MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón lleva desde 1991 denunciado los privilegios de las cajas de ahorro, entonces controladas la CAM y Caja Murcia por los consejeros socialistas y los gobiernos autónomos de Murcia y Valencia en manos del PSOE, lo que desactiva el argumento falaz y esgrimido estos días, con mala fe, de que su actual brega ciudadana oculta en el fondo una intencionalidad política contra el PP hegémónico en ambas cajas y en las dos regiones citadas. En 1991 ya denunció ante el Parlamento Europeo la inconstitucionalidad del beneficio de pobreza al que se acogían las cajas de ahorro para no pagar los gastos de las reclamaciones judiciales. También ha defendido desde esa fecha la nulidad de las bonificaciones fiscales (99%) concedidas por el Gobierno de Felipe González a las fusiones de cajas de ahorro.
Dos años más tarde, en 1993, todavía con el PSOE en el poder, se dirigió a la Asamblea Regional de Murcia preguntando por el beneficio obtenido por las cajas de ahorro operantes en la Región -Caja Murcia y Caja de Ahorros del Mediterráneo- una vez deducido el 18% obligatorio para fines sociales, y dónde se aplicaba.
De Ramón ya sostenía en esa fecha, hace quince años, el alejamiento de su espíritu original al decir que "pese a su carácter benéfico-social, su actividad cotidiana trasmite un indudable carácter mercantil y comercial, preñado del deseo de robustecer, aún más, su peso en el entramado financiero español y abarcar más cuota de mercado".
En esa misma fecha Diego de Ramón ya advirtió a la cámara autonómica murciana de la desigualdad ante la ley del resto de los ciudadanos por la inclusión en el 18% destinado a fines sociales de la CAM y Caja Murcia, de los créditos a bajo interés concedidos a empleados de ambas entidades.
En 1991 pidió a la Generalitat y ayuntamientos valencianos que recurriesen ante el Ministerio de Economía y Hacienda la orden que recogía la bonificación del 99% de la cuota del Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de la que se beneficiaba la fusión de las cajas de ahorro provinciales de Alicante y Valencia por la traslación de patrimonio de 12.000 millones de pesetas que suponía, y ello por no ser empresas ni sociedades anónimas.
Sugería De Ramón que esa cantidad a recuperar se destinase a la construcción de viviendas sociales.
En 1993 volvió a la carga con la fusión que dió lugar en 1992 a la actual CAM, por un lucro cesante de 7.000 millones en base a una traslación de patrimonio de 61.172 millones.
Instaba a los ayuntamientos con sucursales de la nueva CAM que no aplicasen la bonificación del 99% sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Y todo, porque, a su juicio jurídico, existía infracción de ley "por su notable presencia en la vida financiera del país" que la aleja de los fines benéficos y sociales.
Diego de Ramón no era nuevo en estas lides. En 1989 logró que la entonces Comunidad Europea cuestionase al Banco de España por la circular que restringía los créditos en moneda extranjera por entender que vulneraba el Tratado de Roma.
Esa circular obligaba a depositar en el Banco de España, sin percibir intereses, del 30% de lo concedido, lo que para este relevante letrado suponía un encarecimiento financiero y un agravio comparativo respecto del propio Tesoro Público.
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