El texto ha sido elaborado por la eurodiputada verde danesa Margrete Auken para la comisión de Peticiones de la Eurocámara y todavía puede sufrir muchos cambios durante su tramitación. Ahora deberá ser enmendado y votado por esta comisión y a continuación se votará en pleno, probablemente en marzo de 2009. Será el tercer informe crítico con el urbanismo en España que apruebe el Parlamento Europeo.
El informe recuerda que la Eurocámara, en tanto que autoridad presupuestaria, puede congelar los fondos comunitarios "si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro de que ponga fin a violaciones graves de las reglas y principios que está obligado a respetar en virtud del Tratado o de la legislación de la UE" y mantenerlos en la reserva hasta que los problemas se resuelvan.
Resalta además que también la Comisión Europea podría interrumpir el pago de fondos estructurales e incluso exigir la devolución del dinero que se haya concedido para financiar proyectos que no respeten plenamente las reglas comunitarias.
La ponente exige al Gobierno y a las comunidades autónomas que "revisen cuidadosamente toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios para poner fin a los abusos". Reclama además una moratoria en todos los nuevos planes de urbanización que "no respeten criterios estrictos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social y que no garanticen el respeto del derecho a la propiedad de la propiedad legítimamente adquirida".
La Eurocámara aboga también por "parar y cancelar todos los planes existentes en los que no se han respetado los criterios contenidos en la legislación de la UE, especialmente en lo que se refiere a la concesión de contratos de urbanización y el respeto de las disposiciones sobre agua y medio ambiente".
Asimismo, se pide a las autoridades nacionales y regionales competentes que pongan en marcha los mecanismos judiciales y administrativos necesarios --en los que se incluya a los defensores del pueblo regionales y nacionales-- para compensar a las víctimas de abusos urbanísticos propiciados por legislaciones como la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) en la Comunidad Valenciana y la vigente Ley Urbanística Valenciana (LUV).
La resolución indica que la falta de claridad, precisión y seguridad jurídica en la legislación vigente en España por lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental es la causa de muchos de los abusos urbanísticos.
Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica donde, de nuevo, el ciudadano europeo es la víctima principal, pero donde el Estado español también ha perdido considerablemente".
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