BRUSELAS.- Los ministros de Agricultura de la UE aprobaron hoy definitivamente la reforma del sector de frutas y hortalizas, que tiene como novedades un cambio en las ayudas y la puesta en marcha de medidas para evitar crisis como las caídas de precios o el clima.
El Consejo de Agricultura ratificó sin debate la nueva legislación para regular el mercado hortofrutícola, que los Veintisiete acordaron por unanimidad el pasado mes de junio en Luxemburgo.
España es el primer interesado en esta reforma, pues afecta a uno de cada tres de sus agricultores o al 34% de la producción nacional; además es el primer productor comunitario de frutas y hortalizas, con una facturación anual de 14.500 millones de euros.
La reforma pactada hoy, que entrará en vigor en 2008, se caracteriza por una lista numerosa de medidas y más libertad a los países para que gestionen el sector.
Sin embargo, no supone cambios presupuestarios (la partida para la regulación de frutas y hortalizas se mantendrá en 1.500 millones de euros para toda la UE), sino ajustes para que los fondos sean más eficaces.
El aspecto central de la nueva normativa es la transformación de las ayudas directas -que antes de la reforma solo se daban a la producción entregada a industria-, por un pago por superficie o por hectárea, independientemente del volumen declarado y que valdrá tanto para frutas y verduras en fresco como para transformación.
Antes, la ayuda se basaba en un complejo sistema de cupos y de límites para las producciones que el agricultor entregaba a la fábrica.
La UE permitirá un plazo de transición antes de que todas las subvenciones sean totalmente convertidas en un apoyo por hectárea o explotación.
En el tomate, durante cuatro años se podrá mantener hasta un 50% de la ayuda ligada a la producción.
En frutales, habrá un período transitorio de cinco años -en los tres primeros se permite que el 100% de la ayuda no varíe y siga ligada al volumen producido y en los dos restantes, el 75%-.
La UE mantiene hasta el 31 de diciembre de 2010 la prohibición de plantar frutas y hortalizas en explotaciones de otros sectores agrícolas, que ya tienen derecho al pago único por explotación.
Por otro lado, la reforma incluye medidas para la gestión de crisis, tanto desde las Organizaciones de Productores (OP) como para los agricultores no asociados, aunque en este caso serían limitadas, se otorgarían por medio de ayudas estatales y con menos dinero que en el caso de las OP.
Al hablar del sector hortofrutícola, la OP es la figura en la que la UE centra el deseo de concentrar a los productores, para poder afrontar así retos como la competencia o el dominio de las grandes cadenas de la distribución.
Los programas que realizan las OP para inversiones tienen cofinanciación del 50% por parte de la UE y la reforma se elevará al 60% en algunos casos, como por ejemplo para Canarias, para el fomento de agricultura ecológica o para promover el consumo.
Asimismo, la reforma incluye medidas para promover el consumo de frutas y verduras, como un aumento de los fondos para fomentar la ingesta en los centros educativos y un presupuesto para la distribución gratuita en hospitales, colegios y centros caritativos, con un cien por cien de financiación comunitaria.- (EFE)
(Vista de un rincón de L´Horta)
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