El Canal Nou como categoría / Ramón Cotarelo *

El cierre de Canal Nou está lejos de ser una anécdota. Es la consecuencia necesaria de una forma de entender la política de la derecha y, más en concreto, la política de medios de comunicación. Algo que ya ha dado resultados llamativos y seguirá dándolos en Madrid, en el País Valenciano y en toda España si no se cambia una forma de entender la gestión pública caracterizada por el caciquismo, el clientelismo, la corrupción, el despilfarro y la censura.

Durante unos veinte años, la RTVV ha sido un órgano de agitación y propaganda del PP, utilizado para embellecer y adular el poder y censurar o vilipendiar a la oposición con el dinero de todos. Y un lugar en el que, siempre con el dinero de todos, se enchufaba a los amigos, se premiaban servicios políticos, se acomodaba a los clientes, se hacían negocios presuntamente ilegales (por ejemplo, con la Gürtel) y, al parecer, se cometían delitos de acoso sexual, asunto que está en los tribunales. Un lugar desde el que un puñado de periodistas literalmente a sueldo de la Generalitat, predicaban en tertulias y espacios ideológicos la doctrina de la derecha a cambio de suculentas retribuciones acompañadas de no menos suculentos ágapes en los cuales los comensales sin duda festejaban el hundimiento de la audiencia y el hecho de que el canal fuera un pozo sin fondo de fondos de todo tipo y una auténtica ruina.

Un proceso muy parecido al de Telemadrid durante los mismos años más o menos: aparato de propaganda del gobierno autonómico, de enchufe y mamandurria, un comedero de ideólogos y tertulianos de los de prietas las filas para ensalzar a los gobernantes y ningunear o vapulear la oposición. Aunque se hacía -y se hace- con algo más de refinamiento capitalino. Por ejemplo, hubo una temporada, hace años, en que acudía a una tertulia de Buruaga, supuestamente plural, doña Rosa Díez, ¡como representante del PSOE! Por aquel entonces, Díez, europarlamentaria socialista, preparaba la formación de su partido propio y, por lo tanto, dedicaba sus intervenciones a poner verde al partido en el que militaba.

El mismo proceso que lleva aceleradamente la Radio Televisión Española. Lo primero que hizo Rajoy al llegar al gobierno fue cambiar la Ley de RTVE de los socialistas (que preveía una mayoría cualificada del Parlamento para nombrar el director general) con el fin de poner a su frente hombres de su confianza, encargados del agit-prop a escala nacional. La derecha entiende que el poder descansa, entre otras cosas, en el control y manipulación de los medios.  Ya lo había entendido durante la República, lo llevó a su culminación con el franquismo y hoy lo hace a rajatabla. Siempre con el mismo resultado: en dos años, la pareja de comisarios políticos del gobierno en RTVE que cada vez se parecen más a Hernández y Fernández, ha conseguido bajar la audiencia de esta, incluidos los informativos, del primero al cuarto lugar y acabarían en el décimoquinto si lo hubiera.
De la televisión de Castilla-La Mancha, más conocida como Telecospedal, al mando de un cancerbero ideológico que parece un chiste, no merece la pena ni hablar.

Los principales damnificados de esta gestión sectaria, censora y corrupta son, en el orden humano, los trabajadores de los entes y en el de los principios, el ideal de unos medios públicos de comunicación objetivos e imparciales. En cuanto a los trabajadores, la cuestión es peliaguda. 1.600 currantes se van a la calle en el Canal Nou; EREs por doquier, en Telemadrid y en la RTVE. Los redactores, los trabajadores, se ponen en pie de protesta y cuentan con el apoyo de la audiencia. Pero no falta quien recuerde que esos mismos trabajadores no elevaron la voz en los años de las vacas gordas del enchufe y la manipulación. Y es cierto. Plantillas infladas (solo Canal Nou tenía más personal que otros tres canales juntos más o menos equiparables) y silenciosas ante las programaciones de propaganda y basura. Esto se explica porque parte importante de ese personal estaba compuesta por enchufados y los otros temían por su puesto de trabajo. Si algo deja claro el PP allí por donde pasa en los sectores públicos (y privados) es que no quiere trabajadores con derechos sino que los prefiere precarios, sumisos, sometidos al capricho y arbitrariedad de los jefes (dame una chupaeta).

En cuanto al ideal de los medios de comunicación públicos objetivos, la línea política general está clara en su mala fe: los medios deben estar al servicio del gobierno y su partido y no comprar el discurso del enemigo, como acusó la "liberal" Aguirre a Germán Yanke al ponerlo de patas en la calle. Deben administrar su extraña pócima de ideología nacionalcatólica y neoliberal al mismo tiempo en dosis de caballo con lo que, evidentemente, se consigue ahuyentar las audiencias a toda velocidad. La deserción de las audiencias demuestra que los medios audiovisuales públicos son inviables, una ruina y hay que privatizarlos. Total, dicen sus ideólogos mientras cobran una pastuqui por minuto, como los aparcamientos, solo sirven para trompetear los exitazos del gobierno de turno. Si lo sabrán ellos que así lo hacen. Una vez privatizados, los medios ya son solo suyos, esto es, del capital, las empresas, la iglesia, de los que el partido es fiel vocero.

La línea general no se reduce a los medios sino que afecta a todo lo público: la educación, la sanidad, el régimen de clases pasivas, los transportes, las infraestructuras y todo tipo de bienes públicos que ofrezcan alguna perspectiva de convertirse en negocio. Es una línea, un camino en varias etapas: primero se bajan los impuestos y se reducen los ingresos del Estado; a continuación se gestionan los servicios públicos con criterios enchufistas, clientelares, despilfarradores y malversadores al tiempo que se los descapitaliza; más tarde se revela que son insostenibles financieramente; luego se añade que son ineficientes; y se corona la tarea entregándoselos a precio de ganga (o gratis) a los amigos en gestión privada, incluso a los mismos que toman las decisiones. Si Lamela y Güemes están imputados es precisamente por esto.

No, lo sucedido con RTVV no es una anécdota sino una categoría. Un modo de entender la gobernación del país como la administración de una finca propia, a la que van a explotar a los trabajadores y obtener los máximos beneficios personales por todos los medios: el ministro de Justicia, además de consagrar como código penal la "justicia" del poder, beneficia a los notarios y registradores de la propiedad, cuerpo al que pertenece su jefe; el ministro de educación beneficia el estamento tertuliano enriqueciéndolo con su ex-pareja; este contrata con empresas en las que tiene -o tendrá- intereses; aquel beneficia los negocios de un pariente; esta otra coloca a su cónyuge en todos los consejos de administración, cajas y cajones que abarca su virreinato; aquel otro compra mediante testaferro activos que pone a mitad de precio como gobernante; este de aquí se lleva el dinero a espuertas de comisiones de unas obras faraónicas que no sirven para nada; aquella de allí coloca a todos sus parientes cognados y agnados en las administraciones públicas; y el de más allá se trae del terruño seiscientos asesores muchos de ellos sin el graduado escolar pero con sueldos de carromato.

No, no es una anécdota.

 

(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED