la corresponsabilidad que tiene el consumidor en todo esto. El
mercado laboral es responsable pero también los consumidores que piden
la manida frase del «sin IVA».
Raymond
Torres, director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, no
duda en señalar que ahora la economía sumergida se expone al cierre total de su negocio.
Y desliza un factor a tener en cuenta a futuro: está desapareciendo el
uso del dinero en metálico por el temor al contagio por las monedas y
billetes. Una vez pase la crisis, con un menor uso de esta forma de
pago, también puede afectar al auge (o no) de estos colectivos que
utilizan el efectivo para no dejar rastro.
Con todos estos
condicionantes, la economía sumergida y quienes viven de ella afrontan
el panorama en muchas mayores dificultades que el resto. Ni pueden
trabajar ni reciben asistencia del Estado. Habrá que ver qué ocurre tras
la emergencia sanitaria, cuando España se adentre en una más que
posible crisis económica de corto-medio plazo.
Aquí conviene
echar la
vista a lo ocurrido, por ejemplo, en la crisis desatada en 2008. La
economía sumergida suponía hasta ese año el 21,53% del PIB; cuando todo
se torció subió hasta tres puntos porcentuales para empezar a reducirse
en la etapa de la recuperación.
«Un paro
prolongado y generalizado de la actividad productiva derivará en una
destrucción masiva de empleo. Los expertos en la materia consideran que
en situaciones de altas tasas de desempleo y elevados costes laborales
hay una mayor propensión a incumplimientos respecto de las obligaciones
laborales y con la Seguridad Social», comenta Pedro Llorente, consejero
de Cuatrecasas. En otras palabras, que el frenazo económico que
estamos viviendo amenaza con dar pie a un crecimiento de la economía en
negro.
Sáenz
de Olazagoitia, de la Universidad de Navarra, hace hincapié en los
ciclos que siguen estos fraudes laborales y tributarios.
«Normalmente aumenta la economía sumergida en este tipo de crisis. Hay
ciertos criterios lógicos que llevan a pensar que esto tiene que ser
así. A cualquier analista le chirría pensar que un país como España
pueda vivir tan bien con las tasas de paro que tenemos. ¿Qué hay detrás
de ese paro? Aparte de colchones familiares y subsidios, economía
sumergida. Esto quiere decir que una parte del paro hace algo; poco o
mucho, pero algo. Sí que es natural pensar que habrá menos gente ocupada
y al menos una parte de ella estará en la economía sumergida», dice.
Sin un trabajo estable y sin la posibilidad de autoemplearse, esta
situación se antoja como el caldo de cultivo idóneo para que España
sufra un alza de estas actividades. Del «sin IVA», «sin factura».
Varias
fuentes consultadas apuntan, en mayor o menor medida, a que la única
opción para subsistir para estos trabajadores es encomendarse a la tan
comentada renta básica. Una idea que viene ya directamente del Gobierno,
con el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá,
como principal valedor junto a la rama más a la izquierda del Ejecutivo
liderada por Pablo Iglesias, vicepresidente segundo.
«Ya se hablaba en
foros académicos y está dando un salto hacia adelante. Para estas
personas esto sería un asidero al que agarrarse. Es un debate complejo,
tiene muchos tecnicismos, y requiere un análisis sobre si incentiva o no
el trabajo. Hay que ver cómo diseñarla para que cumpla su función sin
efectos negativos», comenta Vaccaro, de EAE. A falta de establecerse, la
Airef, entonces bajo la batuta del mismo Escrivá, calculó en 2017 que
una renta mínima tendría un coste de entre 6.000 y 15.300 millones;
en un informe posterior, con alrededor de 1,8 millones de
beneficiarios, el montante lo redujo a 5.000 millones e , incluso más,
hasta 3.500 millones suprimiendo otras prestaciones nacionales y
autonómicas. El Gobierno, ahora con Escrivá en el Consejo de Ministros,
también hace sus cálculos para implantarla como medida
«anticoronavirus».
Llorente,
por su parte, solo da una solución al problema de la economía
sumergida: aflorar, aflorar y aflorar. La Agencia Tributaria se dedica a
ello con ahínco pero sin demasiados efectos. La labor contra el fraude
que pude realizar Hacienda deja beneficios plausibles pero apenas tocan
la punta del iceberg de todo lo que supone la economía sumergida en
España.
Todo
apunta a un incremento de los trabajos en negro cuando pase la crisis
sanitaria, con más de 50.000 millones de euros que pierde nuestro país
por estas actividades opacas. Una pérdida anual que llega en una
situación de deuda pública disparada estos últimos años en el entorno
del 95-100% del PIB nacional, déficit al alza ya en
2019 y todavía más este 2020 y gasto público que necesariamente habrá de
subir para impulsar la economía con ayudas sociales como las que el
Ejecutivo ya ha implantado.
A la espera de una respuesta contundente
desde la Unión Europea que alivie el peso de la factura económica de la
crisis, en este escenario, las fuentes consultadas indican que el país
no puede permitirse más daño vía economía sumergida y urgen al Gobierno a
tomar medidas. Porque los trabajadores en «B» sufren los estragos del
Covid-19, sí, pero también el resto de la población.
