PALMA.- El juez instructor del caso Nóos, José
Castro, ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV)
que asuma las investigaciones en torno al expresidente de la Comunidad
Valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de la capital levantina, Rita
Barberá, y más en concreto en relación a su presunta participación en
las negociaciones previas para la organización de los eventos Valencia
Summit.
En concreto, el magistrado ha acordado elevar a la máxima
instancia judicial valenciana una exposición razonada en la que propone
que asuma la competencia de estas pesquisas, relativas tanto al Valencia
Summit, por el que el Instituto Nóos percibió unos tres millones de
euros públicos, como a los Juegos Europeos, que finalmente no se
celebraron pese a los fondos que cobró la entidad.
Esta diligencia se produce despuçes de que el juez solicitase a
las Cortes Valencianas que certificasen la condición de Camps y Barberá,
como trámite previo a elevar la exposición razonada de los hechos por
los que podrían ser imputados en el marco de esta causa. El magistrado
abría de este modo las puertas al posible encausamiento de los dos
parlamentarios, quienes por su calidad de aforados tendrían que ser
investigados por el TSJV.
Los nombres de Camps y Barberá han aparecido en varias ocasiones a
lo largo de la instrucción de la causa, más en concreto en relación con
la tramitación del Valencia Summit, por cuyas tres ediciones el
Instituto Nóos presidido entonces por Iñaki Urdangarin percibió unos
tres millones de euros -1,044 millones por cada edición, pese a que el
coste real de cada una de ellas oscilaría alrededor de los 300.000
euros, según los investigadores-.
Precisamente, el exsocio de Urdangarin Diego Torres ha remitido un
escrito ante el juez en el que de forma pormenorizada relata cómo se
desarrolló la reunión que ambos mantuvieron con Camps y Barberà para
abordar el proyecto del Valencia Summit y exponer los objetivos
perseguidos por Nóos.
En su escrito el imputado sitúa
el encuentro el 29 de enero de 2004, casi nueve meses antes de que fuese
firmado el convenio para la celebración del evento -el 8 de septiembre
de ese año-.
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