MADRID.- La Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado admitir a trámite la petición de
amparo remitida por el juez de Nules (Castellón) que instruye el 'caso
Fabra', Jacobo Pin, quien denunció la pasada semana que la sección
primera de la Audiencia de Castellón ha "perturbado su independencia" al
"tratar de imponer indirectamente el sobreseimiento del delito de
cohecho" imputado al expresidente de la Diputación Carlos Fabra.
La decisión, adoptada anoche por este órgano del gobierno de
los jueces, supone la apertura de una investigación a fin de verificar,
"con carácter previo a cualquier otra decisión, el estado de firmeza de
las resoluciones en que se fundamenta la petición deducida", lo que debe
efectuarse mediante solicitud de la oportuna certificación a la
Secretaría de la Audiencia de Castellón.
La decisión se ha adoptado por la Comisión presidida por el
presidente del CGPJ en funciones, Fernando de Rosa y los vocales
Margarita Robles, Almudena Lastra, Antonio Dorado y Manuel Almenar.
Según el escrito remitido al Consejo, el titular del Juzgado
nº 1 de Primera Instancia e Instrucción de Nules considera que las
últimas decisiones de la Sección Primera de la Audiencia de Castellón
que le solicitan que sobresea el delito de cohecho están "inquietando o
perturbando" su independencia.
La causa del llamado 'caso Fabra' está abierta por los
presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, y
en ella están imputados el expresidente de la Diputación y actual
presidente provincial del PP, Carlos Fabra, su ex esposa, Amparo
Fernández, el empresario Vicente Vilar, su exmujer, Monserrat Vives y el
exsenador del PP, Miguel Vicente Prim.
El juez afirma que la Sección Primera de la Audiencia de
Castellón está "tratando de imponer indirectamente el sobreseimiento del
presunto delito del cohecho" del que está acusado Carlos Fabra.
Jacobo Pin, que ha instruido la causa durante los tres últimos
años, dentro de un proceso iniciado hace ocho años y por el que han
pasado otros ocho jueces instructores, afirma que ha controlado en todo
momento "la legalidad" del procedimiento, basándose en lo que dispuso la
Sección Segunda de la Audiencia Provincial en el auto de 5 de octubre
de 2010.
El juez asegura que ha procedido "atendiendo a los hechos que
se declaraban punibles en este auto y que fueron además ratificados por
la misma sección el 4 de mayo de 2012".
La calificación de los hechos, continúa Pin, se hizo
atendiendo a lo solicitado por las partes, y él mismo consideró, y sigue
considerando, que "existen indicios racionales de criminalidad que
constituyen un delito de cohecho, imputable, al menos, a uno de los
acusados, Carlos Fabra".
Asimismo considera que el procedimiento abreviado, en lugar
del procedimiento del jurado, es el adecuado para enjuiciar estos
delitos, y que además la Sección Segunda de la Audiencia hizo la misma
consideración.
Según el relato de Pin, aunque la sección primera "no tiene la
posibilidad de acordar de oficio la nulidad del auto", le pidió que
"sobreseyera la causa en lo referente al delito de cohecho". Si actuase
de esta manera, dice el juez, "vulneraría el Derecho Constitucional a la
tutela judicial efectiva y a un procedimiento con todas las garantías"
para las partes.
Además, "incurriría en una grave incoherencia", ya que estaría
"variando el sentido de mi resolución" sin haber sido ordenado por un
órgano judicial superior y sin haber practicado más diligencias.
Pin asegura en su escrito ser consciente de que su petición de
amparo ante el CGPJ es "inusual" pero afirma que la Sección Primera
pretende "imponerme una decisión que me corresponde a mí como juez
instructor" y que además "me impide culminar la instrucción". Asimismo,
considera que no se puede demorar más la causa, cuya instrucción "está
totalmente concluida desde hace meses".
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