MADRID.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y las comunidades autónomas han aprobado este miércoles los
convenios especiales para aquellos ciudadanos que no tengan derecho a
tarjeta sanitaria, como los inmigrantes irregulares, puedan ser
atendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El convenio, sin
embargo, no incluye el copago de los medicamentos.
Así lo han acordado en el marco del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado en la sede del
Ministerio, en el que han fijado que la cuantía de dicho convenio será
de 710,4 euros anuales para los menores de 65 años y de 1.864,8 euros
para los mayores de 65 años.
"Es una cifra razonable y equitativa", ha reconocido el
consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, en una
rueda de prensa posterior a la reunión, que ha estado presidida por la
ministra del ramo Ana Mato, aunque, a diferencia de otras ocasiones, no
ha hecho declaraciones a su finalización.
No obstante, el consejero y responsable de Sanidad y Asuntos
Sociales del PP también ha recordado que lo acordado en el Consejo es
una cuantía mínima que las comunidades podrán aumentar si así lo
deciden.
Igualmente, Echániz ha querido dejar claro que el convenio les
da derecho a acceder a todas las prestaciones de la cartera básica de
servicios pero no a los medicamentos. Por tanto, en caso de
necesitarlos, deberán abonar la totalidad del importe y ni siquiera
tendrán derecho a un sistema de copago como los titulares de una tarjeta
sanitaria.
Además de a los inmigrantes irregulares, los convenios están
dirigidos a españoles que nunca hayan trabajado y tengan ingresos
superiores a los 100.000 euros anuales y a los europeos y ciudadanos de
terceros países que quieran suscribirlos durante su estancia en España
para ser atendidos.
No obstante, Echániz también ha explicado que se han
establecido los mecanismos para evitar que dicho convenio pueda suponer
"un efecto llamada".
Para ello, establece un sistema de identificación clínica de
los casos especiales, con garantía de asistencia sanitaria pública en el
SNS, como las víctimas de la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual o los solicitantes de asilo.
Por otro lado, en el Consejo Interterritorial también se han
evaluado los efectos de las medidas de la reforma sanitaria aprobada
antes del verano, como el cambio en el copago farmacéutico, que ha
supuesto "un alivio" de 400 millones de euros para la factura sanitaria
de las comunidades en sólo dos meses de funcionamiento. "Casi un millón
de euros diarios", ha aseverado.
Además, con la entrada en vigor de este nuevo sistema los
pensionistas han abonado de media cuatro euros al mes en las oficinas de
farmacia, y ha agradecido a los farmacéuticos su colaboración para que
la medida se haya puesto en marcha "sin problemas".
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