Este año, se han almacenado 629.5216 kilos de alimentos, una cifra que supone un incremento del 6,5 por ciento respecto a 2007.
El valor de la mercancía recibida asciende a 827.364 euros, un 28 por ciento más que el ejercicio anterior. Estos alimentos han quedado depositados en el almacén de la Diputación ubicado en la Avenida de Valencia, que se ha cedido al Banco de Alimentos, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.
Un total de 104 entidades sin ánimo de lucro serán las perceptoras de estas ayudas alimenticias.
Ellas, que deben tener como fin estatutario principal la promoción de la asistencia social y la promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, económicas o culturales, se encargarán de distribuirlas entre 18.500 beneficiarios en la provincia de Castellón.
En la actualidad, están considerados como beneficiarios de los alimentos del Banco de Alimentos todas aquellas personas o grupos familiares que se encuentren en una precaria situación económica.
La Comisión de la Unión Europea establece cada año una asignación presupuestaria a cada Estado miembro para llevar adelante el Plan de Ayuda Alimentaria. Este año, la cifra destinada a España supera los 50 millones de euros.
Con esta cantidad se compran productos básicos resultantes de los excedentes de producción de la Unión Europea y se adjudican a las industrias alimentarias para que los transformen en alimentos elaborados, que pueden llegar hasta 16 tipos distintos, de marcas de prestigio en el mercado.
Estos productos elaborados son los que llegan a los beneficiarios finales. Se trata de arroz blanco, con pollo o con leche, arroz vaporizado, verduras, azúcar, batidos, bollería, cereales infantiles, galletas, harina, leche de continuación en polvo, leche UHT, natillas, pasta, queso en porciones y queso parafinado.
En el banco de alimentos se da prioridad a aquellos individuos o grupos familiares especialmente vulnerables por su dificultad para afrontar por sí mismos la situación de precariedad en que se encuentren, como son los grupos familiares con niños o ancianos a su cargo, las familias monoparentales, los disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, las personas incapacitadas para el trabajo o incursas en toxicomanías o sida, los menores en situación de desamparo, las mujeres maltratadas, las minorías étnicas, los inmigrantes, los refugiados, los asilados, los ex reclusos, los transeúntes y los ancianos perceptores de las pensiones más bajas.
Durante el periodo de recepción se realizan controles documentales, de identidad de alimentos y envases, así como controles físicos, prestando especial atención a las fechas de caducidad. Además, una vez al año se realiza una auditoria por parte de la Intervención Territorial de Hacienda, para verificar el cumplimiento de las condiciones y los requisitos establecidos en la ejecución del Plan de Ayuda Alimentaria. Hasta la fecha, el resultado ha sido siempre favorable.
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