En total, los gobiernos locales dejarán de percibir en 2009 en torno a 321 millones de euros menos respecto a lo ingresado en el último año de vida del impuesto, cuya supresión fue aprobada por el Gobierno exactamente hace un año.
Al menos, según lo previsto en la documentación presentada por el Gobierno con ocasión del nuevo modelo de financiación autonómica, todas las comunidades autónomas sufrirán esta merma en similar medida. Con todo hay diferencias, de forma que la que más lo notará será Canarias, que recibirá un 17,3% menos de ingresos, seguida de La Rioja (-14,7%) y Extremadura (-14,6%).
Además, se mantendrá el orden de los que más recibe, con Madrid a la cabeza, que pasará de ingresar 634,3 millones de euros a 542,7 millones, por delante de Cataluña (de 533,6 millones a 460,9 millones) y Valencia (de 215,1 millones a 185,3 millones).
Uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno a la hora de suprimir este impuesto fue que, habiendo nacido con una vocación censal, para mantener el control sobre los grandes patrimonios, había acabado gravando en su mayoría a las rentas medias y ya carecía de sentido.
Así, el impuesto gravaba la totalidad del patrimonio neto de aquellos cuya base imponible fuese, con carácter general, superior a los 108.182,18 euros o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de los bienes y derechos superara los 601.012,10 euros. Asimismo, estaban obligados a declarar los no residentes en España titulares de bienes y derechos que estuvieran situados en territorio español.
Según datos más detallados de la Agencia Tributaria correspondientes a la ejecución del ejercicio 2006, que excluyen los casos de no residentes cuando el único patrimonio fuese una vivienda, el 53% de los declarantes presentaron una base imponible inferior a los 300.000 euros.
En los extremos, las declaraciones con bases imponibles superiores a los 2,5 millones de euros representaron el 1,8% del total y las de menos de 150.000 euros, el 15,6%.
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