VALENCIA.- Los participantes en la junta general de
accionistas de Banco de Valencia celebrada este lunes han aprobado la
reestructuración de capital propuesta por el FROB con un 98,99 por
ciento del capital representado en la sesión, a la que han asistido
12.889 accionistas --567 en persona y 12.322 representados-- que
representaban un 79,77 por ciento del capital. Se ha pronunciado en
contra el 0,27 por ciento, mientras que el 0,74 por ciento restante se
ha abstenido.
Así lo ha dado a conocer el administrador del FROB Juan
Antonio Iturriaga en la recta final de las cerca de seis horas que ha
durado la sesión, en la que también se ha dado luz verde a las cuentas
anuales --con el 76,78% de los accionistas a favor, el 3,88% en contra y
una abstención del 19,34%-- y a la gestión social --con un 7% a favor,
un 4,14% en contra y una abstención del 88,86%--.
De hecho, se han aprobado todos los puntos del orden del día
tales como la propuesta de aplicación de resultados --con un 76,71% a
favor--, la autorización para realizar emisiones de deuda --con un 98,10
por ciento a favor-- y solicitar la admisión a cotización en mercados
secundarios de valores --con un 97,89% a favor--, y el informe anual
sobre la política de retribuciones de los consejeros --con un 74,47% a
favor y una abstención del 21,36%--.
Así, se efectuará una reducción del capital social por valor
de 24,6 millones de euros, con lo que éste pasará de 123,1 a 98,5
millones, mediante la disminución del valor nominal de cada una de las
492.528.772 acciones de 0,25 euros a 0,20 euros por acción.
Seguidamente, se ampliará capital hasta un máximo de mil
millones de euros a través de una emisión de hasta cinco mil millones de
acciones acumulables e indivisibles --también con un valor de 0,20
euros por acción y numeradas correlativamente a partir de la
492.528.773--, en la que los actuales accionistas podrán ejercer su
derecho de suscripción para mantener su porcentaje actual a razón de una
acción antigua por once nuevas. En caso contrario, éste se diluiría
hasta en torno a un 9 por ciento tras esa reestructuración, mientras que
el FROB ostentaría el 91 por ciento restante.
En su intervención, el administrador del FROB en Banco de
Valencia Juan Antonio Iturriaga ha defendido que se trata de "la mejor
solución posible" para "evitar la liquidación" y garantizar la
viabilidad de la entidad y puesto que, además, reconoce un valor "acorde
a mercado" de la entidad, permite cumplir los ratios de solvencia
exigidos con la entrada de esos mil millones del Fondo de Depósitos o el
FROB y "preserva claramente los derechos fundamentales de los
accionistas", a quienes da derecho de suscripción preferente.
"Comprendo su sentir y su decepción", pero "no hay duda de que
es la mejor solución posible", ha dicho a los accionistas, ante quienes
ha defendido pacientemente la valoración efectuada y el procedimiento
seguido en Banco de Valencia. "No hemos aplicado criterios que sean ni
diferentes, ni adversos, ni directos, simplemente los que recogen las
normas del Banco de España", ha sentenciado.
Según Iturriaga, la situación patrimonial de la entidad "en
este momento es muy delicada", ya que presenta "un hueco de liquidez de
10.000 millones de euros teniendo un balance de entre 21.000 y 22.000
millones de euros". Además, en su detallada réplica a las cerca de 40
intervenciones de accionistas, ha apuntado que "no es descartable que la
tasa de morosidad supere ampliamente el 20 por ciento".
En su pronunciamiento inicial ha dicho que "no es el momento
de mirar al pasado y analizar las causas" de esa situación y que "hay
tiempo" para que "tomen forma y avancen" los procesos pertinentes sobre
esa cuestión. De hecho, posteriormente ha anunciado que están
"elaborando un informe muy amplio y preciso" y que, en base a ese
documento, "en fechas no muy alejadas" iniciarán "alguna acción legal
significativa derivada de los hechos y circunstancias" acaecidas en la
entidad que ya van "conociendo y documentando progresivamente".
Esas acciones legales se sumarían a la querella que investiga
el juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, interpuesta por la
asociación de accionistas Apabankval contra los miembros del consejo por
presunta falsedad contable, administración desleal y delito societario.
También se les unirá la acción social de responsabilidad que la junta
ha aprobado que se ejerza contra el expresidente José Luis Olivas y
Bancaja --a la que representaba en el consejo--, contra el ex consejero
delegado Domingo Parra y Bancaja Seguros, contra Antonio Tirado y
Valenciana de Inversiones Mobiliarias, y también contra Aurelio
Izquierdo, como ex consejero delegado y expresidente.
Esa propuesta ha sido formulada durante la junta por Xavier
Sierra y se ha votado de forma separada a la planteada por Diego Muñoz
Cobo --abogado encargado de la querella de Apabankval--, que también
quería promover la acción social de responsabilidad contra todos los
exconsejeros de Banco de Valencia. Antes de proceder a las votaciones,
el representante de Bancaja ha comunicado su abstención.
Entre las intervenciones de accionistas, el presidente de la
Asociación para Defensa de los Accionistas del Banco de Valencia (Pro
Banco Valencia), Vicente Simó, ha culpado a "Bancaja y después BFA" de
ser el "único responsable de la mala gestión que ha llevado a esta
situación", como accionista principal, y ha pedido al Banco de España
que exija responsabilidades, además de reprocharle que no detectase "a
su debido tiempo" las "irregularidades" cometidas.
Pro Banco Valencia ha representado en la junta un 10 por
ciento del capital --800 accionistas y 500 millones de títulos-- y, para
lograr que la entidad "perviva" y al igual de la mayoría de quienes han
tomado la palabra, ha votado a favor de la propuesta del FROB, pese a
las discrepancias respecto a su valoración de la entidad y a las
reiteradas críticas hacia la gestión, la actuación de Bancaja y la
responsabilidad del Banco de España en el proceso.
Por su parte, la ex consejera Agnès Noguera ha manifestado que
"no se entiende" que el principal socio del banco --Bancaja y después
BFA-- "pretenda presentarse como ajeno a la situación" de la entidad en
lo que considera "una huída hacia adelante". Además, ha defendido que
los consejeros "no ligados a la gestión" son "perdedores de un juego" al
igual que el resto de accionistas porque no recibieron ni la
"información" oportuna ni la "oportunidad para decidir".
Al futuro socio de referencia, Noguera le pide que "aprecie el
valor intangible del banco", al igual que han reclamado multitud de
accionistas particulares, quienes han realizado una férrea defensa de la
valencianía del banco y han llegado a advertir de las consecuencias que
tendría "traicionar" ese sentimiento con una operación a la que algunos
han tildado de "estafa" o "expropiación".
Ante esas críticas, Iturriaga ha se ha comprometido a "poner
el énfasis máximo" para que los potenciales compradores atiendan a
"consideraciones que no se tienen en cuenta en la valoración por no ser
objetivas" al conformar su "percepción" acerca de la entidad.
En abril, repartieron el cuaderno de ventas entre las
entidades interesadas y recibieron cinco ofertas no vinculantes. En la
actualidad, trabajan en la fase de 'due dilligence' y cuando esas
entidades acaben de analizar la información, "previsiblemente a mediados
o finales de junio", presentarán sus ofertas y el FROB elegirá la mejor
en función de su coste para el erario público, así como de la capacidad
financiera y de gestión de esas entidades.
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