VALENCIA.- El juez que instruye la pieza separada número
25 del caso Palma Arena, José Castro, ha imputado este lunes a dos
nuevas personas en Valencia: al actual secretario autonómico de Turismo y
Proyectos Estratégicos de la Generalitat, Luis Lobón, quien
anteriormente ocupó el cargo de responsable de Grandes Eventos del
Consell; y a la que fuera técnica del departamento jurídico en 2004 y
posteriormente máxima responsable de esta sección en la Ciudad de las
Artes y las Ciencias (Cacsa), María Ángeles Mallent. Ambos están
acusados de un presunto delito de prevaricación.
Tanto Lobón como Mallent estaban citados a declarar este lunes
junto a otras 14 personas en calidad de testigos por los contratos
entre el Consell y el Instituto Nóos. Pero finalmente, tras pedirlo las
partes --acusación popular y Fiscalía--, los dos han sido imputados y
serán citados a declarar próximamente en esta condición en compañía de
un abogado.
Junto a ellos, son seis las personas imputadas por el juez en
Valencia, ya que previamente lo han sido la exdirectora de gestión de
Cacsa entre los años 2003 y 2008, Elisa Maldonado; y los que fueran
directores generales de la institución José Manuel Aguilar (2003-2005) y
Jorge Vela, que lo reveló en el cargo hasta 2009. También está imputado
el empresario valenciano Miguel Zorío. A la exsubsecretaria de
Presidencia y actual secretaria de Delegación de Gobierno, Isabel
Villalonga, le consta una imputación policial, pero no judicial.
Este lunes, la primera persona en ser imputada ha sido Mallent
por presuntas irregularidades en las contrataciones con Nóos. Según han
informado fuentes conocedoras del caso, el magistrado ha
decidido imputarle después de que ésta no haya aclarado la ausencia de
un informe jurídico sobre el contrato que se firmó entre Cacsa y el
Instituto Nóos, que dirigía Iñaki Urdangarin, en 2004.
El ministerio fiscal ha solicitado la imputación porque no se
hizo ningún tipo de informe jurídico, ni sobre la necesidad y utilidad
pública de la contratación, ni sobre el procedimiento a seguir para
poder contratar, lo que considera necesario. La trabajadora de Cacsa ya
reconoció el pasado 2 de diciembre, en su declaración ante responsables
del Grupo de Delicuencia Económica, que el "área jurídica se limitó a
confeccionar un convenio ya pormenorizado en detalles" y que "no se
emitió ningún informe de carácter jurídico que les responsabilizara".
El segundo en pasar a la condición de imputado ha sido Luis
Lobón, quien antes de comenzar a declarar ha sido advertido por el juez
de la obligación que tenía a decir la verdad, y le ha pedido que fuera
serio y que no contestara con evasivas. Así, Lobón ha comenzado su
testimonio explicando la responsabilidad que tenía en su cargo de
Grandes Eventos de la Generalitat y a la relación que mantenía con la
fundación Valencia Convention Bureau. Al ser preguntado por cuál era la
jerarquía, ha mantenido en todo momento que no había una fuerza
jerárquica, si no de dependencia, de igualdad, han indicado las mismas fuentes.
En ese momento, el actual secretario autonómico de Turismo ha
negado que recibiera órdenes de arriba para contratar con el Instituto
Nóos, y ha expuesto que se contrató con esta entidad tras decidirlo la
dirección de Proyectos, ante la importancia del evento y la
trascendencia.
Pero el juez se ha visto obligado a interrumpir la declaración
cuando Lobón, a preguntas del fiscal, estaba explicando cómo contactó
con el instituto. Estaba explicando que no se acordaba exactamente si
recibió una llamada del instituto, o del consejo, que no lo recordaba.
En ese momento, el magistrado ha ordenado su imputación en el
procedimiento.
El resto de testigos --14-- que han asistido a prestar
declaración han mantenido su condición. Entre ellos, estaba el
vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, quien se ha ratificado en su
declaración anterior y ha justificado los contratos con el Instituto
Nóos por ser "razonables" y con un "precio ajustado". A Grau se le ha
solicitado cuentas y contratos de la fundación municipal Valencia
Convention Bureau, para que los aporte a la causa.
Grau ha declarado que las cuentas de esta fundación valenciana
están "auditadas, fiscalizadas y depositadas en el registro de
fundaciones de la Generalitat". También ha dicho que están aprobadas por
sus órganos de gobierno, "teniendo en cuenta que se trata de una
fundación de derecho privado. Por tanto, está sometida a un régimen
distinto al de la Administración Pública".
Además, ha explicado que se contrató con Nóos porque "ofrecía
una propuesta razonable" y porque, además, "planteaba traer
personalidades relevantes del mundo del deporte para promocionar la
ciudad, cosa que en aquellos momentos buena falta hacía. Y a la vista
están los resultados".
Grau también ha subrayado que "la repercusión que ha tenido el
evento deportivo y toda la promoción que se hizo ha supuesto para la
ciudad unos 4.000 millones de euros, que no es ninguna broma. Si lo
comparamos con eso, es casi calderilla", ha añadido. Así, preguntado por
si considera barato el precio de contratación, ha dicho: "no digo que
sea barato, fue un precio ajustado. Los actos que se contrataron se
realizaron y se pagaron".
El resto de testigos que ha pasado este lunes por la Ciudad de
la Justicia de Valencia han coincidido en lo mismo: han afirmado que el
precio pago al instituto Nóos estaba "preconcebido" y que "parecía
razonable". También han señalado que los miembros del sector jurídico
estudiaban los contratos y daban el visto bueno, y han añadido que si no
hubiera estado el duque Iñaki Urdangarín de por medio, todo "hubiera
sido menos razonable".
Asimismo, el expresidente del Valencia y empresario Francisco
Roig, el del máximo dirigente del Villarreal, Fernando Roig, y el
exdirectivo del Valencia Juan Bautista Soler, se han ratificado ante el
juez en sus declaraciones anteriores.
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