VALENCIA.- La Fiscalía Anticorrupción
recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia de
Castellón de excluir el delito de cohecho en el denominado "caso Fabra",
contra el presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra,
según el escrito presentado hoy por Anticorrupción en la Audiencia.
Un comunicado de la Fiscalía Anticorrupción anuncia que el recurso de
casación se interpondrá en las próximas semanas y será elaborado por la
Fiscalía del Tribunal Supremo.
La sección segunda de la Audiencia de Castellón estimó recientemente
un recurso de Fabra y descartó el delito de cohecho en esta causa.
Esta circunstancia motivó que el pasado 22 de mayo la Audiencia de
Castellón anunciara la devolución al Juzgado de Instrucción número 1 de
Nules la causa sobre el expresidente de la Diputación de Castellón y
líder del PP en esa provincia porque no se consideraba competente para
juzgarlo.
El juzgado de Nules había remitido el caso a la Audiencia para que
procediera a la apertura del juicio oral, pero sin el delito de cohecho,
"el caso le corresponde a un juzgado de lo penal, no a una sala de la
Audiencia", según la decisión anunciada el pasado martes.
El 20 de enero, el juzgado de Instrucción número 1 de Nules acordó la
apertura del juicio oral contra Carlos Fabra, al que impuso una fianza
de 4,2 millones de euros por supuestos delitos de cohecho, tráfico de
influencias y contra la hacienda pública.
Fabra presentó un recurso de apelación contra esta decisión por
entender que no debía ser imputado por cohecho, y la Sección Segunda de
la Audiencia estimó su petición el pasado 4 de mayo, manteniendo, no
obstante, que podría haber existido tráfico de influencias.
El Juzgado número 1 de Nules, que ha tenido nueve titulares en los
últimos ocho años, dio por concluida el pasado mes de diciembre la
instrucción de esta investigación, abierta en diciembre de 2003 tras dos
querellas presentadas contra Fabra por el empresario Vicente Vilar,
titular de Naranjax, una mercantil de productos fitosanitarios.
Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de
los Ministerios de Agricultura y de Sanidad, y Vilar trató de contactar
con Fabra a través de sus respectivas esposas, Monserrat Vives y Amparo
Fernández, que eran amigas.
Según el auto, existen indicios de que Fabra medió con las
autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y
obtención de las autorizaciones haciendo valer su condición de
presidente de la Diputación.
La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre
de 2003 por Vilar y, a raíz de la misma, Hacienda denunció a Fabra por
supuestas irregularidades en la declaración de la renta de 1999, tras lo
cual el juez ordenó investigar sus cuentas desde ese año hasta 2004.
Fabra y su mujer, durante los ejercicios fiscales entre 1999 y 2004,
obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se
correspondían con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados,
según ese auto.
Las cantidades defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros
por parte del expresidente y más de 580.000 por parte de su esposa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario