MADRID.- Polaris World tiene problemas para devolver la deuda de 900 millones de euros que tiene contraída con Caja Murcia, Bancaja, Popular, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y entidades extranjeras. Precisamente por ello, la promotora que preside José Luis Hernández de Arce se ha visto obligada a sentarse con los bancos y cajas y negociar los pagos pendientes, según publica 'El Economista'.De esos 900 millones de euros, las entidades que más riesgo tienen contraído con el grupo son Bancaja, con entre un 40 y un 60% de la deuda, y Caja Murcia, que es responsable de un 10%. El resto se reparte en pequeños porcentajes entre el Popular, la CAM y los bancos extranjeros.
El grupo de acreedores ha decidido negociar en bloque con la promotora. Las conversaciones, que ya se han iniciado según fuentes del sector financiero, giran en torno a dos propuestas. Por un lado, refinanciar la deuda ampliando plazos y, por otro, el canje de deuda por activos. Esta última solución es la modalidad a la que se han acogido la gran mayoría de las inmobiliarias.
"Los activos de Polaris son muy interesantes, puesto que las viviendas ya están levantadas y nosotros podríamos esperar para venderlas", explica una fuente cercana a las negociaciones.
Se veía venir
La crítica situación económica que atraviesa 'Polaris World' dio sus primeros avisos el pasado septiembre. En esas fechas, el grupo solicitó al Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia), donde se encuentra su sede y la mayoría de sus promociones, un aplazamiento en el pago del 10% de aprovechamiento urbanístico que corresponde al Consistorio ante la "escasez de recursos líquidos suficientes".
En total, la promotora tiene una deuda con el Consistorio, a través de sus filiales Hacienda Verde y Mar Menor Golf Resort, que asciende a sólo 10,5 millones de euros.
Los servicios jurídicos le dieron un respiro al grupo al aceptar sus garantías, sin embargo, el interventor municipal ha denegado la petición. Según la documentación a la que ha tenido acceso El Economista, la promotora había solicitado y presentado un calendario de pagos fraccionados y unas garantías (oficinas y promociones) que, finalmente, tanto el interventor como el Consistorio han rechazado, puesto que las fincas ofrecidas "no están libres de cargas y gravámenes".
Este último varapalo para la empresa, que ha declinado informar sobre las negociaciones con la banca, deja la situación de la compañía a merced de las entidades financieras y al Ayuntamiento de esta pequeña localidad al borde del colapso financiero.
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