MADRID.- El Gobierno quiere poner en marcha este año un
plan para atajar la "elevada" tasa de absentismo entre los funcionarios
que prevé que los empleados públicos no cobren la totalidad de su
salario durante los tres primeros meses de baja por incapacidad
temporal.
Así lo recoge el 'Programa Nacional de Reformas 2012' enviado por
el Ejecutivo a Bruselas que anticipa que a lo largo de este año "se
reformarán las condiciones de acceso y permanencia en la situación de
incapacidad temporal de los funcionarios civiles del Estado".
Entre las medidas que se prevén está la "modificación de la
plenitud retributiva durante los primeros 90 días de la baja, modulando
las retribuciones del funcionario que le corresponderían en caso de
desempeñar con normalidad su trabajo".
Además, el cómputo de las situaciones de incapacidad temporal se
realizará en días en lugar de meses para "reflejar con exactitud la
situación real de la enfermedad".
Por otra parte, no se abonarán los subsidios en caso de
incomparecencia injustificada al reconocimiento médico y se acortarán
los plazos de expedición y entrega de los partes de baja por parte de
los afectados.
El Gobierno afirma que el objetivo de esta reforma es "reducir los
problemas de riesgo moral asociados al aseguramiento de las
contingencias relativamente comunes, que se traducen en una elevada tasa
de absentismo entre los empleados públicos".
En su opinión, este absentismo "repercute directamente en la
productividad de la Administración Pública no sólo a consecuencia de las
ausencias, sino también debido a sus efectos negativos sobre la
motivación de los empleados que acuden a su centro de trabajo y sobre el
desempeño de labores por éstos que normalmente no son de su
competencia".
Asimismo, el Ejecutivo considera que el absentismo contribuye "a
aumentar la interinidad en el empleo público, lo que también puede
repercutir en la productividad del trabajo".
El Gobierno también argumenta que "dado que las situaciones de
ausencia se remuneran, el absentismo produce un perjuicio directo a las
arcas públicas de imposible justificación, con los consiguientes costes
para el conjunto de la sociedad".
Por todo ello, afirma que promoverá durante 2012 una reforma del
Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del
Estado que actúen en casa uno de estos frentes.
En concreto, cree que medir la duración de la baja en meses "puede
contribuir a no reflejar con exactitud la situación real de la
enfermedad".
También considera que "no existen mecanismos de control adecuados
que vinculen efectivamente el pago de subsidios a partir del cuarto mes
de baja a la situación real de incapacidad del empleado".
Y por último, el Gobierno indica que orientará su reforma "a
evitar que se produzcan dilaciones indebidas por parte de los organismos
intervinientes en la eficacia de las situaciones de incapacidad
temporal, que pueden perjudicar injustificadamente a los empleados
públicos".
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