VALENCIA.- Los nuevos detenidos dentro del conocido como
'caso de cooperación', que investiga el juzgado de instrucción nº 21
de Valencia, son cinco empresarios titulares de tres empresas y dos
domicilios en los que se ha llevado a cabo este jueves una serie de
registros, según han informado fuentes de la Fiscalía.
Los cinco empresarios detenidos --cuyas identidades no han
sido precisadas-- se encuentran dentro de una pieza secreta que forma
parte de la causa de cooperación, que investiga un supuesto fraude en
las subvenciones concedidas por la extinta Conselleria de Solidaridad y
Ciutadania --que dirigía el actual portavoz del PP en las Corts, Rafael
Blasco-- en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 destinadas a la
cooperación al desarrollo con el tercer mundo.
Por el momento, no se prevé más detenciones aunque la decisión
dependerá de lo que se desprenda de la documentación intervenida en los
registros practicados, según fuentes fiscales. Los cinco detenidos está
previsto que pasen esta tarde a disposición judicial.
La juez del juzgado de instrucción nº 21 de Valencia ha
acordado practicar este jueves diversas entradas y registros, así como
varias detenciones dentro de esta causa, según ha informado el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado, en el
que no se ha especificado el número de detenidos pero sí se ha precisado
que ninguna de las entradas y registros ha sido en dependencias
oficiales. Las diligencias se seguían practicando a las 14.00 horas.
La titular del juzgado de Instrucción notificó el pasado 17 de
mayo un auto por el que se acordaba levantar el secreto al que hasta
ese momento y durante un año habían estado sujetas las diligencias
previas, que incluyen los supuestos delitos de malversación de caudales
públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y
falsedad documental.
Por estos supuestos delitos, en ese momento del levantamiento
del sumario, y a la espera de lo que suceda con los nuevos detenidos, el
número de imputados ascendía a 22 personas, seis de ellas cargos o
excargos en la administración, como el ex director general de
Integración y Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip; o el ex
subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, ambos cesados por el
presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por este motivo.
Las otras 14, en su mayoría, están relacionadas con distintas
ONG. Una de ella es el empresario Augusto César Tauroni, que está en
situación de prisión provisional desde febrero. En la investigación
están implicadas, al menos, seis ONG, entre las que se encuentra la
Fundación Hemisferio, de la que era responsable Tauroni. Asimismo,
ascendían a 19 los testigos a los que se había tomado declaración. No
obstante, en ese momento de la instrucción, no se había podido precisar
todavía el dinero supuestamente defraudado.
La juez mantiene distintas medidas cautelares para todos los
imputados que están en libertad provisional, desde la presentación
periódica en los juzgados a la retirada de pasaporte o la obligación de
solicitar autorización para salir del país o comunicar cualquier cambio
de domicilio.
En concreto, se investiga el supuesto desvío parcial de las
cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las
subvenciones. La mecánica de desvío del dinero obtenido de la
administración a través de subvenciones ha sido,
supuestamente, "hinchar facturas que justificaban el dinero concedido".
Los proyectos sobre los que supuestamente se ha desviado parte
del capital concedido por la administración se ubicaban en Guinea
Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El
Salvador, Tailandia y Haití.
Durante el año de instrucción que lleva la causa en el
juzgado, la juez ha acordado la práctica de distintas pruebas, como
documental, testifical, pericial y entradas y registrados en domicilios
de personas físicas y jurídicas, incluidas dependencias oficiales de la
Conselleria de Bienestar Social, ahora de Justicia y Bienestar Social.
Asimismo, se ha acordado la intervención telefónica de
diversos móviles, conversaciones que han dejado ver cómo presuntos
implicados en la trama, como el empresario encarcelado y su hermano,
hablan de la convocatoria los ayudas de cooperación y llegan a referirse
a su ámbito de actuación como los "proyectos de Negrolandia" o a los
"negratas". También se recogen en el sumario conversaciones del actual
síndic del PP en las Corts y el empresario encarcelado.
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