Entre los procesados figuran el exvicealcalde de València con Rita Barberá, Alfonso Grau, sus dos hijas y yernos; el cuñado de la exalcaldesa fallecida, José María Corbín, y tres sobrinas de la ex primera edil; el ex director general de Transparencia y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de València, Jorge Bellver; el exportavoz socialista en el consistorio y ex subdelegado del Gobierno, Rafa Rubio; su mujer; el letrado y ex director jurídico de la extinta Divalterra, José Luis Vera; el exdiretivo de Acuamed Joan Navarro; la exalcaldesa 'popular' de Xixona Rosa María Verdú; funcionarios; empresarios y abogados.
La instructora detalla en la resolución el pago de comisiones y entrega de regalos a cargos públicos en diferentes tramas --un informe de la UCO cifró en más de 7,1 millones de euros el pago de comisiones a cargos públicos--, rechaza solicitudes de sobreseimiento presentadas por algunas defensas y da traslado a las acusaciones para que en diez días soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o bien soliciten el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
La causa ha girado en torno a una trama de presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias. En concreto, hace referencia a varias operaciones o tramas como el llamado caso 'Colegios' en València o el PAI 'Espartal de Xixona.
La investigación se inició en 2016 por una denuncia en Fiscalía de la Agencia Tributaria contra el despacho de abogados regentado por José María Corbín, cuñado de la que fuera alcaldesa de València Rita Barberá. Según apunta la magistrada en el auto, de fecha 3 de agosto, a lo largo de la instrucción se ha constatado que este despacho debía casi el 80 por ciento de sus ingresos a pagos de comisiones ilícitas desembolsadas por seis grupos empresariales como consecuencia de diversas adjudicaciones o decisiones del Ayuntamiento de València o de alguno de sus entes públicos, principalmente en materia urbanística.
La denuncia presentada por la Agencia Estatal Tributaria, a su vez se inició en virtud de una denuncia anónima. La AET apuntaba que mientras que mientras que en 2007 el despacho de Corbín tenía una cifra de negocio de 1.223.311 euros, en el año 2015, cuando Barberá dejó de ser alcaldesa, la cifra descendió a 40.205 euros.
Según el auto, los ingresos percibidos se hacían de dos formas: o bien las empresas adjudicatarias de contratos en concurso público pagaban directamente a Corbín Abogados S.L. o bien a otra sociedad interpuesta que a su vez transfería dichos pagos, al despacho.
La magistrada señala que el despacho «fue el instrumento jurídico» para materializar el cobro de comisiones ilícitas por parte de empresas adjudicatarias de contratos con el Ayuntamiento, que eran disfrutadas también por su mujer --ya fallecida y que fue también investigada-- y trabajaba en el Gabinete de Alcaldía.
La investigación ha revelado que entre 2005 y 2017 la mercantil declaró ingresos por un importe superior a los cinco millones de euros, pero sin embargo los gastos declarados ascendieron a 681.784,14 euros, y ha tenido «a lo sumo» tres/cuatro trabajadores en el citado período.
De acuerdo con el auto, el total abonado en efectivo por comisiones ilícitas abonadas al investigado Corbín asciende a 172.000 euros, destinados obras ejecutadas en un inmueble en Xàbia. Además, resalta que ingresó 360.000 euros en enero de 2006 supuestamente de un premio de la Lotería de Navidad que recayó en la Falla Montortal-Torrefiel, aunque la magistrada mantiene que fue una forma de ocultar las comisiones ilícitas.
Respecto a Grau, la instructora señala que, en el período investigado --de 2005 a 2015-- se ha podido constatar su participación «en al menos ocho tramas de corrupción» en base a operaciones urbanísticas a favor del empresario investigado Jaime Febrer, y de empresas de su grupo (Axis), desde el año 2004 al año 2013.
Estos dos investigados, junto con Corbín, formaron, según la magistrada, «una verdadera asociación con fines delictivos» al estar involucrados en las operaciones inmobiliarias en relación tanto al Ayuntamiento de València como a la entidad pública AUMSA, «de tal modo que podían amañar las adjudicaciones de obra o contratos con total libertad» dado el «control total» del Ayuntamiento por parte de Grau como porque Corbín «podía actuar libremente en cualquier departamento» dado el «amparo personal» de su mujer y a la alcaldesa.
Por esta actividad, Febrer abonaba a Grau «grandes cantidades de dinero de origen oculto y cuyo destino para que no se detectara la actividad delictiva se llevaba a efecto de diferentes formas», entre ellos, sirviéndose de familiares directos del exvicealcalde. De hecho, la magistrada cuantifica en al menos 802.924,12 euros el incremento patrimonial de Grau, de origen ilícito, entre los años 2004 y 2014.
Sobre Rafa Rubio, la magistrada sostiene que desde 2002 recibía regalos de Navidad del constructor Febrer y su nombre aparece vinculado al de Vera e identificados con las siglas «PSOE». En el auto se señala que, tras una denuncia pública ante los medios de una operación urbanística en 2005, la trama llegó a un pacto con él.
De acuerdo con la instructora, para ocultar el origen delictivo del dinero que recibió el investigado, junto con su mujer, también funcionaria del Ayuntamiento, realizaron ingresos en efectivo en las cuentas que titulaban conjuntamente, en un total de 197.256 euros en 77 imposiciones en efectivo que comenzaron en el año 2007 y terminaron en el año 2013.
En el caso de José Luis Vera, administrador único de una sociedad con su nombre constituida en 2007, su actividad se centró entre ese año y 2010. El 98% de sus ingresos correspondía principalmente al grupo del investigado Febrer, del que percibió tanto como persona física como jurídica 1.034.186,36 euros.
Asimismo, considera que el exedil --de Urbanismo-- Jorge Bellver tuvo participación en la trama al, por ejemplo, procurar planos planos y documentación parcelas al constructor para proporcionarle ventaja competitiva.
La magistrada sostiene que Febrer había organizado toda una operativa continuada en el tiempo de regalos a altos cargos y funcionarios de la administración, «que excedían los usos convencionales al objeto de favorecer, no obstaculizar o simplemente silenciar a dichas personas», para favorecer actividades de su grupo. Entre ellos, constan plumas, relojes, gemelos, vino, o accesorios de marcas de lujo.
