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"Sin el debate, sin la crítica, ninguna Administración y ningún país pueden triunfar y ninguna república puede sobrevivir" (John F. Kennedy) * Newsletter, de opinión e influencia, fundado en 2007 sin afán de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la UCM desde 1976.
VALENCIA.- La Generalitat comenzará en febrero la distribución de 13.510 nuevos
ordenadores a los centros educativos de la Comunitat Valenciana con el
fin de renovar el equipamiento informático y cubrir las necesidades
formativas de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, según ha informado la administración autonómica en un
comunicado.
Con un presupuesto de 7,2 millones de euros, el nuevo equipamiento
informático comenzará a llegar a las aulas de la Comunitat a principios
del próximo mes de febrero. Consiste en 13.510 nuevos ordenadores, a los
que hay que añadir 425 servidores para aulas de Primaria y Secundaria.
Para el director general de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, Vicente Aguiló, "con este proceso pretendemos poner al
día el equipamiento obsoleto existente en los centros educativos de la
Comunitat, para hacer frente a los nuevos requerimientos técnicos que la
educación necesita en la actual sociedad digital del siglo XXI".
Aguiló ha explicado que "todos los ordenadores cuentan con la última
versión de la distribución de "software" libre valenciana de la
Generalitat, LliureX 15.05, mientras que los equipos destinados a
Formación Profesional también están dotados de Windows, puesto que este
sistema operativo es necesario para ejecutar algunas aplicaciones que
los alumnos encontrarán en el mundo laboral y que deben aprender a
utilizar".
El director general de Política Educativa, Jaume Fullana, ha añadido
que "esta renovación de ordenadores responde a la voluntad del Gobierno
valenciano de reconstruir la educación y ha recordado que buena parte de
los ordenadores que se retiran ahora ya tenían casi una década de
antigüedad". Asimismo, ha destacado que "es imprescindible reponer los
equipos para asegurar la integración de las TIC en las escuelas e
institutos como herramienta de uso transversal entre todas las materias
educativas".
De los 13.510 ordenadores, 4.600 son ordenadores básicos conocidos
como clientes ligeros que irán destinados, fundamentalmente, a aulas de
Primaria. El modelo de clientes ligeros implantado en el sistema
educativo valenciano permite a un sólo ordenador asumir el trabajo del
aula y actuar como servidor, de modo que ejecuta las aplicaciones y
permite a otros ordenadores funcionar como clientes ligeros, utilizando
los mínimos recursos, según el comunicado.
"Los clientes ligeros son ordenadores más económicos que los
normales, tienen menos averías y son más fáciles de mantener, por lo que
son excelentes para el trabajo diario en Primaria", ha añadido el
director general, Vicente Aguiló.
El resto se divide entre los 5.750 ordenadores de sobremesa que irán
destinados, principalmente, a Secundaria, y los 3.000 asignados a
Formación Profesional.
Según Aguiló, "el reparto entre clientes ligeros, ordenadores con
LliureX para Secundaria y ordenadores con Windows para FP se ha
realizado de acuerdo con las necesidades de equipamiento detectadas para
cada nivel educativo".
"Los alumnos de Secundaria y ciclos formativos
tienen unos requerimientos más elevados y un cliente ligero, de momento,
no cubriría todas sus necesidades", ha añadido.
Respecto a los 160 equipos portátiles que también irán destinados a
los centros, el director general ha explicado que se trata de una
previsión de necesidades "relacionada con la Educación Especial, ya que
estos equipos pueden ir destinados a alumnos con discapacidad visual o
motora".
"Por ello, en el momento en que lo recomienden los especialistas en
la materia, los alumnos de Educación Especial recibirán ordenadores o
tabletas especialmente adaptados para cada caso", ha comentado el
director general de Política Educativa.
MADRID.-Bankia cerrará el ejercicio
2015 con un beneficio neto de 867 millones de euros, según el consenso
de analistas, que apunta que el margen de intereses se situará en 2.728
millones de euros y el margen bruto en 3.859 millones.
El banco obtuvo un beneficio neto atribuido de 747 millones de
euros en 2014, después de realizar una provisión extraordinaria de 312
millones para hacer frente al coste de las eventuales demandas civiles
de los inversores minoristas por la salida a Bolsa.
La entidad presentará mañana, lunes, sus cuentas del cuarto
trimestre, que recogerán una dotación extraordinaria de provisiones de
cerca de 200 millones de euros para cubrir el tramo de primera
responsabilidad de los costes derivados de los pleitos civiles
planteados por Operación Pública de Suscripción de acciones (OPS), según
señala Renta 4.
Este trimestre también se caracterizará por las plusvalías de 117
millones de euros netos procedentes de la ejecución de la operación de
venta del 100% de City National Bank of Florida (CNB).
Los analistas de Renta 4 esperan una caída del margen de intereses
del 6% en el cuarto trimestre en comparación con el trimestre anterior,
recogiendo el impacto de la eliminación de las cláusulas suelo y la
desconsolidación de CNB.
También señalan que la venta de dudosos y el buen comportamiento
de las recuperaciones "deberían permitir reducir el saldo de dudosos y
compensar la caída de los riesgos, situando la tasa de morosidad en
niveles del 10,68%".
La entidad ya ha avanzado que a lo largo del ejercicio 2015
concedió 16.600 millones de euros en nueva financiación, lo que supone
un incremento superior a 1.840 millones respecto al mismo periodo del
pasado año, equivalente a un avance del 12,5%.
Además, el grupo BFA-Bankia ha incrementado un 52% el número de
inmuebles vendidos durante 2015. En concreto, enajenó 9.180 activos el
pasado ejercicio, frente a los 6.028 de 2014, con lo que ingresó un
total de 640 millones de euros.
La presentación de resultados viene precedida de la decisión del
Tribunal Supremo de rechazar dos recursos de la entidad contra
sentencias de órganos inferiores en relación a la salida a Bolsa de 2011
y la obligación de devolver lo invertido en la operación debido a que
el folleto informativo de la OPS contenía "graves inexactitudes", según
los jueces.
Existen demandas por suscripción de acciones contra la entidad por
valor de 819,2 millones de euros con datos a 20 del pasado mes de
diciembre, si bien Bankia cuenta con una provisión de fondos para hacer
frente a este asunto de 1.840 millones de euros, según datos hechos
públicos por la entidad.
VALENCIA.- El senador de Compromís Carles Mulet se ha preguntado este domingo por
qué la Fiscalía General del Estado no ha iniciado el procedimiento de
"ilegalización" del Partido Popular por "organización criminal".
Mulet se ha manifestado en estos términos a través de un artículo
remitido a los medios, en el que ha considerado que "el último episodio
de esta larga semana --en referencia a la 'Operación Taula'--, con Rus
detenido y el entorno directo de Rita Barberá también en el cuartelillo,
después de todo lo que ha caído sobre los cargos de ese partido",
demuestra "hasta qué punto" el PP "era eso, una organización criminal,
donde mientras algún concejal de pueblo se creía su papel de gestor
público, buena parte se dedicaba a robar a los contribuyentes".
En
esta línea, el senador se ha referido en su texto a la Ley Orgánica de
Partidos Políticos y, concretamente, al Capítulo 3 de la misma, sobre la
disolución o suspensión judicial de los partidos. Así, en el apartado
de Procedimiento, ha citado un fragmento de dicha ley, que establece que
"están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un
partido político y su disolución, el Gobierno y el Ministerio Fiscal".
"¿Por
qué no actúa entonces la Fiscalía General del Estado si estamos ante
una organización criminal? Seguro que por menos se ha movido toda la
maquinaria del Estado y la Fiscalia", ha apostillado Mulet.
MADRID.- Los incendios arrasaron el pasado año en España cerca de 103.000
hectáreas -concretamente 102.945-, más del doble que en todo 2014, según
el avance del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Estos datos reflejan un repunte de los incendios, pero sobre todo de la
superficie afectada en ellos, ya que se pasó de los siete grandes
incendios de 2014 a 15 fuegos de más de 500 hectáreas el pasado año.
El pasado mes de diciembre fue, además, inusualmente activo, ya que
el fuego arrasó un total 28.236 hectáreas en España, casi un tercio
(27%) del total de superficie calcinada por el fuego en todo el año.
El Ministerio señala, en su avance, que el 15,49% de los incendios
registrados el pasado año se dieron en el Mediterráneo. El Noroeste, con
un 52,29% de los fuegos, fue el área más afectada, seguida de las
comunidades interiores, que sufrieron el 31,44%. Canarias escapó con un
0,77% de los incendios.
Respecto a la superficie afectada, el 20,78% se encuentra en el
Mediterráneo, según los datos del Ministerio. El 43,50% de la extensión
arbolada ardió en el noroeste; el 35,63% en las comunidades interiores; y
el 0,09% en Canarias. Sobre la superficie forestal, la mayor parte, el
53,70%, se quemó en el noroeste; el 29,35% en las comunidades
interiores; el 16,85% en el Mediterráneo y el 0,10% en Canarias.
Diciembre se encuentra fuera de los meses de mayor peligro y de la
campaña de incendios forestales. Este año, sin embargo, su
siniestralidad fue muy superior a la media mensual del ejercicio.
Concretamente, en ese mes se quemó más del triple que en la media
mensual (8.578 hectáreas). La mayor parte de los fuegos del último mes
del año se produjeron en el norte de la Península, desde Orense hasta
los Pirineos, a lo largo de la cordillera Cantábrica.
Precisamente, en estos días la Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet) advertía del elevado riesgo de incendios en esas áreas, debido a
las altas temperaturas, el fuerte viento y la sequedad del terreno,
después de semanas sin precipitaciones. No obstante, la Fiscalía de
Medio Ambiente abrió una investigación para determinar las posibles
causas de todos estos siniestros.
Pese al aumento, a nivel general la cifra de 2015 se mantiene
ligeramente por debajo (5,11%) de la media de la década, que son 108.493
hectáreas quemadas. 2015 se aleja así de 2014, que fue el año con
mejores resultados del decenio, con 48.833 hectáreas quemadas.
Si echamos la vista dos semanas recordaremos que repasábamos los resultados de los distintos partidos en las elecciones del 20-D tomando como referencia el resultado nacional y el número de escaños que aportaba cada circunscripción.
Es cierto que Patxi López ha sido elegido presidente de la Cámara Baja por el menor margen de toda la historia
de nuestra adolescente democracia, pero lo que ha ocurrido en las
pasadas generales ha sido también un cambio reductor sobre lo que
veníamos conociendo. ¿Todo? No. Al menos ahora tenemos más grupos
políticos (aspiracionales y de facto) y más ruido que señal (o al menos más que las últimas elecciones).
Pero lo que ocurra en las próximas semanas en términos de
negociaciones no entra dentro del ámbito de este blog, al menos no si no
hay elecciones. Cierto que ya hemos empezado a leer las primeras
encuestas porque la perspectiva de repetir comicios es un camino tan abierto como casi cualquier combinación para formar Gobierno.
Todos hemos oído que Pedro Sánchez se está desgastando de cara al electorado al perseguir y no poder concluir un pacto. Que Mariano Rajoy
ha dado un paso a un lado ya que no tenía apoyos, algo que algunos han
visto como contraste con el ímpetu por llegar a Moncloa del socialista y
otros como movimiento catalogado de hasta "antisistema".
Hemos visto cómo Pablo Iglesias, en vez de tener 69 diputados, tiene tres problemas (luego veremos que es un problema generado a partir de una solución muy inteligente). Hemos visto cómo el Congreso de los Diputados tiene "gallinero", algo que se me escapa ya que no es un teatro (no voy a tirar de ironía fácil aquí), sino una cámara legislativa.
Cierto que la distribución no es la más adecuada y menos en un
momento en el que la percepción mediática es importante. Ahora, espero
que haya una nueva asignación y espero que, en honor a todo lo que está
ocurriendo con el reparto, ésta sea una legislatura que no se caracterice por el abstencionismo en sesiones y plenos.
Y,
como no podía ser de otra manera, lo que más se repite al hablar sobre
la sombra de nuevas elecciones (algo que no hablará muy bien de nuestra
cultura democrática), es que si llegan tendrían más que perder PSOE y Ciudadanos que PP y Podemos. Así que toca preguntarse, ¿qué hay por perder o recuperar en caso de unas nuevas elecciones?
Este ejercicio que vamos a acometer solo es posible realizarlo con PP y PSOE ya que ambos tienen recorrido como para ver variabilidad y son dos partidos que aspiran a la presidencia del Gobierno.
Empecemos
por el Partido Popular ya que fue el partido más votado y el que más se
comenta que puede recuperar terreno. Tengamos en cuenta que el PP ha perdido 63 diputados y 6,5 millones de votos en estas elecciones, así que vayamos eliminando extremos ¿Cuáles han sido las circunscripciones en las que más se ha votado al Partido Popular?
Tracemos una línea psicológica en el 40% y veamos quiénes se han comportado por encima de este límite:
Como extremo superior de los resultados debemos señalar que hemos eliminado de la muestra Ceuta y Melilla por el bajo volumen de votos y escaños (ambas uno) que mueven y que, además, son feudos del Partido Popular e inapelables.
Salvo
Murcia, todos están en los rangos más bajos de escaños que la provincia
otorga (tres y cuatro). Solo Soria da dos escaños y, de las ocho que
dan tres escaños, el PP supera el 40% en cuatro de ellas: Ávila, Cuenca,
Palencia y Zamora. Si cogemos las elecciones del 2000 al 2015 en estas
cuatro el PP siempre ha sacado dos diputados, aunque el mínimo en
votos conseguidos sea en todas ellas este último año (algo razonable,
por otra parte). A este grupo incorporaremos Segovia, donde el PP ha
sacado diputados diputados en las cinco últimas elecciones.
Quitando estas circunscripciones tan "machaconas", si quisiéramos un plan de emergencia para unas elecciones con poco tiempo ¿qué provincias serían más sensibles para recuperar votos? Vayamos
ahora a por el otro extremo y saquemos del plan aquellas que el pasado
mes dieron resultados muy pobres dejando al PP fuera de las primeras
plazas. Estas serían todas las pertenecientes al País Vasco y a
Cataluña, donde sabemos que la cuestión conservadora la cubre el PNV en
el primer caso y que en ambas ha habido un giro importante hacia la
izquierda.
Hemos detectado tres grupos. El primero al que corresponde un óvalo granate representa aquellas circunscripciones que más han variado su orientación respecto al Partido Popular en estos quince años.
Es importante resaltar que toda la Comunidad Valenciana está aquí
incluida, así como Canarias, cuatro provincias andaluzas y Zaragoza
junto a Guadalajara. 97 escaños dan entre todas ellas en los cuales el
PP se ha dejado de 2011 aquí más de un tercio de los diputados perdidos.
El "outlier" de este grupo es Asturias que, debido a la unión PP + Foro, ha conseguido amortiguar la caída en votos no penalizando en ningún escaño.
En el grupo señalado con un óvalo azul el PP ha perdido once diputados, lo que nos deja el último tercio con la mitad de los diputados perdidos.
En este grupo encontramos Madrid, Cantabria (donde se ha pasado de
cuatro escaños en 2011 a dos), Navarra, La Rioja... Son provincias que
han venido funcionando bien o incluso muy bien al PP, pero al poner una
cantidad importante de diputados en juego y con la entrada de los nuevos
partidos, producen diferencias ajustadas y el reparto de escaños se
resiente.
La situación del PSOE es distinta. Dado que consiguió un 22% de los votos vamos a poner su barrera psicológica en el 30%.
Las dos provincias extremeñas, cinco andaluzas y dos
castellanomanchegas. No deja de ser curioso que en las que hemos visto
del Partido Popular hubiera cuatro castellanoleonesas y dos gallegas,
más Murcia y Cuenca (recordando que Almería estaba en el mismo grupo que
Murcia).
Pero siguiendo con el PSOE debemos añadir que, menos en Ceuta y Melilla, ha puntuado en todas las circunscripciones con algún escaño.
Ya vimos con anterioridad que el PSOE ha sido, a lo largo de estos años, capaz de lo mejor y lo peor. De ganar muchos votos y, en la elección siguiente, perder muchos más. Esto hace que su dispersión nos presente mayor rango que la del PP (que hasta la fecha perdía y ganaba votos en paquetes de medio millón).
En
el cuadro azul vemos las provincias que antes hemos destacado, un poco
más abajo Albacete, Cádiz y Málaga que completan casi toda Andalucía a
falta de Almería, que ha sido siempre un radical libre en lo que al PSOE se refiere.
Y en el óvalo granate encontramos hasta veintitrés provincias que son bastante volubles para el PSOE.
Por ejemplo, está todo Castilla y León y casi Galicia, a falta de A
Coruña. ¿Conclusión? El PSOE es un partido mayoritario, pero el
electorado le ha estado premiando y castigando no con mucha sutileza y,
salvo en Andalucía, ha ido perdiendo carácter e influencia.
¿Acaso los partidos tradicionales es verdad que tienen una forma anquilosada de hacer política? Posiblemente. Dejemos claro que si hacia algo está evolucionando la sociedad es hacia lo que se llama 'retail',
sí, incluso en política. Internet nos ha traído el comercio
electrónico, las redes sociales, los anuncios segmentados según pautas
de comportamiento, televisión a la carta o más canales de los que
podamos llegar a asimilar y cada vez más son temáticos y no
generalistas... Es decir, la economía (que mueve el mundo) hace ya
tiempo que se dio cuenta de que había puertas a las que llamar para encontrar clientes.
No estoy hablando de una forma de convencer al electorado aplicando estrategias o tácticas de campañas americanas o británicas. Hablo de ir al votante y esto es algo que la gente de Podemos ha sabido hacer.
No ya solo en la forma de comunicar, sino en quién les pide el voto y
dentro de qué ámbito están actuando. En Comú, Compromís o En Marea (por
muy mala pinta que tenga el experimento) han sabido dar con la tecla de la cercanía.
En
cambio, los partidos grandes aún no han sabido poner en práctica o
potenciar el hecho de que tiene impacto el mensaje segmentado al
votante, hablando de las preocupaciones de su entorno concreto y no del de la generalidad.
CASTELLÓN.- El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este domingo
que el Consell va a tener como eje fundamental de su política "la
reconquista del orgullo real de los valencianos" porque "somos buena
gente, trabajadora, honesta, emprendedora, creativa y capaz", por lo que
ha considerado que ha llegado el momento de que se deje de asimilar la
Comunitat Valenciana como "la derrota moral y económica de lo que ha
hecho el Partido Popular".
Puig ha incidido en todos los valores que representan la
Comunitat y, en su visita a la Feria Gastronómica de la Alcachofa de
Benicarló, ha declarado que precisamente, la Comunitat "es
el trabajo de los agricultores para hacer los mejores productos, el
trabajo en todos los ámbitos que llevan a cabo los valencianos, y no
tiene nada que ver con el paradigma de corrupción que ha implantado el
Partido Popular".
En este sentido, ha lamentado la "hipoteca
reputacional" que tiene la Comunitat en estos momentos y que ahora "los
valencianos estamos intentando levantar". Por ello, ha asegurado que no
se puede consentir que "la Comunitat continúe sometida al resultado
final de una política nefasta del Partido Popular", que "ha abusado de
los valencianos, de la buena fe de mucha gente que les ha dado su
confianza y que finalmente han defraudado de una forma terrible", según
ha informado la Generalitat en un comunicado.
Asimismo, Puig ha
reivindicado que "no se va a permitir la discriminación masiva a la que
se le ha sometido a la Comunitat con la infrafinanciación" porque ha
habido "un cóctel letal entre corrupción, mala gestión e
infrafinanciación" y "una parte fundamental ha sido la falta de recursos
por parte del Estado", ha indicado.
CASTELLÓN.- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha abogado hoy
por la colaboración entre las instituciones, como herramienta principal
para conseguir "la mejora de la vida de las personas" en una sociedad
"más cohesionada", tras visitar el Ayuntamiento de Benicarló.
Puig ha asegurado asimismo ser un "convencido" del
municipalismo, ya que ha defendido que desde los ayuntamientos se pueden
llevar a cabo "muchas más acciones que influyan en los ciudadanos que
desde ámbitos más lejanos", informa la Generalitat en un comunicado.
El president ha asistido también a la inauguración de la
Feria Gastronómica de la Alcachofa de Benicarló, donde ha destacado el
valor de la alcachofa como "símbolo del trabajo de la tierra" de esta
localidad.
"Tradición y modernidad es la esencia de Benicarló, una ciudad con
raíces profundas y la ambición de representar la mejor convivencia en un
espacio en el que todas las personas tengan la oportunidad de tener una
vida digna con trabajo y bienestar", ha manifestado.
Del mismo modo, Puig ha hecho hincapié en la necesidad de ayudar
al sector agrario a modernizarse de la mano de, entre otras acciones, la
creación de un plan agroalimentario valenciano, y ha asegurado la
voluntad de la Generalitat de aunar esfuerzos entre los sectores público
y privado.
VALENCIA.- El Ayuntamiento de Valencia realizará una encuesta entre
todo su personal para conocer sus demandas y necesidades más
importantes, con el objetivo de realizar un nuevo Plan Director de
Gestión de Personas.
Los más de 4.700 trabajadores del consistorio recibirán
mañana lunes la encuesta, que será voluntaria y confidencial, la primera
que realiza el Ayuntamiento de forma global para conocer sus
percepciones, opiniones y su grado de satisfacción, informan fuentes
municipales.
El objetivo de esta iniciativa es la elaboración de un
Plan Director de Gestión de Personas, y sitúa a los trabajadores
municipales como "agentes importantes en la nueva etapa de cambio del
Ayuntamiento", así como "beneficiarios principales de las nuevas formas
de gestión pública".
El alcalde Valencia, Joan Ribó, ha enviado un vídeo personal al
personal del Ayuntamiento para explicarles que su participación "es
fundamental porque la opinión de todas las trabajadoras y los
trabajadores importa al equipo de gobierno".
Por su parte, el concejal de Personal, Sergi Campillo, también se
ha dirigido a las empleadas y los empleados, y les ha trasladado que
consideran que "mejorar la calidad de vida laboral en el Ayuntamiento
redundará en la mejora de servicios a la ciudadanía".
"Hemos iniciado una nueva etapa de modernización y cambio con que
ponemos fin a una época previa de oscurantismo y mala gestión", ha
afirmado Campillo, quien ha añadido que el equipo de gobierno "apuesta
de forma contundente por la transparencia, la participación, la no
discriminación y la imparcialidad en las políticas y prácticas de
recursos humanos".
El objetivo fundamental de la encuesta es optimizar los servicios
públicos que se ofrecen a la ciudadanía, mediante la mejora de las
condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores públicos,
indican las mismas fuentes.
Por ello, las 72 preguntas del cuestionario están diseñadas con
estrategias avaladas científicamente para poder conocer las opiniones
del personal municipal, evaluar sus percepciones sobre aspectos
organizativos, formativos, retributivos, de comunicación, de
satisfacción o de derechos; y obtener toda la información mediante la
participación directa de las empleadas y los empleados.
"Es la primera vez en décadas que la opinión del personal del
Ayuntamiento se tiene en cuenta para mejorar su situación y los
servicios que ofrecen a los vecinos y a las vecinas de Valencia", ha
destacado Campillo.
La encuesta es totalmente voluntaria y confidencial, y para ello
la Oficina de Estadística garantizará el secreto estadístico en este
procedimiento y, cuando obtenga la información agregada para su
análisis, destruirá todos los datos individualizados.
VALENCIA.- El Instituto Metalmecánico de Valencia (AIMME) está
elaborando un protocolo de ensayo que ayude a determinar la seguridad de
los productos y utensilios metálicos que están en contacto con los
alimentos, y emitirá una etiqueta de garantía de que no existe riesgo de
toxicidad.
AIMME lleva a cabo este protocolo con el apoyo del
IVACE, dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible, que
respalda esta investigación con 80.000 euros a través de su convocatoria
de ayudas a Institutos Tecnológicos, ha informado este
departamento.
A finales de año se emitirá la etiqueta de seguridad
para colocarla en productos como cubiertos, menaje o recipientes, para
garantizar al usuario que éstos son seguros y que no existe riesgo de
toxicidad por la migración de metales al alimento.
Los metales y sus aleaciones, como el cromo, aluminio, níquel o zinc,
se utilizan habitualmente como materia prima para la fabricación de
artículos, recipientes, utensilios domésticos e incluso para envolver
alimentos.
Los iones metálicos pueden liberarse a los alimentos, y si la
migración supera los valores toxicológicos de referencia, se puede poner
en peligro la salud del consumidor o alterar la composición de los
alimentos o sus características organolépticas.
La etiqueta estará respaldada por protocolos, que recogerán los
ensayos que realizarán los laboratorios del Instituto Tecnológico
Metalmecánico.
Esos ensayos variarán en función de las condiciones de uso del
producto y su composición química. Esto es así porque, por ejemplo, no
requiere el mismo tipo de pruebas una sartén que se someta a elevadas
temperaturas con el alimento en su interior, que un cubierto, que
habitualmente tendrá un tiempo menor de contacto con el alimento y a
menor temperatura.
A finales de este año, AIMME espera disponer de una marca propia
que incluirá en los productos ensayados y que cumplan con los criterios
de seguridad previamente establecidos.
De este modo los fabricantes podrán conocer la inocuidad de sus
productos y los consumidores identificar, en el momento de la
adquisición, que los productos son seguros.
La unidad de gestión de procesos y sostenibilidad de AIMME ha
elaborado un informe que recopila tanto la legislación europea existente
al respecto incluyendo la legislación propia de cada estado miembro,
como de las alertas detectadas desde 2004 sobre materiales metálicos en
contacto con alimentos.
A su vez, en los próximos meses está previsto tener una guía de
buenas prácticas para los fabricantes e importadores así como los
protocolos de ensayo que se pueden aplicar y los valores límite de
migración aceptables para los metales más peligrosos en contacto con los
alimentos.
La directora general del IVACE, Júlia Company, ha afirmado que
desde la Conselleria de Economía Sostenible se va a dar un impulso a la
labor de los institutos tecnológicos en línea con lo que establece el
Acuerdo del Botánico y que pretende recuperar la funcionalidad pública
de estas entidades.
Los institutos tecnológicos, ha indicado, desempeñan un papel
importante en el fomento de la innovación a favor de los sistemas
productivos valencianos.
Tanto la Conselleria como el IVACE trabajan en la definición de
nuevas estrategias de I+D+i empresarial y de cooperación orientadas a
territorios estratégicos de la Comunitat Valenciana para el crecimiento,
desarrollo e internacionalización de clusters empresariales.
VALENCIA.- La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, María José Salvador, ha remitido un escrito a la ministra de
Fomento, Ana Pastor, en el que le insta a "agilizar" la puesta en
marcha de la conexión del tren de Cercanías Sagunto-Valencia, y de la
línea Castelló-Vinaròs.
Esta iniciativa ha sido apoyada por todos los grupos
parlamentarios de Les Corts Valencianes, de acuerdo con el Estudio
Funcional elaborado, a instancias de la Conselleria de Vivienda y Obras
Públicas y el Ayuntamiento de Sagunto, por la empresa INECO, que forma
parte del grupo Ministerio de Fomento, informa la Generalitat.
Salvador pide en el escrito a la ministra que agilice la puesta
en marcha de una nueva conexión directa de trenes de cercanías para
pasajeros con el núcleo urbano del Puerto de Sagunto, priorizando las
frecuencias del servicio, optimizando la movilidad urbana y ofreciendo
el mejor servicio posible de conexión ferroviaria desde el Puerto de
Sagunto hasta Valencia y Castellón.
Por otro lado, la consellera ha pedido al Ministerio de Fomento
la ampliación del servicio de ferrocarril desde Castellón a Vinaròs,
antigua reivindicación de las localidades afectadas y respaldada también
por todos los grupos políticos de Les Corts.
En este sentido, ha solicitado que el Estado elabore en un plazo
máximo de seis meses el estudio para la creación de una línea de
Cercanías que incluya criterios de rentabilidad social, indican las
mismas fuentes.
Mientras se elabora el estudio, Salvador ha pedido a la ministra
que se aumenten los servicios de media distancia en este trayecto, y se
realicen las modificaciones de créditos necesarias en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para cubrir la ampliación del servicio
ferroviario.
Esta misma semana la consellera informó sobre esta situación al
rector de la UJI, Vicent Climent, en la reunión que mantuvieron para
analizar los problemas que están ocasionando los cortes de los trenes de
cercanías a los estudiantes de esta universidad.
Entre los temas abordados se planteó la necesidad de un servicio
de Cercanías que comunique el norte de la provincia de Castellón con la
Universidad, un servicio de cercanías Vinarós-Castellón que facilite la
vida, entre otros usuarios, a los estudiantes de la UJI porque la
situación económica impide que muchos de ellos puedan alquilar una
vivienda cerca de la Universidad.
Según los datos de la UJI, unos 1.200 universitarios de las
comarcas del norte estudian en la Universitat Jaume I y podrían
beneficiarse directamente de este servicio ferroviario.
VALENCIA.- El presidente de la Fundación Pro-AVE y vicepresidente de FERRMED, Federico Félix,
lamenta que la Comunitat Valenciana sea "la gran marginada de la
política ferroviaria", una situación que "tanto desde la razón económica
como del interés nacional" considera "incomprensible".
Félix denuncia
que la Comunitat está siendo objeto de "serios agravios en proyectos
fundamentales" para su futuro, y cita la "sistemática posposición de la
conexión en alta velocidad entre Alicante y Valencia".
El
problema, añade el presidente de Pro-AVE, "es grave", pues se trata de
conectar dos de las principales áreas urbanas de España, "y lo único que
hay que hacer es finalizar un tramo de unos veinte kilómetros entre La
Encina y Xàtiva y ejecutar ciertas obras de electrificación", que sólo
requiere una asignación presupuestaria de unos 25 millones y
un endeudamiento de Adif de unos 125 millones. "Esta es una vieja
reivindicación de la sociedad civil valenciana, a la que el ministerio
de Fomento ha respondido con promesas siempre incumplidas", ha
lamentado.
Según Félix, el segundo gran agravio" en materia ferroviaria "es la siempre prometida y nunca ejecutada conexión en alta velocidad entre Castellón y Valencia",
un tramo relativamente corto que no sólo uniría a Valencia con el área
urbana de Castellón-Villarreal, sino que conectaría a ésta con el centro
de España, con el que mantiene una fuerte relación económica y
turística. Lamenta la "frustración" que estos incumplimientos genera, y
la "sensación de burla" que producen las dilaciones y la falta de
explicaciones, un agravio comparativo a su juicio con otras regiones.
"Resulta
inconcebible que Madrid, Cataluña, Andalucía y Castilla-la Mancha
tengan todas sus principales ciudades conectadas en alta velocidad, y
Galicia y Castilla-León una buena parte de ellas, y en la Comunidad
Valenciana, la cuarta región en importancia, aún no se visualice el tan
necesario AVE Regional que una las capitales de provincia", añade.
Para Félix, donde más se evidencian estas carencias es en el Corredor Mediterráneo y en la línea Zaragoza-Sagunto,
ya que asegura que en estos casos, además, "es el interés nacional el
gran perjudicado".
"La modernización de la línea Zaragoza-Sagunto,
reivindicada reiteradamente por los gobiernos y el mundo empresarial
aragonés y valenciano, constituye una inversión moderada (inicialmente
de entorno a 50 millones) para su uso en el tráfico de mercancías entre
el Valle del Ebro y el puerto de Valencia, Sagunto", explica.
Esta
infraestructura "no sólo supone mejorar la conectividad entre dos
importantes ejes de desarrollo español (el Mediterráneo y el del Valle
del Ebro), sino un salto en la competitividad de importantes actividades
industriales, como la automovilística, y el refuerzo de la posición de
España en los mercados internacionales".
El
proyecto de mayor impacto, agrega, es el del Corredor Mediterráneo para
el tráfico de mercancías en ancho europeo, y aunque reconoce que a
corto plazo no puede ser una realidad por motivos presupuestarios,
defiende que la implantación del tercer carril, una solución
"provisional", por su coste y rapidez de ejecución, "permitiría disponer
ya de una salida a Europa por ferrocarril".
"La no
ejecución de esta obra constituye un serio quebranto para la economía
valenciana y nacional, al ser este estratégico para conectar en tiempo
récord la economía del Arco Mediterráneo con Europa", advierte.
Dada
la trascendencia de estos proyectos para el futuro de la Comunitat
Valenciana y España, así como la modesta inversión que su implantación
requiere, Pro-AVE exige su "rápida ejecución", y señala que será una
prioridad en sus reivindicaciones mediante una acción conjunta y
coordinada de sociedad civil, responsables públicos y actores
políticos.
VALENCIA.- El portavoz de Hacienda de los socialistas en las Corts, José Muñoz, ha
denunciado la "ausencia total de lealtad institucional y la manía
manifiesta hacia los valencianos" del ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, tras anunciar el recorte de 63 millones de euros de los
ingresos que su ministerio debe transferir a la Generalitat en
compensación por la deuda generada por el anterior gobierno autonómico
al no aportar a Hacienda las retenciones de los funcionarios de la
Comunitat, según ha informado el PSPV en un comunicado.
En este sentido, Muñoz ha indicado que es "clave y fundamental
para la supervivencia de la Generalitat que tanto Montoro como Rajoy
salgan del Gobierno de España, puesto que están ahogándonos financiera y
económicamente a los valencianos", al tiempo que ha incidido en la
necesidad de conformar un nuevo gobierno de progreso "que permita que
las relaciones entre el Gobierno Central y la Generalitat se vuelvan a
normalizar".
"La larga lista de atropellos a los derechos de los
valencianos no hará más que aumentar si permitimos que el PP siga al
frente del gobierno", ha manifestado Muñoz, quien ha añadido que esta
decisión de Montoro "es la última de una serie de agravíos intolerables
hacia la Comunitat que desde el PSPV no vamos a seguir tolerando".
El
dirigente socialista ha señalado además que "Montoro debería de ser
declarado de forma inmediata persona 'non grata' en la Comunitat" y le
ha instado a que "explique a los ciudadanos cómo vamos a pagar a los
proveedores o a garantizar la supervivencia de las PYMES valencianas si
sus decisiones van únicamente encaminadas a hundir al gobierno de Ximo
Puig y a los valencianos por intereses puramente partidistas".
En
esta línea, Muñoz ha señalado que la deuda que ahora reclama al nuevo
gobierno "fue generada por las irregularidades de Moragues y Fabra, al
quedarse las retenciones de IRPF de los funcionarios de la Generalitat
que deberían de haber sido remitidas a Hacienda" y le ha recriminado que
"mientras a los gobiernos del PP les permitía desarrollar todo tipo de
irregularidades financieras y les eximía del pago de las mismas, ahora
quiera cobrar todas las deudas del PP al nuevo gobierno por el mero
hecho de izquierdas".
"Montoro quiere terminar de ahogar a la
Comunitat para responsabilizar a un gobierno de progreso de la ruina
cuando el partido que ha dejado una deuda de más de 40.000 millones y
quien ha permitido que los valencianos recibamos 200 euros menos per
capita que el resto de españoles para servicios básicos ha sido su
propio partido con el despilfarro del PPCV; la ineptitud de Rajoy y su
complicidad para permitir el saqueo sin exigir explicaciones", ha
denunciado.
Muñoz ha dicho también
que esta decisión se une a la "persecución constante de Hacienda hacia
el gobierno de Ximo Puig" y ha puesto de manifiesto "los innumerables
recortes de fondos y exigencias de pago" que ha trasladado al gobierno
de la Generalitat desde su llegada a la presidencia el pasado mes de
mayo.
"Montoro obligó nada más llegar al poder Ximo Puig a
modificar unos presupuestos que había autorizado seis meses antes a
Fabra; ha congelado durante meses el pago del FLA que agilizaba al PP y,
además, ahora nos pide el pago de 246 millones de euros en concepto de
intereses cuando a Fabra le prestaba dinero a tipo cero por ciento", ha
apuntado el portavoz socialista, quien también ha indicado que "a ello
hay que añadir la intención de Rajoy y de Montoro de que los valencianos
asumamos ahora la multa de 18 millones impuesta a España por la
manipulación del déficit y por la ocultación de facturas que llevaron a
cabo los gobiernos de Camps y Fabra".
"No vamos a tolerar que los
valencianos paguemos de nuestro bolsillo más desmanes del PP, puesto que
no es nuestra responsabilidad", ha incidido Muñoz, que ha asegurado que
"si no es Montoro quien asume el pago de la misma, deberá de ser el
PPCV y los responsables de los gobieros de Fabra quienes asuman sus
irregularidades".
VALENCIA.- El mercado de producción local 'De l'horta a la plaça' ha llenado este
domingo la Plaza del Ayuntamiento --cortada al tráfico como cada último
domingo de mes-- con numerosos productos vinculados a la huerta, desde
hortalizas, alimentos ecológicos y propuestas agrícolas.
Un total de 80 paradas se han instalado delante del consistorio
desde las diez de la mañana para ofrecer a la ciudadanía artículos de
todo tipo, entre los que destacan los productos de índole agrícola.
Asimismo, también se pueden encontrar utensilios de pesca, cosméticos
naturales y libros.
El mercado ha contado además con una batucada
que ha amenizado la mañana y que cerrará la celebración del mismo a las
17.00 horas, según anunció la concejala de Agricultura y Huerta en el
Ayuntamiento, Consol Castillo.
Entre los asistentes al mercado,
familias con niños y grupos de jóvenes, que han podido conocer de cerca
todo lo relativo a las huertas y sus productos. Además, los más pequeños
han podido distraerse dibujando en una parada con pinturas.
Algunos
de los vendedores en los puestos, entre los que se percibía buen
ambiente, han destacado las costumbres agrícolas que "se están
perdiendo". Así, en algunas paradas se fomentaba el alquiler de parcelas
de tierra para que la gente pueda cultivar sus propios productos, así
como la clases para aprender a cultivar y que esta técnica "no se
pierda".
Asimismo, los vendedores han apuntado que la iniciativa
del consistorio es buena porque "todo lo que sea promocionar el cultivo
ecológico, es algo que hace mucha falta", porque "los agricultores no
están motivados".
"Que vean que la gente sí apuesta por esto y que
podamos entre todos mejorar la huerta", ha destacado una de las
vendedoras.
Además, al mercado han
asistido numerosas plataformas para darse a conocer, como la
'Plataforma per la Sobirania Alimentària', que trabaja para conseguir
"una huerta más viva". Desde la asociación han señalado que la
iniciativa es "realmente positiva porque ocupa un espacio público de la
ciudad, le da vida a los productores y visibilidad a los grupos de
consumo".
Desde la asociación de consumidores de productos
ecológicos 'Vland Solaris' han catalogado esta propuesta del
Ayuntamiento como "muy buena", ya que "todo lo que sea utilizar los
espacios comunes para que la gente salga" les parece "estupendo".
Por
su parte, desde el consistorio han explicado que con esta experiencia
se "ha querido acercar a los ciudadanos todo lo que se produce en la
huerta periurbana de Valencia y poner la agricultura, con su potencial
ecológico, económico y de alternativa laboral, en la agenda política",
según apuntó Castillo el día de la presentación del evento.
El
mercado de la agricultura y la huerta ha contado con la colaboración del
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, del Consell
Agrari Municipal, la EMT y la Generalitat Valenciana, habrá también
talleres infantiles, presentación de proyectos y actividades musicales.
MADRID.- La confianza del
inversor español ha bajado en el último trimestre de 2015 debido a las
dudas sobre la fortaleza de la recuperación económica, y el 53 % de los
inversores prevé que la crisis no termine hasta el 2020, según el índice
de confianza que elabora J.P. Morgan Asset Management.
Ese indicador sitúa la confianza de los inversores españoles en 0,14
puntos entre octubre y diciembre del año pasado, y suma así dos
trimestres consecutivos de descensos.
No obstante, el índice se encuentra en terreno positivo desde el
cuarto trimestre de 2014, casi dos años y medio después de haberse
situado en negativo durante toda la crisis.
La incertidumbre de los inversores españoles se refleja sobre todo en
el enfriamiento de las expectativas en torno a la mejora de la economía
y su fortaleza, así como en la volatilidad de los mercados.
El 53 % de los encuestados todavía considera que el fin de la crisis
se producirá dentro de más de cuatro años, y el 27 % estima que el PIB
bajará en los próximos seis meses, un porcentaje que es cinco puntos
superior al que se registró en el tercer trimestre.
Sin embargo, las señales que refleja este índice son variadas, ya que
por otro lado hay un mayor optimismo sobre la evolución de la bolsa
española y el 30 % de los encuestados cree que subirá en los próximos
seis meses, frente al 27 % que mantiene su fe en las bolsas europeas.
Los mercados emergentes y la Bolsa japonesa son los que suscitan menos optimismo sobre futuros avances.
En cuanto a los productos donde piensan invertir los españoles en el
próximo semestre, continúa el avance de los activos de ahorro a largo
plazo, frente a los depósitos o libretas de ahorro.
El indicador señala que ha aumentado en casi cuatro puntos los
inversores que centran su atención en los fondos de inversión, renta
variable o fija y planes de pensiones, que suponen el 21 % del total.
Por otra parte, el índice de confianza de J.P. Morgan también mide de
forma semestral las expectativas de los inversores en las siete
comunidades autónomas más representativas y señala que Andalucía y
Aragón fueron las más optimistas entre julio y diciembre del 2015 y
Cataluña y Castilla y León, las más pesimistas.
En Andalucía, la confianza de los inversores mejoró en el segundo
semestre del año pasado y el indicador se situó en 1,6 puntos, cuatro
más que en la primera mitad del año.
En sentido contrario, en Castilla y León se registró un gran
deterioro y la confianza retrocedió 3,2 puntos y cayó hasta el -1
situándose en niveles de hace tres años.
También en Cataluña, el índice de confianza se situó en terreno
negativo entre julio y diciembre de 2015, después de haberse mantenido
un año y medio en positivo.
Por otra parte, mientras en la Comunidad Valenciana y en Madrid la
confianza de los inversores se mantuvo estable, en el País Vasco bajó
hasta 0,1 puntos, frente a los 2,8 que registro en el primer semestre
del año pasado.
La confianza de los inversores vascos supone el mayor retroceso de las comunidades consideradas en el estudio.
En Galicia, el índice baja hasta 0,5 puntos pero la confianza
continúa en valores positivos y completa dos años por encima de cero.
La encuesta de confianza de J.P. Morgan se ha realizado sobre una
muestra de 1.421 entrevistas a inversores españoles de más de 30 años y
que son consumidores de productos de ahorro e inversión como acciones,
fondos, letras del Tesoro, Bonos del Estado o depósitos.
XÁTIVA.- "De los 210 trabajadores que actualmente hay en el Ayuntamiento de Xàtiva,
más de la mitad no pasado por ningún proceso de selección. Fueron
contratados por el anterior equipo de gobierno y quieras que no, es
fácil entender que sientan que le deban su empleo a ese ejecutivo (Rus). De
hecho, los sindicatos intentaron forzar que hubiera una regularización
de empleo y Rus nunca quiso porque sabía que al final era la manera de
mantener a gente que le debía un favor", dice el actual alcalde socialista, Roger Cerdá, a www.valenciaplaza.com
La macrorredada en el marco de la
Operación Taula ha escrito uno de los episodios más tristemente
importantes en el municipio donde es alcalde debido al protagonismo de
su predecesor, Alfonso Rus, en la presunta trama.
Ahora,
el nuevo primer edil, quien tomó la vara de mando para los socialistas
valencianos tras más de 10 años como concejal en la oposición, tiene por
delante una legislatura en la que tiene como prioridades resolver el
problema de la deuda millonaria del consistorio, cambiar el modelo
económico de la era PP basado en el urbanismo y dedicar atención y
recursos a políticas sociales a su juicio, "olvidadas" por el anterior
gobierno local.
-¿Cómo se ha vivido esta semana en Xàtiva con la explosión del caso Imelsa?-Han
sido unos días complicados. Alfonso Rus es una persona que ha estado
gobernando durante 20 años un municipio de 29.000 habitantes donde nos
conocemos todos. Tener a la Guardia Civil allí, a todos los medios de
comunicación... en definitiva, ser noticia por algo así a nadie le
gusta. Pero la ciudad ha pasado página porque ya dijo "no" a la
corrupción en las pasadas elecciones donde el PP perdió la mitad de sus
votos. Así que el objetivo es que, de ahora en adelante, salgamos en los
medios por otros motivos.
-Supongo
que se mezcla cierta desazón por una parte pero por otra, cierta
satisfacción de que la justicia investigue actuaciones o formas de hacer
política que ustedes habían criticado o puesto bajo sospecha. -Este
tiempo en la oposición ha sido muy duro lidiar con esto. El modelo de
Rus era comprado por buena parte de la ciudadanía: ese modelo de gastar,
de triunfar, de que todo iba bien... y tú te oponías y planteabas un
modelo más sostenible, de menos gasto y el PP te echaba a la gente
encima.
Eso hacía la convivencia muy complicada:
se nos ahogaba económicamente desde el ayuntamiento y no se nos daba
ninguna facilidad para realizar nuestra labor de fiscalización. Sin ir
más lejos, yo tenía que copiarme a mano las facturas del ayuntamiento
porque no se nos facilitaba la documentación que solicitábamos.
-Han realizado una auditoría que cifra la deuda de Xàtiva en 25 millones de euros. ¿Cómo se acumula una cantidad así? -Hay
tres claves. Primero, las obras farónicas que se licitan por un precio y
acaban costando el doble. Por ejemplo, la Plaza de Toros, de seis a 12
millones de euros, la Ciudad del Deporte de siete a 11 millones de
euros, la Casa de Cultura de Xàtiva (CCX) de cuatro a siete y medio...
esa es una de las fuentes de deuda. En segundo lugar, el desarrollo
urbanístico incontrolado. Se acomete un Plan General de Ordenación
Urbana en el año 2000 y se intenta desarrollar todos los polígonos
industriales al mismo tiempo. Esto genera grandes problemas porque lo
haces sin tener los servicios que se les debe dotar a los polígonos y
cuando debes afrontarlos te endeudas. Además, surgieron otros problemas
como las ocupaciones de terrenos a cuyos propietarios, como seguían
desarrollándose polígonos industriales, se les prometía o se cambiaban
por terrenos en otros polígonos que luego no se desarrollaron por la
explosión de la burbuja inmobiliaria, lo que nos obligó a pagarles a
esos propietarios. Todo eso más la deuda comercial o las facturas en el
cajón.
Xàtiva es el segundo municipio de la
Comunitat Valenciana que más deuda tiene contraída como consecuencia del
Plan Montoro, concretamente, 11 millones de euros. Años enteros de
limpieza viaria, de recogida de basuras, de la contrata del gas... que
no se pagaban. Unos siete millones de euros a los que hay que sumar
otros cuatro de facturas en el cajón.
-¿Sobre esto se plantearon acudir a los tribunales? -Lo
intentamos en su momento pero es complicado porque el Gobierno hizo
tabla rasa con el pago a proveedores y hay que ir actuación por
actuación. Eso en 11 millones de euros, factura a factura, imagínate lo
que es. Lo que intentamos es buscar responsabilidad hacia atrás para ver
cómo se han contratado las obras, pero solo podemos hacerlo en cinco o
seis casos.
-Ha
citado la Plaza de Toros de Xàtiva. Este es posiblemente uno de los
casos que más ha trascendido fuera del municipio, ¿qué planes tiene para
ella? -Es complicado. La plaza necesita de una inversión de
700.000 euros para tenerla legalizada. Ya hay una primera fase que está
hecha a través de la Diputación de Valencia de 350.000 euros y nosotros
lo que tratamos es de tenerlo todo en orden para hacer uso de ella no
solo como plaza de toros sino como recinto de espectáculos multiusos. En
cualquier caso es una absoluta barbaridad de infraestructura y un
paradigma de la forma de hacer política del PP.
-¿Cómo se enfrenta a una deuda de 25 millones de euros en un ayuntamiento de poco más de 20 de presupuesto?-Hay
que tener claro que la deuda bancaria la tienes programada y no puedes
salirte de ahí. Intentas liquidar los créditos con mayores intereses
para generar otros con mejores condiciones y, por supuesto, buscas por
la vía de los ingresos generar algo más, redistribuyendo en la medida de
tus posibilidades las cargas impositivas para que aporten un poco más
los que más pueden hacerlo. Pero bueno, es complicado: no obstante, el
objetivo es rebajar la deuda bancaria hasta cero al final del mandato.
Hasta ahora hemos conseguido reducir hasta los 17 millones de euros la
deuda financiera. Por otro lado, ahorrar lo máximo posible en los gastos
superfluos para destinarlo, aparte de a la deuda, a políticas sociales y
fomento del empleo: de hecho, estamos haciéndolo todo pero gastando
entre un 20% y un 40% respecto a la gestión anterior.
VALENCIA.- Feria Valencia podría convertirse en el mayor escándalo de
corrupción del PP en la Comunitat. Así lo ha anunciado el portavoz de
Hacienda del grupo socialista en las Corts, José Muñoz, así como las
diputadas Concha Andrés y David Cerdán, que han comenzado a elaborar el
plan de trabajo de la Comisión de Investigación solicitada por el PSPV
sobre las instituciones feriales valencianas “y los numerosos indicios
de malversación de fondos públicos, sobrecostes y corrupción que
envuelven tanto a Feria Valencia como a la Institución Ferial Alicantina
(IFA)”.
En este sentido, Muñoz ha indicado que “todavía no se ha
conocido el mayor escándalo de corrupción del PP en la Comunitat”. En
este sentido, el portavoz en la comisión, José Muñoz, ha señalado que
todavía no se ha conocido “el mayor escándalo de corrupción del PP en la
Comunitat, puesto que todos los incididos apuntan a que de nuevo
volveremos a ser noticia por otro caso de saqueo de fondos públicos por
parte de los dirigentes del PPCV”, según ha informado el PSPV en un
comunicado.
Además, ha insistido en “la necesidad de que esta comisión sirva para
conocer a ciencia cierta y en profundidad todo lo sucedido tanto en
Feria Valencia como en IFA, así como depurar las responsabilidades de
quienes ordenaron y encabezaron un entramado que ha dejado más de mil
millones de deuda para las arcas valencianas”. Así mismo, Muñoz ha
lamentado que “tal y como aseguraban algunos dirigentes ‘populares’, la
fiesta de la corrupción en el PP no se acabe nunca” y ha puesto en
valor las investigaciones tanto periodísticas como de compañeros
socialistas “que durante años denunciaron los sobrecostes y las
irregularidades que el patronato de Feria Valencia, encabezado por Rita
Barberá, estaba llevando a cabo”.
En este sentido, ha insistido en “lo sorprendente y lamentable que es
tener que denunciar las constantes negligencias del PP en todas las
administraciones y entidades que presidía o controlaba” y se ha referido
a “los numerosos escándalos” que envuelven a dos entidades “que se
nutrieron de dinero de todos los valencianos, pero que se sirvieron de
su naturaleza jurídica privada para evitar los controles públicos
durante años, dilapidar las arcas públicas, y que emplearon su
connivencia con los dirigentes del PP para ocultar y perpetuar su
entramado corrupto”, ha destacado. Muñoz y los diputados Concha Andrés y
David Cerdán han denunciado que “la cueva oscura en la que se
convirtieron las instituciones feriales ha dejado en total 1.097
millones de euros de deuda a las arcas valencianas que tendremos que
pagar entre todos”.
Además, han incidido en que su trabajo se centrará en descubrir y
depurar responsabilidades de las personas que “al tiempo que saqueaban
las arcas públicas y dejaban en la calle a más de 100 trabajadores en un
ERE, aprobaron una macroampliación con 300 millones de sobrecostes -86
por ciento más- sin justificación o camuflados en facturas falsas; o que
gastaron más de 7.600 euros en regalos de lujo para la alcaldesa entre
los que se encuentran bolsos, fulares o cheques regalos de importantes
marcas y boutiques”.
“La gestión en las entidades feriales es el anti-ejemplo de una
gestión eficaz y honrada”, ha apuntado Muñoz, quien además ha recordado
que “la Fiscalía Anticorrupción también investiga a Feria Valencia por
su vinculación con la red Gürtel y la financiación ilegal del PPCV a
través de dos facturas por valor de 1’2 millones a Orange Market; así
como por el uso indiscriminado de cuatro tarjetas ‘black’ por parte de
sus principales dirigentes con las que se pagaron inusuales viajes a
Costa Rica, Shangai, Zurich o el Moulin Rouge”.
“Quizás el PP insistió tanto en negar hasta tres comisiones de
investigación en las entidades feriales porque sabía que lo que ellos
defendían como conjeturas y condicionales eran auténticos casos de
corrupción de dimensiones hasta ahora desconocidas”, ha reiterado el
dirigente socialista, quien ha recordado que la investigación también se
extenderá a la deuda de hasta 70 millones de IFA, así como al
incremento de hasta un 600% en los gastos de mobiliario; las
sorprendentes facturas de hasta 118 millones en publicidad o los 22
millones que se destinaron a viajes “que curiosamente coinciden con
Navidad o puentes festivos”. Por todo ello, el grupo socialista ya está
elaborando un plan de trabajo en el que exigirán la comparecencia tanto
de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como presidenta del
patronato; así como de los presidentes de las entidades, o la
exdirectora general de Feria Valencia Belén Juste entre otros. “No vamos
a permitir que sigan quedando indemnes quienes autorizaron y se
lucraron de una red que saqueaba dinero de todos los valencianos para
llenar los bolsillos de unos pocos”, ha sentenciado Muñoz antes de
lamentar que “en lugar de favorecer las relaciones empresariales
valencianas y alicantinas, las ferias se hayan utilizado para manchar y
lastrar todavía más nuestra imagen”.
Desde el PSPV también han lamentado la “connivencia” manifiesta entre
los dirigentes de Feria Valencia con el PP y han señalado que “mientras
este saqueo se llevaba a cabo y se saqueaban las arcas públicas, desde
la entidad ferial se permitió que el PP dejase sin abonar el pago de más
de medio millón de euros por la celebración del Congreso Nacional de
2008 en el que Mariano Rajoy fue elegido presidente y que fue gestionado
por el propio Bárcenas”.
VALENCIA.- El portavoz de Hacienda del grupo socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz,
advierte de que "todavía no se ha conocido el mayor escándalo de
corrupción del PP en la Comunitat", a la espera del resultado de la
comisión de investigación de las Instituciones Feriales.
Muñoz, junto a las diputadas Concha Andrés y David Cerdán,
ha comenzado a elaborar ya el plan de trabajo de la Comisión de
Investigación solicitada por el PSPV sobre las instituciones feriales
valencianas, ante los "indicios de malversación de fondos públicos,
sobrecostes y corrupción que envuelven tanto a Feria Valencia como a la Institución Ferial Alicantina (IFA)".
En
un comunicado, Muñoz se muestra convencido de que "todavía no hemos
conocido el mayor escándalo de corrupción del PP en la Comunitat, puesto
que todos los incididos apuntan a que de nuevo volveremos a ser noticia
por otro caso de saqueo de fondos públicos por parte de los dirigentes
del PPCV".
Ha insistido asimismo en la necesidad de que esta comisión sirva para "conocer a ciencia cierta y en profundidad todo lo sucedido tanto en Feria Valencia como en IFA",
así como "depurar las responsabilidades de quienes ordenaron y
encabezaron un entramado que ha dejado más de mil millones de deuda para
las arcas valencianas".
El diputado
socialista ha lamentado que "tal y como aseguraban algunos dirigentes
populares, la fiesta de la corrupción en el PP no se acaba nunca", y ha
destacado las investigaciones tanto periodísticas como de compañeros de
partido "que durante años denunciaron los sobrecostes y las
irregularidades que el patronato de Feria Valencia, encabezado por Rita
Barberá, estaba llevando a cabo".
En
este sentido, Muñoz ha insistido en "lo sorprendente y lamentable que
es tener que denunciar las constantes negligencias del PP en todas las
administraciones y entidades que presidía o controlaba". Según señala,
"la cueva oscura en la que se convirtieron las instituciones feriales ha
dejado en total 1.097 millones de euros de deuda a las arcas valencianas que tendremos que pagar entre todos".
Ha
incidido además en que su trabajo se centrará en descubrir y depurar
responsabilidades de las personas que además de "saquear las arcas
públicas y dejar en la calle a más de 100 trabajadores en un ERE,
aprobaron una macroampliación con 300 millones de
sobrecostes (86 % más) sin justificación o camuflados en facturas
falsas; o gastaron más de 7.600 euros en regalos de lujo para la
alcaldesa de importantes marcas y boutiques".
El
grupo socialista ya está elaborando un plan de trabajo en el que
exigirán la comparecencia tanto de la exalcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, como presidenta del patronato; así como de los presidentes de
las entidades, o la exdirectora general de Feria Valencia, Belén Juste,
entre otros. "No vamos a permitir que sigan quedando indemnes quienes
autorizaron y se lucraron de una red que saqueaba dinero de todos los
valencianos para llenar los bolsillos de unos pocos", ha sentenciado
Muñoz.
VALENCIA.- Los juzgados españoles tienen "en juego"
más de 40.000 millones de euros, según ha explicado el decano de los
jueces valencianos, Pedro Viguer, quien advierte de la
trascendencia de la eficiencia judicial sobre el sistema económico, como
responsable de posibles "nudos en la tubería del flujo económico".
Viguer explica que sólo en las
cuentas de consignación de la Comunitat Valenciana se registraron el año
pasado movimientos cercanos a los 1.300 millones de euros,
la mitad de ingresos y otro tanto en salidas, todo ello a pesar de que
en estas cuentas se ingresan porcentajes mínimos de los importes que son
objeto de litigio.
"Si no somos
capaces de resolver estos litigios en un plazo razonable la Justicia se
convierte en un obstáculo para la economía, y eso es algo que obviamente
tienen muy en cuenta los inversores extranjeros", señala
Viguer. Además, añade, "el retraso excesivo puede provocar incluso el
hundimiento o la desaparición de una empresa, por lo que una reclamación
en vía civil puede derivar en concurso de acreedores o reclamaciones en
los juzgados de lo social".
Por este
motivo, considera necesaria "una apuesta verdadera por la justicia en
este país", y señala a la cifra de jueces en España como uno de los
puntos clave. "Si en Europa hay unos 21 jueces por cada 100.000
habitantes de media, en España tenemos unos 11, y en la Comunitat Valenciana entre 9 y 10, de modo que estamos por debajo incluso de la media nacional", explica.
Por
otra parte, Viguer lamenta el "escaso recorrido" de las 58 medidas
contra la corrupción que medio centenar de jueces decanos plasmaron el
pasado mes de diciembre en el documento "Reflexiones para la reforma del
proceso penal y la lucha contra la corrupción". Ante la "sospecha
generalizada sobre la gestión de lo público", los jueces decanos
reclamaron la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de
corrupción, agravar las penas de delitos como tráfico de influencias o
prevaricación o la revisión de la figura del aforado.
"Eran medidas concretas,
algunas de ellas no requerían más que ligeras modificaciones en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, pero al contrario de lo que esperábamos, se
han planteado otras medidas que obstaculizan el trabajo judicial, como
la limitación de los plazos de instrucción, que no se comprenden entre
quienes conocemos los procedimientos en el día a día", señala
Viguer. "Esta reducción de plazos no tiene sentido cuando determinados
trámites, como una comisión rogatoria o la solicitud de un análisis de
ADN, pueden demorarse durante meses", agrega.
Sin
embargo, el decano de los jueces valencianos subraya el "papel
relevante" que el poder judicial ha tenido en los últimos años a la hora
de "llamar la atención sobre determinadas prácticas que no estaban
siendo muy adecuadas" en relación a deudas, procesos hipotecarios o
productos financieros complejos. "Desde 2013 han entrado en los juzgados
de Valencia unos 13.500 asuntos relacionados con productos financieros,
alrededor de 9.500 sobre acciones y 4.000 sobre preferentes, lo cual ha
supuesto un contratiempo enorme para los juzgados", explica Viguer.
Así,
los juzgados de Primera Instancia se han reforzado con cinco jueces,
que en el último trimestre de 2015 han emitido 500 sentencias. "Es
cuestión de meses que podamos dar una salida razonable a esta
acumulación de asuntos. En un año se han emitido aproximadamente unas
5.000 sentencias entre los 22 jueces de Primera Instancia y los cinco
refuerzos, y el volumen de trabajo ha quedado reducido a menos de la
mitad", reconoce el juez decano.
En este sentido, Viguer considera necesario "dar un impulso a la Ley de Segunda Oportunidad" que "juega un papel importante en países vecinos" desde la perspectiva del control judicial como garante de la buena fe.
En
los últimos meses, el Decanato de los jueces de Valencia ha elaborado
la primera guía nacional para la aplicación del Estatuto de la Víctima
-que entró en vigor el pasado mes de octubre- para delimitar las
funciones de todos los profesionales que intervienen en la atención a
las víctimas y lograr que "los órganos judiciales sean de acogida,
asesoramiento, protección y asistencia".
"Estamos satisfechos con la acogida de este tipo de iniciativas. Los juzgados de Valencia fueron pioneros en
julio de 2014 en la implantación de un sistema para evitar
confrontaciones visuales entre víctimas y acusados que posteriormente ha
quedado reconocido como un derecho explícito para las víctimas", en el
citado Estatuto, concluye.
Partiendo
de la base de que la mayoría de los occidentales compartimos una escala
de valores en la que la corrupción es, por definición, inmoral, es
interesante conocer qué pasa por la mente de una persona aparentemente
honrada que llega a corromperse. Lo explica de manera magistral Dan Ariely en su obra Por qué mentimos... en especial a nosotros mismos,
en la que demuestra que todos tratamos de sacar provecho de medias
verdades, mentiras o trampas lo suficientemente menores para no hacernos
sentir mal cuando nos miramos al espejo, para seguir viendo reflejada
en él a una persona íntegra.
Eso no
quiere decir que todos seamos unos corruptos. Ariely sostiene que los
mentirosos recalcitrantes, aquellos que llegan hasta el final, los
corruptos, son una ínfima minoría. La inmensa mayoría hacemos trampa a
tan pequeña escala y de forma tan extendida que ni nos damos cuenta.
Sería el caso de ese padre que riñe a su hijo al enterarse por el
profesor de que ha robado un lápiz en el colegio y termina así la
reprimenda: "Además, cuando quieras un lápiz yo te puedo traer los que
hagan falta del trabajo".
Decía Oscar Wilde
que "la moralidad, como el arte, significa trazar una línea en algún
sitio", probablemente allí donde no nos sintamos mal delante del espejo o
delante de los demás, que también el entorno es importante.
En la primerísima fase de la operación Taula que nos ha tenido ocupados esta semana hay unos nombres que configuran, presuntamente, esa minoría de la que habla Aliery: Rus, Llopis, Caturla, Medina, García-Fuster...
Habrá más. Sin embargo, la rudeza de sus actos no interesa tanto a
quien esto escribe como esa mayoría compuesta por concejales y sobre
todo asesores del Ayuntamiento de Valencia que creyeron que blanquear
mil euros no era corrupción porque no le estaban robando a nadie, que
solo era un adelanto que luego les devolvían en un sobre. Además, "¡cómo
va a ser corrupción mil euros, con lo que se ha (hemos) robado aquí!"
Si
alguno se sintió incómodo delante del espejo sería no tanto al hacer la
donación al partido como después de recibir el sobre con los dos
billetes de 500, que los papeles morados están peor vistos ahora que
cuando viajaban en maletín en los años de vino y rosas. Algo de esto
explica en su libro el sociólogo norteamericano, robar un lápiz nos
parece menos grave que robar el euro que cuesta, o dicho con otro
ejemplo, nadie presume de sisar 20 euros, pero sí de bajarse un libro
que tiene ese valor en el mercado. El vil metal envilece. Recibir dos
billetes de 500 en un sobre debe de ser muy incómodo.
Políticos, asesores y empresarios -no la senadora Rita Barberá,
que está tranquila en su casa- viven estos días temerosos de que llamen
a la puerta a las seis de la mañana y ni sea el lechero ni se haya
acabado la democracia. Le ha pasado a gente muy cercana, gente de orden
que nunca pensamos que dormiría en el cuartelillo, y si hay una cosa
segura es que la operación Taula no ha hecho más que empezar.
¡Ay de aquellos que un día se miraron al espejo y no les gustó la pinta,
pero se dijeron bueno es una vez... o dos, lo hacen todos y tampoco
hago daño a nadie!
Lo bueno de ser honrado es lo feliz que duerme uno. Del escándalo de las tarjetas black de
Caja Madrid me fijé en dos aspectos opuestos. El primero, la avaricia
de algunos beneficiarios de la tarjeta, con sueldos y dietas altísimos
en la propia caja o en sus empresas, que no solo la utilizaron para
comer y viajar a lo grande gratis total sino que estuvieron yendo hasta
el último minuto al cajero automático a rebañar el botín de 600 en 600
euros. El segundo, que cuatro de las 86 personas a las que se facilitó
la tarjeta opaca nunca la usaron, algunos ni la recogieron. Cuatro son
también los asesores del Grupo Popular en el Ayuntamiento que rechazaron
participar en el presunto blanqueo de dinero que les querían imponer
desde arriba. ¡Felices sueños!
Hay otro
aspecto interesante que destaca Dan Ariely en su ensayo, y es que no
hay pueblos más corruptos que otros. Lo dice tras experimentar con
grupos de personas en diferentes países, entre los que no está España
pero sí Italia, que tampoco tiene buena fama. Hay sociedades donde se ha
extendido más la corrupción porque no se ha atajado, pero la proporción
de personas que meten la mano en la caja cuando tienen ocasión es
similar en todos los pueblos. Parafraseando a Mónica Oltra, los valencianos no somos más corruptos que el resto, es corrupto el PP, y no solo en Valencia.
No
sé cómo se verá Rita Barberá cuando se mire al espejo, si es que es
capaz de mirarse después de que su mano derecha durante muchos años en
el Grupo Popular municipal se haya librado de la cárcel porque el juez
ha sido benévolo y de que estén investigados -la palabra imputados me
gusta más- todos sus concejales y casi todos los asesores del grupo. Si
la exalcaldesa es como la mayoría de las personas, se sentirá mal,
culpable, arrepentida. Pero más parece, escuchándola el otro día en la
Cope, que pertenece a esa minoría de la que habla Ariely, la de quienes
han traspasado la raya de la decencia.
La
complejidad alcanzada por el sistema de partidos tras las elecciones de
20D va a dar para mucha cábala. Mucho fino análisis. Mucha sardina
arrimada a la propia ascua. Mucho sondeo interpretado con cándida
intencionalidad. En fin, algún contertulio saldrá del programa en una
camisa de fuerza.
Como en los graves momentos de la historia patria, El País
interviene con un editorial producto de su profunda identificación con
la estabilidad de esta monarquía parlamentaria, y con formulaciones
verdaderamente audaces: El PSOE no es la CUP.
La idea del diario parece ser advertir de ello a Pedro Sánchez que, si
lo ignora, debe de ser el único en todo el país. La advertencia se
estructura en una cadena de razonamientos, sentados como verdades
incuestionables pero que son altamente cuestionables. Se parte del
supuesto de que el propósito de Sánchez de someter a consulta a las
bases del partido la posible coalición es un disparate producto de sus
lamentables errores que el diario refuta minuciosamente.
El
primero es tratar de imitar a Podemos. Un error, no porque consultar
esté mal, sino porque, según el editorialista, Podemos lo dice, pero no
lo hace, sino que recurre a unos rituales controlados por la dirección
leninista. Esto no es un error; es un juicio de intenciones del
editorialista.
El
segundo es que se trata de un golpe de efecto y un intento de vencer a
los barones. Que sea un golpe de efecto o no, no quiere decir nada
respecto a la justificación de la medida considerada errónea, y que
Sánchez quiera ganar por la mano a los barones es lógico. O ¿ha de
entenderse que, como son los barones, él debe dejarse gobernar y
adaptar su criterio a lo que se le imponga?
Error
es también por cuanto el recurso a las bases, populista por definición,
revela problemas de liderazgo dentro de la categoría de "políticos
mediocres". Ni se le ocurre al editorialista que quizá los problemas de
liderazgo sean mejores para el interés general que el liderazgo sin
problemas. Un ejemplo bien a mano, el sólido liderazgo de los cuatro
inenarrables años de Rajoy. Y en cuanto a la categoría de "políticos
mediocres" pues, en fin, el mismo caso viene al pelo.
Igualmente
erróneo es ocultar estos planes a los barones y saltarse, dice el
editorial, "a la torera" las reglas del juego democrático del partido.
Suponiendo que la idea no se le haya ocurrido en el último momento (sin
que ello vaya en detrimento de su calidad), lo que haría irrelevante la
intervención de los barones, lo de saltarse "a la torera" las reglas de
juego es afirmación cuyo contenido de verdad descansa exclusivamente en
el empleo del sintagma "a la torera". Las tales reglas del juego vienen
en los estatutos y estos son susceptibles de tantas interpretaciones
como personas ocupen los cargos.
Sánchez
reincide en el error por ignorar un hecho que el editorialista enuncia
como incontrovertible, esto es, que el PSOE es más un partido de
electores que de militantes. Por supuesto, la distinción no quiere decir
nada a nuestros efectos. Desde el momento en que los partidos se
mantienen gracias a la financiación pública cuya cuantía se mide por la
cantidad de votos y no de afiliados, lo que los partidos quieren son
electores, no militantes. Pero mientras los electores no puedan
identificarse como electores de un partido, las decisiones sobre este
las tomarán los militantes, lógicamente. Consultarlos no es una demasía.
Lo
errores se trasladan del orden teórico al práctico. Sánchez, según
parece, no se ha enterado de que las elecciones del 20D no han dado una
mayoría clara de izquierdas ni de derechas. Como con los errores, si no
se ha enterado, debe de ser el único del país y es de suponer que
alguien le habrá informado. Un tertuliano, por ejemplo, siempre en la
pomada.
Error es igualmente pasarse de simpático en la vida. A El País
le parece irresponsable ese propósito de ir tendiendo la mano "a
derecha y a izquierda". En fin, supongo que para eso tiene dos. El
diario, sin embargo, insiste en que es un error porque Iglesias y Rivera
no se tragan. Cada vez las reflexiones son más profundas. Yo no sé si
alguien habrá encontrado alguna vez en la naturaleza un animal con unas
tragaderas más grandes que las de los políticos.
Pero
el error definitivo, el que llevará al suicidio a Sánchez si lo comete,
es no seguir los sabios consejos de Felipe González, dios menor tutelar
del diario que le dio hace poco cancha en una entrevista para exponer
su pensamiento. Un juicio salomónico: que ninguno de los partidos
dinásticos sea un obstáculo para que el otro gobierne. Así, sin más,
tercera vía de concordia.
Ignoro
qué entenderá González por "gobernar". Apuesto algo a que el resto de
los mortales entendemos "aplicar un programa". Corresponde a los
socialistas demostrar a su antiguo secretario chino y actual jarrón
general por qué deben gobernar ellos y aplicar su programa. No es mi
tarea.
Mi tarea es poreguntar González, como ha hecho, Iñaki Gabilondo
si él cree que se debe dejar gobernar otros cuatro años al Rajoy de los
sobresueldos y el partido imputado en un proceso penal. Y preguntar,
algo más allá, si cree que el gobierno del PP es un gobierno y el PP un
partido. O son otra cosa, procesalmente hablando. Y, aun más allá: si
conoce cómo las está pasando la gente, si tiene idea de los indicadores
de desigualdad, pobreza, miseria, emigración, etc.
Propiciar
que este gobierno arbitrario, injusto, abusivo, autoritario, corrupto,
expoliador siga campando por sus respetos otros cuatro años sí que es un
error. No hace falta un editorial para verlo. Basta con abrir los ojos.
El Tribunal Constitucional,
ministerio del gobierno español
El
gobierno español presume de enfrentarse al independentismo catalán solo
con las armas de la ley y el Estado de derecho. Dentro de ese espíritu,
su vicepresidenta, en rueda de prensa del viernes, tras el consejo del
ministros, anunció que el gobierno instaba al Tribunal Constitucional a
anular todos los actos que la Generalitat realizara emanantes de una
declaración de independencia. Sostenía que ello era lógico pues si tal
declaración fue anulada en su día por ese mismo tribunal, sus
consecuencias han de ser nulas.
En
efecto, es muy de agradecer que el gobierno español no emplee en
principio el ejército, la guardia civil, la represión y la violencia,
como ha hecho tradicionalmente para contrarrestar el soberanismo
catalán. Que recurra a la justicia e inste a los jueces a actuar en el
marco de la legalidad en vez de proceder reventarla a cañonazos según
inveterado proceder imperial.
Solo que esas declaraciones y ese espíritu son falsos y un engaño.
Alguien
podría decir que el engaño, el fraude, consiste en “judicializar” un
problema que no es jurídico sino político, esto es, en instrumentalizar a
los jueces para que resuelvan un problema que los políticos no pueden
solucionar. Fue una queja muy frecuente entre especialistas y estudiosos
en los comienzos del rodaje del Estado de las Autonomías en los años
80, cuando se planteaban continuos recursos competenciales al Tribunal
Constitucional y hasta los magistrados se quejaban de que el gobierno y
los partidos los usaran como parapeto para ocultar su incapacidad de
resolver los problemas por vía de negociaciones políticas.
Pero esto también era, no ya totalmente falso y embustero como las intenciones del gobierno actual, sino erróneo.
Y
era erróneo entonces y es falso hoy porque el Tribunal Constitucional
no es un órgano judicial ni forma parte del Poder Judicial. Llevar los
problemas políticos ante él no es “judicializarlos”. Eso es falso, una
estratagema. El Tribunal Constitucional es un órgano político compuesto
por juristas nombrados políticamente y con una finalidad política. Su
actual presidente está ahí porque fue militante del PP, del partido del
gobierno, por cuanto sabemos, subjetivamente sigue siéndolo y su función
es resolver los asuntos en sentido favorable a una parte, al PP que es
quien lo puso en donde está.
O
sea, usar el Tribunal Constitucional para zanjar un contencioso
político no es “judicializarlo”; es “politizarlo”. El hecho de que la
Constitución residencie la jurisdicción constitucional (esto es, la
competencia para resolver problemas constitucionales) en un órgano ad
hoc llamado Tribunal Constitucional, al que se acompaña de la
parafernalia léxica de la justicia (autos, sentencias, providencias,
etc) no quiere decir nada. El invento es una triquiñuela
autorreferencial que no otorga a sus decisiones legitimidad alguna sino
solo una legalidad de parte y, por tanto, inútil. El ejemplo más obvio:
por sentencia de 2010, ese Tribunal Constitucional decidió que los
catalanes no podían considerarse a sí mismos una “nación”. Como decidir
este disparate carece de todo sentido jurídico hubo que hacerlo de tan
alambicado modo que la decisión no es justa ni injusta sino,
simplemente, ridícula porque el de “nación” no es un concepto sino un
sentimiento y ningún tribunal del mundo podrá jamás imponer o arrebatar a
nadie un ápice de sentimiento nacional.
Por
tanto, la decisión del gobierno, anunciada a bombo y platillo, de no ir
por la vía de la pura represión y de acudir a los tribunales es un
engaño más consistente en emplear la represión disfrazada de acción
judicial, utilizar los mismos elementos de violencia camuflándolos como
magistraturas que, en realidad, obedecen las consignas del gobierno como
podrían hacer los militares o la guardia civil.
Y
eso es lo que hay que destapar como lo que es, como una superchería. Y
hacerlo con atención porque puede resultar difícil explicarlo en el
extranjero, en donde, en principio, la patraña de “judicializar”
falsamente los problemas políticos puede encontrar crédito en función
del prestigio que entre gentes civilizadas tienen palabras como
“tribunal”, “jueces”, “magistrado” o “justicia”.
Quede
claro que no hay tal. Se trata de referir a un órgano político una
decisión política en el sentido favorable a los intereses del gobierno
de turno. ¿Valor de este procedimiento a los ojos de la justicia, del
Estado de derecho? Cero. ¿Valor para justificar luego un posible recurso
a la violencia si el soberanismo persiste? Todo. Ahí reside el peligro y
eso es lo que hay que denunciar.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
