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La decimocuarta jornada de huelga general y manifestaciones de ayer quiso poner el foco sobre la batalla parlamentaria que se esta dando alrededor de la proposición de ley del grupo parlamentario LIOT (acrónimo de Libertés, Indépendants, Outre-Mer y Territoires), que pretende principalmente eliminar el paso a los 64 años como edad mínima para jubilarse y volver a los 62 años que había antes de la última reforma.
Por lo pronto, la jornada de huelga general del martes dejó varios titulares. En primer lugar, queda claro que la juventud ha venido para quedarse en el movimiento social, no solo por las docenas de miles de nuevas afiliaciones a los sindicatos, sino también por la continuidad que movimientos como el estudiantil y el ecologista están teniendo en la duración e intensificación de las protestas.
Tras las primeras huelgas de enero y con el debate sobre el modelo de jubilación en primera plana, el recorrido parlamentario de la ley estuvo marcado por el uso acumulativo de medidas del pretendido “parlamentarismo racionalizado” de la Constitución de la V República francesa.
La reforma de las pensiones, cuya medida principal sube la edad mínima para jubilarse de 62 a 64 años, fue finalmente adoptada el 20 de marzo mediante el uso del artículo 49.3 de esa misma Constitución, que permite al ejecutivo considerar la ley adoptada por el Parlamento sin que las cámaras la voten.
En aquel momento, solo faltaron nueve votos para que prosperara una moción de censura que hubiera derrocado al Gobierno de la Primera ministra Élizabeth Borne, alineado con las posiciones del presidente de la República, Emmanuel Macron.
Para entonces, ocho jornadas de huelga general y manifestaciones habían ya tenido lugar bajo el liderazgo de las organizaciones sindicales unidas.
En cada ocasión se agruparon entre un millón y 3,5 millones de personas, según la Confederación General del Trabajo, o entre 400.000 y 1,3 millones según el Ministerio del Interior. Una tras otra se fueron así alcanzando niveles de contestación no conocidos en las generaciones actuales de trabajadores y trabajadoras, aunque las huelgas no llegaron a ser tan multitudinarias como para bloquear el país de forma permanente, pese a las huelgas indefinidas en sectores estratégicos, como las refinerías de petróleo, los transportes o la recogida de basuras.
Aún así, un hecho se impuso tras la aprobación de la ley en marzo: la intensificación de las protestas en las calles, que se desató en una ola de manifestaciones no declaradas, no tan masivas como las anteriores demostraciones de fuerza de los sindicatos, pero más jóvenes y dinámicas, al tiempo que radicalizadas en sus formas de acción.
Este aumento de la tensión social se ha enfrentado a una fuerte represión policial, incrementada a medida que se intensificaban las movilizaciones. Custodias policiales masivas para asfixiar las manifestaciones, casos de violencia sexista contra mujeres detenidas en comisarias de Paris, humillaciones con amenazas contra jóvenes manifestantes, prohibiciones de toda congregación de personas en amplias zonas de la capital o el recientemente aprobado control de manifestantes mediante drones, son solo algunos de los ejemplos constatados.
Estos hechos han generado investigaciones y denuncias por parte de estamentos profesionales y sociales varios.
La intersindical que reúne las ocho principales organizaciones sindicales del país tampoco se ha rendido y ha seguido convocando jornadas de huelga general. Trece jornadas de huelga general y manifestaciones masivas en total, entre el 19 de enero y el pasado Primero de mayo. 2,3 millones de personas acudieron a las convocatorias de este día internacional de lucha para los derechos de las trabajadoras y trabajadores (800.000 según la policía), no se trataba de un Primero de mayo normal, ya que no se había visto una afluencia tan importante en este día desde 2002, manifestaciones que se habían dado entonces en un contexto especial, justo antes de la segunda vuelta de la elección presidencial que había visto enfrentarse al presidente Jacques Chirac y, por primera vez, al entonces líder de la extrema derecha Jean-Marie Le Pen.
Las caceroladas que persiguen desde mediados de abril el presidente Emmanuel Macron y sus ministros durante cada uno de sus desplazamientos continúan hasta hoy, aunque hayan perdido visibilidad mediática. Esto ha provocado que las agendas de los ministros sean cada vez menos públicas y las prohibiciones policiales cada vez más generalizadas, incluso excéntricas. De este modo, algunos prefectos (equivalentes a delegados del gobierno) han llegado a prohibir los “dispositivos de amplificación sonora” o los “dispositivos sonoros portátiles”, o sea las cacerolas.
A finales de mayo, unos militantes de la ciudad borgoñona de Dijon, que habían participado en una cacerolada el 7 de mayo, recibieron en sus buzones una multa de 68 euros por “emisión de ruido atentando contra la tranquilidad del vecindario o a la salud humana”. Más allá de la multa, el problema es que ninguno de ellos había sido identificado por la policía el 7 de mayo, lo que plantea la cuestión de cómo han sido identificados.
A pesar de que el fiscal de Dijon lo niega, la Liga de los derechos humanos considera que “la ausencia de control durante la manifestación demuestra que las multas han sido formuladas a posteriori fundándose en observaciones por videovigilancia”, aunque, según la ley, la infracción imputada no se puede constatar por ese método.
Los esfuerzos de los poderes públicos no han conseguido consolidar los cien días de apaciguamiento requeridos por el presidente Macron. Más bien, ha continuado una perturbación cotidiana permanente, tal como lo muestra la página internet 100 jours de zbeul, creada por el sindicato de informática de la Unión sindical Solidaries, que sigue contando los puntos de una competición entre los diferentes departamentos de Francia para medir quién es capaz de interrumpir más desplazamientos de los miembros del Ejecutivo.
El
Hérault (en Occitania) y la Seine-Saint-Denis (en la región parisina),
que lideraban hace un mes la competición, se encuentran ahora en quinta y
cuarta posición. Hay un empate en cabeza entre Paris y Lyon, mientras
que les sigue de cerca el Nord, el departamento más septentrional del
Hexágono.
Las prohibiciones de manifestaciones y de concentraciones también han sido ampliamente utilizadas para intentar acallar al movimiento popular, especialmente en el caso de oportunidades con una visibilidad tan relevante como la del Festival de Cannes.
En esa cita crucial del cine a nivel internacional, Justine Triet, ganadora este año de la Palma de Oro, criticó al gobierno desde el escenario del Palacio de los festivales. La realizadora francesa de Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída) reivindicó, frente al auditorio y las cámaras de todo el mundo, que “este año el país ha estado atravesado por una contestación histórica, extremamente poderosa, unánime, de la reforma de la jubilación”, contestación que “ha sido negada y reprimida de forma chocante”, y también que “este esquema dominante cada vez más sin complejos ha estallado en varios ámbitos”, citando acto seguido los problemas de los que adolece la política cultural.
La lucha sigue repartida por ciudades grandes y pequeñas de toda Francia. Este martes, 9.000 manifestantes caminaron en las calles de Montpellier (Hérault, Occitania) según los sindicatos, en un ambiente que seguía siendo de carácter combativo. En el Hérault, además, hubo cinco ciudades donde acudir a manifestarse. Las múltiples citas del martes y su nutrida afluencia dan testimonio de que un alto nivel de movilización sigue en marcha.
Detrás del camión de la Unión sindical Solidaries, algunos eslóganes relacionaban la lucha para la jubilación y en defensa del clima, argumentando que “no habrá pensionistas en un planeta quemado”. Se ha hecho también un homenaje a Clément Méric, joven militante antifascista del sindicato Solidaries estudiantes, muerto un 5 de junio hace diez años a manos de un grupo de skinheads de extrema derecha.
Esta primera semana de junio podría ser la de las últimas maniobras de esta batalla contra la reforma de la jubilación impulsada por Macron. El secretario general de la Confederación francesa democrática del trabajo (CFDT) así lo afirmaba desde la manifestación parisina, que será “la última con este formato contra la reforma de la jubilación”, a pesar de que persiste “siempre una ira y un resentimiento”.
Una movilización con la cual habrá que “seguir trabajando sobre los salarios, el poder adquisitivo, las condiciones del trabajo y del dialogo social”, concluía.
Sophie Binet, la nueva secretaria general de la Confederación General del Trabajo, coincidía por su parte en considerar que quería “verdaderas negociaciones” sobre los salarios, los “decretos-leyes Macron”, sobre el código del trabajo y “la igualdad entre mujeres y hombres”. Estimaba por su lado, también desde el cortejo parisino, que era “probable que haya otras manifestaciones al ver la ira en el país” y que “la intersindical va a quedar unida”.
Los militares son adscritos a los diferentes Cuerpos en función de los cometidos que vayan a desempeñar: Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército de Aire y los Cuerpos Comunes, si bien hay que saber que el sueldo depende del rango que tenga el militar, así como las escalas a las que este pertenezca, explica El Español.
No hace mucho tiempo, se aprobó una subida de las retribuciones de todos los militares con destino, de 100,6 euros para soldados y marineros; de 113,1 euros mensuales de media estimada para el empleo de brigada, y de 89,9 euros de media y como mínimo para comandantes o capitán de Corbeta.
En función del rango, se incluyen diferentes categorías de funcionarios con sueldos diferentes, pudiendo encontrar la siguiente clasificación:
Funcionario A1: los sueldos de esta categoría incluyen los siguientes rangos:
Funcionario A2: dentro de esta segunda categoría de funcionarios encontramos a:
Funcionario C1: en esta categoría se encuentran los siguientes rangos militares:
Los complementos son fundamentales para incrementar de manera considerable el sueldo de los militares, por lo que si quieres saber cuánto gana un militar en España debes tenerlos en cuenta. Entre los complementos se encuentran los siguientes:
Ser militar en España tiene una serie de beneficios, tanto a nivel personal como profesional, entre las cuáles hay que destacar los siguientes:
Precisamente, esta decisión ya se adoptó el 28-M en la ciudad autónoma y ahora se extiende a todo el territorio nacional. Si el elector no pudiera acudir personalmente a entregar la documentación, podrá otorgar una autorización para que la entrega sea realizada por otra persona. Dicha autorización deberá estar firmada por el elector y acompañarse de fotocopia de su DNI o documento análogo, según consta en el texto de la instrucción.
La coincidencia de las elecciones generales en periodo estival, el próximo 23 de julio, también ha llevado al organismo electoral a crear un nuevo eximente para formar parte de las mesas electorales.
De este modo, si la jornada electoral coincide con un desplazamiento o estancia de carácter vacacional, que haya sido contratado antes de la fecha de convocatoria de las elecciones, y cuya cancelación ocasione un perjuicio económico o un trastorno grave al solicitante, puede ser considerado como excusa por las juntas electorales de zona.
Esto es, para las personas que hayan contratado sus vacaciones antes del 29 de mayo y, además de la reserva, tengan pagado, parcial o totalmente, algún tipo de alojamiento, billete, etc. Eso sí, este eximente estará condicionado a que "se asegure la integración plena de las mesas y que se acredite documentalmente la debida antelación del contrato, así como el perjuicio económico o trastorno graves alegados".
El ministro de Turismo, Héctor Gómez, ya avanzó la pasada semana, durante una jornada organizada por la Mesa del Turismo, la necesidad de incluir como eximente para no tener que formar parte de una mesa electoral el tener un viaje contratado de antemano para la fecha de las elecciones.
Gómez también descartó que la convocatoria de las generales coincidiendo con temporada de vacaciones vaya a afectar al sector turístico, avanzando una previsiones al alza para el segundo cuatrimestre del año.
Los escándalos por los supuestos casos de fraude en el voto por correo el 28-M ya llevaron al Ejecutivo a plantear cambios en la ley electoral en línea con la instrucción adoptada hoy por la JEC. Una labor que anticipaban que en cualquier caso tendría que corresponder a los grupos parlamentarios en el Congreso, pero el adelanto electoral y la disolución de las Cortes Generales impidió que ni siquiera se llegara a sondear a los partidos.
Ya antes de la cita con las urnas de las municipales y autonómicas, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno reconocía que la ley "es susceptible de mejora" y que, por tanto, "siempre se pueden observar elementos de mejora", en referencia a los requisitos para el voto por correo.
Con todo, se insistía en el mensaje, tras destaparse el supuesto fraude en Melilla y en contexto electoral, de que "lo prudente es poner en valor que el proceso es garantista". Asimismo se ponía en valor a las juntas electorales, con cuya actuación "han puesto de manifiesto que los mecanismos funcionan y se ha evitado el fraude".
Otras formaciones, como Ciudadanos, se adelantaron ya antes de las elecciones del 28-M registrando una proposición de ley para modificar la ley electoral en lo referente al voto por correo. Consistiría en modificar solamente el apartado 3 del artículo 73 para que la remisión en Correos del voto se deba realizar personalmente.
"El funcionario de Correos encargado de admitirla exigirá al interesado la exhibición de su documento nacional de identidad o, en su caso, la acreditación de la representación a la que se refiere". Vox propuso también endurecer las sanciones mediante una modificación del Código Penal, para que se incluya la realización de conductas dirigidas a influir o alterar el desarrollo de los procesos de voto, "con mayor gravedad cuando se lleven a cabo en colaboración con gobiernos extranjeros".
Según han explicado fuentes de la formación morada, esa opción se ha planteado dado que Compromís hasta el momento "vetaba" su presencia en las listas valencianas y, como solución, se ha planteado la opción de concurrir en solitario solo en ese territorio para desbloquear las conversaciones. Sumar ha rechazado la propuesta.
Fuentes de la dirección autonómica han mostrado su esperanza de que el acuerdo para concurrir con Sumar sea cuestión de horas y han rechazado posicionarse sobre los "vetos" de Compromís. Han insistido no obstante en que las negociaciones continúan y que la Comunidad Valenciana es uno de los territorios que están dilatando el acuerdo.
Desde la formación valenciana, que este viernes reúne a su máximo órgano ejecutivo para refrendar en caso de acuerdo con el proyecto de Díaz, se ha negado de forma insistente que hubiera vetos y exclusiones a nadie por su parte, como subrayó recientemente su candidato al 28M Joan Baldoví.
Como también trasladan otras fuerzas como la Chunta o Más Madrid, desde Compromís reivindican el liderazgo de las listas en la Comunidad Valenciana, en función del resultado electoral del 28M donde Unidas Podemos quedó como fuerza extraparlamentaria, y que su nombre figure en la papeleta.
Recientemente transcendió que Podemos aspira a que su coportavoz estatal María Teresa Pérez sea su referente en la Comunidad Valenciana en las listas electorales del 23J, en el marco de las negociaciones con Sumar para gestar una confluencia amplia de izquierdas.
Según explicaban fuentes del partido, Podemos considera que la también directora del Instituto de la Juventud (Injuve) es un perfil idóneo al "representar una nueva generación" de jóvenes dirigentes --cumplirá 30 años el mes que viene-- y tiene "experiencia parlamentaria", dado que fue ya diputada nacional por Alicante en la XIII legislatura de mayo de 2019 hasta la repetición electoral del 10N de ese año.
También ensalzan desde el partido morado su experiencia de gestión como directora del Injuve, organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales que capitanea la líder de Podemos, Ione Belarra.
Por otro lado, candidatos y militantes de Podemos en la Comunidad Valenciana están promoviendo un manifiesto en el que consideran que las personas que han gestionado los acuerdos municipales y la campaña para las elecciones autonómicas "no pueden estar al frente de esta nueva cita con las urnas, ni en la planificación ni en las listas".
Podemos pide manos libres a la militancia para sumarse o no
En un momento de máxima tensión entre ambos equipos, las conversaciones no avanzan y este jueves por la noche encallaron completamente.
Ante la presión que llega al partido morado por parte de una mayoría de territorios morados que exigen un acuerdo inmediato con la vicepresidenta Yolanda Díaz o una rendición automática, Podemos ha tomado la decisión de dejar en manos de la militancia la decisión final, pero no concretamente.
La cúpula del partido ha decidido que la militancia le dote de poderes absolutos para negociar con Sumar en solo unas horas y que, según el resultado de esa negociación, sean ellos mismos los que decidan el futuro final de la alianza. Será la dirección que encabeza la secretaria general del partido, Ione Belarra, la que decida al final si concurrir con Sumar.
No se trata de la tradicional consulta que suele realizar el partido morado sobre sí Podemos debería o no pactar con Díaz, sino que el partido propone a su militancia que vote sobre si acepta o no que la cúpula del partido negocie y acuerde una alianza entre Podemos y Sumar o no.
"¿Aceptas que el Consejo de Coordinación de Podemos, siguiendo el criterio de unidad que marcó el Consejo Ciudadano Estatal, negocie con Sumar y, en su caso, acuerde una alianza electoral entre Podemos y Sumar?".
Así, la consulta deja la decisión final en manos del Consejo de Coordinación de Podemos, es decir el Secretariado, en manos de Ione Belarra.
Esto, de facto, supone una carta blanca al partido por parte de la militancia a tomar la decisión que vea posible. Sumarse al acuerdo o quedarse al margen. La militancia de Podemos tendrá hasta hoy viernes a las 10:00 horas, solo catorce horas antes de que finalice el plazo oficial establecido por la Junta Electoral Central para que Sumar presente su coalición de partidos a tiempo para que puedan concurrir a las elecciones generales.
A partir de la decisión que tome la militancia morada, se estará facultando a la Ejecutiva del partido a negociar con Sumar un acuerdo político y a la decisión final, es decir, a sí participan de la confluencia de unidad a la que ya se han sumado cinco partidos o, por el contrario, a si rompen esa unidad y deciden concurrir por separado.
Si gana el voto afirmativo, significará que la militancia faculta a la dirección del partido a tomar la decisión final sobre si confluir o no. Si gana el "no", la dirección entenderá que no tiene la confianza de la militancia para decidir.
Carlos Flores, líder de Vox en la CV
VALENCIA.- Vox sufre estos días los
desaires del PP de Carlos Mazón,
que los ha relegado a la última posición en su ronda de contactos pese a
ser la única formación que se ha ofrecido a respaldar su investidura.
Del el mismo modo que Mazón subraya que sus líneas rojas son "los 2.000
puntos del programa electoral del PP", la formación hermana pondrá el
suyo sobre la mesa, a juicio de El Español.
En su caso, se trata de un documento mucho más escueto: un PDF con dos páginas que contiene solo 12 medidas. Eso sí, no por breve está exento de polémica.
El programa aboga por "derogar leyes de género" o por "la expulsión de los inmigrantes ilegales". Y precisamente por estos tintes radicales, los populares sueñan con gobernar en solitario.
Lo intentarán en un primer término, y solo si no lo consiguen, ya tras las elecciones generales del 23 de julio, iniciarán una negociación para calibrar las aspiraciones de Vox como integrante del Ejecutivo autonómico.
Su programa electoral es
contundente sobre las materias apuntadas. "Reforzaremos la colaboración
entre las Administraciones públicas y las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado para la expulsión de los inmigrantes ilegales que
incrementan la
inseguridad, y perseguiremos los llamados pisos patera", expone Vox.
"Eliminaremos las ayudas públicas que generan un efecto llamada a la inmigración ilegal y acometeremos las modificaciones legales necesarias para que los bienes inmuebles ilegalmente ocupados sean recuperados inmediatamente", agrega.
El otro punto conflictivo apuesta por "derogar todas las leyes ideológicas del Botànic que amenazan la igualdad, derechos y libertades de los españoles".
"El Gobierno de Ximo Puig lleva dos legislaturas implantando una política de rodillo y decretazo que solo ha servido para enfrentar a los españoles", expone.
"Derogaremos todas las leyes de género y memoria histórica; así como todas las leyes autonómicas superfluas que suponen duplicidades como la Ley de Vivienda de la Comunidad Valenciana y la Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible", precisa sobre esta cuestión.
También hay un grupo de propuestas con ciertos tintes populistas, muy dirigidas a los nichos de voto de Vox, en las que el PP podría realizar concesiones con matizaciones. Es el caso de medidas como "defender nuestro producto agrario frente a la burocracia, el ecologismo radical y la competencia desleal extranjera" o "proteger a nuestro mundo rural y el valor ambiental de la caza y de la pesca".
En esta misma línea, Vox también plantea "poner a la familia en el centro de todas las políticas públicas".
"Frente a la falta de apoyo económico e institucional y de los ataques progres, incorporaremos la perspectiva de familia en la aprobación de toda norma y en la acción pública de todas las administraciones con capacidad presupuestaria, especialmente en materia de educación, sanidad, vivienda y transporte. Además, promoveremos medidas para impulsar la natalidad y combatir la brecha maternal", detallan
Y, lejos de los focos de conflicto, el programa de Vox contiene puntos coincidentes con los del PP que podrían facilitar un acuerdo. Es el caso de premisas como la "protección de los trabajadores y familias frente a la subida de precios", la "defensa de nuestras tradiciones, costumbres e instituciones propias frente a los falsos 'países catalanes'" o "garantizar la libertad educativa y lingüística y la calidad de la enseñanza sin intromisiones ideológicas".
A su vez, existen propuestas de Vox que encajan a la perfección con las líneas maestras del programa de Gobierno del PP, como una "rebaja drástica de los impuestos y reducción radical del gasto político ineficaz, persiguiendo la corrupción" o la "ejecución prioritaria de las conexiones e infraestructuras hídricas necesarias para llevar agua a hogares, industrias y sector primario".
También "colocar a la región como un referente turístico internacional y recuperar nuestras industrias principales" o "el impulso definitivo al Corredor Mediterráneo y la vertebración del territorio con servicios públicos e infraestructuras de calidad".
Resulta desconcertante que nos hallemos torpedeados y acribillados constantemente, desde el Sistema Educativo —en la Educación Obligatoria y Universitaria es asfixiante el continuo martilleo a los alumnos con esta siniestra ingeniería social— hasta la Administración y los satánicos grandes medios de comunicación, siendo el sentir del ciudadano promedio muy distinto, el cual cada día está más harto de que en los colegios se vista a los niños de princesa, se les obligue a dibujar banderas LGTB, se les pinten las uñas o se les convenza de que no son niños ni niñas.
Pero todo esto no es casual; está dirigido desde las grandes élites mundiales, quienes manejan el dinero y, como vemos, también las mentes —pero no todas, pues no se puede derrotar a la naturaleza humana— para crear el caldo de cultivo con el fin de constituir una sociedad sin alma.
Muchos regímenes totalitarios pretendieron resetear la naturaleza humana para adaptar al hombre y convertirlo en un siervo autómata: lo hicieron los nazis, los comunistas —grandes especialistas en ello—, el régimen del dictador Franco y todo tipo de sistema dictatorial; no obstante, aunque lograron doblegar a las mentes más débiles y cobardes, no lo consiguieron del todo.
No hay adoctrinamiento ni «vacuna COVID» que pueda destruir completamente el sentido común, y digo «vacuna COVID» porque, como ya advirtió Rudolf Steiner en 1917, en el futuro se pretendería controlar y despojar al ser humano de su naturaleza espiritual a través de, entre otros medicamentos, las vacunas. Un activista antimasónico advirtió en 1995 de que: «En el futuro se crearán leyes para obligar a la población a vacunarse y, de ese modo, inyectar veneno en las venas de la Humanidad». Así como las humillantes mascarillas, que no son sino otro símbolo comunista de sometimiento, deshumanización y borrado total de la identidad e individualidad.
Quieren una sociedad materialista, marxista, porque esta ideología, ideada y propulsada por los grandes poderes mundiales —Bakunin acusó a Marx de ser un mero títere de los poderosos— propugna que no existe el alma; y les sirve deliciosamente en sus propósitos, siendo el marxismo un arma brutal y salvaje para manipular y encauzar el descontento obrero y que así no pretenda conseguir un trato más justo sin aniquilar el impulso humano que le lleva a buscar lo divino. Crearon el marxismo para alejar a los obreros del Dios espiritual para llevarlos hacia otro material.
Esta ideología decimonónica —mi alegato es contra la ideología, no contra el marxista de a pie, pues muchos de ellos son personas bienintencionadas—, que hoy en día va en el mismo lote que el resto de perversa ingeniería social anteriormente mencionada, es un culto al dolor, a la esclavitud, al ateísmo intolerante con el resto de creencias y una punta de lanza del totalitarismo que tanto caracteriza a la izquierda moderna y la farsante derecha al servicio de la Agenda 2030, como es, por ejemplo, el Partido Popular.
Todavía hoy, pese a haber fracasado y generado los regímenes más sanguinarios de la Historia, el marxismo se continúa inculcando a los chavales en las aulas, cosa que, en cualquier mente sensata, debería producir náuseas y cosas mucho peores.
Pero no todo está perdido, compañeros.
Thomas Paine, en 1774, durante los prolegómenos de la guerra por la Independencia de Estados Unidos, escribió: «La causa de Norteamérica es la causa de toda la Humanidad».
Creo que esa frase podría trasladarse al presente, pues es en Estados Unidos donde se está librando la guerra más feroz contra este nuevo veneno espiritual y moral que representa la cultura «woke» y estas aberrantes ideologías; una guerra acaparada por la lucha contra el globalismo que últimamente simboliza Donald Trump, el cual, no lo olvidemos, forma parte del Club, como todo presidente; pero que gracias a su astucia, carisma y gran inteligencia, sabe maniobrar de manera brillante el hartazgo en aumento contra esta nueva tiranía de lo políticamente correcto que se está imponiendo sin ningún rebozo, con apoyo de los hediondos grandes medios de comunicación.
Donald Trump disfruta de tanto apoyo —y cuanto más lo persiguen, más apoyo se granjea— porque la ola de hastío hacia este nuevo totalitarismo rosa no cesa de aumentar. Llegará el momento en que esa ola sea un tsunami.
El día que Estados Unidos sucumba ante esta tiranía de color rosa, el mundo entero estará perdido; Estados Unidos —me refiero al pueblo, no al Gobierno; ya el propio Ronald Reagan dijo que el Gobierno de EEUU era comunista— representa el bastión contra la libertad de conciencia.
Es en EEUU donde aún pervive el espíritu de libertad que inspiró la II Enmienda, que confiere al ciudadano el derecho a portar armas para garantizar la existencia de un Estado libre, pues todo Estado que niegue las armas a sus ciudadanos es un Estado que lo tiene sumamente fácil para instaurar el totalitarismo, como ya vimos con el COVID, un virus similar a la gripe que fue utilizado para implementar un Estado policial con el fin de destruir la libertad y convertir el planeta en un miserable gulag comunista, como ya advirtió el otrora canciller de Brasil.
La conspiración internacional comunista es muy real; los grandes bancos, las grandes empresas y los gobiernos están dirigidos por demonios comunistas. Recurren al comunismo porque es el sistema que más control les ofrece contra la población: poseerán tu alma y tus bienes.
Aunque veamos que estos demonios de color rosa hayan triunfado en las aulas, en los gobiernos, en las grandes empresas y medios de comunicación, no hay que desfallecer, pues, como se dice en el libro del Eclesiastés: «Muchos que fueron príncipes hoy se sientan en el barro; y el que nadie se esperaba se ciñó la corona».
Vendrán tiempos aún más oscuros; este Leviatán vestido de rosa que trata de arrasar nuestras almas adquirirá más poder todavía, pero será su canto de cisne. Su final está decretado en el Plan Divino, y, como todo tirano, como todo lo soez que atenta contra la propia naturaleza, verá su estrepitosa caída; y entonces, aquellos que permanecieron fieles al bando que ahora parece el perdedor, serán premiados; y los cobardes que, para mantenerse en sus puestos, traicionaron a la Humanidad, serán ajusticiados y sus nombres pasarán directamente el basurero de la Historia.
Cuando Aníbal asedió Sagunto, muchos saguntinos lucharon hasta su última gota de sangre, prefiriendo darse muerte antes que caer en manos del enemigo y verse reducidos a esclavos; lo mismo aconteció en Numancia, al ser esta, tras un largo y penoso asedio, tomada por las tropas romanas.
Es esta una batalla del Bien contra el Mal, y, aunque hay esperanza, mejor sería morir a vernos esclavizados por esta élite comunista. Espero que no tengamos que arrojarnos sobre nuestra espada, pero, si así ocurre, será un fin digno. A fin de cuentas, la vida sin libertad no es nada; una sombra vacía y un soplo de aire helado.
La guerra todavía no ha terminado; acaba de empezar y podemos vencer pese a las apariencias contrarias. Julio César se dio por muerto en varias ocasiones durante las guerras pompeyanas, pero al final su tenacidad y buena estrella le hicieron triunfar cuando todo parecía perdido.
No nos mantengamos neutrales por miedo; muchos son los que están hasta los mismísimos de esta dictadura «woke» que pretende destruirnos, pero se callan por miedo a sufrir las consecuencias; mas ellos, los que tienen miedo a las consecuencias de luchar por lo que realmente consideran lo correcto, deberían grabar en sus mentes las palabras de Maquiavelo sobre la neutralidad:
«Nota bien que el que te pide la neutralidad no es jamás amigo tuyo, y que, por el contrario, lo es el que solicita que te declares en favor suyo y tomes las armas en defensa de su causa. Los príncipes irresolutos que quieren evitar los peligros del momento, atrasan con la mayor frecuencia la vía de la neutralidad; pero también con la mayor frecuencia caminan hacia su ruina. Cuando se declara el príncipe generosamente en favor de una de las potencias contendientes, si aquella a la que se une triunfa, y aun cuando él quedara a su discreción, y que ella tuviera una gran fuerza, no tendrá que temerla, porque le es deudora de algunos favores y le habrá cogido amor. Los hombres no son nunca bastante desvergonzados para dar ejemplo de la enorme ingratitud que habría en oprimirte en semejante caso. Por otra parte, las victorias no son jamás tan prósperas que dispensen al vencedor de tener algún miramiento contigo, y particularmente algún respeto a la justicia. Si, por el contrario, aquel con quien te unes es vencido, serás bien visto de él. Siempre que tenga la posibilidad de ello irá a tu socorro, y será el compañero de tu fortuna que puede mejorarse en algún día».
(*) Historiador. Licenciado por la Universidad de Córdoba
Este jueves, Rodríguez -acompañado de su exjefe de Gabinete en la institución provincial, Ricard Gallego, también arrestado en esa misma operación- acudía a la Ciudad de la Justicia a recoger la sentencia, “si esperábamos a que llegara a Ontinyent, hubiéramos tardado más tiempo”, al tiempo que celebraba que se acabe su “pesadilla”.
El alcalde de Ontinyent ha lamentado: “Primero hay una muerte civil absoluta de la noche a la mañana: Nos levantamos presidiendo la Diputación y siendo gente entre comillas honorable y nos acostamos siendo presuntos delincuentes. Pasas de tener 2.000 llamadas a ninguna y de que te den palmaditas en la espalda a que huyan de ti”.
En todo caso, ha puntualizado que “lo más duro” de este proceso es el “dolor inmenso” que vivió su gente cercana y que se “salvaron” por mantener la confianza de los vecinos de Ontinyent; “no solo desde el punto de vista política sino sobre todo de salud mental y emocional”.
Rodríguez ha vuelto a criticar que el operativo policial de su detención fue desmesurado, sin entrar en “teorías conspiratorias”, se ha preguntado cuánto dinero llegaría a costar en su momento y ha deslizado que dejó “en el aire que algo más habrá”: “Eso generó desde el primer momento una duda tan grande que era imposible luchar contra la credibilidad de cualquier medio de comunicación a la Fiscalía o a la Policía frente a un acusado”.
El expresidente de la Diputación de Valencia ha asegurado que su partido, La Vall ens Uneix, no va a dar ningún “cheque en blanco” para la formación del gobierno de la corporación provincial, en el que su voto será decisivo. “Nuestro voto no va a ser solo para el día de la investidura, tendrá que mantenerse a lo largo un gobierno”, ha advertido.
En cualquier caso, Rodríguez no ha querido concretar a qué bloque se decantarán hasta que no finalice el escrutinio completo de las elecciones del 28M en los próximos días. Además, ha hecho notar que actualmente tienen “un problema de desconfianza” con ambas partes (PSPV y PP) y están en una fase de “reconciliación”: “Unos no nos quisieron y no nos trataron bien y otros nos pedían ocho años de cárcel, es complicado”.
Así mismo, ha insistido en que su partido quiere “participar” en el gobierno de la Diputación, ocupar “alguna área de responsabilidad” e impregnarlo de su “espíritu claramente municipalista”. “Y por supuesto, que la sensibilidad y la voz de la Vall d'Albaida se tenga muy presente”, ha recalcado.
Eso sí, ha dejado claro que “desde luego” no quiere volver a ser presidente de la Diputación ni volver a ostentar un cargo en ella: “Tengo muy claro que hay etapas de tu vida que se cierran, en este caso dolorosamente, aunque haya habido un final feliz”.
Ha explicado que todavía no están en el “punto” de hablar de cargos, aunque sí han mantenido conversaciones con el presidente en funciones de la corporación Toni Gaspar o el vicepresidente Carlos Fernández Bielsa (ambos socialistas) y con el presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Mompó.
A su juicio, sería “un poco atrevido” ir más allá hasta que no tengan confirmada el acta de diputada cuando finalice el escrutinio del 28M, un puesto que ostenta Natàlia Enguix, y hasta que no recuperen la “confianza”: “No lo sé, estamos en ese camino de reconciliación con unos y otros”.
“Allá donde estemos tenemos que dar estabilidad y tenemos que satisfacer las necesidades de la Vall d'Albaida más allá de cargos o áreas concretas. Hasta que no tengamos el acta clara, clara, no hemos querido ilusionarnos demasiado porque cuando nos ilusionamos siempre nos pasa algo”, ha expuesto.
Dicho esto, ha remarcado que no pueden estar “toda la vida lamiéndose las heridas y hay que pasar página, hablar con unos y otros y tratar de reconducir esa falta de confianza”. También ha reconocido la “buena relación” que mantuvieron con el grupo de Compromís, cuyos representantes “de alguna manera también han sufrido el mismo calvario” en el caso Alquería.
Sobre la postura del PP, quien ejerció la acusación popular en el juicio, ha sostenido que “lo mínimo” sería que no recurrieran la sentencia si pretenden negociar el gobierno de la Diputación. “Yo no me siento con alguien que pienso que es un delincuente”, ha ilustrado.
Respecto a si se imaginaba que acabarían teniendo la 'llave' del gobierno de la Diputación, ha hecho notar que “si lo leyeras en un libro o vieras una serie pensarías que es mentira”: “Nos pasaron muchas cosas malas en muy poco tiempo, porque nos pasen dos buenas no pasa nada. Un poco de justicia poética como me dicen compañeros del PSOE, -excompañeros-”, ha remarcado.
En clave judicial, cuestionado por la coincidencia de la sentencia dos días después del 28M, Rodríguez ha afirmado que es una forma de que “la justicia no interfiera en la política”, aunque ha reconocido que hubiera sido mejor que se publicara antes de que se convocaran las elecciones: “Somos plenamente conscientes de que si hubiera salido antes la sentencia nuestro resultado hubiera sido mejor, es una obviedad”.
Preguntado por el todavía president de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, Rodríguez ha reconocido que se alegra de que “al menos” le felicitara por su absolución. Ha explicado que este miércoles recibió un mensaje y una llamada de Puig y han quedado para hablar durante este jueves, así como que “incluso” el exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos le ha “felicitado”.
“Siempre digo lo mismo: no echo en falta la parte política porque cuando a alguien le pasa esto después de cinco años no tiene restitución. Echo de menos esa parte humana de que 'puede ser que nos equivocáramos', que fuimos 'excesivamente duros' o que no 'nos dejaron explicarnos'”, ha manifestado, y ha defendido que “una buena forma de empezar a recuperar la confianza es reconocer si en un momento determinado no has estado a la altura de lo que se esperaba.
El anticipo de los comicios al 23 de julio pone más foco sobre esos posibles pactos de 'barones' regionales del PP con la extrema derecha, que llegarían en plena campaña y podrían ser utilizados por la izquierda para alertar de que Feijóo haría lo propio para alcanzar La Moncloa.
De momento, el silencio en el PPCV al respecto de cualquier negociación con Vox es absoluto, replicando la estrategia de Génova, que de momento está evitando dar directrices a los territorios, al menos en público.
Aunque también se está a la espera de recibir indicaciones de Madrid, el candidato de Vox a la Generalitat, Carlos Flores, ha venido avisando en los últimos días a través de su cuenta de Twitter de sus exigencias a la hora de negociar con Mazón.
Ya en la noche del lunes, Flores publicó un mensaje en el que agradeció a los más de 300.000 valencianos el apoyo recibido y les "aseguró" que su "voz va a ser escuchada" y que "su mandato va a ser realidad", dando a entender que Vox reclamará sillas en el Consell para permitir la investidura de Carlos Mazón, al que no le valdría con la abstención ultra si PSPV y Compromís votan en contra.
Un día más tarde, tras el adelanto electoral, Flores dejó entrever el malestar en Vox por las "dudas" del PP sobre esos pactos. El condenado por violencia machista ponía en duda la voluntad de los populares de alcanzar acuerdos con su formación y, con el ejemplo de Extremadura, abría la puerta a que el PP explore pactos con la izquierda en la Comunitat Valenciana para esquivar a la extrema derecha.
En esa misma línea de dar por seguro un pacto con el PP, el líder de Vox ya se atreve a deslizar algunas de sus hipotéticas medidas de gobierno pese a que el PP insiste en su voluntad de gobernar en solitario. La última, este jueves, ha sido la de amenazar con su cierre a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).
El candidato ultra apela directamente a la institución que regula el uso del valenciano para afearle que el lunes, tras la victoria de la derecha, escogiera como palabra del día 'nefast'.
Así, Flores recomienda a la AVL que para el próximo 26 de junio, fecha de constitución de las Corts, escoja el término 'canvi', en clara referencia al cambio de Gobierno en la Generalitat. Pero va más allá e ironiza con que "si tienen algún inconveniente" pueden seleccionar la palabra "adeu".
De hecho, el PP ya ha elevado la consulta a los letrados de las Cortes Valencianas, según admiten fuentes del partido. Hay dudas de hasta cuándo se podría estirar legalmente el calendario para evitar lo que busca Pedro Sánchez con el adelanto de las elecciones generales: solapar la campaña con los pactos de PP y Vox.
La única fecha clara en el calendario valenciano es la del 26 de junio, día en que se tienen que constituir las nuevas Cortes. El reloj empezará entonces a correr, si bien en los grupos parlamentarios hay diferentes interpretaciones sobre la velocidad a la que puede hacerlo. Además, podría entrar también en juego lo que decidan la Presidencia y los integrantes de la Mesa... que deben pactar también los partidos.
De entrada, el reglamento pone plazos sin distinguir entre días hábiles o naturales, lo que podría llevar como tarde, según las interpretaciones, a una investidura el 21 de julio. Es decir, un día antes de la jornada de reflexión y a las puertas de las elecciones generales.
Ahora bien, el reglamento del parlamento autonómico contempla que, en esa primera votación, el candidato necesita de la mayoría absoluta para ser investido. De lo contrario, "se procederá, 48 horas después, a una nueva votación en la que será suficiente el voto favorable de la mayoría simple".
Efectivamente, y a falta de más concreción, sobre el papel las 48 horas se cumplirían el domingo electoral, si bien las fuentes consultadas señalan que los letrados de la cámara podrían también fijar la nueva sesión para el lunes.
El PP no descarta ir a una primera sesión de investidura sin tener amarrados los apoyos de Vox, precisamente para jugar con los tiempos. Porque lo que plantea también el reglamento es que, "si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato o candidata obtuviera la confianza de las Cortes Valencianas", habría que disolver la cámara.
Dicho con otras palabras, PP y Vox aún tendrían ese margen de dos meses para cerrar un pacto de gobierno.
"Hemos ganado claramente en la Comunidad Valenciana, en Aragón y Baleares. Y en algunas comunidades como Baleares, tenemos más votos que toda la izquierda junta y espero que nadie interrumpa este cambio", ha declarado Feijóo, al ser preguntado si el PP va a negociar con Vox en aquellos sitios donde necesita su apoyo o esperará a que pasen las generales del 23 de julio.
En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha indicado que si Vox "quiere derogar el sanchismo, está en disposición de facilitarlo". "Si lo que pretende es tener una cuota de poder, tener ministerios o tener consejerías, eso es otra cosa, pero que lo digan claramente", ha enfatizado.
A su entender, Vox debe "dejar" gobernar al PP en autonomías como la Comunidad Valenciana, Baleares o Aragón, donde su formación "ha ganado claramente" en los comicios del 28 de mayo.
Feijóo ha defendido su propuesta de que gobierne el más votado. Preguntado entonces si el PP perdería Extremadura en ese supuesto (el PSOE ha logrado más votos aunque tienen ambos 28 escaños), ha respondido afirmativamente. Sin embargo, ha dicho que "el problema" es que el PSOE les ha dicho que "que nunca dejará gobernar a la derecha española".
"Es decir, reeditamos el pacto del Tinel y lo elevamos a la máxima potencia", ha lamentado, para añadir que en esa circunstancia el PP no se va a "someter a ninguna consideración del PSOE sobre posibles pactos de investidura o alianzas con otras partidos".
En este punto, ha abierto la puerta a hablar con las demás formaciones, incluido Vox. "Comprenderá usted que si usted no quiera ni siquiera sentarse a hablar conmigo, yo quedo legitimado para hablar con los demás", ha dicho, para añadir que el PP hablará con "partidos constitucionales".
"Pero oiga, yo no tengo que dar ninguna explicación al PSOE sobre ningún tipo de acuerdo de investidura con otros partidos, siempre que sean constitucionalistas", ha manifestado el presidente de los 'populares'.
Preguntado si el PP va a entenderse con Vox, Feijóo ha reiterado que él no tiene "ningún inconveniente en hablar con todo el mundo" y ha admitido que la relación con Santiago Abascal es de "absoluta cordialidad".
"Lo que ocurre es que nosotros tenemos un proyecto político distinto", ha apostillado.
"Tenemos la experiencia, por desgracia, de que cuando no hemos estado en el gobierno y hemos cerrado pactos de investidura o pactos anuales de presupuestos con el Partido Popular no hemos tenido la capacidad de exigirlo" y, como resultado, "el PP no hizo aquello que se había firmado en nuestros pactos", ha recordado Buxadé en una entrevista en TVE.
Por ello, ha puesto como ejemplo el Gobierno de coalición en Castilla y León y ha reconocido que ese es su modelo ideal. Sin embargo, Vox está en una fase de "mano tendida" al PP tras las elecciones, "esperando la llamada" de los 'populares' y no quiere poner "líneas rojas" a la negociación.
"Serán distintas en función del respectivo porcentaje, de la fuerza de los partidos o de las necesidades locales de cada una de las regiones, con toda seguridad no será lo mismo Murcia que Valencia o que Baleares", ha explicado. En Murcia y Baleares solo es necesaria la abstención de Vox para que el PP pueda gobernar, mientras que en la Comunitat Valenciana es imprescindible su voto a favor, igual que en Extremadura y Aragón.
Buxadé ha recordado que ellos van a la negociación "exigiendo que la confianza que han depositado los españoles" se manifieste "en las políticas". La forma más evidente de poder responder a esa confianza que nos han dado los españoles en la pasadas elecciones es estar en los gobiernos, colaborar y demostrar que tenemos una extraordinaria capacidad de gestión", ha insistido.
El también eurodiputado por Vox ha recordado al Partido Popular que tienen su "mano tendida" porque "los números son los números" y animan a la formación de Alberto Núñez Feijóo a descolgar el teléfono y "empezar una negociación en orden a cambiar las políticas de los gobiernos municipales y regionales".
A la pregunta de cuánto durará esa mano tendida a la formación 'popular', ha aclarado que eso "está determinado por una serie de plazos que marcan las leyes electorales y los estatutos de autonomía", pero "si el Partido Popular está aún dudando de a quién llamar primero, pues el Partido Popular será él responsable", ha puntualizado.
Respecto a la nueva formación que registraba este miércoles la exdirigente de Vox Macarena Olona a tan solo dos meses de las elecciones generales el próximo 23 de julio, para Buxadé no hay que "cambiar el foco de lo importante", que para ellos eso es "cambiar las políticas regionales y municipales", aunque ha recordado que "cualquier español es libre de constituir un partido político".
La ejecutiva provincial se ha reunido ha acordado con el respaldo de todos sus miembros que Bielsa, que es también el secretario general provincial, opte a presidir la Diputación por parte del PSPV-PSOE, que ha logrado 12 representantes en la institución provincial.
Durante el encuentro, según ha informado el partido en un comunicado, se han realizado intervenciones "en apoyo" de la candidatura de Bielsa por parte de "la mayoría de secretarios comarcales y de alcaldes y alcaldesas" de las ciudades donde los socialistas han conseguido "los mejores resultados" en las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo, así como de otros miembros "destacados" de la dirección.
También se ha puesto en valor que el alcalde de Mislata ha sido "el más votado en las filas socialistas de todas las ciudades españolas de más de 40.000 habitantes". Así, según destaca el PSPV, "todas las intervenciones han reafirmado la posición unánime" de la ejecutiva para que Bielsa se convierta en el candidato formal de la provincia a presidente de la Diputación.
Bielsa, por su parte, ha agradecido la propuesta de los secretarios comarcales, alcaldes, alcaldesas y resto de miembros de la ejecutiva para encabezar la Diputación. No obstante, ha pedido "prudencia" a la espera de que se confirmen los resultados y se determine oficialmente la distribución de diputados para la próxima legislatura que determinará la mayoría política de la nueva corporación.
En cualquier caso, el PSPV, para mantener el gobierno de la institución provincial, requerirá el apoyo de la formación La Vall ens Uneix, que ha recuperado el diputado que le había arrebatado el PP, de manera que tiene así la llave de gobierno. Al 99,97 por ciento escrutado, los 'populares' obtienen 13 diputados y Vox 2; pero al volver el escaño a Ens Uneix el bloque de izquierdas suma 16 con los 12 PSPV y los 3 de Compromís.
Se da la circunstancia de que La Vall ens Uneix es el partido con el que Jorge Rodríguez ganó la alcaldía de Ontinyent tras dejar de ser presidente de la Diputación con el PSPV a raíz del conocido como 'caso Alquería' --por supuestas irregularidades en la contratación de altos directivos en la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa--.
Se da la circunstancia, también, que este pasado martes la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia absolvió a Rodríguez y a los otros 13 acusados al no ver delito en su actuación. Tras ello, desde el PSPV celebraron que la justicia "ha demostrado su honorabilidad".
El planteamiento previo en las elecciones era claro: victoria o guerra. Sin embargo, la convocatoria exprés de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez para el 23 de julio tras el desastre sufrido, ha supuesto la congelación -o al menos el enfriamiento- de las carreras sucesorias.
En esta línea, en la comisión celebrada este martes se produjeron numerosas intervenciones por parte de miembros de la Ejecutiva, especialmente en el caso de los dirigentes más próximos a Puig.
Prácticamente la totalidad de los turnos de palabra se centraron en la necesaria continuidad del líder socialista, no sólo desde el punto de vista orgánico, sino también con un papel activo de jefe de la oposición.
Es más, alguno de los intervinientes incluso llegó a animar al todavía presidente de la Generalitat a que se mantenga con el objetivo de volver a ser candidato en 2027 y tratar de desbancar del Gobierno valenciano al Partido Popular.
Ahora bien, no todos, ni mucho menos, están de acuerdo con este tipo de manifestaciones. En la formación socialista hay sectores que vienen creciendo internamente y pidiendo paso desde hace años. En líneas generales, los grupos que han sido internamente más críticos entienden y apoyan que Puig permanezca como líder del PSPV en el trance de las elecciones generales.
Ahora bien, distintas fuentes de estos sectores también consideran que el secretario general, tras los comicios, deberá pilotar la formación socialista hacia un congreso extraordinario para abrir el partido a otro liderazgo.
Bien es cierto que, si las elecciones generales terminan con una derrota de Pedro Sánchez y un cambio de gobierno, la lógica indica que se precipitará un cónclave extraordinario en el PSOE, que precedería al de ámbito autonómico. De la misma manera, el calendario previsible para este escenario sería que Sánchez convocara ese congreso para después del verano, también dependiendo si las mayorías arrojadas por las urnas son claras.
Ahora bien, puede ocurrir que el presidente del Gobierno sume lo suficiente para mantenerse en el poder, con lo cual no se produzca congreso y la pelota caiga en el tejado de las estructuras autonómicas. Es decir, Puig deberá decidir si convoca o no un cónclave extraordinario para su posible relevo en el PSPV: de no hacerlo, los plazos marcados enviarían esta cita hasta el año 2025, a menos de dos años de las elecciones autonómicas.
Precisamente este posible escenario es el que no termina de convencer a los sectores críticos, que valoran el papel de Puig pero consideran que debe prepararse con mucha antelación un nuevo liderazgo y candidato para tener opciones de recuperar la Generalitat en 2027.
El grupo más potente orgánicamente en este apartado es el que lidera el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, que ha ganado nuevamente con autoridad en su municipio, al igual que otros de su cuerda política como Juan Antonio Sagredo (Paterna), Jordi Mayor (Cullera), Darío Moreno (Sagunt) o Rafa García (Burjassot).
Bielsa, que no intervino en la Ejecutiva de este martes, ha respaldado a Puig en esta legislatura, si bien de todos es sabido que tiene aspiraciones para presidir la Diputación de Valencia y posicionarse como relevo del actual líder del PSPV.
En este punto, en los sectores críticos preocupa que Puig, animado por su entorno, se plantee continuar toda la legislatura y presentarse como candidato en 2027, taponando así el proceso de sucesión. Sobre esto, distintas fuentes socialistas consultadas por Valencia Plaza apelan a la calma y recuerdan que las elecciones han sido "hace sólo cuatro días".
"Hay que dejar que todos digiramos los resultados, que son duros", comentaba un cargo del partido preguntado por Valencia Plaza. Así, pese a la continuación inmediata de Puig, desde los sectores críticos opinan que el propio líder del PSPV irá asumiendo la propia dificultad de ser jefe de la oposición habiendo sido presidente de la Generalitat ocho años, algo que, a su juicio, facilitará mucho los ataques del nuevo jefe del Consell, Carlos Mazón (PP), por lo que piensan que la solución de Puig de permanecer ahora es correcta, pero luego "la realidad caerá por su propio peso después de las elecciones generales".
Unas tesis que algunos dirigentes próximos a Puig no comparten o, al menos, no con esa contundencia, y prefieren no descartar que el todavía presidente y secretario general del PSPV se plantee su continuidad más allá de las elecciones generales.
Más allá de estos números, los socialistas han puesto en valor la fortaleza de su poder local en la provincia de València durante estas elecciones, donde retendrán la Diputació provincial, junto al apoyo de los concejales de Compromís y de La Vall ens Uneix, según el análisis de Publico.
Precisamente, su líder, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, fue absuelto este martes por el caso Divalterra, que tuvo lugar en el primer Botànic, y por ello, fue separado del PSPV. De hecho, esa comarca es en la única donde los socialistas no tienen representación, ya que ha sido sustituida por el partido de Rodríguez.
Esta diferencia aún es mayor si se tienen en cuenta los concejales obtenidos por las otras fuerzas mayoritarias con representación en Les Corts: Vox, que ha obtenido 227 votos, y Compromís, con 662. Con estos datos, la izquierda ganaría en número de concejales (2.555) frente a los 2.527 de la derecha. Por provincias, en número de concejales, la izquierda ganaría a la derecha en València y Alacant, mientras que la derecha tendría Castelló.
Los pilares para la reconstrucción del socialismo en el País Valencià pasan por la continuidad del president en funciones de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, en Les Corts para capitanear la oposición y su fortaleza provincial.
Así lo indican los números, porque más allá de la pérdida del Ajuntament de València, donde los socialistas eran socios de gobierno de Compromís y no gobiernan desde finales de los años 80, han ganado en todos los grandes municipios de la provincia, excepto Puçol y Alfafar.
Además, en el área metropolitana de València únicamente corre el peligro una alcaldía: Torrent, sólo un pacto entre el PP (segunda fuerza) y Vox (tercera fuerza) evitaría la continuidad del actual alcalde, Jesús Ros¸ que se ha quedado a un escaño de la mayoría absoluta.
El resto de grandes municipios de la provincia de València tendrán un alcalde socialista. Únicamente Alcira no tendrá, y su gobernabilidad pasa por un pacto entre fuerzas progresistas, liderado por Compromís con seis concejales, junto al PSPV (cuatro), y que deberán pactar con los Independientes de UCIN (dos). Tampoco, tendrá alcalde socialista Oliva, donde gobernará el partido local Pro Oliva, que ha obtenido diez concejales, y donde el PSOE es segunda fuerza y Compromís tercera.
El resto de grandes municipios de la provincia de València serán gobernados por el PSPV. Entre ellos, destaca Mislata, cuyo alcalde y actual vicepresidente de la Diputación, Carlos Fernández Bielsa, se ha convertido en el alcalde más votado de España, desbancando al vigués Abel Caballero y, previsiblemente, será el futuro presidente de la corporación provincial después de acumular mayorías absolutas desde 2011.
Junto a Mislata, los socialistas también gobernarán con amplias mayorías en Sagunt, Paterna, Aldaia, Alaquàs, Gandia, Rafelbunyol, Xàtiva y Útiel. Además de Ontinyent, con el exsocialista Jorge Rodríguez. La única incógnita será Requena, cuya gobernabilidad depende de una fuerza independiente, y donde también han sido la primera fuerza más votada. Sólo serían destronados de ese ayuntamiento con un triple pacto entre Independientes, Vox y PP.
En la provincia de Castelló la situación no ha sido tan buena para los socialistas. Posiblemente la peor, y es la única provincia donde la izquierda no gana en número de concejales. De hecho, han perdido Castelló, Borriana, Almassora, Benicàssim y Benicarló. Sólo tienen una mayoría absoluta en Vila-Real, que mantienen desde 2011, y tienen opciones de amplias mayorías en Vinaròs y La Vall d'Uxó.
Por su parte, en Morella, la tierra natal del president Puig, el PSPV mantiene la primera fuerza con cinco concejales, pero deberán pactar con una fuerza independiente que ha obtenido cuatro concejales. Los populares con dos concejales podrían dejarles fuera de la alcaldía si se la dieran a los independientes.
En la provincia de Alacant, por su parte, los resultados no han sido tampoco muy buenos. No obstante, si a los 542 concejales obtenidos por el PSPV se le suman los 176 de Compromís, la izquierda sería la primera fuerza en número de concejales. En esta provincia, los socialistas han sido primera fuerza en Elx, pero un pacto entre PP y Vox podría dejarlos fuera del gobierno municipal por segunda vez en 40 años.
Precisamente, la comarca del Vinalopó es donde la izquierda tiene una hegemonía casi incuestionable. Gobiernan con amplias mayorías progresistas en todos los grandes municipios: Villena, Novelda, Elda, Petrer y Monòver. El único sin alcalde socialista sería Crevillent, que tendrá un primer edil de Compromís.
Asimismo, en L'Alfàs del Pi, el alcalde socialista Vicente Arques ha sido el más votado de la provincia de Alacant en las ciudades de más de 25.000 habitantes. Además, los socialistas también han ganado con mayoría absoluta en Guardamar del Segura y gobiernan con una amplia mayoría progresista en Alcoi, Xàbia y Dénia.
En esta provincia, los grandes agujeros para la izquierda serían las comarcas de l'Alicantí y de la Vega Baja, donde el PP gobierna con amplias mayorías en los grandes municipios como Alacant, Torrevieja, Orihuela o Sant Joan.
