MADRID.- El presupuesto agregado de las comunidades autónomas apunta a un déficit del 1,2% del PIB en 2012 y, por tanto, dentro del objetivo marcado para el conjunto del año (-1,3%), según avanza el Banco de España en su último boletín económico.
No obstante, la institución que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez recuerda que se trata de presupuestos iniciales y que no se dispone de la liquidación del ejercicio 2011. Por eso, advierte de que las cifras podrían cambiar si se producen "desviaciones significativas" en 2011.
Además, el Banco de España precisa que el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 introducen una "incertidumbre mayor que en años anteriores" en la estimación de los ingresos que han hecho las CC.AA. en sus presupuestos.
De acuerdo con la información publicada por el Banco de España, las autonomías españolas esperan incrementar en 2012 los ingresos impositivos, con un avance del 2,4% en el caso de los impuestos directos, hasta los 41.120 millones de euros, y un repunte del 10,6% en el de los impuestos indirectos, por los que recaudarán unos 55.953 millones de euros.
Sin embargo, este crecimiento de los ingresos obtenidos vía impuestos no llegarán a compensar la caída de los ingresos previstos por tasas y transferencias corrientes y por los ingresos de capital. En total, los ingresos no financieros de las regiones españolas alcanzarán este año los 151.416 millones de euros, un 0,5% menos que en 2011.
Por lo que respecta a los gastos, las comunidades autónomas han presupuestado una caída del 2,1% sobre 2011, que se concentraría especialmente en los pagos de capital (-14,5%). En concreto, las inversiones reales se situarán a finales de 2012 en "prácticamente la mitad de lo presupuestado en 2008), con 8.381 millones de euros previstos para este año, un 15,3% menos que en 2011.
El Banco de España señala que la carga de intereses es la única partida para la que se prevé un incremento, del 35%, similar al de años previos y derivado del aumento de la deuda emitida.
En total, el gasto no financiero de las comunidades autónomas presupuestado para 2012 alcanza los 164.554 millones de euros. La diferencia entre esta cantidad y los ingresos previstos (151.416 millones de euros) arroja un déficit de 13.138 millones de euros para 2012.
El Banco de España subraya en su boletín la importancia de las comunidades a la hora de contribuir a la estabilidad presupuestaria y aporta algunos datos, correspondientes a 2010, para argumentarlo.
Así, explica que los gobiernos autonómicos gestionaron en aquel año el 37% del total de gasto de las administraciones públicas, siendo responsables de cerca del 94% del gasto público en salud y en educación y del 55% del empleo al servicio de las administraciones públicas.
Además, recuerda la institución, el sistema de financiación autonómica implantado en 2010 elevó de manera "significativa" los porcentajes cedidos a las comunidades en IRPF (del 33% al 50%), en IVA (del 35% al 50%) y en los impuestos especiales de fabricación (del 40% al 58%).
En el último plan de estabilidad de España, se establecía una reducción del déficit público de las comunidades autónomas desde el -3,5% del PIB en 2010 al -3,3% en 2011 y al -1,3% en 2012. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado que las comunidades se desviarán cerca de 1,2 puntos respecto al objetivo marcado en 2011.
El Banco de España atribuye esta desviación a la "debilidad" de los ingresos, que experimentaron una caída del 3% hasta el tercer trimestre de 2011, frente al ligero aumento presupuestado inicialmente. La evolución del gasto, por su parte, "se encontraba en línea con la incluida en los presupuestos para el conjunto del año".
Pese a ello, indica que el "desbordamiento" que han mostrado las cuentas públicas en 2011 muestra la existencia de "algunas debilidades" en los procedimientos de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria de las comunidades que, según el Banco de España, se han de subsanar "de forma inmediata" con el desarrollo de la legislación que prevé la reforma constitucional y el reforzamiento del pacto fiscal acordado en la UE.
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