VALENCIA.- El PP ha aprobado en solitario la nueva ley
del Estatuto de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) que permite que
determinadas franjas de programación puedan ser realizadas por la
iniciativa privada. Así, la Generalitat sólo financiará contenidos que
sean de servicio público, que será definido en un contrato-programa.
Asimismo, la nueva norma permite elegir a las Corts por mayoría absoluta
al director general del ente, y a su consejo de administración.
Los grupos de la oposición han lamentado la "falta de consenso"
del PP para aprobar un nuevo modelo de RTVV, que se queda a la espera de
la aprobación de un ERE que despedirá a 1.200 trabajadores, han
criticado.
En este punto, la portavoz de EUPV, Marga Sanz, ha asegurado que
los 'populares' "desprecian" a los trabajadores del ente público, que
será liquidado sin que se conozca, ha apuntado, por qué se ha llegado a
una deuda de 1.200 millones de euros. Asimismo, el síndic de Compromís
ha pedido que se eche primero a los "enchufados" y el socialista Josep
Moreno ha advertido de que esta medida es una "puerta a la corrupción"
porque servirá para justificar la externalización de servicios y
"colocar a sus amigos".
Con la nueva ley de RTVV, el ente público se convierte en una
sociedad mercantil con especial autonomía que sucede a las sociedades
TVV y Radio Autonomía Valenciana, como consecuencia de su fusión. Entre
sus novedades, se establece que la elección del director general y del
consejo de administración puedan en segunda vuelta por la mayoría
absoluta en la Cámara, que en estos momentos ostenta el PP. Se trata de
un método similar al establecido por los 'populares' en TVE.
El consejo de administración se reduce de 12 a nueve miembros.
Este punto también ha suscitado las críticas de los grupos minoritarios
de la oposición porque supone dejar a una parte de la representación de
la Cámara "fuera del consejo de administración".
Asimismo, se permite externalizar aquellas actividades
audiovisuales que no son consideradas servicio público, que se definirá
en un contrato-programa revisable cada tres años por las Corts y que
incluirá los informativos, aquellos programas relacionados con la
defensa y promoción del valenciano y de la cultura y señas de identidad
valencianas, según indicó el Consell en su presentación. Dicho
contrato-programa se deberá aprobar tres meses después de entrada en
vigor de la ley.
En este punto, desde la oposición ha mostrado sus temores ante la
posibilidad de que se el Gobierno valenciano vaya a externalizar los
servicios informativos, para los que piden "rigor".
En cuanto al valenciano, la ley establece que será de uso
"preferente" en la nueva RTVV, lo que también ha levantado las críticas
de la oposición porque consideran que se verá relegado. En el inicio del
debate de esta ley, los grupos de la oposición reclamaron una
televisión íntegramente en valenciano. En esta línea, Marga Sanz ha
lamentado que el nuevo modelo de televisión "no busca la vertebración
del territorio".
PSPV, Compromís y EUPV también han coincidido en la "falta de
consenso" del PP a la hora de tramitar una ley. A lo largo del proceso,
el PP ha rechazado todas las enmiendas de la oposición, salvo cerca de
una decena -de más de dos centenares-- en el debate de comisión.
El proceso para dar luz verde a esta nueva norma que regirá RTVV
ha evidenciado, según ha apuntado el portavoz socialista Josep Moreno,
que en el PP "están solos, con la necesidad de sobrevivir al tsumani de
corrupción que les asola". En esta línea, el síndic de Compromís ha
recordado que la ley anterior fue aprobada por consenso y se ha dirigido
al Consell para reprocharle que "un gobierno responsable no aprobaría
unilateralmente este proyecto de ley sólo con los votos del PP".
Frente a estas críticas, la 'popular' Alicia de Miguel ha
asegurado que esta nueva ley es un "avance extraordinario para RTVV, más
independiente, más plural y más profesionalizada".
De Miguel ha afirmado también que no se ha podido llegar a un
acuerdo porque desde la oposición "no han querido", ya que las
circunstancias políticas han hecho que el PSPV "no haya querido porque
no ha podido".
"En otro momento político, la ley es perfectamente
consensuable" pero "hay intereses políticos" de la oposición que, a su
juicio, "ha querido visualizar una posición de tripartito".
"No
consensuan -ha seguido-- porque no quieren porque no les interesa
políticamente".
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